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El Ecuador, como país intercultural y plurinacional recoge en su memoria social todas las costumbres, mitos, leyendas y tradiciones que transforman en direccionamientos para el desarrollo del país en todas sus áreas, ya que compila en el Derecho Consuetudinario de los pueblos originarios del Ecuador su forma de actuar, ya hoy en día gracias a la revolución ciudadana, lo podemos socializar y aplicar, mismos que deben ser cumplidos en forma coercitiva porque ese es su modo de vida, que con toda seguridad lo manifiesto, es la base para llegar al Sumak Kausay. El presente trabajo explica en resumen la historia de nuestros pueblos originarios, mismos que para llegar a la vida republicana y la colonización han sufrido un proceso de expansionismo y dominación incaica – española, en su debido orden, para luego entrar en la capitulación por las grandes empresas de conquistas, organizadas técnicamente en Centro América y expandirse hacia América del Sur e ingresar al proceso de formación del amerindio, que en el tránsito de Inca a indio y campesino, ha sufrido discriminaciones en todo sentido, llegando a ocultar toda la sabiduría ancestral que luego fue catalogado como actividades paganas en contra de Dios de acuerdo a la Biblia que nos trajeron del viejo mundo (Vera, 1989) En este proceso, el amerindio pasa por un período de tamizaje en donde se cumplió con el gran objetivo de la conquista; que desaparezca de una vez por todas los rasgos culturales de la cosmología andina, que el runa y la huarmi tengan vergüenza de sus ancestros, sus etnias y culturas; de este modo, terminaron con su vestimenta, culto, creencias, mitos, leyendas y tradiciones (Derecho Consuetudinario). Conscientes estamos que toda la memoria ancestral se resume en el Derecho Consuetudinario de los pueblos originarios del Ecuador, pero no se puede desarrollar, preservar y socializar sino existe un proceso de enseñanza básica para que sea transmitida de generación en generación, caso contrario, toda esa riqueza cultural quedaría en el olvido. Razón por la cual los maestros cumplen un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya que son los responsables del conocimiento histórico real del antes y el después de las comunidades y pueblos del Ecuador. Para que un docente pueda transmitir los conocimientos ancestrales inéditos a las futuras generaciones, debe dominar la norma y la sociología jurídica ya que nos da la sabiduría y todas las herramientas para hacerlo con eficiencia, efectividad, y eficacia de todos los conocimientos ancestrales en prácticas diarias; es así como, en la vida republicana, hasta la década de los 90 los educadores no podían realizar prácticas educativas reales en forma clara, transparente y cierta, porque los contenidos científicos se basaban sólo en conocimientos extranjeros o currículos de otros países y en el mejor de los casos al catecismo. Es la Sociología Jurídica, la filosofía y el Derecho Consuetudinario especialmente la danza el teatro y los juegos populares las únicas actividades que de una u otra manera utilizan legalmente los educadores para realizar el proceso de enseñanza aprendizaje con saberes ancestrales plasmados en mensajes a través de corografías, obras teatrales y juegos lúdicos o populares. Tanto en el Ecuador como en el resto de América Latina, existe un nuevo escenario político en la cual la: multi-pluri-inter-culturalidad está ganando espacio y legitimidad. Esta nueva coyuntura incluye el reconocimiento por parte de los estados sobre la diversidad étnica y cultural, así también la necesidad de reconocer derechos específicos, colectivos y de la naturaleza, lo que algunos autores llaman el nuevo "constitucionalismo multicultural", que está enfocado en una nueva forma de solución de conflictos, ya sea por la conciliación, mediación, arbitraje, pero principalmente la justicia indígena (Van, 2000) y su relación con la ciudadanía "étnica" "cultural". (Montoya, 2002). Ratifican la aplicación de los Métodos Alternativos y Solución de Conflictos (MASC) mismos que están amparados por la Constitución ecuatoriana en su Artículo 190. Como bien sabemos, a diferencia de otros países de la región, en el Ecuador este reconocimiento oficial es de mayor jerarquía; reflejo y resultado de luchas y demandas del movimiento indígena, de sus procesos de fortalecimiento identitario como actores sociales, políticos y culturales y de su cuestionamiento de los modelos existentes de ciudadanía, democracia, estado y nación liderados por los movimientos indígenas en sus diversas organizaciones de la costa, sierra y oriente. Las demandas de reconocimiento cultural de los pueblos indígenas y pueblos originarios del Ecuador, han puesto en duda la vigencia de un sistema jurídico mono cultural, aun teniendo en cuenta el escenario del multiculturalismo constitucional que recorrió las reformas constitucionales latinoamericanas desde la aprobación del Convenio No. 169 por parte de la Organización Internacional de Trabajo en 1989. En el Ecuador este proceso es primordial y de sumo interés, razón por la cual con la aprobación del referéndum de la nueva Constitución en el 2008, en la que se define como Estado Plurinacional de Derechos, reconociendo la coexistencia de una diversidad de sistemas jurídicos. Los países de la región, como