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The author analyzes the reality of the criminal matter and exposes his certainty that there is a relational process in the genesis of criminality caused by the effect of the structures and the functioning of economic power in human interaction, which stimulates personal factors for acting negatively; a situation that is not handled by the absent State and dwarfed by neoliberalism which hampers both - individual and society - from seeing the criminal matter through scientific knowledge and building an effective criminological policy assuming, on the contrary, a purely repressive penal policy, that constitutes a comprehensive security criminal policy , of confrontation, not of convergence and cooperation. ; El autor analiza la realidad de la cuestión criminal y expone su convencimiento de que hay un proceso relacional en la génesis de la criminalidad causado por el efecto de las estructuras y el funcionamiento del poder económico en la interacción humana, que estimula los factores personales para accionar negativamente; situación que no encara el Estado ausente y empequeñecido por el neoliberalismo, lo que impide a ambos -individuo y sociedad- ver la cuestión criminal a través del conocimiento científico y construir una política criminológica eficaz, asumiendo por el contrario una política penal, puramente represiva, que constituye una criminal política de seguridad integral, de enfrentamiento, no de encuentro y cooperación.

El autor aplica, en clave criminológica, la máxima latina que rige el ejercicio de la actividad profesional médica, a la acción estatal de convertir conductas en ilícitas y aplicar justicia penal, con la finalidad de analizar la manera, errada a su juicio, cómo el Estado ejerce el ius puniendi, violenta, arbitraria y perversamente, que trae como resultado un grave daño a la persona humana y la sociedad en su conjunto, como lo causa la iatrogenia clínica, que es un daño a la salud, causado o provocado por un acto médico, pero en este caso en una perspectiva que podría denominarse iatrogenia comunitaria, en tanto política legislativa, ejecutiva y jurisdiccional que fortalecen una estructura social patógena; y iatrogenia cultural, en tanto operatividad de un poder punitivo que marca y concluye la vida de las personas que tienen el infortunio de caer en su ámbito, lo que podría equiparar mejor ese poder punitivo a la mala praxis, pues se trata de un poder de criminalización monopólico con un accionar negativo, ineficiente e ineficaz, en la fase de definición, como en las fases de asignación o rotulación y de ejecución.

The article analyzes the reasonableness, democratic sense and criminological political foundation of the de jure suspension of the exercise of citizenship for persons deprived of liberty by way of punishment, as well as the de facto suspension of prisoners without conviction, that is, of people who are interned in prisons preventively, without having been sentenced to imprisonment. The author makes known, from a criminological perspective, his discrepancy with this policy, basing his position on liberal demo principles and criticizes the use of measures from the criminal law of the enemy to cut fundamental rights of people who have had the misfortune to see criminalized their conduct, thereby aggravating and perpetuating their marginal situation. ; El artículo analiza la razonabilidad, sentido democrático y fundamentación político criminológica de la suspensión de jure del ejercicio de la ciudadanía para las personas privadas de la libertad a título de pena, así como de la suspensión de facto de los presos sin condena, es decir, de las personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios preventivamente, sin que hayan sido condenados a pena privativa de la libertad. El autor hace conocer, desde una perspectiva criminológica, su discrepancia con dicha política, fundando su posición en los principios demo liberales y critica el empleo de medidas provenientes del derecho penal del enemigo para recortar derechos fundamentales de las personas que han tenido el infortunio de ver criminalizada su conducta, con lo cual agravan y perpetúan su situación marginal.DOIhttps://doi.org/10.24265/voxjuris.2019.v37n2.11

