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The Order published today in the Official State Gazette forms part of the process of gradually lifting the measures restricting mobility that has been borne by citizens and which was set out in the four-stage 'Plan for the transition to a new normality'. Sporting practice and training, both professional and purely recreational, are also covered by this Plan and, consequently, the general guidelines are more specific with this new Order. ; La Orden publicada hoy en el BOE se enmarca en el proceso de levantamiento gradual de las medidas de restricción a la movilidad que viene soportando la ciudadanía y que se concretaba en el llamado 'Plan para la transición hacia una nueva normalidad', articulado en cuatro fases. También la práctica y el entrenamiento deportivo, tanto profesional como meramente recreativo, vienen contemplados en dicho Plan y, por consiguiente, aquellas directrices generales alcanzan con esta nueva Orden una mayor concreción.

At the time of this night the Ministry of Health will enter into force, which aims, inter alia, to regulate the practice of professional and federated sport for as long as the state of emergency persists and any future extensions thereof. It is therefore a very limited time rule, bearing in mind that the state of emergency has fallen on 9 May and there is no little uncertainty as to the government's desire to extend it. ; A la hora de Cenicienta de esta noche entrará en vigor la Orden del Ministerio de Sanidad que, entre otras cosas, pretende regular la práctica del deporte profesional y la del deporte federado en tanto persista el estado de alarma y sus eventuales futuras prórrogas. Es, por tanto, una norma de eficacia temporal muy limitada, teniendo en cuenta que el estado de alarma decae el próximo 9 de mayo y existe no poca incertidumbre respecto al deseo gubernamental de que sea prorrogado.

This article addresses the regulatory requirements required for the exercise of the profession of tennis technician in the Autonomous Community of Valencia, taking into account in particular the content of the existing national provisions governing sports courses under special arrangements during the transitional period, the obligations laid down in the Community of Valencia's Sport Law and the changes that will result from the imminent enactment of the Law regulating the exercise of sports professions in this Community, the preliminary draft of which is presented in broad terms. ; En este artículo se abordan los requerimientos normativos exigibles para el ejercicio de la profesión de técnico en tenis en el ámbito de la Comunidad Valenciana, considerando en particular el contenido de las vigentes disposiciones de ámbito estatal reguladoras de las enseñanzas deportivas de régimen especial en período transitorio, las obligaciones previstas en la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana y los cambios que resultarán de la inminente promulgación de la Ley de ordenación del ejercicio de las profesiones del deporte en esta Comunidad, cuyo Anteproyecto se presenta a grandes rasgos.

Aunque ha pasado ya una década de una de las últimas reformas del Código Civil, la operada por Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, la cuestión de fondo sobre la que descansa y que su denominación da una idea de la amplitud de la medida legislativa emprendida,que alcanza, no sólo a cuestiones de derecho material, como justificó su promulgación, que no es otra que la de dispensar en todos los órdenes de la vida el mejor escenario posible de atención, bienestar, integración-inclusión y salvaguardia personal y patrimonial a las personas con discapacidad, no deja de estar de actualidad.

Es común a los estudiosos de els Furs de Valencia el haberse preocupado por sus orígenes y posibles influencias en su primitiva redacción. Se ha cuestionado, así, si constituye un cuerpo legislativo desprovisto del condicionamiento de otras fuentes anteriores o si, por el contrario, su contenido tiene antecedentes en legislaciones precedentes. De estas consideraciones no puede escapar, por su importancia y extensión, el fenómeno de la posible influencia que el Derecho romano haya tenido en la redacción de los Fueros de Valencia. Es, en definitiva, lo que pretendemos demostrar con este estudio sobre una institución concreta.

Recorrido de la institución en época imperial hasta el establecimiento del vencimiento absoluto como criterio de imposición Si así hemos titulado el epígrafe, para deshacer posibles entuertos, debe ponerse de relieve cómo las reformas justinianeas no tienen un talante excesivamente innovador en lo que a la introducción de la institución se refiere, pues la condena en costas, con algunos precedentes clásicos, se hallaba ya plenamente reconocida en diversas constituciones recogidas en el Código Teodosiano, ofreciéndonos un cambiante criterio legislativo en orden a su imposición, lo que motivó la intervención justinianea dirigida a dar primado a la seguridad jurídica en lo que a las consecuencias de la actividad procesal podía suponer para los litigantes.

El art. 2.a) del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril dispone que «los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo»; ello nos lleva, sin duda, al concepto de contrato de trabajo, que aparece in fine, en el art. 3.1,c) del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como una de las fuentes del derecho laboral, expresión de la voluntad de las partes, siempre de objeto lícito y que no imponga, en perjuicio del trabajador, condiciones menos favorables que las que prescriben los convenios colectivos y las disposiciones legales.

El artículo 2.a) del Texto Refundido Laboral, Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, dispone que «los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia del contrato de trabajo»; ello nos lleva, sin duda, al concepto de contrato de trabajo que aparece in fine en el artículo 3. l .c) del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto Legislativo 111995, de 24 de marzo, como una de las fuentes del derecho laboral, expresión de la voluntad de las partes, siempre de objeto lícito y que no imponga, en perjuicio del trabajador, condiciones menos favorables que las que prescriben los convenios colectivos y las disposiciones legales.