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This paper argues that the recognition of the Sahrawi Arab Democratic Republic (SADR) constitutes a contribution to respecting International Law and peace among peoples. We start from the idea that given that Public International Law is an "imperfect" law due to its lack of a centralized executive power, its enforcement depends in large measure on the responsibility of member states of the international community. Then, this study considers both the legal status of the Western Sahara –a conflict where the right to self-determination and independence is clearly defined– and the circumstances surrounding the foundation of the SADR and its legitimacy. Because of the inaction of the central bodies of the international community that do not want, or cannot, enforce this right, it is necessary to highlight the responsibility of the member states of the international community to fulfil this task. That is the particular case of Colombia and the American states, which have ratified the Montevideo Convention where this responsibility is clearly shown. The actions of every State to fulfil International Law are a contribution to its respect and to the pacific resolution of controversies, so that the recognition of the SADR is a contribution to law and peace. ; Este trabajo argumenta que el reconocimiento de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es una contribución al respeto del derecho internacional y a la paz entre los pueblos. Partiendo de que el derecho internacional público es un derecho "imperfecto" debido, fundamentalmente, a la falta de un poder ejecutivo centralizado, se considera que en gran medida la responsabilidad de hacer respetar este derecho recae sobre los Estados miembros de la comunidad internacional, con la dificultad añadida de que algunos pueden vetar ciertas actuaciones, lo que anima a sus protegidos a persistir en la violación del derecho. A continuación, se considera la situación jurídica del caso del Sahara Occidental, conflicto donde el derecho a la autodeterminación y a la independencia del pueblo saharaui está claramente definido, y cuáles son las circunstancias que rodean la fundación de la RASD y su legitimidad. Ahora bien, ante la demostrada inacción de los órganos centrales de la comunidad internacional que no quieren, o pueden, hacer cumplir universalmente ese derecho, se pone de relieve la responsabilidad de los Estados miembros de dicha comunidad en esa tarea. Esto ocurre especialmente en el caso de Colombia y los Estados americanos que han ratificado la Convención de Montevideo, en los que esa responsabilidad queda más clara. La actuación de cada Estado en el cumplimiento del derecho internacional es una contribución al respeto del mismo, y a la solución pacífica de las controversias, por lo que se considera que el reconocimiento de la RASD es una aportación al derecho y a la paz.

La deteriorada situación de las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial se ha intentado paliar con varios intentos de mejora de las mismas. El extraño incidente del envío y precipitado regreso del buque "Patiño" y la fragata "Canarias" a Guinea Ecuatorial muestra lo difícil que resulta construir las relaciones entre España y el país africano, incluso en momentos en los que se produce una gran convergencia de intereses. El envío de dos buques de guerra españoles al golfo de Guinea constituye un hecho sin precedentes en la historia de las relaciones hispano-guineanas. El motivo que explica esta misión no parece haber sido suficientemente explicado, como tampoco se ha dado una razón convincente de la repentina orden de regreso antes de llegar a su destino. Cabe especular si el envío se hizo por razones de política interior guineana o de política exterior de este país. En el primer caso, habría que aclarar cuál sería el sentido de la presencia naval española. En el segundo, la explicación podría hallarse en alguno de los litigios fronterizos que mantiene con sus vecinos. La importancia estratégica de las reservas de petróleo que se hallan en las costas guineanas constituiría la clave última tanto en una como en otra hipótesis.

La decisión del nuevo presidente de retirar las tropas españolas de Irak ha suscitado un intenso debate en la opinión pública nacional española e internacional. En este análisis se pretende indagar en el significado de esta decisión, desde un punto de vista jurídico y político, para poder así hacer un juicio prospectivo de las eventuales consecuencias de la misma para los intereses de España y para el actual esquema de relaciones internacionales. La retirada de las tropas españolas por decisión del presidente del Gobierno Español constituye un acto regular desde el punto de vista jurídico dado que no implica la retirada de un conflicto bélico del que España sea parte. El modo de formular este anuncio puede tener repercusiones políticas internas y, sobre todo internacionales. A estos efectos, son discutibles los beneficios de la medida para la política exterior española en diversos escenarios. En el plano internacional la retirada no necesariamente tiene que producir efectos negativos sobre la situación en Irak, pero si los tuviera suscitaría el problema de determinar qué alternativa presenta España al presente enfoque.

El genocidio en Darfur (50 mil asesinados, un millón doscientos mil desplazados y 200 mil refugiados en Chad, según cifras aproximadas) tanto en su origen, cuanto en su tratamiento tiene unas implicaciones de dos órdenes: interno-sudanesas y externas. Los equilibrios de intereses interfieren en esta tragedia dificultando enormemente su solución. El conflicto de Darfur se desencadena justo cuando se empezaban a cerrar las heridas de la aún mayor tragedia de la guerra en el sur de Sudán. Aquí se argumenta que muchas claves de la actual tragedia (tanto en el orden de las causas como en el de las vías de actuación) se hallan en la guerra del norte del Sudán contra el Sur. A las complicaciones inherentes a lo anterior se añaden las que se derivan del juego de intereses en las grandes líneas de fricción internacionales en este momento.

