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La Gran Divergencia es la creciente diferencia en la productividad que ha existido desde el siglo XVIII en adelante primero entre Europa y el resto y más adelante entre Occidente y el resto. Angus Maddison ha sistematizado un conjunto de indicadores comparados donde es posible analizar la dimensión de esta divergencia entre 1820 y 1998.La mayoría de los historiadores recurre a la "Revolución Industrial" en Inglaterra como un punto de quiebre para la explicación del fenómeno. La obvia pregunta que sistemáticamente aparece es sobre la permanencia y creciente divergencia entre Occidente y el resto. Es decir, asumamos por un momento que el comienzo de la Gran Divergencia se debe a una revolución industrial acontecida en el lugar A y no acontecida en los lugares B, C y D. La pregunta que sigue es por qué B, C y D no fueron capaces de copiar posteriormente, en un mediano y largo plazo (y aunque sea marginalmente) las ganancias en las productividad de A. Si bien en el primer momento de la revolución las innovaciones que realiza A son obviamente difíciles de copiar, vemos que entre Occidente y el resto la divergencia se profundizó en ese mediano y largo plazo.El premio Nobel de Economía en 1995 y Profesor de la Universidad de Chicago Robert Lucas representa cabalmente los problemas del pensamiento neoclásico: "The legacy of economic growth that we have inherited from the industrial revolution is an irreversible gain to humanity, of a magnitude that is still unknown. It is becoming increasingly clear, I think, that the legacy of inequality, the concomitant of this gain, is a historical transient.(…) sooner or later everyone will join the industrial revolution, (…) economies will grow at the rate common to the wealthiest economies, and (…) percentage differences in income levels will disappear (which is to say, return to their pre-industrial levels)" (Lucas, 2002). Esta cita resume rigurosamente el problema: la gran divergencia comienza en un momento cuando el lugar A desarrolla tecnologías que hacen incrementar su productividad en relación a B, C y D. Sin embargo, la cuestión central no es por qué A diverge en un primer o segundo momento con B, C y D sino por qué esa divergencia no sólo se mantiene sino que se profundiza en un mediano y largo plazo. Parece evidente que el argumento de Lucas es equivocado o, al menos, insatisfactorio.Paso seguido, parte de la literatura sostiene que mientras la Divergencia aparece por la creciente distancia entre la productividad de A versus el resto como consecuencia del punto de quiebre que significó la "Revolución Industrial", la Gran Divergencia es la consolidación y profundización de esa distancia que no responde principalmente a la brecha en la productividad sino a la incapacidad del resto (los B, C y D del mundo) de, por un lado, copiar las innovaciones y, por otro lado, de llevar a cabo propias innovaciones en forma eficiente. Esta corriente o explicación concatena el inicio de la divergencia que supone la aparición de semejante punto de quiebre que ha sido la "Revolución Industrial" en Inglaterra con una posterior explicación institucional, donde los agentes económicos son capaces de innovar e imitar eficientemente a partir de los incentivos que el ambiente les da para invertir y arriesgar sus ahorros y capital. No todas las innovaciones e incluso las grandes innovaciones reflejan un ambiente económico-institucional eficiente. Por ejemplo, la Unión Soviética lideró la tecnología espacial y en la actualidad Corea del Norte y Pakistán han desarrollado tecnología nuclear. Sin embargo, la relación costo-beneficio no refleja allí eficiencia.La complementación entre geografía e instituciones fue realizada en forma rigurosa y original por la saga publicada por Acemoglu, Johnson y Robinson en "The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation" y en "Reversal of Fortune: Geography and Institutions in the Making of the Modern World Income Distribution" (el primero, publicado por "the American Economic Review" en diciembre de 2001, el segundo publicado en "The Quarterly Journal of Economics" en noviembre de 2002). Para estos autores la variable central para entender el desarrollo de unos y la ausencia de desarrollo de otros son las buenas o malas instituciones o reglas de juego. Sin embargo, dejan de lado el clásico y problemático argumento que, por ejemplo, sostiene que la divergencia entre América del Norte y del Sur se explica por las buenas instituciones implementadas en el norte por los ingleses y las malas instituciones implementadas en el sur por los ibéricos. Al controlar por la mortalidad que han sufrido los colonizadores en sus distintos destinos, los autores sostienen que allí donde la mortalidad era alta los europeos sólo aspiraban a extraer riquezas para transferirlas a la metrópoli mientras allí donde la mortalidad era baja los europeos pensaban ese espacio con una estrategia de largo plazo y buscaban establecer reglas eficientes y transparentes. El punto relevante aquí (y en oposición a la lectura sociológica que realiza Max Weber sobre la ética protestante y la lectura histórica que, por ejemplo, realiza Niall Ferguson en "Civilización, Occidente y el resto") es que la geografía influye en las instituciones pero son éstas las que determinan la viabilidad de un país para llegar al desarrollo independientemente el origen del colonizador europeo. Así, en un espacio geográfico donde la mortalidad era muy alta, las instituciones serían extractivas más allá de si el colonizador fuera ibérico, británico o francés (Santo Domingo, Jamaica o Haití) mientras que allí donde la mortalidad era baja las instituciones establecidas por el colonizador europeo generaría juegos de suma cero (Estados Unidos, Canadá o Argentina y Uruguay hasta principios del siglo XX).Por su parte, la gran divergencia tiene en el libro de Eric Jones, "The European Miracle", una referencia válida. Para Jones, Europa logró diferenciarse del resto porque concatenó una realidad geográfica-ecológica con una explicación política: dado que el sub continente europeo tiene una constitución geográfica este-oeste, las innovaciones en el ámbito agrícola que acontecieron, alrededor del 1500, en una región, eran transferidas o copiadas en una o varias regiones lindantes. Por su parte, para Jones la geografía europea incentivó la competencia entre las partes porque hacía muy difícil mantener en el tiempo la conquista de gran parte del territorio. Ello se debía a una geografía montañosa con ríos y lagos estratégicamente situados para hacer costosa esa posible conquista. La complejidad geográfica europea contribuyó para la existencia de (literalmente) cientos de principados, reinos o ducados alrededor del 1500. Así, cuantos más actores hay en un determinado mercado, ceteris paribus, el resto puede aprender de mayor cantidad de experiencias tanto exitosas como fracasadas.Convergencia y divergencia en Argentina y ChileArgentina y Chile comparten 2 etapas relativamente cortas de convergencia y una larga etapa de divergencia. Para medir este proceso compararemos la evolución del PIB per cápita de ambos países en relación con los Estados Unidos. La primera etapa de convergencia sucede entre finales del siglo XIX y la "Gran Depresión" (1880-1929); la larga divergencia sucede entre la Gran Depresión y, dependiendo cada país, algún