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El debate sobre el cambio de modelo en la fase de instrucción del proceso penal pasando de la tradicional función instructora atribuida a los jueces conforme al modelo propuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, al de un fiscal investigador sujeto, en cuanto a intervención de derechos fundamentales, a un juez de garantías, implica un conjunto de reflexiones que, entre otras, van desde una consideración histórica del modelo, un análisis de la situación actual, junto con el mapa europeo de referencias y, finalmente, el hipotético diseño de esa función con las exigencias colaterales de su coste presupuestario, los cambios en la organización judicial, el debate sobre el modelo de Policía Judicial y profundos cambios en cuanto al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.