Bolivia y Venezuela, entre otros, han transitado procesos similares, cuestionando la permanencia del denominado monismo jurídico quien plantea que las crisis son una precondición para el surgimiento de nuevas teorías y referentes para la solución de conflictos. El reconocimiento por parte del Estado de los sistemas jurídicos, no implica que las autoridades de los pueblos y nacionalidades indígenas tengan el objetivo de crear algo nuevo, sino el reconocimiento de una realidad histórica de ejercicio de derechos consuetudinarios, que en el marco de la construcción colonial de la dominación estatal fueron invisibilizados, negados y perseguidos, como prácticas al margen de la ley. El pluralismo jurídico no es una "alternativa" del derecho, sino un proceso de construcción de otras formas jurídicas que identifiquen al derecho con los sectores mayoritarios de la sociedad, y de respuestas institucionales a procesos de transición de una sociedad marcada por la colonialidad hacia una construcción social y estatal de carácter intercultural y plurinacional, en donde se compila todas las costumbres, tradiciones, leyendas y mitos ancestrales. Tal como lo plantea (Coutinho, 1990), "un pluralismo de sujetos colectivos fundado en un nuevo desafío: construir una nueva hegemonía que contemple el equilibrio entre el predominio de la voluntad general, sin negar el pluralismo de los intereses particulares". En los últimos cuatro años de vigencia de la nueva carta magna del Ecuador, la coexistencia de la justicia ordinaria y la justicia indígena no ha estado exenta de conflictos respecto de los alcances de la jurisdicción de la administración y justicia indígena, de la adaptación de procesos a los derechos humanos, de los mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y autoridades indígenas, entre otros. En ciertos casos se alcanzan situaciones en las que las autoridades comunitarias fueran sometidas a la justicia ordinaria por exceder su jurisdicción (Ref. Caso La Cocha), así como fuertes reclamos por parte de las autoridades comunitarias respecto de la intervención no solicitada de operadores de justicia al margen de sus derechos colectivos. Razón por la cual sociólogos, filósofos e investigadores para dar jerarquía a toda la memoria, filosofía ancestral y la cosmovisión andina, enfocan como Derecho Consuetudinario para llegar al cumplimiento de la armonía comunitaria. ; Ecuador, as an intercultural and multinational country in its social memory, collects all customs, myths, legends and traditions that become the country's means for development in all areas, as compiled in the customary law of the indigenous peoples of Ecuador that nowadays, thanks to the citizen's revolution we can socialize and apply, these should executed as an imperative because that is their way of life, which I can surely say, is the foundation to achieve the Smac Kausay. In this paper we explain in brief the history of our people, whom to reach the republican status and colonization have undergone a process of expansionism and Inca- Spanish domination, thereafter entering the capitulation by the big companies conquests, technically organized in Central America to expand into South America and enter the process of formation of the Amerindian going from Inca to Indian and peasant, has suffered discrimination in every way; thus hiding all ancient wisdom since it was listed as pagan activities against God and the Bible that were brought from the old continent. In this process the Amerindian goes through a period of screening where he meets the great object of conquest, disappearing once and for all the cultural traits of the Andean cosmology, the run and huarmi are ashamed of their ancestors, their ethnicities and cultures; in this way the screening process finished with their costume, religion, beliefs, myths, legends and traditions. It is known that all the ancestral memory is summed up in the customary law of the indigenous peoples of Ecuador, however, it is not possible for it to develop, preserve and socialize, unless through a process of basic education to be transmitted from generation to generation; otherwise, all this cultural richness would be forgotten. This is why teachers play an important role in the teaching-learning process since they are responsible for the actual historical knowledge before and after the communities and people of Ecuador. For a teacher to transmit to future generations unpublished ancestral knowledge, you must 22 master the art, as only art gives us the wisdom and all the tools to do it with efficiency, effectiveness, and expertise of all ancient knowledge in daily practices; the reason being is that during the republican period until the 90s, educators could not make real educational practices in clear, transparent and authentic ways, because scientific contents are based only on foreign expertise or curricula of other countries. Performing arts are especially theater and dance popular games the only activities that one way or another legally used educators for the teaching-learning process with ancestral knowledge embodied in messages through choreographies, plays and recreational or popular games. Both in Ecuador and in the rest of Latin America, there is a new political scenario in which the multi- -inter-culture is gaining ground and legitimacy. This new bias