momento de finales del siglo XX. En el caso argentino esa larga divergencia termina con la profunda crisis de 2001. En el caso chileno la divergencia termina cuando regresa la democracia en 1990.Gráfico 1: Argentina y Chile como porcentaje de los EE.UU. (1870-2000)Fuente: Bertola et alGráfico 2: Argentina y Chile como porcentaje de los EE.UU. (1950-2010)Fuente: Penn World TableAmbos países se consolidaron como actores estatales geográfica y legalmente delimitados en la segunda parte del siglo XIX y, a partir de allí, tuvieron una similar inserción en la economía mundial. Por un lado, la primera convergencia argentina descansa en dos situaciones afortunadas: después de un largo período de inestabilidad que se inicia con la independencia en 1810 el país termina de constituirse como nación en 1880, cuando termina la "campaña del desierto" liderada por el General Julio Argentino Roca, quien devino presidente en el período 1880-86. Así, esta consolidación como nación aconteció cuando la economía mundial vivía una etapa de libertad de comercio y caída en los costos de transacción (principalmente a partir de la caída en los costos del transporte) y cuyo principal actor, Gran Bretaña, tenía una notable complementación con la economía argentina.Mientras Gran Bretaña era la principal economía industrial del mundo y tenía un alto stock de capital, relativamente mucha población y poca tierra, Argentina era probablemente la economía más complementaria: poca población, mucha tierra, alta productividad de esas tierras y bajo stock de capital.La experiencia chilena es similar aunque menos excepcional. Chile se consolida geográficamente como nación después de la "Guerra del Pacífico" (1879-1883) y se inserta en la economía mundial complementándose con Gran Bretaña. Su principal exportación era el salitre y el capital británico es clave para la construcción de infraestructura que posibilite la eficiente salida del mineral. Los británicos invierten en la construcción de ferrocarriles y en el principal puerto chileno en la ciudad de Valparaíso.Como mencionamos, Argentina refleja una etapa relativamente corta de convergencia y otra etapa larga de divergencia. En la primera década del siglo XXI la divergencia terminó y ha comenzado otro período de convergencia cuya real dimensión desconocemos.La larga divergencia de la economía argentina tiene dos etapas. La primera comienza con la crisis del 29 y permanece, con algunas excepciones, hasta 1976. Desde 1976 hasta 2002 la divergencia se convierte en lo que el historiador económico Pablo Gerchunoff denomina "la era de las catástrofes".Podemos recurrir a un simple modelo para hacer más visible el proceso. Por ejemplo, el modelo de De la Fuente descansa en 3 variables para pensar la convergencia y divergencia. Hay una variable X que refleja las condiciones iniciales de una economía, como por ejemplo el clima, la extensión territorial y la existencia de una riqueza minera o petrolera. El petróleo en Arabia Saudita sería un ejemplo representativo. En segundo lugar, De la Fuente menciona la existencia de una variable Beta. Esta variable representa condiciones de una economía en relación a otra. Por ejemplo, el deterioro o mejora en los términos de intercambio a partir de la aparición de una economía emergente (como China en la última década) genera modificaciones relativas. Por su parte, hay una variable aleatoria.Así, El modelo básico de De la Fuente es el siguiente:/\Yi,t = Xi –β Yi,t +€itDonde β refleja la correlación entre la tasa de crecimiento y el nivel de renta. La relación puede ser positiva o negativa y proporciona una medida de la velocidad (según la pendiente). €it es una perturbación aleatoria y X resume las características fundamentales del país I, que podrían influir sobre su ritmo de crecimiento. Es constante en el tiempo y la medida es 0. Es decir, hay quienes de acuerdo a X tienen más potencial y otros menos que la media.En la segunda parte de este trabajo apelaremos a tres teorías para explicar las dos cortas convergencias y la larga divergencia de Argentina y Chile desde 1880 hasta la actualidad. En primer lugar, recurriremos al modelo neoclásico de Solow. En segundo lugar, apelaremos a la teoría de la dependencia y en tercer lugar a una explicación institucional.Pedro Isern es profesor del Depto. Estudios Internacionales, FACS - Universidad ORT Uruguay. Master en Filosofía Política, London School of Economics and Political Science.

When we launched the call to publish in the present issue, back in May of two thousand nineteen, we proposed to give an account, through the different productions, of the modifications produced in the living conditions of the subjects with whom we developed our intervention, and also of the modifications produced in our professional practice, since the establishment in Argentina of the third neoliberal wave. We know that the management of neoliberal governments unfailingly favors the interests of concentrated economic groups, to the detriment of the living conditions of the majority of the population. Thus, inequality is increasing, whether it is considered in regional, provincial or social terms. And this is true wherever and whenever neoliberalism is imposed as a socio-political model. The appearance of number 6 of Social Science, already averaging the year 2020, finds us -and this is central for the social sciences and particularly for social work- facing the profound consequences of a process of exclusionary modernization, which was rejected through the popular vote on October 27, 2019. Exclusion is based on a strong attack against acquired economic and socio-cultural rights, an attack that was made concrete through the closure of strategic state areas from the point of view of guaranteeing rights; through massive layoffs - which at the state level were associated with political persecution and at the private level with the need to discipline the workforce in order to guarantee the lowering of salaries. In summary, a scenario has been configured that has destroyed the inalienable rights of Argentine society, such as public education, the right to work, health, truthful information, freedom of expression, freedom of association and political participation. This is a regressive process that has already been tried on different occasions in our country, always with the same results: impoverishment, loss of rights and awareness of our rights. The present moment illuminates us with a dim light, which can be interpreted as either sunset or sunrise. In fact, neither of the two possibilities is guaranteed. However - and as a permanent and majority bet in the field of Social Work - we want to push for the dawn. In this perspective, the professionals that intervene in the social question can build a horizon that guides their practices. In it, the recognition that ours is at the same time a distributive and cultural practice occupies an important place. In the first dimension, we have the possibility of distributing use goods, with no other restrictions than those imposed by the context. And as a cultural practice, it is necessary to develop a discursive struggle that confronts aporophobia -hate towards the poor-; and secondly, to confront the rejection of social protection policies that predominate in common sense. From this point of view, we define ourselves by what Habermas calls the emancipatory