The author exposes the critical situation of the state jurisdiction against the resolution of intersubjective conflicts and the distrust and insecurity that citizens have regarding the operation of said jurisdiction; it exhibits against the position the fundamentals and the merit of arbitration as an effective heteronomous means of conflict resolution; and analyzes, in the light of the Latin American political constitutions, some of the most relevant problems that hinder its development, among which the lack of recognition as a jurisdiction and the absence of autonomous enforceability and coercibility of the precautionary measures and of the award stand out. It also explains and weighs the foundations of arbitration, to conclude in an apology of said institution and reaffirm the unavoidable need for its empowerment as a private jurisdiction in the face of the crisis of legal security, corruption and delay of ordinary jurisdiction. ; El autor expone la crítica situación de la jurisdicción estatal frente a la resolución de los conflictos intersubjetivos y la desconfianza e inseguridad que tiene la ciudadanía respecto del funcionamiento de dicha jurisdicción; exhibe en contra posición los fundamentos y el mérito del arbitraje como medio heterónomo eficaz de solución de conflictos; y analiza, a la luz de las constituciones políticas latinoamericanas, algunos de los problemas más relevantes que frenan su desarrollo, entre los cuales destaca la falta de reconocimiento como jurisdicción y la ausencia de ejecutabilidad autónoma y coercibilidad de las medidas cautelares y del laudo. Asimismo, explica y pondera los fundamentos del arbitraje, para concluir en una apología de dicha institución y reafirmar la inaplazable necesidad de su empoderamiento como jurisdicción privada frente a la crisis de seguridad jurídica, corrupción y dilación de la jurisdicción ordinaria.DOIhttps://doi.org/10.24265/voxjuris.2020.v38n1.09

The article examines the power that the Criminal Procedure Code gives the National Policeto inform the media about the identity of the accused; and analyzes if this faculty affectsthe right to the presumption of innocence enshrined in the Political Constitution of theState and the Code of Criminal Procedure, in order to demonstrate that, in this aspect, theguarantee of a democratic criminal system is null and has serious negative effects in theperson, in terms of labeling and stigmatization for the construction of the enemy. ; El artículo examina la potestad que el Código Procesal Penal le otorga a la Policía Nacionalpara que informe a los medios de comunicación social acerca de la identidad del imputado;y analiza si dicha facultad afecta el derecho a la presunción de inocencia que consagrala Constitución Política del Estado y el propio Código Procesal Penal, con la finalidad dedemostrar que, en este aspecto, la garantía de un sistema penal democrático es nula y tienegraves efectos negativos en la persona, en términos de etiquetamiento y estigmatizaciónpara la construcción del enemigo.

This article starts with the precarious index of credibility and the high level of corruption shown by the administration of justice in Peru and the other peripheral countries of the region, which undoubtedly constitutes a serious problem of fragility and institutional instability in democracy; situation from which it critically analyzes the advisability of establishment of the criminal justice system by means of a jury in the peripheral countries, in order to guarantee its effective functioning and to end the current system of tried justice that is unsuccessful to contribute to the maintenance of social peace, because of its biased, highly selective, hatefully discriminating and reproductive character of violence, with the aggravating factor that has as its author the State. The central objective of the article is to demonstrate the need for a cultural change and awareness of citizenship in the peripheral countries of the region, to move from a sys ; Este artículo parte del precario índice de credibilidad y el alto índice de corrupción que muestra la administración de justicia en el Perú y los demás países periféricos de la región. Sin lugar a dudas, esta realidad constituye un grave problema de fragilidad e inestabilidad institucional en democracia situación a partir de la cual se analiza críticamente la conveniencia de establecer el sistema de justicia penal mediante jurado en los países periféricos a fin de garantizar su eficaz funcionamiento y terminar con el actual sistema de justicia togada que resulta infructuoso para contribuir al mantenimiento de la paz social, por su carácter sesgado, altamente selectivo, odiosamente discriminador y reproductor de la violencia con el agravante que tiene como autor al Estado. El objetivo central del artículo radica en demostrar la necesidad de un cambio cultural y de concienciación de la ciudadanía en los países periféricos de la región para mudar de sistema de administra

The prison as a penalty is intended only for the suspension of the exercise of the right to personal ambulatory freedom, however, in practice, it has denied certain civil, political, economic, social and cultural rights. Maintains until now, with serious detriment to the axiological foundation of the democratic state and law, without anyone doing anything about it. This criminal institution is not only marked by overcrowding and tugurization, derived from a denigrating penitentiary system and an illegitimate criminal system, but reproduces social discrimination within a highly corrupt environment. It proposes some concrete alternatives of criminological policy for the state to fulfill its obligation to respect, promote and defend the human rights of internal persons in penal establishments. ; La cárcel como pena está destinada únicamente a la suspensión del ejercicio del derecho a la libertad personal ambulatoria, sin embargo, de antiguo ha significado, en la práctica, la negación de ciertos derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, situación que se mantiene hasta la actualidad, con grave detrimento del fundamento axiológico del estado democrático y de derecho, sin que nadie haga algo al respecto. Esta institución penal no solamente se encuentra marcada por el hacinamiento y la tugurización, derivada de un sistema penitenciario denigrante y un sistema penal ilegítimo, sino que reproduce la discriminación social en el marco de un entorno altamente corrupto. Se propone algunas concretas alternativas de política criminológica para que el estado cumpla con su obligación de respetar, promover y defender los derechos humanos de las personas internas en los establecimientos penales.

