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La existencia en la legislación mexicana de dos leyes denominadas: Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y Ley Federal de Extinción de Dominio, constituyen el objetivo general de investigación de tesis, cuyos ordenamientos son violatorios de los derechos humanos y sus garantías. Si bien es cierto, que se establecieron en la Legislación mexicana, por considerarlas necesarias, para el combate a los delitos de delincuencia organizada, también es cierto que violan los derechos humanos, sus garantías, y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual obedece, en primer lugar, a que la normativa de estas leyes, se contrapone con los principios y garantías establecidos en la Constitución mexicana. El tema en estudio responde al momento que México ha vivido en la última década en materia de seguridad pública; etapa en la que la sociedad mexicana hemos vivido tiempos difíciles, los cuales se tornan preocupantes por el desbordamiento de la criminalidad, desde la comisión de conductas delictivas, que van de las menos graves a las más violentas, en consecuencia, la actuación del Estado cobra importancia en los procedimientos utilizados para la prevención y represión de los ilícitos, motivo por el que revisten carácter especial, las normas legales que para el combate a la delincuencia se han implementado. El objetivo general de la tesis es analizar tres normativas ubicadas en las leyes especiales: la medida del arraigo penal, la extinción de dominio y la definición del delito de delincuencia organizada, las tres normativas son violatorias de los derechos y garantías constitucionales. Comprende el análisis de los procedimientos jurídicos, establecidos para la represión de los delitos de delincuencia organizada, en los que se advierte, sin duda alguna, que las normas y técnicas de investigación especial se contraponen con los principios Constitucionales. La aplicación de las normas señaladas, genera la desgarantización de los principios fundamentales de la presunción de inocencia, y el principio legal del procedimiento; en consecuencia, la propia Constitución consagra un doble sistema penal, por una parte es un sistema dotado de derechos y garantías y por otro es un sistema especial con normas reductivas de derechos y garantías para delitos de delincuencia organizada, generando a la vez, violación a los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. La aplicación de este tipo de leyes en la legislación mexicana se presenta cuestionable, lo que ha motivado su análisis en relación con el garantismo constitucional, y su afectación a los derechos humanos, con la finalidad de aportar otras formas de aplicación de las normas consideradas violatorias de los derechos humanos y sus garantías, que estén de acuerdo con el texto constitucional. Contenido de la investigación La investigación se estudia desde el enfoque del respeto a las garantías de los derechos humanos institucionalizados en la Constitución, se parte del supuesto de que en un Estado Democrático de Derecho, como lo tiene México, las políticas criminales, como las leyes creadas para el efecto, deben responder a los ordenamientos garantistas que dicta la Constitución Mexicana, motivo por el cual se le denomina al primer capítulo ¿El garantismo Constitucional y las leyes especiales¿, al constituir la Constitución la norma suprema del sistema legislativo mexicano. La investigación se realiza con base en la fundamentación postulada por teóricos como Luigi Ferrajoli y Sergio García Ramírez. Al respecto, Luigi Ferrajoli afirma que las leyes de excepción deben adecuarse a la Constitución como única forma de garantizar el respeto a las garantías de los derechos humanos. Sobre los derechos fundamentales, afirma que no son negociables y corresponden a todos, en igual medida. El segundo capítulo se titula ¿la seguridad pública y la política criminal¿, dedicado a la seguridad pública en el contexto actual, analizando principalmente la política criminal dentro de las acciones invocadas por el Estado Mexicano, para contrarrestar el fenómeno social constituido por la actividad delictiva, mediante los planes de desarrollo de gobierno, y las reformas realizadas a la ley, se citan sentencias jurídico penales, en los que se han producido violaciones a las garantías de los derechos humanos, e impunidad en la aplicación de la justicia, como sucedió en el caso de Florence Cassez, acusada de secuestro, sentenciada a 60 años de prisión, a quien La Suprema Corte de Justicia de la Nación, le otorgo la libertad, basando su resolución en las violaciones de las garantías de la presunción de inocencia y el debido proceso legal, considerándolas violaciones graves a los derechos humanos de la inculpada. En el capítulo tercero se trata el tema de la delincuencia organizada, se incluye con la finalidad de exponer la forma como se ha venido desarrollando en México y en otros países, al considerar que para México, la delincuencia organizada representa un problema de seguridad pública nacional, cuya actividad relevante provocó la política criminal de mano dura y el establecimiento de las leyes especiales en la legislación mexicana para su combate. El capítulo cuarto analiza la estructura jurídica de las leyes especiales en estudio: La Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y La Ley Federal de Extinción de Domino, concretamente las normas relativas al arraigo, la definición del delito de delincuencia organizada, y la extinción o decomiso de bienes. El arraigo y el concepto de delincuencia organizada se ordenan en el artículo 16 de la Constitución, la Extinción de dominio en el artículo 22 Constitucional. Se considera