interest that structures the critical sciences. Emancipatory interest is aimed, both subjectively and socially, at breaking, in what is within our reach, with the different forms of domination, and has emancipation as its horizon. As María Inés Peralta points out in her article for this issue, the emancipatory interest needs the exercise of criticism, which . " must be recovered, treasured, activated, updated in the light of what the current social practices summon us to think". This definition requires encouraging and renewing interest in the ethical dimension, both in training processes and in professional practice, overcoming the idea of ethics as a set of prohibitions and permissions, and facing it as a privileged space of inquiry about the social meaning of our professions, and the scope of our freedoms and responsibilities in our condition as professionals. And if this interest is addressed collectively, so much the better. Our practices and representations cannot be separated from their conditions of possibility: our analyses, our proposals, our criticisms, are inscribed in the conditions that geography and historical time exert on us. Historical time seems to be changing. Let us try to live up to this change. In terms of Michele de Certeau, let us be at the same time voyeurs and walkers, let us not grow old, let us continue to invent hour after hour the act of challenging the future. ; Cuando lanzamos la convocatoria para publicar en el presente número, allá por mayo de dos mil diecinueve, nos propusimos dar cuenta, a través de las distintas producciones, de las modificaciones producidas en las condiciones de vida de los sujetos con quienes desarrollamos nuestra intervención, y, también, de las modificaciones producidas en nuestro ejercicio profesional, a partir de la instauración en la Argentina de la tercera ola neoliberal. Sabemos que la gestión de los gobiernos neoliberales favorece indefectiblemente los intereses de los grupos económicos concentrados, en detrimento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Aumenta así, y de modo notable, la desigualdad., sea ésta considerada en términos regionales, provinciales o entre sectores sociales. Y ello es así en cualquier tiempo y lugar en que se imponga el neoliberalismo como modelo socio-político. La aparición del número 6 de ConCiencia Social, ya promediando el año 2020, nos encuentra –y esto es central para las ciencias sociales y particularmente para el trabajo social— afrontando las consecuencias profundas de un proceso de modernización excluyente, que fuera rechazado a través del voto popular el 27 de octubre de 2019. La exclusión radica en una fuerte embestida contra derechos económicos y socioculturales adquiridos, embestida que se concretó a través del cierre de áreas estatales estratégicas desde el punto de vista de la garantía de derechos; a través de despidos masivos —que a nivel estatal estuvieron asociados a la persecución política y a nivel privado a la necesidad de disciplinar la fuerza de trabajo de modo de garantizar la baja del salario—. En síntesis, ha quedado configurado un escenario que dio por tierra con derechos inalienables de la sociedad argentina como son la educación pública, el derecho al trabajo, a la salud, a la información veraz, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación y de participación política. Se trata de un proceso regresivo que ya se ha ensayado en distintas oportunidades en nuestro país siempre con los mismos resultados: el empobrecimiento, la pérdida de derechos y de conciencia de nuestros derechos. El actual momento nos ilumina con una luz tenue, que puede ser interpretada como ocaso o como amanecer. Y es que en realidad ninguna de las dos posibilidades está asegurada. Sin embargo –y como apuesta permanente y mayoritaria en el campo del Trabajo Social— queremos empujar a que amanezca. En esta perspectiva, las/os profesionales que intervienen en la cuestión social pueden construir un horizonte que oriente sus prácticas. En él, ocupa un lugar importante el reconocimiento de que la nuestra es a la vez una práctica distributiva y cultural. En la primera dimensión, tenemos la posibilidad de distribuir bienes de uso, sin más restricciones que las que impone el contexto. Y en tanto práctica cultural, resulta necesario desarrollar una lucha discursiva que enfrente a la aporofobia –odio hacia los pobres—; y en segundo lugar, enfrentar el rechazo hacia las políticas de protección social que predominan en el sentido común. Desde este punto de vista, nos definimos por lo que Habermas llama el interés emancipatorio que estructura las ciencias críticas. El interés emancipatorio se dirige, tanto subjetiva como socialmente, a romper, en lo que está a nuestro alcance, con las distintas formas de dominación, y tiene como horizonte la emancipación. Como señala María Inés Peralta en su artículo para este número, el interés emancipatorio necesita del ejercicio de la crítica, la cual …" debe ser recuperada, atesorada, activada, actualizada a la luz de lo que las prácticas sociales actuales nos convocan a pensar". Esta definición exige animar y renovar el interés por la dimensión ética, tanto en los procesos de formación como en el ejercicio profesional, superando la idea de la ética como conjunto de prohibiciones y de permisos, y encarándola como espacio privilegiado de indagación acerca del significado social de nuestras profesiones, y del alcance de nuestras libertades y responsabilidades en nuestra condición de profesionales. Y si este interés es abordado colectivamente, tanto mejor. Nuestras prácticas y representaciones no pueden sustraerse de sus condiciones de posibilidad: nuestros análisis, nuestras propuestas, nuestras críticas, se inscriben en las condiciones que la geografía y el tiempo histórico ejercen sobre nosotros. El tiempo histórico parece estar cambiando. Intentemos estar a la altura de ese cambio. En términos de Michele de Certeau, seamos al mismo tiempo mirones y caminantes, no envejezcamos, sigamos inventando hora tras hora el acto de desafiar el porvenir. ; Quando lançamos o chamado para publicar no presente número, em maio de dois mil e dezenove, propusemos dar conta, através das diferentes produções, das modificações produzidas nas condições de vida dos sujeitos com os quais desenvolvemos nossa intervenção, e também das modificações produzidas em nossa prática profissional, desde o estabelecimento na Argentina da terceira onda neoliberal. Sabemos que a gestão dos governos neoliberais favorece infalivelmente os interesses dos grupos econômicos concentrados, em detrimento das condições de vida da maioria da população. Assim, a desigualdade está aumentando, seja ela considerada em termos regionais, provinciais ou sociais. E isto é verdade onde e quando o neoliberalismo é imposto como um modelo sócio-político. O surgimento do número 6 das Ciências Sociais, já na média do ano 2020, nos encontra - e isto é central para as ciências sociais e particularmente para o trabalho social - enfrentando as profundas conseqüências de um processo de modernização excludente, que foi rejeitado através do voto popular de 27 de outubro de 2019. A exclusão baseia-se num forte ataque aos direitos econômicos e socioculturais adquiridos, um ataque que se concretizou através do fechamento de áreas estratégicas do Estado do ponto de vista da garantia de direitos; através