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Al finalizar el año 2011, tras cuatro años de profunda crisis, la restricción financiera se situaba todavía como el principal problema de la economía española y de sus empresas. En una situación que debía de haber sido cómoda, con un superávit del sector público por un importe próximo al 2% del PIB en 2007, se pasó bruscamente a una necesidad de financiación del 11% en 2009. A partir de ese máximo el déficit se fue reduciendo básicamente en el Estado, desde el 9,2% de 2009 hasta el 3,3% en 2011, pero incrementándose en las Administraciones Territoriales, desde el 2,5% en 2009 al 5,9% en 2011. Estos datos contribuyeron a la generalización de serias dudas sobre la sostenibilidad financiera de las entidades autonómicas y locales. El crecimiento de su endeudamiento y de sus costes financieros estaba siendo muy rápido y los mercados estaban penalizando sus emisiones de deuda hasta niveles que comprometían los objetivos generales de la política económica nacional. Muchas Comunidades Autónomas y también Ayuntamientos se financiaron entonces dejando de pagar a sus proveedores, y la acumulación de créditos comerciales y otras cuentas pendientes de pago pasaron a convertirse en un importante instrumento de financiación. En el último trimestre del año 2011 las deudas comerciales pendientes de pago del conjunto de las Administraciones Públicas alcanzaron su valor máximo histórico, el equivalente al 8,3% del PIB, y en esta ocasión el 67,5% de las obligaciones pendientes de pago tienen como origen la Administración Autonómica y Local. En esta tesis doctoral se estudia el Programa de Pago a Proveedores diseñado y puesto en marcha por el Ejecutivo en España entre 2012 y 2014; con una profunda crisis y en una situación económica de extrema gravedad a comienzos de 2012, donde la falta de financiación estaba estrangulando la actividad económica y las políticas económicas tradicionales, monetaria y fiscal, estaban muy limitadas, el Plan de Pago a Proveedores se convierte en un instrumento muy eficaz para afrontar y resolver uno de los mayores problemas de ese momento económico. El Plan de Pago a Proveedores es un plan de choque, combinación de políticas económicas, monetaria y fiscal, en cuanto extraordinaria inyección de liquidez, de gran capilaridad a lo largo de todo el territorio español, que encuentra una solución para saldar las deudas comerciales acumuladas principalmente en las Administraciones Territoriales, trasladar liquidez al tejido empresarial español en un momento en el que los mercados financieros están cerrados, al mismo tiempo que hace posible, a cambio de la financiación otorgada, reforzar la condicionalidad permitiendo así una completa reformulación de la institución presupuestaria española. Y con un gran impacto positivo sobre la actividad empresarial, la realidad económica del momento y el crecimiento del PIB. El diseño de los Fondos de Pago a Proveedores, el Fondo de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómico, se desarrolla en diversas versiones y fases. En estos 3 años contemplados se abonaron 65.852 millones de euros para saldar más de 9 millones de facturas pendientes de pago de prácticamente 280.000 proveedores, en Corporaciones Locales y Comunidades Autónomas. De ellos, 27.300 millones fueron abonados entre el 30 de mayo y 28 de junio de 2012. Los nuevos mecanismos extraordinarios de apoyo financiero a Entidades Territoriales inyectaron liquidez a la economía en un momento crítico, contribuyeron a resolver el problema de las facturas pendientes de pago y la morosidad y sirvieron, a su vez, como palanca sobre la que desarrollar el marco jurídico, presupuestario y financiero de las Administraciones Públicas para el cumplimiento de los objetivos presupuestarios.

Este trabajo se ocupa de las Juntas de Aranceles entre su creación en 1816 y su desaparición temporal en 1845. Estudiar su regulación y composición aporta nuevas perspectivas a los procesos de elaboración de una política tan importante como la arancelaria y el papel en ella de ideas y grupos de interés. Analizar su personal ilustra la compleja transición del Antiguo Régimen al primer liberalismo. Las Juntas ordinarias, con un personal muy estable, fueron un factor importante en la continuidad de la política arancelaria en los aranceles de 1820, 1825 y 1841.

Espanya mai adoptà formalment el patró or, en part, perquè les seves aspiracions de convertibilitat toparen amb les necessitats financeres del Tresor. Aquest article il·lustra com la preferència per la convertibilitat, és a dir, la predilecció per tipus de canvi estables, va ser compartida pels representants parlamentaris de les províncies industrialitzades, la dependència importadora de les quals (carbó i cotó) els va dur a prioritzar l'estabilitat monetària a l'efecte protector d'una depreciació. Aquesta preferència per l'estabilitat monetària, però, no s'explica al marge de la política comercial vigent. Sense la protecció atorgada al tèxtil cotoner durant el període 1876-1913 i a la metal·lúrgia des del 1891, la renúncia a l'efecte protector d'una depreciació podria haver estat menys evident. Així, doncs, el cas d'Espanya dona suport a la hipòtesi segons la qual l'estructura de costos d'un sector influeix en les preferències monetàries, alhora que reforça l'argument que la política comercial és clau per entendre l'economia política del tipus de canvi. ; Spain never formally joined the classical gold standard, partly because its aspiration for gold convertibility did not match the financing needs of the Treasury. This paper illustrates how preferences for convertibility, that is, for fixed exchange rates, were shared by the parliamentary representatives of its manufacturing provinces because of their dependency on imported inputs (coal and cotton). However, to explain their preference for currency stability, trade policy must be considered. Without the high tariffs that the cotton industry enjoyed thorough the whole period and the steel industry from 1891 onwards, the renouncement of a procompetitive depreciating peseta might not have been so clear-cut. Thus, beyond the Spanish case, this paper supports the theoretical assumption that the input-output structure of a productive sector influences its currency stance, while reinforcing the argument that trade policy plays a key role in the understanding of currency politics.This article is now available in open access until March 27, 2022 ; España nunca adoptó formalmente el patrón oro, en parte, porque sus aspiraciones de convertibilidad chocaron con las necesidades financieras del Tesoro. Este artículo ilustra como la preferencia por la convertibilidad, es decir, la preferencia por tipos de cambio estables fue compartida por los representantes parlamentarios de provincias industrializadas, cuya dependencia importadora (carbón y algodón) los llevó a priorizar la estabilidad monetaria al efecto protector de una depreciación. Esta preferencia por la estabilidad monetaria, sin embargo, no se explica al margen de la política comercial en vigor. Sin la protección deparada al textil algodonero a lo largo del período 1876-1913 y a la metalurgia desde 1891, la renuncia al efecto protector de una depreciación podría no haber sido tan clara. De esta forma, el caso de España apoya la hipótesis de que la estructura de costes de un sector influye en sus preferencias monetarias, al tiempo que apoya el argumento de que la política comercial es clave para entender la economía política del tipo de cambio.