includes the States recognition over ethnic and cultural diversity, and also the need to recognize personal and common rights, as well as those of nature, for which some authors call the new "multicultural constitutionalism." Van Cott (2000) and its relation to the cultural ethnicity. Montoya (2002). In relation to what is the Alternative Dispute Resolution mean (ADR) which are covered by the Constitution in Article 190. As we know, unlike other countries in the region, in Ecuador this official recognition is of major prominence; reflection and result of struggles and demands of the indigenous movement in the processes of strengthening identity and social, political and cultural actors and their questioning of existing models of citizenship; democracy, state and nation led by indigenous movements in their various organizations through the coast, mountains and east. The demand for cultural recognition of indigenous peoples and indigenous people of Ecuador have questioned the validity of a mono cultural legal system, even taking into account the stage of the constitutional multiculturalism that swept Latin American constitutional reforms since the adoption of Convention No. 169 by the International Labor Organization in 1989. In Ecuador this process is essential and of great interest, thus with the approval of the referendum on the new Constitution in 2008, which is defined as multinational State of Rights, recognizing the coexistence of a variety of legal systems in it. The countries of the region such as Bolivia, Venezuela and others, have passed similar processes, questioning the permanence of the so-called legal monism who argues that crises are a precondition for the emergence of new theories and relating to conflict resolution. The recognition by the State of legal systems does not imply that the authorities of the indigenous people and nationalities have the goal of creating something new, but the recognition of a historical reality exercise of customary rights, which under the colonial domination were invisible, denied and persecuted, and practices outside the law. We do not consider the legal pluralism as an "alternative" use of law but as a process of construction of other legal forms identifying the law with the majority sectors of society and institutional responses to processes of transition from a society marked by colonialism moving towards a social state characterized as intercultural and multinational where all the customs, traditions, legends and ancient myths are compiled. As stated by Coutinho (1990), "a pluralism of collective subjects based on a new challenge: to build a new hegemony that considers the balance between the dominance of the general will, without denying the pluralism of individual interests". In the last 4 years of validity of the new Constitution of Ecuador, the coexistence of ordinary justice and indigenous justice, has not been free of conflict over the scope of the jurisdiction of the administration and indigenous justice, the adaptation of cases to human rights, the mechanisms of coordination between state authorities and indigenous leaders, among others. Reaching in some cases, situations where the Community authorities were subjected to regular courts to "exceed" its jurisdiction (Ref. Case La Cocha) and strong complaints from the Community authorities regarding the unsolicited intervention of justice operators regardless of their collective rights. 24 In this research all cultural features of the main communities and indigenous nationalities of the three regions of Ecuador are also being analyzed, which have gone unnoticed in the social context and in the best case, taken as isolated activities, put in practice or socialized in the main festivities of the people. This is the reason for us as educators for basic education, to give all the memory hierarchy, ancient philosophy and the Andean world we take it as customary law to take into action with the community may it be as a voluntary act or coercively. Part of the study of this paper is also to extent the responsibility to the State-Government, to maintain all the values and principles of the ancestral memory and cultural heritage of the indigenous people of Ecuador in an intact and unchanged way, to transmit to future generations; goal which you can achieve only with the education and training of teachers in different areas, but mainly in performing arts ; as well, on how to handle: customs, traditions, ethnic and folk legends, which is part of the standard of living of the indigenous people and peasants, and serves as a relevant issue to the development of basic education curriculum. This research with proposed development schedule was fulfilling the objectives, analyzing the extent to which cultures of indigenous people of Ecuador are present in the teaching of basic education, teacher training, and the level of positioning in the absence the arts, the presence of popular traditions in the curriculum and teacher preparation for teaching and its impact on society, and only then get to know the cultures of indigenous people of Ecuador in basic education. A study on the contribution of arts and popular traditions in the curriculum of basic education to achieve the implementation of the common system of legal pluralism with coarse principles based on Andean