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Jornades de Dret Català a Tossa (13es: 2004: Tossa de Mar, Catalunya) ; Comunicació presentada en les XIII Jornades de Dret Català, celebrades a Tossa de Mar (Girona), els dies 23 i 23 de setembre de 2004 ; Razones sociológicas y jurídicas han puesto de actualidad en los últimos años el derecho de visita y de relaciones personales de los abuelos con sus nietos, institución (relativamente) vieja con proyecciones nuevas (especialmente, en el marco individual y social de las familias residuales y reconstituidas). En los últimos años ha habido un notable incremento de casos judiciales relativos a reclamaciones de relaciones personales de abuelos con sus nietos, que han saltado a la prensa diaria –la cual ha destacado, sin embargo, los aspectos anecdóticos más que los sustanciales y jurídicos–. Incremento este y actualidad aquella que son consecuencia directa no sólo de una evolución y cambios sociales perfectamente conocidos (nuevas estructuras familiares, crisis de la pareja con repercusión en otros ámbitos de la familia) sino también de una nueva consideración del menor, cuya personalidad y socialización actual y futura interesan de forma señalada a la sociedad y al Derecho, que le prestan atención creciente.Todo ello ha determinado: a) una jurisprudencia numerosa y variada, que ha ido consolidando una doctrina (jurisprudencial) cada vez mejor definida, sólida y coherente; b) una preocupación mayor por parte de los legisladores (nacionales y foráneos), e incluso en el ámbito de los Convenios internacionales; c) un paralelo aumento de la atención de la doctrina a estas cuestiones y la aparición de numerosos trabajos y comentarios jurisprudenciales sobre este derecho de visita.Esos cambios y preocupación creciente de tan amplio espectro (jurisprudencial, legislativo, doctrinal) requieren ser examinados un poco más de cerca, aunque muy brevemente (apenas noticia mínima y remisiones pertinentes), en cuanto afectan a lo que diga más adelante

Instituciones tan importantes en nuestra realidad social y jurídica como la prescripción y la caducidad -se presentan a diario decenas de asuntos relacionados con ellas ante los Juzgados- se hallan hoy deficientemente reguladas en Derecho catalán: la primera, en la Compilación (art. 344), en el CC (al que aquélla se remite) y en múltiples leyes especiales; la caducidad, sólo referida a acciones concretas, y en ningún cuerpo legal (tampoco en el CC) regulada en términos generales. El Derecho catalán, en este momento de su desarrollo legislativo, necesita una regulación propia de ambas instituciones, con concepción actualizada y sólidas bases técnicas, y de forma y con régimen autónomo del CC, relativamente anacrónico el de éste, anclado todavía en concepciones romanistas y decimonónicas, en el que se confunden no pocas veces prescripción y caducidad y no está clara la frontera entre aquélla y la usucapión (por culpa, todavía, de DOMAT). La autosuficiencia y completud a que aspira hoy el Derecho catalán exige, junto a un régimen propio y autónomo de la prescripción, una regulación general de la caducidad que unifique criterios con un denominador común a tantas caducidades concretas de acciones existentes en la vigente legalidad. Todo eso plantea no pocos problemas, de los que apunto aquí sólo los más relevantes. Es evidente que las más importantes decisiones que se adopten al respecto son de política legislativa más que técnicas, y corresponden a otras instancias. Mas ello requiere un debate doctrinal previo, que sólo pretendo dejar abierto

Instituciones tan importantes en nuestra realidad social y jurídica como la prescripción y la caducidad -se presentan a diario decenas de asuntos relacionados con ellas ante los Juzgados- se hallan hoy deficientemente reguladas en Derecho catalán: la primera, en la Compilación (art. 344), en el CC (al que aquélla se remite) y en múltiples leyes especiales; la caducidad, sólo referida a acciones concretas, y en ningún cuerpo legal (tampoco en el CC) regulada en términos generales. El Derecho catalán, en este momento de su desarrollo legislativo, necesita una regulación propia de ambas instituciones, con concepción actualizada y sólidas bases técnicas, y de forma y con régimen autónomo del CC, relativamente anacrónico el de éste, anclado todavía en concepciones romanistas y decimonónicas, en el que se confunden no pocas veces prescripción y caducidad y no está clara la frontera entre aquélla y la usucapión (por culpa, todavía, de DOMAT). La autosuficiencia y completud a que aspira hoy el Derecho catalán exige, junto a un régimen propio y autónomo de la prescripción, una regulación general de la caducidad que unifique criterios con un denominador común a tantas caducidades concretas de acciones existentes en la vigente legalidad. Todo eso plantea no pocos problemas, de los que apunto aquí sólo los más relevantes. Es evidente que las más importantes decisiones que se adopten al respecto son de política legislativa más que técnicas, y corresponden a otras instancias. Mas ello requiere un debate doctrinal previo, que sólo pretendo dejar abierto

Instituciones tan importantes en nuestra realidad social y jurídica como la prescripción y la caducidad -se presentan a diario decenas de asuntos relacionados con ellas ante los Juzgados- se hallan hoy deficientemente reguladas en Derecho catalán: la primera, en la Compilación (art. 344), en el CC (al que aquélla se remite) y en múltiples leyes especiales; la caducidad, sólo referida a acciones concretas, y en ningún cuerpo legal (tampoco en el CC) regulada en términos generales. El Derecho catalán, en este momento de su desarrollo legislativo, necesita una regulación propia de ambas instituciones, con concepción actualizada y sólidas bases técnicas, y de forma y con régimen autónomo del CC, relativamente anacrónico el de éste, anclado todavía en concepciones romanistas y decimonónicas, en el que se confunden no pocas veces prescripción y caducidad y no está clara la frontera entre aquélla y la usucapión (por culpa, todavía, de DOMAT). La autosuficiencia y completud a que aspira hoy el Derecho catalán exige, junto a un régimen propio y autónomo de la prescripción, una regulación general de la caducidad que unifique criterios con un denominador común a tantas caducidades concretas de acciones existentes en la vigente legalidad. Todo eso plantea no pocos problemas, de los que apunto aquí sólo los más relevantes. Es evidente que las más importantes decisiones que se adopten al respecto son de política legislativa más que técnicas, y corresponden a otras instancias. Mas ello requiere un debate doctrinal previo, que sólo pretendo dejar abierto