que con la aplicación de estas normas se incurre en excesos que violan las garantías de los derechos humanos, regulados principalmente en los artículos 11, 14, 16 y 19 de la propia Constitución. El arraigo La práctica del arraigo o reclusión de una persona en un lugar designado, mientras las autoridades recaban las pruebas, plantea numerosas violaciones en contra de los inculpados, como las condiciones en las que se mantienen en los lugares de arraigo, las confesiones obtenidas bajo esta condición, impedir su libertad, la falta de respeto de sus derechos y garantías, formas de investigación, que violentan, tanto las garantías estipuladas en nuestro máximo ordenamiento constitucional, como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo cual se traduce en violaciones a los derechos humanos y sus garantías. La afectación que produce en las garantías y derechos humanos se explica, a partir de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce el derecho a la libertad personal, cuando establece en el artículo 16 plazos breves, para que la persona detenida sea puesta de inmediato a disposición de la autoridad correspondiente y ésta determine su situación jurídica. Al tratarse de una privación de la libertad que no reúne todos los requisitos del mandato Constitucional, la aplicación del arraigo viola las garantías reguladas por los artículos 11, 14, 16 y 19 constitucionales, que se refieren principalmente a las garantías de la libertad personal y de tránsito. De ahí la necesidad de que se efectúen reformas en el sentido de que se elimine de la legislación mexicana, en su lugar, optar por otro tipo de medidas cautelares. El concepto de delincuencia organizada El concepto de delito de delincuencia organizada establecido en el artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, incurre en violación, cuando se define el tipo de Delincuencia Organizada, de la siguiente manera: ¿Se comete el delito de delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno de los delitos señalados, ¿serán sancionados por ese solo hecho como miembros de la delincuencia organizada¿, es decir, con la simple organización, es suficiente para sancionar la conducta del ilícito de delincuencia organizada, sin que siquiera se de la tentativa, se sanciona por el delito autónomo de delincuencia organizada y por los diversos delitos cometidos por los miembros de la organización delictiva, que implican acumulación, considerando que realmente se recoge dos veces una sola conducta, sancionando por ende a un sujeto dos veces por el mismo hecho, con violación del clásico principio bis in ídem, en materia penal no se puede castigar dos veces a una persona por el mismo delito como literalmente lo establece la Constitución mexicana en el artículo 23: ¿¿¿Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene¿, La extinción de dominio de bienes objeto del delito El artículo 7º, de la Ley Federal de Extinción de dominio viola las garantías de propiedad, cuando ordena extinguir la propiedad sin un juicio previo que determine la licitud o ilicitud del producto del delito, propiedad de los inculpados a favor del Estado, aplicación normativa que viola además las garantías constitucionales de la presunción de inocencia y el debido proceso penal, los derechos humanos y los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos. Conclusión En un Estado democrático de derecho, respetuoso de los derechos humanos y las garantías de los ciudadanos, la normatividad considerada violatoria, resulta contradictoria del artículo primero, Titulo Primero, Capitulo I, denominado De los Derechos Humanos y sus Garantías. Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que textualmente ordena ¿que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, de los que el Estado sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos que dicte la Constitución¿. Concluyendo, que si bien es cierto que las leyes especiales, se encuentran debidamente legitimadas en nuestra Constitución, también ésta demostrado, que tanto constitucionalmente como procesalmente, trasgreden derechos y garantías, situación que es factible de modificar o anular, siendo procedente reformas a la Constitución y a las leyes en relación con las normas señaladas, con el objetivo de garantizar, promover e impulsar el goce y ejercicio de los derechos fundamentales del hombre. Si bien es obligación del Estado, perseguir y sancionar conductas ilícitas, no implica trasgredir el Estado de Derecho, con la existencia de las leyes especiales, cuya normatividad da lugar a irregularidades jurídicas y violaciones a los derechos fundamentales. Con base en lo expuesto se propone lo siguiente: 1.- La modificación de la definición del tipo del delito de delincuencia organizada: omitir la frase: ¿Serán sancionados por ese sólo hecho, como miembros de la delincuencia organizada,¿ lo que evita, que por una misma conducta se castigue dos veces, es decir, se castiga a la vez por el delito cometido, y por el delito de delincuencia organizada por el hecho de pertenecer a una organización criminal 2.- La derogación de la medida del arraigo, optar por otras medidas cautelares, como el uso de las pulseras cibernéticas, con el fin de adecuar nuestra legislación penal, con reformas que al tiempo de respetar garantías y derechos humanos, combatan la criminalidad. 3.- La modificación del artículo 7º de la Ley Federal de Extinción de dominio en el sentido de que se establezca que una vez agotada la averiguación o el proceso y se acredite si los bienes objeto producto del delito son de legal o ilegal procedencia, se proceda a su decomiso a favor del Estado o a su devolución. 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