de demissões massivas - que a nível estatal estavam associadas à perseguição política e a nível privado à necessidade de disciplinar a força de trabalho para garantir a diminuição dos salários. Em resumo, foi configurado um cenário que destruiu os direitos inalienáveis da sociedade argentina, como a educação pública, o direito ao trabalho, a saúde, a informação verdadeira, a liberdade de expressão, a liberdade de associação e a participação política. Este é um processo regressivo que já foi tentado em diferentes ocasiões em nosso país, sempre com os mesmos resultados: empobrecimento, perda de direitos e consciência de nossos direitos. O momento presente nos ilumina com uma luz fraca, que pode ser interpretada como o pôr do sol ou o nascer do sol. Na verdade, nenhuma das duas possibilidades é garantida. Entretanto - e como aposta permanente e majoritária no campo do Trabalho Social - queremos empurrar para o amanhecer. Nesta perspectiva, os profissionais que intervêm na questão social podem construir um horizonte que oriente suas práticas. Nele, o reconhecimento de que a nossa é ao mesmo tempo uma prática distributiva e cultural ocupa um lugar importante. Na primeira dimensão, temos a possibilidade de distribuir bens de uso, sem outras restrições além daquelas impostas pelo contexto. E, como prática cultural, é necessário desenvolver uma luta discursiva que enfrente a aporofobia - o ódio aos pobres - e, em segundo lugar, enfrentar a rejeição às políticas de proteção social que predominam no senso comum. Desse ponto de vista, nos definimos pelo que Habermas chama de interesse emancipatório que estrutura as ciências críticas. O interesse emancipatório visa, tanto subjetiva quanto socialmente, a ruptura, no que está ao nosso alcance, com as diferentes formas de dominação, e tem a emancipação como horizonte. Como aponta María Inés Peralta em seu artigo para este número, o interesse emancipatório precisa do exercício da crítica, que . "deve ser recuperado, valorizado, ativado, atualizado à luz do que as práticas sociais atuais nos convocam a pensar". Essa definição exige o incentivo e a renovação do interesse pela dimensão ética, tanto nos processos de formação quanto na prática profissional, superando a idéia da ética como um conjunto de proibições e permissões e encarando-a como um espaço privilegiado de investigação sobre o significado social de nossas profissões e o alcance de nossas liberdades e responsabilidades em nossa condição de profissionais. E se esse interesse for abordado coletivamente, tanto melhor. Nossas práticas e representações não podem ser separadas de suas condições de possibilidade: nossas análises, nossas propostas, nossas críticas, estão inscritas nas condições que a geografia e o tempo histórico exercem sobre nós. O tempo histórico parece estar mudando. Vamos tentar estar à altura desta mudança. Em termos de Michele de Certeau, sejamos ao mesmo tempo voyeurs e caminhantes, não envelheçamos, continuemos a inventar hora após hora o ato de desafiar o futuro.

A la dècada dels setanta assistirem a la majoria dels països europeus a un creixement del sector públic com a conseqüència del desenvolupament de l'Estat de benestar. En els anys vuitanta es començà a qüestionar la dimensió i l'activitat del sector públic, com a conseqüència de la necessitat d'acomodar-se a les profundes transformacions de la societat. Això va dur a redefinir la prestació del conjunt dels serveis públics, entre ells l'activitat física i l'esport. El sistema esportiu espanyol ha evolucionat enormement en els últims anys. Des dels inicis de la transició democràtica espanyola l'esport va passar a ser atès pels poders públics. Després d'una primera fase basada en un fort desplegament d'equipaments esportius públics, es va arribar a la fi de la dècada dels noranta a una preocupació per l'eficàcia i l'eficiència de les organitzacions gestores. S'iniciava el procés de modernització a l'administració pública espanyola. La transformació de l'esport en un producte de consum, la diversificació de les pràctiques esportives, els canvis en els gustos i la evolució de la demanda d'activitat física han tingut un paper primordial en l'expansió d'una de les modalitats de privatització del sector públic: la gestió indirecta de serveis esportius. En el present treball es compara l'oferta (preus i programes) de les piscines cobertes municipals a Catalunya, segons es gestionin de manera directa o indirecta, així com la regulació de l'accés a la pràctica esportiva quan es subcontrata la gestió. S'han utilitzat instruments de recollida i d'anàlisi de dades quantitatives (anàlisi de la publicitat i qüestionari amb tractament estadístic a una mostra de 75 piscines) i qualitatius (anàlisi de contingut de 26 plecs de condicions). Els resultats obtinguts mostren que les piscines de gestió indirecta ofereixen preus significativament més cars i orienten l'oferta a un tipus de públic concret. Es fomenten aquelles modalitats d'accés que generen majors ingressos, entre les quals destaca la figura de l'abonat, les activitats gimnàstiques i els serveis complementaris orientats a la salut. L'oferta de les piscines cobertes municipals reprodueix les desigualtats en quan a edat i a classe social, i la gestió indirecta accentua aquestes diferències. Encara així, existeix una gran dispersió i variabilitat en el grup de piscines gestionades de manera indirecta. També s'observa que els Ajuntaments defineixen vagament les condicions que els adjudicataris han de seguir pel que fa a l'oferta de serveis. Es prioritza la regulació d'aspectes econòmics i d'eficiència del servei abans que l'exigència d'una oferta que atengui a la diversitat de la població. Les conclusions obtingudes poden ajudar a reflexionar als Ajuntaments sobre el paper a desenvolupar en la promoció l'esport quan és un tercer qui gestiona el servei públic; la responsabilitat municipal va més enllà de la titularitat del servei. ; En la década de los setenta asistimos en la mayoría de los países europeos a un crecimiento del sector público como consecuencia del desarrollo del Estado de bienestar. En los años ochenta se empieza a cuestionar la dimensión y la actividad del sector público, derivado de una necesidad de acomodarse a las profundas transformaciones de la sociedad. Ello llevó a redefinir la prestación del conjunto de los servicios públicos, entre ellos la actividad física y el deporte. El sistema deportivo español ha evolucionado enormemente en los últimos años. Desde los inicios de la transición democrática española el deporte pasó a ser atendido por los poderes públicos. Tras una primera fase basada en un fuerte despliegue de equipamientos deportivos públicos, se llegó a finales de la década de los noventa a una preocupación por la eficacia y la eficiencia de las organizaciones gestoras. Se iniciaba el proceso de modernización en la Administración pública española. La transformación del deporte en un producto de consumo, la diversificación de las prácticas deportivas, los cambios en los gustos y la evolución de la demanda de actividad física han tenido un papel primordial en la expansión de una de las modalidades de privatización del sector público: la gestión indirecta de servicios deportivos. En el presente trabajo se compara la oferta (precios y programas) de las piscinas cubiertas municipales en Cataluña, según se gestionen de manera directa o