philosophy. The methodology, as an instrument for the operationalization of variables and objectives of the research is based on the paradigm of functionalism and constructivism, with field research (indigenous community leaders, members of councils, cultural promoters, educational authorities, elders of the different communities , basic education teachers) as descriptive, bibliographic and documentary scientific contributions in the areas of study, collecting data with the technique of the survey, interview and observation, and tools such as questionnaire. Interview guide and observation sheets, which allowed establishing the relationships between variables and approving the alternative hypothesis. Thus affirm that in our country, knowledge of the cultures of the indigenous people of Ecuador have not been involved, but rather have been marginalized and forgotten, where only basic education devoted to teaching general knowledge and specified in the area of mathematics and language, which is why there is a lack of 80% of the current population, and especially of teachers, both Ecuadorian reality as ethnicities and cultures of our ancestors.

La presente ricerca ha avuto ad oggetto l'analisi della criminalità culturale di matrice immigratoria nel contesto europeo contemporaneo. Tradizionalmente con il termine reato culturalmente orientato o motivato si intende quel comportamento realizzato dal membro di una cultura minoritaria che è considerato reato dall'ordinamento giuridico della cultura dominante, ma che viene accettato, condonato, o addirittura incoraggiato all'interno del gruppo culturale del soggetto agente. Dedicare la ricerca esclusivamente alla criminalità culturale di matrice immigratoria significa restringere il campo dell'analisi ai reati culturali commessi da immigrati, escludendo i reati culturali commessi da minoranze autoctone. Esulano, tra l'altro, dall'analisi i reati riconducibili all'immigrazione clandestina e le forme di terrorismo transnazionale di matrice ideologica. Il particolare tipo di reato culturale di cui si è occupata la presente ricerca può dunque essere definito come il comportamento che l'immigrato pone in essere in quanto normale, approvato, o incoraggiato dalla propria cultura e che, invece, è considerato reato nello Stato di residenza. Alla nozione di reato culturale e di cultural defence, nonché alla delimitazione dell'ambito di indagine è dedicato il primo capitolo della tesi, nell'ambito del quale vengono spiegate le difficoltà che si incontrano nel definire il concetto di cultura e di pratica culturale. La ricerca è volta a valutare la possibile rilevanza penale da riconoscere al condizionamento esercitato sul reo dall'appartenenza a una determinata cultura, ossia al c.d. fattore culturale. La definizione di reato culturale è tale da comprendere situazioni molto diverse tra loro, rispetto alle quali è necessario trovare un equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e diritto – o, meglio, diritti – alla specificità. Vengono alla mente pratiche riconducibili alle tradizioni di determinati gruppi etnici, quali la mutilazione degli organi genitali femminili, lo stupro che precede il matrimonio, l'impiego di minori nell'accattonaggio, o i matrimoni poligamici. Con ogni evidenza, si tratta di comportamenti che – ammesso e non concesso che siano (ancora) legittimamente praticati nei Paesi di provenienza dell'immigrato – rappresentano un problema nel momento in cui vengono posti in essere in uno Stato ospitante che ne riconosce la rilevanza penale. I flussi migratori che negli anni hanno accompagnato il processo di integrazione europea ed internazionale hanno messo in contatto persone portatrici di tradizioni culturali estremamente distanti tra loro, facendo della c.d. criminalità culturale uno dei temi più complessi, discussi e controversi del panorama giuridico contemporaneo. Dal punto di vista comunitario, tra l'altro, la nascita dell'area Schengen e il progressivo enlargement europeo hanno incrementato il fenomeno migratorio, imponendo anche a Paesi che non avevano vissuto in passato esperienze immigratorie di confrontarsi con le sfide del multiculturalismo. Spesso si pensa all'immigrazione e alla società multiculturale come una sfida per il diritto penale statale. L'area penale è, infatti, la più resistente alla sottrazione della sovranità che il processo di integrazione europea ed internazionale comporta perché rappresenta uno degli ambiti in cui maggiormente si riflette l'identità costituzionale degli Stati. La norma penale è una delle più alte manifestazioni dei valori prevalenti in una determinata area culturale. Da un lato, questo significa che l'ordinamento nazionale si riserva gelosamente la potestà di decidere quali comportamenti costituiscono reato all'interno del proprio territorio. Dall'altro lato, proprio per questo suo essere espressione della cultura di appartenenza di un determinato soggetto, la norma penale fa parte del bagaglio del migrante: l'individuo percepisce come reato ciò che per la propria cultura è reato e potrebbe non comprendere, e magari neanche percepire, le fattispecie vigenti nel territorio in cui emigra. Sullo sfondo dei reati culturali vi è una forma di conflitto culturale tra Paese ospitante e individuo ospite, che porta con sé la necessità di stabilire come devono essere giudicate