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The Chilean State, in recent decades has oriented its action in the social area of public policies towards the generation of a social protection system in declarative terms, aims to create conditions for the enjoyment and exercise of the rights of people, conceived as holding a set of prerogatives and powers that the State must respect, protect and promote. This system appears to be broadly inclusive both in terms of population covered, as the rights and remedies provided. However, noting a number of initiatives including, we see that they would notice an option for the poorest segments of the population, other social groups must meet their needs, increasingly, through the private market resources and services. In addition to problems of social cohesion that this situation is creating the documentary analysis of social programs targeted to groups living in extreme poverty, some questions about the ability to have the income transfer programs-as fundamental component of the current Chilean social protection system, to address the eradication of extreme poverty in the country. In this article, we adopt the perspective of Human Rights in the analysis of income transfer programs, examining compliance with certain criteria, since this approach would establish the actual existence of a policy proposal and operationally based for the promotion, protection, and guarantee of civil, political, economic, social and cultural rights (DESC). ; El Estado Chileno, en las últimas décadas, ha orientado su acción en el área social de las polí­ticas públicas hacia la generación de un Sistema de Protección social que, en términos declarativos, apunta a generar condiciones para el disfrute y ejercicio de los derechos de las personas, concebidas como titulares de un conjunto de prerrogativas y facultades que el Estado debe respetar, proteger y promover.Dicho sistema pareciera ser ampliamente incluyente tanto respecto de la población que abarca, como de los derechos y recursos que provee. No obstante, al observar algunas de las iniciativas que comprende, se aprecia que éstas darí­an cuenta de una opción por los sectores más pobres de la población, debiendo los otros grupos sociales satisfacer sus necesidades, cada vez más, a través del mercado privado de recursos y servicios. Además de los problemas de cohesión social que esta situación genera, el análisis documental de programas sociales orientados a grupos que viven en situaciones de extrema pobreza, permite interrogarse respecto de la capacidad que poseen los programas de transferencia de renta -en tanto componente fundamental del actual sistema de protección social chileno-, para abordar la superación de la pobreza extrema en el paí­s. Para ello, en este artí­culo, se adopta la perspectiva de los Derechos Humanos en el análisis de los programas de transferencia de renta, examinando el cumplimiento de ciertos criterios que, desde este enfoque, permitan establecer la existencia concreta de una propuesta normativa y operativamente fundada para la promoción, protección y garantí­a de los derechos civiles, polí­ticos, económico-sociales y culturales (DESC).