indirecta, así como la regulación del acceso a la práctica deportiva cuando se subcontrata la gestión. Para ello, se han utilizado instrumentos de recogida y de análisis de datos cuantitativos (análisis de la publicidad y cuestionario con tratamiento estadístico en una muestra de 75 piscinas) y cualitativos (análisis de contenido de 26 pliegos de condiciones). Los resultados obtenidos muestran que las piscinas de gestión indirecta ofrecen precios significativamente más caros y orientan la oferta a un tipo de público concreto. Se fomentan aquellas modalidades de acceso que generan mayores ingresos, entre las que destaca la figura del abonado, las actividades gimnásticas y los servicios complementarios orientados a la salud. La oferta de las piscinas cubiertas municipales reproduce la desigualdad en cuanto a edad y a clase social, y la gestión indirecta acentúa estas diferencias. Aún así, señalamos que existe una gran dispersión y variabilidad en el grupo de piscinas gestionadas de manera indirecta. También se observa que los Ayuntamientos definen vagamente las condiciones que los adjudicatarios deben seguir con respecto a la oferta de servicios. Se prioriza la regulación de aspectos económicos y de eficiencia del servicio antes que la exigencia de una oferta que atienda a la diversidad de la población. Las conclusiones obtenidas pueden ayudar a reflexionar a los Ayuntamientos sobre el papel a desarrollar en la promoción el deporte cuando es un tercero el que gestiona el servicio público; la responsabilidad municipal va más allá de la titularidad del servicio. ; During the 70s, the public sector rose sharply in most European countries as a consequence of the development of the welfare state. During the 80s, due to the significant changes in society, the dimension and activity of the public sector was questioned and the whole public services supplied, such as physical activity and sport, had to be redefined. The Spanish sport system has developed tremendously in recent years. At the beginning of the Spanish democratic transition, public authorities started to take charge of sport. The first stage, based on a large expansion of sport public facilities, led to constant worries about the efficiency and effectiveness of their managing organizations in the late 90s. The Spanish public administration was undergoing a process of modernization. Sport has become a consumer good, sport practices have diversified, taste in relation with it have changed and the demand of the physical activity has evolved. All these factors have played a key role in the spread of the indirect management of sport services, one of the methods of privatization of the public sector. I n this research, we have compared the supply (prices and programmes) of the local indoor swimming pools in Catalonia according to the way they are managed: direct or indirectly, and also the regulation to access the sport practices when management is subcontracted. For these, I have used different instruments of collection and testing of both quantitative data (analysis and surveys of the publicity and questionnaires of 75 swimming pools) and qualitative (analysis of the contents of 26 legal specifications). The results show that the swimming pools managed indirectly are significantly more expensive, and point their supply at a particular target. Moreover, they also boost the modalities of access which generate more revenue: membership, gymnastic activities and complementary health-related services stand out among others. The supply of the municipal indoor swimming pools reproduces the inequality as for age and to social class, and the indirect management accentuates these differences. Even though, we can state there is great dispersion and variability in the group of swimming pools managed indirectly. We have also noticed that local councils hardly define the conditions related to the supply of services for the bidders to be followed. They give priority to the control of economic aspects and the efficiency of the service itself rather than control the fact that supply takes into consideration the diversity of the population. The conclusions reached may help local councils to reflect on the role they should play when promoting sport in the case that a third party manages the public services. The responsibility of the local government is not limited to the holder of the service, but it has to go much further ; Aux années soixante-dix on assiste dans la plupart des pays européens à une croissance du secteur public conséquence du développement de l'Etat du bien-être. Vers les années 80 on commence à questionner la dimension et l'activité du secteur public, dérivées du besoin de s'accommoder aux profondes transformations de la société. Cela comporta à redéfinir la prestation de l'ensemble des services publics, parmi lesquels l'activité physique et le sport. Le système sportif espagnol a évolué énormément aux dernières années. Dès le début de la transition démocratique espagnole le sport a passé à être assuré par les pouvoirs publics. Après une première phase basé en un fort déploiement d'équipements sportifs publics, on arrive à la fin de la décade des années quatre-vingt dix à une préoccupation par l'efficacité et l'efficience des démarcheurs. C'est ainsi que le procès de modernisation dans l'administration publique espagnole a commencé. La transformation du sport dans un produit de consommation, la diversification des pratiques sportives, les changements des goûts et l'évolution de la demande d'activité physique a eu un rôle essentiel dans l'expansion d'une des modalités de privatisation du secteur publique: la gestion indirecte des services sportifs. Dans ce travail on compare l'offre (prix et programmes) des piscines couvertes municipales en Catalogne, selon on traite de façon directe ou indirecte, ainsi comme la régulation de l'accès à la pratique sportive quand on sous-traite la gestion. Pour ceci, on a utilisé des instruments de ramassage et d'analyse de donnés quantitatifs (analyse de la publicité et questionnaire avec traitement statistique parmi une montre de 75 piscines) et qualitatifs (analyse du contenu de 26 plies de conditions). Les résultats obtenus nous montrent que les piscines de gestion indirecte offrent des prix significativement plus chers et elles orientent l'offre à un type de public concret. On fomente les modalités d'accès qui génèrent les plus grands revenus, parmi lesquelles on détache la figure de l'abonné, les activités gymnastiques et les services complémentaires orientés a la santé. L'offre des piscines couvertes municipales reproduit l'inégalité quant à l'âge et à la classe sociale, et la gestion indirecte accentue ces différences. Malgré tout, on signale qu'il existe une grande dispersion et variabilité dans le groupe de piscines démarchées de façon indirecte. On observe aussi que les Mairies définissent vaguement les conditions que les adjudicataires doivent suivre par rapport à l'offre de services. On priorise la régulation des aspects économiques et d'efficience du service avant que l'exigence d'une offre qui s'occupe de la diversité de la population. Les conclusions obtenues peuvent aider à réfléchir aux mairies sur le rôle à développer dans la promotion du sport quand c'est un troisième qui traite le service public; la responsabilité municipale va plus loin de la titularisation du service.