le condotte poste in essere da chi appartiene a culture diverse da quella ritenuta dominante. Nell'ambito della ricerca che ha portato alla presente tesi è stato analizzato il trattamento dei culturally motivated crimes con particolare riferimento al sistema italiano e a quello del Regno Unito. L'Italia, alla quale è dedicato il secondo capitolo della tesi, storicamente è stata il punto di partenza dei migranti; soltanto nell'ultimo trentennio è divenuta una meta per gli immigrati e si è dovuta confrontare con la criminalità culturale di matrice immigratoria. Il modello italiano di gestione della diversità culturale, oltre ad essere particolarmente giovane, è considerato di stampo assimilazionista. La legislazione italiana non chiarisce la rilevanza penale da attribuire al fattore culturale, né tantomeno codifica una qualche forma di cultural defence. La strategia che, soprattutto negli ultimi anni, il nostro legislatore penale sembra portare avanti è quella di introdurre alcuni singoli reati culturalmente orientati, spesso con interventi caratterizzati da una decisa reazione sanzionatoria. In questo senso dal punto di vista legislativo vengono in particolare in rilievo due recenti interventi normativi: la legge n. 7 del 2006, con la quale è stato introdotto il delitto di mutilazioni genitali femminili e la legge n. 94 del 2009, con la quale è stato innalzata a delitto la contravvenzione di impiego dei minori nell'accattonaggio. Dal punto di vista giurisprudenziale in Italia si registra una mancanza di coerenza nelle decisioni che hanno ad oggetto i reati culturali. Per quanto attiene il sistema italiano vengono inoltre analizzate le sentenze pronunciate da tribunali esteri nell'ambito di procedimenti che hanno riguardato italiani accusati di reati culturalmente motivati. Si tratta di un'ottica molto interessante perché permette di superare l'atteggiamento paternalista mascherato da tolleranza che spesso accompagna il tema della diversità culturale. Il Regno Unito è stato scelto come secondo modello di riferimento e gli viene dedicato il terzo capitolo della tesi. Oltre ad aver vissuto un'esperienza immigratoria precedente rispetto all'Italia, la Gran Bretagna nel contesto europeo è considerata portatrice del modello c.d. multiculturalista di gestione della diversità culturale, che si contrappone al modello c.d. assimilazionista, al quale è invece riconducibile il sistema italiano. L'approccio multiculturalista è ispirato da una logica di uguaglianza sostanziale e tradizionalmente si caratterizza per il riconoscimento delle diversità culturali e l'elaborazione di politiche volte alla loro tutela. Nel Regno Unito l'appartenenza a una determinata minoranza culturale giustifica un diverso trattamento giuridico: si pensi al Road Traffic Act e all'Employment Act, che esonerano gli indiani sikh dall'uso del casco nei cantieri di lavoro e in moto, consentendo loro di indossare il tradizionale turbante. Espressione del multiculturalismo all'inglese sono anche gli Sharia Councils, pseudo-Corti formate da membri autorevoli della comunità islamica alle quali può rivolgersi la popolazione britannica musulmana affinché determinate controversie vengano risolte in applicazione della shari'a, la legge islamica. Lo studio degli Sharia Councils è stato una parte fondamentale del percorso di ricerca, svolto anche grazie alla partecipazione all'attività del Council di Londra. Questi organismi operano nell'alveo dell'Arbitration Act e sono oggi al centro di un fervente dibattito per due principali motivi. Prima di tutto nel Regno Unito si discute molto di parallel legal systems, ossia della possibilità di istituire per soggetti culturalmente diversi degli ordinamenti paralleli. Alcuni Autori ritengono che gli Sharia Councils esercitino una vera e propria competenza di carattere giurisdizionale. Assumendo questa tesi - invero minoritaria - il multiculturalismo all'inglese raggiungerebbe il cuore dell'ordinamento, all'interno del quale creerebbe una vera e propria spaccatura: ogni cittadino avrebbe la "sua" legge e il "suo" tribunale. Un altro problema fondamentale è quello dell'esercizio da parte dei Councils di una competenza di carattere penale: l'accusa rivolta a queste istituzioni è, infatti, quella di essersi arrogate una competenza in tema di violenza domestica forzando le maglie delle decisioni in tema di divorzio. Accanto all'analisi dedicata al sistema italiano e a quello inglese, per la ricerca si sono rivelate fondamentali anche le esperienze di Francia, Stati Uniti e Canada. Il sistema francese è considerato nel panorama europeo il principale modello assimilazionista: a questo proposito si parla di processo di francesizzazione degli immigrati, o anche cittadinizzazione senza integrazione. Gli Stati Uniti, spesso considerati la società multiculturale per eccellenza, sono la patria del dibattito sulla cultural defence, la strategia difensiva fondata sul fattore culturale come causa di giustificazione o come causa di diminuzione della pena. Il Canada, infine, è il portatore nel contesto internazionale del modello multiculturalista inglese: il multiculturalismo è espressamente previsto come principio nella Carta dei diritti e delle libertà, a partire dall'inizio degli anni novanta è stato reintrodotto per gli Inuit il circle sentencing, grazie al quale le decisioni, anche