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El presente artículo presenta una revisión documental de los principales textos legales que amparan el funcionamiento del Gobierno Electrónico en Venezuela, vigentes al finalizar el primer semestre de 2009. Los resultados sugieren que existen dos grandes bloques legales que sustentan el uso de las TIC por el Gobierno, y tienen que ver, por un lado, con aquellas dirigidas a dotar de eficacia jurídica a las manifestaciones de voluntad por vía electrónica y, por otro, con aquellas pensadas para conseguir eficiencia en el cumplimiento de las funciones del Estado. El análisis de los distintos instrumentos que regulan la implementación de las TIC revela que Venezuela cuenta con una base jurídica en la materia sólida y avanzada, por lo que la mayoría de las deficiencias que existen se deben más bien a la implementación. Se adopta un concepto amplio de gobierno electrónico, expandiéndolo a todas las ramas del poder público en tanto y en cuanto sus órganos se relacionen con el ciudadano o entre si. Por último se hace un llamado al poder judicial de manera de que se incorpore de manera plena las ventajas de los recursos electrónicos al proceso judicial. ; This article is a review of the legal regulation of electronic government in Venezuela, as of July 2009. There are basically two types of regulation of the use of ICT by government entities; first those that enable legal effectiveness to acts of will produced electronically and also electronic signatures, and those directed to achieve efficiency of the functions of public administration. The analysis of the legislation reveals that Venezuela has a good and modern legal basis for the implementation of ICT by public entities. Therefore, public administration deficiencies on e-government are due to implementation problems rather than legal issues. The authors adopt a broad concept of e-government in order to include all activities of public offices, regardless of their function as long as they interact with citizens or internally. Finally, there is a suggestion made to the judicial system in order to fully implement ICT in the judicial process.

El presente artículo presenta una revisión documental de los principales textos legales que amparan el funcionamiento del Gobierno Electrónico en Venezuela, vigentes al finalizar el primer semestre de 2009. Los resultados sugieren que existen dos grandes bloques legales que sustentan el uso de las TIC por el Gobierno, y tienen que ver, por un lado, con aquellas dirigidas a dotar de eficacia jurídica a las manifestaciones de voluntad por vía electrónica y, por otro, con aquellas pensadas para conseguir eficiencia en el cumplimiento de las funciones del Estado. El análisis de los distintos instrumentos que regulan la implementación de las TIC revela que Venezuela cuenta con una base jurídica en la materia sólida y avanzada, por lo que la mayoría de las deficiencias que existen se deben más bien a la implementación. Se adopta un concepto amplio de gobierno electrónico, expandiéndolo a todas las ramas del poder público en tanto y en cuanto sus órganos se relacionen con el ciudadano o entre si. Por último se hace un llamado al poder judicial de manera de que se incorpore de manera plena las ventajas de los recursos electrónicos al proceso judicial. ; This article is a review of the legal regulation of electronic government in Venezuela, as of July 2009. There are basically two types of regulation of the use of ICT by government entities; first those that enable legal effectiveness to acts of will produced electronically and also electronic signatures, and those directed to achieve efficiency of the functions of public administration. The analysis of the legislation reveals that Venezuela has a good and modern legal basis for the implementation of ICT by public entities. Therefore, public administration deficiencies on e-government are due to implementation problems rather than legal issues. The authors adopt a broad concept of e-government in order to include all activities of public offices, regardless of their function as long as they interact with citizens or internally. Finally, there is a suggestion made to the judicial system in order to fully implement ICT in the judicial process.