In my postgraduate formation during the last years of the 80's, we had close to thirty hospital beds in a pavilion called "sépticas" (1). In Colombia, where abortion was completely penalized, the pavilion was mostly filled with women with insecure, complicated abortions. The focus we received was technical: management of intensive care; performance of hysterectomies, colostomies, bowel resection, etc. In those times, some nurses were nuns and limited themselves to interrogating the patients to get them to "confess" what they had done to themselves in order to abort. It always disturbed me that the women who left alive, left without any advice or contraceptive method. Having asked a professor of mine, he responded with disdain: "This is a third level hospital, those things are done by nurses of the first level". Seeing so much pain and death, I decided to talk to patients, and I began to understand their decision. I still remember so many deaths with sadness, but one case in particular pains me: it was a woman close to being fifty who arrived with a uterine perforation in a state of advanced sepsis. Despite the surgery and the intensive care, she passed away. I had talked to her, and she told me she was a widow, had two adult kids and had aborted because of "embarrassment towards them" because they were going to find out that she had an active sexual life. A few days after her passing, the pathology professor called me, surprised, to tell me that the uterus we had sent for pathological examination showed no pregnancy. She was a woman in a perimenopausal state with a pregnancy exam that gave a false positive due to the high levels of FSH/LH typical of her age. SHE WAS NOT PREGNANT!!! She didn't have menstruation because she was premenopausal and a false positive led her to an unsafe abortion. Of course, the injuries caused in the attempted abortion caused the fatal conclusion, but the real underlying cause was the social taboo in respect to sexuality. I had to watch many adolescents and young women leave the hospital alive, but without a uterus, sometime without ovaries and with colostomies, to be looked down on by a society that blamed them for deciding to not be mothers. I had to see situation of women that arrived with their intestines protruding from their vaginas because of unsafe abortions. I saw women, who in their despair, self-inflicted injuries attempting to abort with elements such as stick, branches, onion wedges, alum bars and clothing hooks among others. Among so many deaths, it was hard not having at least one woman per day in the morgue due to an unsafe abortion. During those time, healthcare was not handled from the biopsychosocial, but only from the technical (2); nonetheless, in the academic evaluations that were performed, when asked about the definition of health, we had to recite the text from the International Organization of Health that included these three aspects. How contradictory! To give response to the health need of women and guarantee their right when I was already a professor, I began an obstetric contraceptive service in that third level hospital. There was resistance from the directors, but fortunately I was able to acquire international donations for the institution, which facilitated its acceptance. I decided to undertake a teaching career with the hope of being able to sensitize health professionals towards an integral focus of health and illness. When the International Conference of Population and Development (ICPD) was held in Cairo in 1994, I had already spent various years in teaching, and when I read their Action Program, I found a name for what I was working on: Sexual and Reproductive Rights. I began to incorporate the tools given by this document into my professional and teaching life. I was able to sensitize people at my countries Health Ministry, and we worked together moving it to an approach of human rights in areas of sexual and reproductive health (SRH). This new viewpoint, in addition to being integral, sought to give answers to old problems like maternal mortality, adolescent pregnancy, low contraceptive prevalence, unplanned or unwanted pregnancy or violence against women. With other sensitized people, we began with these SRH issues to permeate the Colombian Society of Obstetrics and Gynecology, some universities, and university hospitals. We are still fighting in a country that despite many difficulties has improved its indicators of SRH. With the experience of having labored in all sphere of these topics, we manage to create, with a handful of colleagues and friend at the Universidad El Bosque, a Master's Program in Sexual and Reproductive Health, open to all professions, in which we broke several paradigms. A program was initiated in which the qualitative and quantitative investigation had the same weight, and some alumni of the program are now in positions of leadership in governmental and international institutions, replicating integral models. In the Latin American Federation of Obstetrics and Gynecology (FLASOG, English acronym) and in the International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO), I was able to apply my experience for many years in the SRH committees of these association to benefit women and girls in the regional and global environments. When I think of who has inspired me in these fights, I should highlight the great feminist who have taught me and been with me in so many fights. I cannot mention them all, but I have admired the story of the life of Margaret Sanger with her persistence and visionary outlook. She fought throughout her whole life to help the women of the 20th century to be able to obtain the right to decide when and whether or not they wanted to have children (3). Of current feminist, I have had the privilege of sharing experiences with Carmen Barroso, Giselle Carino, Debora Diniz and Alejandra Meglioli, leaders of the International Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region (IPPF-RHO). From my country, I want to mention my countrywoman Florence Thomas, psychologist, columnist, writer and Colombo-French feminist. She is one of the most influential and important voices in the movement for women rights in Colombia and the region. She arrived from France in the 1960's, in the years of counterculture, the Beatles, hippies, Simone de Beauvoir, and Jean-Paul Sartre, a time in which capitalism and consumer culture began to be criticized (4). It was then when they began to talk about the female body, female sexuality and when the contraceptive pill arrived like a total revolution for women. Upon its arrival in 1967, she experimented a shock because she had just assisted in a revolution and only found a country of mothers, not women (5). That was the only destiny for a woman, to be quiet and submissive. Then she realized that this could not continue, speaking of "revolutionary vanguards" in such a patriarchal environment. In 1986 with the North American and European feminism waves and with her academic team, they created the group "Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia", incubator of great initiatives and achievements for the country (6). She has led great changes with her courage, the strength of her arguments, and a simultaneously passionate and agreeable discourse. Among her multiple books, I highlight "Conversaciones con Violeta" (7), motivated by the disdain towards feminism of some young women. She writes it as a dialogue with an imaginary daughter in which, in an intimate manner, she reconstructs the history of women throughout the centuries and gives new light of the fundamental role of feminism in the life of modern women. Another book that shows her bravery is "Había que decirlo" (8), in which she narrates the experience of her own abortion at age twenty-two in sixty's France. My work experience in the IPPF-RHO has allowed me to meet leaders of all ages in diverse countries of the region, who with great mysticism and dedication, voluntarily, work to achieve a more equal and just society. I have been particularly impressed by the appropriation of the concept of sexual and reproductive rights by young people, and this has given me great hope for the future of the planet. We continue to have an incomplete agenda of the action plan of the ICPD of Cairo but seeing how the youth bravely confront the challenges motivates me to continue ahead and give my years of experience in an intergenerational work. In their policies and programs, the IPPF-RHO evidences great commitment for the rights and the SRH of adolescent, that are consistent with what the organization promotes, for example, 20% of the places for decision making are in hands of the young. Member organizations, that base their labor on volunteers, are true incubators of youth that will make that unassailable and necessary change of generations. In contrast to what many of us experienced, working in this complicated agenda of sexual and reproductive health without theoretical bases, today we see committed people with a solid formation to replace us. In the college of medicine at the Universidad Nacional de Colombia and the College of Nursing at the Universidad El Bosque, the new generations are more motivated and empowered, with great desire to change the strict underlying structures. Our great worry is the onslaught of the ultra-right, a lot of times better organized than us who do support rights, that supports anti-rights group and are truly pro-life (9). Faced with this scenario, we should