in materia penale, vengono adottate da una sorta di collegio composto dal giudice e da membri delle comunità interessate. Tra l'altro, è stata la Corte costituzionale canadese a formalizzare per la prima volta il c.d. test culturale, negli anni novanta. L'analisi del modello italiano, giovane e di stampo assimilazionista, e di quello multiculturalista inglese consente, anche grazie ai continui riferimenti ai sistemi adottati negli Stati Uniti, in Canada e in Francia, di assumere un punto di vista più generale sul trattamento dei reati culturali. I processi che riguardano vicende di criminalità culturale testimoniano spesso una difficoltà di integrazione degli immigrati che non è solo culturale, ma prima di tutto sociale. Sotto questo punto di vista ciò che accade nelle aule dei tribunali diventa il metro di valutazione della politica legislativa statale in tema di immigrazione. Obiettivo della ricerca è stato quello di identificare gli strumenti per gestire la criminalità culturale, individuando le strade che si possono concretamente percorrere per superare le tensioni tra società multiculturale e sistema penale, alla ricerca di un equilibrio tra tutela dei diritti fondamentali e diritti alla diversità che non metta in discussione principi cardine dell'ordinamento penale quali quello di eguaglianza e quello di proporzionalità della pena. Preso atto della complessità del problema, la prima conclusione cui si giunge all'esito della ricerca è l'impossibilità di conferire una rilevanza penale generale al fattore culturale. Non è possibile introdurre nella parte generale del Codice penale una causa di giustificazione culturale, così come non è possibile codificare una circostanza attraverso la quale dare un rilievo sanzionatorio predefinito e generale alla componente culturale che porta il reo a delinquere. Più volte tra le pagine del lavoro si sottolinea che rientrano nella nozione di reato culturale condotte che non sono neanche lontanamente paragonabili dal punto di vista del disvalore sociale che le connota e rispetto alle quali non è possibile fare un discorso di carattere generale. Così come non è possibile lavorare sulla parte generale del Codice penale, anche la scelta di introdurre fattispecie di reato create ad hoc per incriminare specifiche pratiche culturali non è condivisibile. Ed infatti, da un lato identificare e tipizzare una pratica culturale è spesso realmente difficile – e nel codice penale non c'è spazio per l'indeterminatezza – e dall'altro le esperienze italiana e inglese rivelano che l'operazione è alquanto inutile. A livello legislativo l'unica strada valutabile sembra essere quella di prevedere delle specifiche cause di non punibilità che permettano di dare una rilevanza – in maniera controllata – al fattore culturale in determinate ipotesi. Questa opzione consente di prendere in considerazione determinate pratiche culturali e di cucire su di esse la non punibilità, senza che questo implichi una scelta ordinamentale di carattere generale. Sembra, tuttavia, che sia una strada difficilmente praticabile: tra l'altro, un tema delicato come quello della criminalità culturale potrebbe non trovare facilmente una maggioranza parlamentare tale da consentire di legiferare e, comunque, ciò potrebbe avvenire in tempi decisamente lunghi. Ebbene, allo stato la chiave della questione è nel trattamento delle singole e concrete vicende di criminalità culturale e, dunque, nel ruolo del giudice. Anche in questo caso sorgono dei problemi: basti pensare che nel momento in cui il legislatore penale si astiene dal prevedere in via generale una forma di cultural defence, il fattore culturale potrebbe anche essere preso in considerazione contra reum, ad esempio a fini deterrenti, per chiarire inequivocabilmente l'intollerabilità di un determinato comportamento, o per prevenire una vendetta da parte del gruppo di appartenenza culturale della vittima. Il dato è preoccupante perché, come sottolineano gli Autori che si occupano di criminalità culturale, in presenza di un reato culturalmente orientato o motivato il grado di rimproverabilità dell'autore si attenua in conseguenza di una minore esigibilità della conformazione al precetto penale. Per arginare il rischio che il fattore culturale venga preso in considerazione per aggravare il giudizio di responsabilità del reo è dunque indispensabile sensibilizzare i giudici e munirli degli strumenti adatti per gestire la diversità culturale. In tale ottica la ricerca presenta l'analisi di alcuni strumenti che vengono utilizzati nei Paesi analizzati e dai quali è possibile prendere spunto: vengono così in rilievo l'Equal Treatment Bench Book inglese, il circle sentencing canadese, e la possibilità, sul modello francese, di integrare l'organo chiamato a giudicare un reato culturale. Di queste strade quella concretamente più praticabile è l'Equal Treatment Bench Book, un vademecum destinato agli operatori giudiziari nell'ambito del quale si rinvengono linee guida per la gestione pratica delle diversità culturali. Si tratta di un prodotto non immediatamente importabile, poiché non sarebbe sufficiente tradurlo per applicarlo, ad esempio, in Italia. È dunque necessario che i singoli Paesi adottino il proprio Bench Book; in quest'ottica la ricerca presenta alcune indicazioni da prendere in considerazione sia per quanto