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En el otoño de 2017 se vivió en Cataluña una insurgencia institucional que evidenció una profunda crisis constitucional. El Estado tuvo que defender el orden constitucional y, para ello, recurrió a unos instrumentos excepcionales: la aplicación del art. 155 CE, el enjuiciamiento y condena de los responsables de la insurgencia por vía penal, y la anulación por el Tribunal Constitucional de los principales actos y leyes con los que se había tratado de perpetrar la ruptura. Todo lo cual es estudiado por este libro, que ofrece un relato desde la perspectiva jurídico-constitucional de lo sucedido. Sitúa el contexto político del procés, remontándose a sus primeros orígenes, y analiza de forma crítica la adecuación de la respuesta dada por las instituciones en defensa de la Constitución

La obra Recurso de amparo, derechos fundamentales y trascendencia constitucional, dirigida por José María Morales Arroyo, catedrático de Derecho constitucional de la Universidad de Sevilla, y con aportaciones de un nutrido grupo de profesores del área, es uno de los resultados del proyecto de investigación «El nuevo amparo constitucional: la reformulación de los derechos constitucionales y su protección» financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Como es de esperar en un estudio «novedoso», éste parte de una incógnita, en realidad de las incógnitas que, en plural, ha presentado la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, en relación con el recurso de amparo y, como consecuencia, con el reconocimiento y tutela de los derechos fundamentales.

El objeto de este trabajo es, por un lado, releer la libertad de expresión en la Edad Digital como «ius communicationis»: un derecho a comunicar que incluye todo el proceso comunicativo, sean las dimensiones activa como la pasiva y los derechos de difundir, buscar, recibir y acceder a la información; y, por otro lado, se propone «traducir» las garantías a la libertad de expresión (en particular la prohibición de censura previa) a los nuevos medios de control (públicos y privados) en Internet.

Ante la invasión de Rusia a Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, la Unión Europea ha adoptado sanciones a gran escala y sin precedentes contra Rusia. Entre las sanciones impuestas, la Unión Europea se ha blindado contra la desinformación rusa, bloqueando los canales de difusión rusos Russia Today y Sputnik, lo que supone una grave injerencia en el derecho a la libertad de expresión. El objeto de este artículo es analizar de forma crítica la Sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (Gran Sala) de 27 de julio de 2022, T-125/22, RT France c. Consejo de la UE, que ha confirmado la legitimidad de la medida adoptada por el Consejo, validando el bloqueo de los canales rusos, desde la perspectiva de la protección de la libertad de expresión en Europa.