El auge de los derechos individuales ha tenido lugar a costa de algunos de los elementos fundamentales del sistema de protección jurídica. La máxima utilidad individual sirvió para justificar la inmunidad del individuo frente a los derechos de los demás y, en lugar de los deberes recíprocos de los individuos, se atribuyó al Estado la titularidad de los deberes de protección y no interferencia. Nos preguntamos si es el Estado el verdadero titular de la obligación correlativa de los derechos constitucionales. Por otra parte, es objeto de controversia cuál es el papel que juegan los intereses generales en el derecho privado. Sostendremos que la estructura del sistema de protección jurídica del individuo no puede reducirse al tradicional esquema entre los derechos individuales y el Estado, sino que debe comprender además como elementos correlativos a los deberes sociales y públicos de cada uno.
The overall objective is to determine, on the basis of the rational analysis proposed by KELSEN and the Vienna School, what are the elements that determine the constitutional location of the public administration and its relations with jurisdiction and government? We will analyze the theory of free evaluation, as a criterion of delimitation between administrative, judicial and governance functions and assess proposals for the delimitation of administrative and judicial functions and their possible relationship with the guarantee of legal protection of the individual, based on the criterion of the legal relationship. As a result, we can say that the element of individual legal protection is an appropriate criterion for carrying out a classification of the functions of the State on the basis of its various nature. The concepts of individual interest and of general interest are decisive in the different area of assessment, that is, of the free play space that remains from the higher standard and, at the same time, function as a reference point to the sources of democratic legitimacy and the rule of law, of what is typical of public opinion and the general will or sphere of freedom of the individual , so finally, they make it possible to distinguish between the matters referred to in the various functions of the State and its relations of dependency, independence or coordination. As regards the material identity between the administrative and judicial function, we note that the element which allows the delimitation between such functions derives from the nature of the protected legal good. In short, civil and criminal judicial functions and administrative functions relate to legal relationships in which, on the one hand, an individual legal interest is affected, but on the other hand, they have a diverse justification, which lies in the protection of an individual interest, in the former and in a general interest in the latter two. From the point of view of the impact of the individual interest, which is an element of all these functions, there is no material justification for its different constitutional location, especially in its relationship with regard to the role of government. In our view, not only matters before the jurisdiction of judges, but any action by the State which results in an affectation of individual interests must be protected by the principle of subjection only to the law and by the guarantee of independence from the government. Summary: Introduction I. The scope of evaluation of administration and judges II. Delimitation versus government functions III. The legal relationship in the civil administrative and judicial function IV. Administrative Function and Criminal Jurisdiction V. Results ; El objetivo general se encuentra dirigido a determinar, a partir del análisis racional propuesto por KELSEN y la Escuela de Viena, ¿cuáles son los elementos que determinan la ubicación constitucional de la administración pública y sus relaciones con la jurisdicción y el gobierno? Analizaremos la teoría de la libre evaluación, como criterio de delimitación entre las funciones administrativa, jurisdiccional y de gobierno y valoraremos las propuestas de delimitación de las funciones administrativas y jurisdiccionales y su eventual relación con la garantía de protección jurídica del individuo, en base al criterio de la relación jurídica. Como resultado, podemos afirmar que, el elemento de la protección jurídica individual constituye un criterio adecuado para llevar a cabo una clasificación de las funciones del Estado a partir de su diversa naturaleza. Los conceptos de interés individual y de interés general son determinantes del distinto ámbito de evaluación, esto es, del espacio de libre juego que queda a partir de la norma superior y, funcionan al mismo tiempo como punto de referencia a las fuentes de legitimación democrática y del Estado de derecho, de lo que es propio de la opinión pública y la voluntad general o de la esfera de libertad del individuo, por lo que finalmente, permiten distinguir entre las materias a que se refieren las diversas funciones del Estado y de sus relaciones de dependencia, independencia o coordinación. En cuanto a la identidad material entre la función administrativa y jurisdiccional, observamos que, el elemento que permite delimitar entre tales funciones deriva de la naturaleza del bien jurídico protegido. En resumen, las funciones jurisdiccionales civiles y penales y la función administrativa se encuentran referidas a relaciones jurídicas en las que, por una parte, se afecta un interés jurídico individual, pero por otra parte, tienen una justificación diversa, que reside en la protección de un interés individual, en la primera y de un interés general en las dos últimas. Desde el punto de vista de la afectación del interés individual, que constituye un elemento de todas estas funciones, no existe una justificación material de su distinta ubicación constitucional, especialmente en su relación con respecto a la función de gobierno. En nuestro criterio, no sólo los asuntos sometidos a la competencia de los jueces, sino toda actuación del Estado que produzca una afectación de intereses individuales debe encontrarse protegido por el principio de sujeción sólo a la ley y por la garantía de independencia frente al gobierno.
In the present work we will analyze the external independence of the judges, in the light of the principle of independence and impartiality of the judge, taking into account the express norms of the Political Constitution, interpreted in the light of the objectives pursued by the principle of separation of powers , especially in the sense developed by international human rights standards. On the other hand, the possibility of carrying out an analysis of conventionality is raised, through which they could be reviewed in accordance with international standards, norms of any hierarchy, including norms of the Constitution itself. Especially productive, the application of the international standard of human rights, for the conforming interpretation and more favorable to the fundamental rights, of the applicable norms may result. ; En el presente trabajo analizaremos la independencia externa de los jueces, a la luz del principio de independencia e imparcialidad del juez, tomando en consideración las normas expresas de la Constitución Política, interpretadas a la luz de los objetivos perseguidos por el principio de separación de poderes, especialmente en el sentido desarrollado por las normas internacionales de derechos humanos. Asimismo, se plantea la posibilidad de realizar un análisis de convencionalidad, las que podrían ser revisadas en su conformidad con los estándares internacionales, normas de cualquier jerarquía, incluso normas de la propia Constitución. Especialmente productivo puede resultar la aplicación del estándar internacional de derechos humanos, para la interpretación conforme y más favorable a los derechos fundamentales de las normas aplicables.