organize ourselves better, giving battle to guarantee the rights of women in the local, regional, and global level, aggregating the efforts of all pro-right organizations. We are now committed to the Objectives of Sustainable Development (10), understood as those that satisfy the necessities of the current generation without jeopardizing the capacity of future generations to satisfy their own necessities. This new agenda is based on: - The unfinished work of the Millennium Development Goals - Pending commitments (international environmental conventions) - The emergent topics of the three dimensions of sustainable development: social, economic, and environmental. We now have 17 objectives of sustainable development and 169 goals (11). These goals mention "universal access to reproductive health" many times. In objective 3 of this list is included guaranteeing, before the year 2030, "universal access to sexual and reproductive health services, including those of family planning, information, and education." Likewise, objective 5, "obtain gender equality and empower all women and girls", establishes the goal of "assuring the universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights in conformity with the action program of the International Conference on Population and Development, the Action Platform of Beijing". It cannot be forgotten that the term universal access to sexual and reproductive health includes universal access to abortion and contraception. Currently, 830 women die every day through preventable maternal causes; of these deaths, 99% occur in developing countries, more than half in fragile environments and in humanitarian contexts (12). 216 million women cannot access modern contraception methods and the majority live in the nine poorest countries in the world and in a cultural environment proper to the decades of the seventies (13). This number only includes women from 15 to 49 years in any marital state, that is to say, the number that takes all women into account is much greater. Achieving the proposed objectives would entail preventing 67 million unwanted pregnancies and reducing maternal deaths by two thirds. We currently have a high, unsatisfied demand for modern contraceptives, with extremely low use of reversible, long term methods (intrauterine devices and subdermal implants) which are the most effect ones with best adherence (14). There is not a single objective among the 17 Objectives of Sustainable Development where contraception does not have a prominent role: from the first one that refers to ending poverty, going through the fifth one about gender equality, the tenth of inequality reduction among countries and within the same country, until the sixteenth related with peace and justice. If we want to change the world, we should procure universal access to contraception without myths or barriers. We have the moral obligation of achieving the irradiation of extreme poverty and advancing the construction of more equal, just, and happy societies. In emergency contraception (EC), we are very far from reaching expectations. If in reversible, long-term methods we have low prevalence, in EC the situation gets worse. Not all faculties in the region look at this topic, and where it is looked at, there is no homogeneity in content, not even within the same country. There are still myths about their real action mechanisms. There are countries, like Honduras, where it is prohibited and there is no specific medicine, the same case as in Haiti. Where it is available, access is dismal, particularly among girls, adolescents, youth, migrants, afro-descendent, and indigenous. The multiple barriers for the effective use of emergency contraceptives must be knocked down, and to work toward that we have to destroy myths and erroneous perceptions, taboos and cultural norms; achieve changes in laws and restrictive rules within countries, achieve access without barriers to the EC; work in union with other sectors; train health personnel and the community. It is necessary to transform the attitude of health personal to a service above personal opinion. Reflecting on what has occurred after the ICPD in Cairo, their Action Program changed how we look at the dynamics of population from an emphasis on demographics to a focus on the people and human rights. The governments agreed that, in this new focus, success was the empowerment of women and the possibility of choice through expanded access to education, health, services, and employment among others. Nonetheless, there have been unequal advances and inequality persists in our region, all the goals were not met, the sexual and reproductive goals continue beyond the reach of many women (15). There is a long road ahead until women and girls of the world can claim their rights and liberty of deciding. Globally, maternal deaths have been reduced, there is more qualified assistance of births, more contraception prevalence, integral sexuality education, and access to SRH services for adolescents are now recognized rights with great advances, and additionally there have been concrete gains in terms of more favorable legal frameworks, particularly in our region; nonetheless, although it's true that the access condition have improved, the restrictive laws of the region expose the most vulnerable women to insecure abortions. There are great challenges for governments to recognize SRH and the DSR as integral parts of health systems, there is an ample agenda against women. In that sense, access to SRH is threatened and oppressed, it requires multi-sector mobilization and litigation strategies, investigation and support for the support of women's rights as a multi-sector agenda. Looking forward, we must make an effort to work more with youth to advance not only the Action Program of the ICPD, but also all social movements. They are one of the most vulnerable groups, and the biggest catalyzers for change. The young population still faces many challenges, especially women and girls; young girls are in particularly high risk due to lack of friendly and confidential services related with sexual and reproductive health, gender violence, and lack of access to services. In addition, access to abortion must be improved; it is the responsibility of states to guarantee the quality and security of this access. In our region there still exist countries with completely restrictive frameworks. New technologies facilitate self-care (16), which will allow expansion of universal access, but governments cannot detach themselves from their responsibility. Self-care is expanding in the world and can be strategic for reaching the most vulnerable populations. There are new challenges for the same problems, that require a re-interpretation of the measures necessary to guaranty the DSR of all people, in particular women, girls, and in general, marginalized and vulnerable populations. It is necessary to take into account migrations, climate change, the impact of digital media, the resurgence of hate discourse, oppression, violence, xenophobia, homo/transphobia, and other emergent problems, as SRH should be seen within a framework of justice, not isolated. We should demand accountability of the 179 governments that participate in the ICPD 25 years ago and the 193 countries that signed the Sustainable Development Objectives. They should reaffirm their commitments and expand their agenda to topics not considered at that time. Our region has given the world an example with the Agreement of Montevideo, that becomes a blueprint for achieving the action plan of the CIPD and we should not allow retreat. This agreement puts people at the center, especially women, and includes the topic of abortion, inviting the state to consider the possibility of legalizing it, which opens the doors for all governments of the world to recognize that women have the right to choose on maternity. This agreement is much more inclusive: Considering that the gaps in health continue to abound in the region and the average statistics hide the high levels of maternal mortality, of sexually transmitted diseases, of infection by HIV/AIDS, and the unsatisfied demand for contraception in the population that lives in poverty and rural areas, among indigenous communities, and afro-descendants and groups in conditions of vulnerability like women, adolescents and incapacitated people, it is agreed: 33- To promote, protect, and guarantee the health and the sexual and reproductive rights that contribute to the complete fulfillment of people and social justice in a society free of any form of discrimination and violence. 37- Guarantee universal access to quality sexual and reproductive health services, taking into consideration the specific needs of men and women, adolescents and young, LGBT people, older people and people with incapacity, paying particular attention to people in a condition of vulnerability and people who live in rural and remote zone, promoting citizen participation in the completing of these commitments. 42- To guarantee, in cases in which abortion is legal or decriminalized in the national legislation, the existence of safe and quality abortion for non-desired or non-accepted pregnancies and instigate the other States to consider the possibility of modifying public laws, norms, strategies, and public policy on the voluntary interruption of pregnancy to save the life and health of pregnant adolescent women, improving their quality of life and decreasing the number of abortions (17).