attiene chi potrebbe essere chiamato a scrivere il vademecum, sia per quanto attiene il contenuto del documento. In conclusione va richiamata una riflessione di carattere più generale: il modo corretto di affrontare la criminalità culturale di matrice immigratoria si basa sulla consapevolezza che prevenire è meglio che reprimere. Sicuramente, l'attenzione al ruolo del giudice e agli strumenti di concreta gestione della diversità culturale sono molto importanti, ma lo sono ancor di più le politiche per l'integrazione della società multiculturale, nella quale si assiste a un processo di scambio e di fusione culturale che si rivela il momento privilegiato per determinare l'equilibrio tra valori indiscutibili e diritti alla diversità. ; The research focuses on culturally motivated crimes related to migratory flows in the European area. A cultural offence is defined as an act by a member of a minority culture, which is considered an offence by the legal system of the dominant culture; that same act is nevertheless, within the cultural group of the offender, condoned, accepted as normal behaviour and approved or even endorsed and promoted in the given situation. The specific focus on immigration means that the research does not analyse crimes committed by native minorities. Moreover, crimes related to illegal immigration and transnational terrorism are not part of the dissertation. Thus, the specific type of cultural offences analysed in the research can be defined as the immigrant's behaviours that is normal, approved or promoted in his/her culture, but is considered offences in the State where he/she lives. The first chapter of the thesis is devoted to defining the notion of cultural crimes and cultural defence, and to outline the research analysis. This chapter acknowledges the difficulties encountered in defining the concepts of culture and cultural custom. The purpose of the research is to evaluate to what extent the fact that the defendant based his/her actions on a cultural norm can be taken into account in determining his/her responsibility within the criminal legal system of the country where the action takes place. Many different behaviours can be linked to cultural crimes and in all these circumstances there is the need to find a balance between fundamental rights protected by the domestic legal system and the specificity rights of minority groups. Consider the case of female genital mutilations, rape before wedding, or polygamy. These acts – even if they are (still) permitted in the country of the immigrant – may be considered offences in the country where the immigrant lives. Due to the immigration phenomenon related to the process of European and international integration, people coming from really different cultural backgrounds live together and nowadays the cultural crime rate has become one of the most problematic and debated legal issues. Furthermore with the gradual European enlargement more and more countries have had to face with problems related to multiculturalism. Immigration and multicultural society are often considered as a challenge for the criminal law, which is one of the more resistant areas of the whole legal system and opposes the process of European and international integration. This happens because the criminal law mirrors the essential nature of a country through the choice of the acts that are considered offences in the national territory. This choice is deeply influenced by the cultural background of the country and the criminal law is part of the cultural baggage of the immigrant. When people immigrate they bring with themselves the awareness that a behaviour is considered an offence in their country and they may not know or understand what is considered an offence in the country where they decide to live. Culturally motivated crimes stem from a conflict between the immigrant and the legal system of the country where he/she decides to live, between a cultural norm and a legal standard. With this regard, Van Broeck noted that the cultural offence has to be caused directly by the fact that the minority group the offender is a member of uses a different set of moral norms when dealing with the situation in which the offender was placed when he committed the offence: the conflict of divergent legal cultures has to be the direct cause of the offence. The research analyses how legislator and judges deal with cultural offences in Italy (Chapter II) and in the United Kingdom (Chapter III). For a long time Italy has been the starting point for immigrants and only in the last thirty years it has become their destination. For this reason the problem of determining the relevance of the cultural factor on the structure of an offence is more recent in Italy than in the United Kingdom, where the multicultural society is the result of the long story of the colonialism and the Commonwealth of Nations. Furthermore, the Italian system of handling cultural diversity is basically considered an example of assimilationism while the English one is considered an example of multiculturalism. This means that in the United Kingdom, more than in Italy, the legislation aims at preserving minority customs. In addition to the analysis of the Italian and the English systems, also the experience of France, of the United States and of Canada has been essential