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The Colombian legal system establishes in its political letter mechanisms for citizen participation, as a legal tool that the State has established so that citizens can actively participate in decisions that affect them. That said, in Colombia, a legal debate arose from the implementation of the Popular Consultation as a mechanism to prohibit mining activity in municipalities, thus generating a tension between the central sector and territorially decentralized entities regarding the distribution of administrative powers; as well as the legal effects of the judicial decisions desired by the Constitutional Court and the Council of State, through which jurisprudential parameters have been established regarding the regulation of soil and subsoil in Colombia. Through this article, the objective is to establish the competence that municipalities have to decide popular consultation on mining and energy matters, observing the recent jurisprudential pronouncements adopted on the matter in particular. For the development of the main research, legal hermeneutics was used, applying the exegetical and systematic method for the analysis of the different components of the research. Through analysis of jurisprudential decisions, the results that define the thesis are evidenced through which it is stated that municipalities do have the power to prohibit mining activities in their territories; but this is not absolute and is exercised in harmony with the Nation. ; El ordenamiento jurídico colombiano establece en su carta política mecanismos de participación ciudadana, como una herramienta jurídica que el Estado ha consagrado para que la ciudadanía participe activamente de las decisiones que les afecten. Dicho lo anterior, en Colombia, se originó un debate jurídico a partir de la implementación de la Consulta Popular como mecanismo para prohibir la actividad minera en los municipios, generando así una tensión entre el sector central y las entidades descentralizadas territorialmente respecto de la distribución de competencias administrativas; así como también, los efectos jurídicos de las decisiones judiciales adoptadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, a través de las cuales se han fijado parámetros jurisprudenciales en lo concerniente a la regulación del suelo y subsuelo en Colombia. A través de este artículo, se tiene como objetivo establecer la competencia que tienen los municipios para decidir mediante consulta popular asuntos mineroenergéticos, observando los recientes pronunciamientos jurisprudenciales adoptados sobre el asunto en particular. Para el desarrollo de la investigación principal, se utilizó la hermenéutica jurídica, aplicando el método exegético y sistemático para el análisis de los diferentes componentes de la investigación. Mediante el análisis de las decisiones jurisprudenciales, se evidencian los resultados que definen la tesis a través de la cual se plantea que, los municipios si tienen competencia para prohibir actividades mineras en sus territorios; pero ésta no es absoluta y se ejerce de manera armónica con la Nación.