Analiza el reciente decreto legislativo que establece y regula en el Perú la vigilancia electrónica personal como alternativa de restricción en las medidas de coerción personal vigentes, como un tipo de pena aplicable por conversión o como beneficio penitenciario, a la luz del problema de la sobrepoblación, el hacinamiento y la tugurización existentes en los establecimientos penitenciarios nacionales, de cara a la necesidad de diseñar una política criminológica en las fases secundaria y terciaria que sea eficaz.

Determina las implicancias que presenta una política criminológica ineficiente e ineficaz, respecto a la libertad y otros derechos fundamentales en un Estado Democrático y de Derecho, para lo cual se analiza la doctrina existente sobre el Estado, los Derechos Humanos y la Criminología, así como el estado de la cuestión caracterizado por los casos contraindicados precisamente por la política criminológica y que, sin embargo, se han dado en mi país, para extraer conclusiones concretas y puntuales sobre la inconveniencia de dichas medidas, las cuales podrían servir como referente para cualquier otro país de la región.

El artículo expone la necesidad e importancia del trabajo criminológico en la empresa para prevenir y reducir la presencia e influencia de factores criminógenos, con la finalidad de evitar la asunción de responsabilidad administrativa y criminal en la comisión de ilícitos penales en general y, en particular, de los delitos de cohecho activo transnacional, lavado de activos, minería ilegal, crimen organizado y colaboración con el terrorismo, a que se refiere la Ley N° 30424, modificada por el Decreto Legislativo N° 1352. El objetivo central del artículo es demostrar la trascendencia y utilidad social de la criminología ya no solo en la sociedad, sino también en una empresa, a los efectos de la adopción de medidas preventivas eficaces. El autor concluye en la virtud que exhibe la obligación legal que tiene la empresa de adoptar e implementar en su seno un modelo de prevención adecuado a su particular situación, que contenga medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir los delitos antes mencionados o para reducir significativamente el riesgo de su comisión; lo que constituye la introducción de un nuevo paradigma de prevención criminológico en el país a nivel de la organización empresarial.

El sistema de control social, en general, y el sistema penal específicamente, en su normatividad dogmática y funcionamiento, han demostrado su inutilidad histórica para lograr la finalidad a la que deben aspirar en un estado democrático y de derecho, debido a su ineficacia formal, material y social, así como a la preeminencia de una cultura represiva, vindicativa y violenta, que crea crimen y criminales, verticaliza a la sociedad y la disciplina militarmente, de manera selectiva y discriminadora, lo que es una característica común en América. El estado, para cumplir con sus fines esenciales de bienestar general y seguridad integral, debe preferir el estudio criminológico formativo profesional, de capacitación, especialización y perfeccionamiento, y la aplicación de la criminología, para poder diseñar una política criminológica eficiente, de prevención y control de la criminalidad, que reduzca a ésta a niveles tolerables, para dejar la mal praxis de gobernar nuestros pueblos a través del crimen, originando la normalización de éste y el pánico social consecuente, así como el efecto perverso de una alza cohesión social generada por el sistema penal; en suma, en vez de mejorar el derecho penal, debemos hacer algo mejor que el derecho penal.

