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On 23 May 2013, President Obama formally acknowledged that the United States (US) had been taking "lethal, targeted action against al-Qaeda and its associated forces, including with remotely piloted aircraft commonly referred to as drones," and that it intended to continue doing so because these actions were "effective" and "legal."1 When these words were pronounced, it was no secret that the US and other countries were embarked in the research, development and use of these unmanned systems.2 As a matter of fact, it was not the first time that high ranking officials of the US had acknowledged this, though little more was officially disclosed.3 After Obama's words, opacity remains the policy concerning the frequency and scope of the use of drones by either the US or any other power that possesses them.4 Not only has the general public lacked enough information: "Even the other two branches of federal government have reportedly not been fully informed of the details of the program."5 Likewise, there seems to be a clear leap between what official spokespeople and apologetic scholars say on the one hand and what actually happens on the ground on the other [.]

[spa] Tras largas y complejas negociaciones, la Unión Europea celebró un acuerdo comercial con Colombia en 2010 que ha empezado a aplicarse provisionalmente el 1 de agosto de 2013. El artículo se centra en las relaciones entre Colombia y la Unión y analiza el impacto que dicho acuerdo pueda tener en el marco de las obligaciones de las partes de respetar los derechos humanos universalmente reconocidos, incluyendo derechos sociales y los derechos de los pueblos indígenas. De dicho análisis se deriva que la presencia de cláusulas democráticas o de derechos humanos en el Acuerdo es insuficiente, habida cuenta los antecedentes del SGP+ vigente hasta la entrada en vigor del nuevo acuerdo, mientras que algunos aspectos sustantivos del Acuerdo permiten augurar consecuencias negativas respecto de los sectores sociales más desfavorecidos en la República de Colombia. ; [eng] After lengthy and complex negotiations, the European Union concluded a commercial agreement with Colombia in 2010 that has begun to be provisionally applied on 1st August 2013. The article focuses the relationship between the Union and Colombia and the impact that the agreement may have in the framework of the duty of the Parties to respect universal human rights, particularly social rights and the rights of indigenous peoples. As a result of our analysis, we conclude that the existence of democratic and human right clauses in the agreement is insufficient, taking into account the precedents of the current SPG+, while some material elements of the agreement allow us to foresee negative consequences in respect of the most vulnerable social sectors in the Republic of Colombia.

El acceso al agua potable y al saneamiento sin discriminación ha sido formalmente elevado a la condición de derecho humano internacionalmente reconocido en la resolución 64/292 de la Asamblea General, de 28 de julio de 2010. El propósito del artículo es dotar de contenido dicha declaración sobre la base de los trabajos del comité DESC y de la relatora especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, haciendo una especial referencia a la situación específica del continente europeo. Se desprenden de la investigación unos contenidos mínimos del derecho al agua y al saneamiento que los estados deben respetar en toda circunstancia ; Access to drinking water and sanitation without discrimination has been formally upgraded to the status of international human right in UNGA resolution 64/292, of 28 July 2010. The purpose of this article is to give content to this Declaration on the basis of the works of the ESC Committee and the UN Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation, with a special reference to Europe. The research will lead us to define the minimum scope and content of the right to water and sanitation that states must respect in all circumstances

El objeto del presente artículo es analizar los sistemas políticos y sociales de las cinco repúblicas independientes que constituyen Asia Centra1, tomada como un todo, pero haciendo hincapié cuando sea pertinente en las peculiaridades de cada situación. Dividimos el trabajo en tres grandes partes, relativas respectivamente a la caracterización de los regímenes políticos de estos países, su situación socioeconómica y la orientación de sus relaciones exteriores.

La externalización mediante actores privados del uso de la fuerza en conflictos internos e internacionales es un fenómeno creciente que el artículo analiza desde la perspectiva de sus repercusiones en el respeto de las normas internacionales de protección de los derechos humanos y tomando como caso de estudio en conflicto en Irak.

La presente tesis doctoral tiene por objeto el análisis jurídico de las normas que regulan el trazado de los límites que enmarcan la plataforma continental. Dichos límites son tres, y en tres partes se ha dividido nuestro estudio: 1.- El límite interior, que coincide en todos sus puntos con el límite exterior del mar territorial, lo cual nos ha llevado a estudiar las distintas modalidades de líneas de base y aplicaciones locales especiales reconocidas por el Derecho Internacional. 2.- El límite exterior, calculado en la Convención de 1958 mediante los criterios de profundidad y explotabilidad; y en la de 1982, mediante la anchura de 200 millas y los criterios técnicos de la llamada "Fórmula Irlandesa". 3.- La delimitación de ese espacio entre estados con costas adyacentes o situadas frente a frente, con especial énfasis en el estudio de la norma fundamental en la materia consagrada por la Corte Internacional de Justicia. Se dedica un último capitulo a la delimitación conjunta de plataforma y zona económica exclusiva.