A pesar de sus vínculos -históricos y actuales- con España, Mauritania es un país al que se ha prestado escasa atención. La complejidad política interna de Mauritania y su posición en las relaciones internacionales ha suscitado la pregunta de cuál puede ser el detonante del frustrado golpe de Estado del 8 de junio de 2003, cuestión que se tratará de responder aquí. Igualmente se analizarán las eventuales consecuencias del golpe tanto en la política interna como en la política exterior de Mauritania. En este punto se incidirá acerca del papel que puede jugar España en relación con este país en la encrucijada entre el Magreb y el África negra.

El restablecimiento de las plenas relaciones diplomáticas entre España y Marruecos abre varios interrogantes acerca del carácter que tendrán las mismas a partir de ahora: ¿qué causas explican la normalización?, ¿se vuelve al esquema de relaciones anterior a la crisis o se inicia uno nuevo?, ¿el restablecimiento de las relaciones tiene un alcance meramente táctico o también conlleva cambios estratégicos?. La normalización de las relaciones hispano-marroquíes, más que por voluntad de quien las perturbó, se ha producido por presiones externas inducidas por el nuevo esquema de relaciones internacionales que en los últimos años se ha perfilado en el Magreb, sumadas a la constatación de que la táctica política marroquí anterior a la crisis ha producido serias desventajas a la monarquía alauí. Ante el cambio de circunstancias las relaciones se producirán, necesariamente, de una forma distinta, aunque el cambio no sea radical. La nueva táctica marroquí de aproximación a España, sin embargo, no ha conllevado la más mínima modificación de su estrategia regional, incluido aquel extremo de la misma que pretende la anexión de algunos territorios españoles.

Una de las más llamativas singularidades del conflicto sobre la última colonia africana, el Sáhara Occidental, reside en la persistente tensión que se produce en el mismo entre el "Derecho" y la "Política": por un lado, existen pronunciamientos jurídico-internacionales terminantes cuya puesta en práctica solucionaría de modo inmediato y sencillo esta ya larga disputa; por otro, encontramos innumerables maniobras políticas dirigidas a enervar la eficacia de las reglas jurídicas. El "plan Baker II" es hasta ahora la última proposición de arreglo de un viejo conflicto. En este trabajo se pretende explicar las causas que dan origen al plan "Baker II" como una propuesta de solución de compromiso entre Marruecos (en mejor posición política que jurídica) y el Frente Polisario (en mejor posición jurídica que política) tras el fracaso de las soluciones unilaterales marroquíes y la ruptura de los anteriores compromisos contraídos por Marruecos en el proceso del Plan de Paz. El aparente desequilibrio político en favor de Marruecos ha determinado una propuesta de solución que accede justamente a la mayor parte de las peticiones que hacía Marruecos e incluso a más de lo que jurídicamente podría recibir. Este "plan Baker II" es un documento de gran interés jurídico del que, sin embargo, se examinan aspectos que suscitan algunas dudas respecto a su conformidad con el Derecho Internacional vigente. Igualmente, se trata de escudriñar su valor político y qué consecuencias políticas tendría su aplicación en las políticas nacionales de los actores implicados y en la política regional magrebí. Sin embargo, las transformaciones políticas internas de Marruecos hábilmente aprovechadas por el Frente Polisario y por Argelia han puesto a la monarquía alauí ante la difícil tesitura de rechazar un éxito internacional para no hacer frente al "coste político" de la democratización que ineludiblemente exige el "plan Baker II". Se argumentará que el rechazo de Marruecos a la solución del conflicto acorde con el Derecho Internacional puede tener graves consecuencias para la estabilidad de la región y constituir un peligroso precedente en la escena internacional.

Los atentados terroristas del 16 de mayo en Casablanca han sacado a la luz pública el fenómeno del islamismo marroquí de un modo brutal. El auge del islamismo puede afectar de forma decisiva la evolución futura de la política interior y exterior de Marruecos.

SUMARIO: 1.Presupuestos conceptuales. A) La insuficiencia de la concepción judicialista del Derecho. B) La relatividad del valor jurídico de la Constitución. C) El carácter no monopólico de la defensa de la Constitución. D) La separación de poderes como dogma constitucional. E) El control de la actividad del legislador en el esquema de la separación de poderes.- 2. Las aporí as sustantivas del control de la inactividad del Legislador.- 3. Las aporías orgánico procedimentales del control de la inactividad del Legislador.- 4. Reflexiones finales - 5. Bibliografía.