La justicia en su configuración legal, específicamente penal, es un producto cultural que no debe distanciarse de su justificación ética, debido a su carácter antropológico, que entraña la aspiración más sentida de equidad que tiene la persona y la comunidad. La constitución política de un estado pluriétnico y multicultural, como el Perú, reconoce la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, como jurisdicción especial, lo cual la integra a la jurisdicción ordinaria, de la misma manera que están integradas las jurisdicciones civil, laboral, de familia, comercial, penal, entre otras especialidades, pese a que dicha jurisdicción tiene los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y históricos necesarios para ser considerada una jurisdicción de excepción, como es el caso de las jurisdicciones militar y arbitral, ambas por respectivas razones sui géneris. En la consecuente coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, asoma un direccionamiento ex profeso por parte de aquella sobre ésta, lo cual origina una grave asimetría en el deber del estado de incorporar a dichas comunidades al horizonte de la modernidad, resultando esta coordinación más favorable a los intereses de la justicia ordinaria, la cual está enmarcada en el deficitario e injusto sistema judicial común

El sistema de control social en general, y el sistema penal específicamente, en su normatividad, dogmática y funcionamiento, han demostrado su inutilidad histórica para lograr la finalidad a la que deben aspirar en un estado democrático y de derecho, debido a su ineficacia formal, material y social, así como a la preeminencia de una cultura represiva, vindicativa y violenta, que crea crimen y criminales, verticaliza a la sociedad y la disciplina militarmente, de manera selectiva y discriminadora, lo que es una característica común en América. El estado, para cumplir con sus fines esenciales de bienestar general y seguridad integral, debe preferir el estudio criminológico formativo profesional, de capacitación, especialización y perfeccionamiento, y la aplicación de la criminología, para poder diseñar una política criminológica eficiente, de prevención y control de la criminalidad, que reduzca a ésta a niveles tolerables, para dejar la mal praxis de gobernar nuestros pueblos a través del crimen, originando la normalización de éste y el pánico social consecuente, así como el efecto perverso de una alza cohesión social generada por el sistema penal; en suma, en vez de mejorar el derecho penal, debemos hacer algo mejor que el derecho penal.

La justicia en su configuración legal, específicamente penal, es un producto cultural que no debe distanciarse de su justificación ética, debido a su carácter antropológico, que entraña la aspiración más sentida de equidad que tiene la persona y la comunidad. La constitución política de un estado pluriétnico y multicultural, como el Perú, reconoce la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, como jurisdicción especial, lo cual la integra a la jurisdicción ordinaria, de la misma manera que están integradas las jurisdicciones civil, laboral, de familia, comercial, penal, entre otras especialidades, pese a que dicha jurisdicción tiene los fundamentos filosóficos, antropológicos, sociológicos y históricos necesarios para ser considerada una jurisdicción de excepción, como es el caso de las jurisdicciones militar y arbitral, ambas por respectivas razones sui géneris. En la consecuente coordinación entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción de las comunidades nativas y campesinas, asoma un direccionamiento ex profeso por parte de aquella sobre ésta, lo cual origina una grave asimetría en el deber del estado de incorporar a dichas comunidades al horizonte de la modernidad, resultando esta coordinación más favorable a los intereses de la justicia ordinaria, la cual está enmarcada en el deficitario e injusto sistema judicial común.

Los autores analizan en el marco de la gobernanza a través del crimen que se ha extendido actualmente en el mundo, principalmente en los países periféricos, la razonabilidad y legitimidad de la mal denominada pena de muerte, que constituye un clamor popular y revela una de las manifestaciones más visibles del populismo punitivo de nuestros días. El objetivo del artículo es fomentar la toma de conciencia respecto a la necesidad de una estricta cautela criminológica en el ejercicio del ius puniendi estatal, cuyo uso selectivo, discriminatorio y violento crea criminalidad, derecho de castigar que en el caso de la máxima pena, concluyen los autores, devendría en el ocaso de la pena toda vez que semejante acto de crueldad insólita es impropio del concepto penal de sanción en un sistema penal democrático. ; The authors analyze in the framework of governance through crime that has now spread throughout the world, mainly in peripheral countries, the reasonableness and legitimacy of the so-called death penalty, which constitutes a popular clamor and reveals one of the most visible manifestations of punitive populism of our day. The objective of the article is to promote awareness of the need for a strict criminological caution in the exercise of the State punishments, whose selective, discriminatory and violent use creates criminality, the right to punish that in the case of the maximum penalty, they conclude the authors, it would become in the twilight of the penalty whenever such an act of unusual cruelty is unfit for the penal concept of sanction in a democratic penal system.