for the research. In the European context the French system is considered the best example of assimilationism. The law banning the wearing of a niqab or full-face veil in public is the clearest instance of this approach to different cultures which is usually regarded as gallicization of immigrants. The United States, often considered the multicultural society par excellence, are the birthplace of the debate about the cultural defence. In the international context Canada is considered an example of a multicultural system: multiculturalism is mentioned in the Canadian Charter of Rights and Freedoms of 1982 and since the 90's the circle sentencing can be used to solve disputes in the Inuit group with the participation of members of the community in addition to the judges. Furthermore, in the same period the Canadian court formalized for the first time the distinctive cultural test. The comparison between the Italian and the English systems in handling cultural differences deriving from immigration and all the references to the American, Canadian and French systems allow the research to adopt a more general point of view in analysing cultural crimes. Trials concerning culturally motivated crimes often give evidence of a difficulty in immigrants' integration; an issue that is not only a cultural problem, but primarily a social dilemma. From this point of view what happens in courtrooms becomes a device to evaluate a state immigration policy. The purpose of the research is to identify useful tools to manage cultural offences, finding a balance between victims' fundamental rights and the cultural specificity of a minority group. The first conclusion reached in the dissertation regards the impossibility to provide a general relevance to the cultural factor in the criminal system, so that it is not possible to introduce a cultural defence. Many different behaviours can be considered cultural offences and it is not possible to treat as homogeneous a broad range of acts. At the same time, also the introduction of type of offences to criminalize a specific cultural practice is not the right way to solve the problem of the cultural factor in the structure of the offence. First of all there would be many problems in identifying a cultural practice, because it is really hard to recognize which behaviour can be related to the cultural background of the minority group of the defendant. Moreover, as can be noticed when problems concerning the criminalization of the female genital mutilation in Italy and the United Kingdom are analysed, this way seems almost useless. A good option is to adopt methods which do not impose a penalty to the defendant, taking into account his/her cultural background in certain circumstances. This can be done using the absolute discharge of the English legal system or the category of the cause di non punibilità of the Italian one. In this case the chance not to impose a penalty to an immigrant defendant can be achieved without any consequence on the nature of offence of the behaviour in the legal system of the country where he/she decides to live. In a similar way in the Italian system it could be difficult to find the parliamentary majority to approve a legislation introducing the specific causa di non punibilità. Thus, the more practicable solution concerns the judges' activity. In this case, there is the need to avoid that the cultural factor is used contra reum worsening, for instance, the penalty. This modus operandi would not be fair because in the case of actions determined by a cultural norm commonly accepted by a minority group, the degree of reproach of these behaviours should be alleviated. In order to avoid that the cultural factor could be taken into account contra reum the first thing to do is to sensitize judges to the problems of the criminal law in a multicultural society. With this regard, the research analyses some tools used in the analised systems: in particular, the English Equal Treatment Bench Book, the Canadian system of the circle sentencing and the possibility, as in the French legislation, to integrate the judging body with lay judges in trials concerning cultural offences. The most workable solution is the Equal Treatment Bench Book, a guide for judges, magistrates, and all other judicial office-holders to handle cultural differences in trials. This English vademecum is not immediately importable in other European countries. In fact, it is not enough to translate it to solve the problem of sensitizing judges in so different legal systems. Thus, it is necessary to adopt a document like the English Bench Book in every country where immigration puts cultural offences on the agenda. From this point of view the research gives some hints about the drawing up of this vademecum. In conclusion it is possible to affirm that the correct way to approach cultural offences committed by immigrants is to understand that prevention is better than cure. Surely, it is important to pay attention to the role of judges and to the tools they can use in handling criminal offences. It is even truer that all the policies for the integration of the multicultural society are the most important instrument to determine the balance between fundamental rights and specificity rights of minority groups, that is also the key to handle cultural crimes.