Como se había mencionado en la editorial anterior (López-López, 2015), el libro de Suber (2015) es una contribución significativa para aclarar los límites y alcances del acceso abierto (OA) y permite decantar confusiones e impresiones que prevalecen en nuestras comunidades que no están preparadas para los cambios tan acelerados que las nuevas dinámicas de producción y comunicación académica están generando (Gallegos, Berra, Benito, & López-López, 2014). Suber (2015) plantea como el acceso abierto surge bajo un conjunto de motivaciones que influyeron en su desarrollo. Estas motivaciones son: 1. El incremento desmedido de los precios de las revistas científicas con lo cual se ha dificultado el acceso al conocimiento, generando mayor inequidad y profundizando además paradojas perversas como que en países pobres se produce conocimiento al que luego no puede accederse por no poder pagar las revistas donde se publica. Este punto es crítico para las sociedades o las bibliotecas que cuentan con presupuestos limitados para acceso a bases de datos o países que en consorcio buscan comprar colecciones relevantes para sus infraestructuras de conocimiento; las brechas generadas por los costos afectan a todos los investigadores y más a los que tiene mayores restricciones económicas ampliando la inequidad y brechas, disminuyendo la posibilidad de construir redes de colaboración por las asimetrías generadas. Es bueno anotar que el incremento de precios suele ser mayor en forma considerable que los indicadores de inflación y los presupuestos de las instituciones. 2. Las grandes editoriales suelen vender paquetes de revistas (Big deals) de múltiples calidades impidiendo así que se negocie en relación con las revistas que son necesarias estratégicamente por una institución y se suele castigar con un precio las cancelaciones a títulos que son de baja circulación o calidad. Y peor aún, las casas editoriales suelen suscribir cláusulas de confidencialidad en relación con los precios y las condiciones de negocio lo que impide tener negociaciones con más transparencia sobre la compra de los mencionados paquetes incluso con instituciones cercanas. 3. Las restricciones por precio generan limitaciones de acceso pues se impide la reproducción de los contenidos a todos los niveles, desde la formación terminando en la investigación propiamente dicha. Además ni siquiera hoy las bibliotecas pueden ser dueñas de lo que han pagado en el pasado, hoy estas solo pueden "arrendar" la información y se impide la migración de contenidos anteriores así se haya pagado por ellos. 4. Un agravante adicional es que en el mundo entero los investigadores ceden los derechos de publicación a las editoriales y estas se quedan con la propiedad de los contenidos. Éstos deben ser adquiridos por altos costos por los propios investigadores, sus instituciones y bibliotecas e incluso por los organismos financiadores. La mayor parte de la financiación de la investigación se genera de entidades estatales con dinero público, incluso, en universidades privadas aunque éstas los financien con dinero privado es absurdo que ellas mismas no puedan pagar de nuevo las cifras desproporcionadas que cobran algunas de estas editoriales. 5. Estas empresas de intermediación de conocimiento provocan además escasez artificial al restringir los accesos debido a los costos. Es así como los modelos de acceso abierto evidentemente pueden disminuir los costos o por lo menos tratar de tenerlos bajo la inflación o bajo los costos reales razonables, incluida la utilidad de producción. Pero es claro como se dijo antes que, en cualquier forma, la investigación que se financia con recursos públicos debe tener una condición de acceso como bien público y es por esta intervención directa que no es razonable pretender que el acceso abierto opere "interfiriendo el libre mercado". 6. Las revistas de acceso abierto están compitiendo en primer lugar por autores y artículos de la mejor calidad y en segundo lugar están interesadas en que esta calidad se refleje en diversos usos y no pretende competir o interferir en los mercados de las revistas de pago. Es por esto que el OA busca en forma prioritaria que la evaluación por pares garantice la calidad de los contenidos. Incluso muchas revistas de pago pueden incrementar sus márgenes de ganancia con el incremento de las tasas de rechazo. 7. La falta de conocimiento sobre lo que es el acceso abierto e incluso los proceso de comunicación y circulación del conocimiento por parte de investigadores, bibliotecarios y diversos actores de las cadenas de producción y circulación de conocimiento, suele ser usado por algunas de estas empresas para incrementar costos e incluso en incurrir en asuntos éticos. 8. Todas las estimaciones de crecimiento de la producción científica muestran que al parecer el negocio de las editoriales y revistas privadas seguirá creciendo con la consecuente imposibilidad de acceder al contenido bajo los modelos de negocio y no solo es necesario sino conveniente que el acceso abierto se desarrolle y crezca. 9. Desde el 2004, anota Suber (2015), Thomson Scientific identificó que es sus diferentes temáticas entre las revistas de más impacto hay buen crecimiento constante de revistas de Acceso Abierto lo cual es muy relevante por cuanto estás apenas están arrancando y deben competir con revistas de muy larga trayectoria. Por último, es necesario diferenciar los repositorios de acceso abierto de las revistas y documentos que pasaron por revisión de pares. Es necesario aclarar que hoy los repositorios incluyen todo tipo de contenidos y algunos han denominado "depósitos oscuros" que no exigen la evaluación de pares. Debido a esto se puede diferenciar en OA oro y OA verde. El primero se refiere al acceso abierto de las revistas sin tener en cuenta el modelo de negocio y el OA verde al que es facilitado por los repositorios y se entiende como un "auto archivo a la práctica de depositar un trabajo propio en un repositorio de OA". Estos términos permiten diferenciar el tipo de acceso abierto y las consecuencias de cada uno y es probable que se introduzcan nuevos términos que permitan diferenciar y aclarar más el acceso abierto. En definitiva el libro de Suber (2015) será un recurso obligado de consulta para quienes sigamos comprometidos con el acceso abierto, porque entendemos las implicaciones políticas y económicas de inclusión y democratización de acceso al conocimiento que tienen en especial países como el nuestro en el que la inversión en ciencia y educación es escaso. ; As mentioned in the previous editorial (López-López, 2015), Suber's (2015) book is a significant contribution that we can use to clarify the limits and the scope of Open Access (OA), and it is also helpful in explaining confusions and inaccuracies that are widespread in our communities, which are not quite ready to face the accelerated changes that are being generated by the new dynamics of scientific output and communication (Gallegos, Berra, Benito, & López-López, 2014). Suber (2015) states that OA emerges in the context of motivating circumstances. These are: 1) The overwhelming increase in the fees of scientific journals, which has made access to knowledge more difficult. This has created more inequality and has deepened perverse paradoxes, such as the fact that poor countries produce knowledge that they cannot later access due to the inability to pay those exorbitant fees. This issue is critical for societies or libraries that have limited budgets to pay for access to databases, or countries looking to purchase relevant collections for their knowledge infrastructures, in association. The gaps created by high costs have an effect on the whole research community, and more so on those with worse economic restrictions. The resulting asymmetries make it harder to build collaboration networks. It is worth noting that the increase in those fees is often (much) higher than inflation indicators and the corresponding increases in institutional budgets. 2) The main publishing houses often sell journal packages (Big deals), consisting of journals of varying quality. This prevents negotiation of the journals that are strategically necessary for an institution, and cancelling subscriptions to low quality or low circulation journals is often punished with a premium. Even worse, publishers often subscribe confidentiality clauses with regards to prices and business conditions, which fosters a lack of transparency in the purchase of the aforementioned packages. 3) Price restrictions create access limitations, because the reproduction of contents is forbidden at every level – from basic training all the way to research proper. Besides, nowadays not even libraries own what they have paid for in the past. They can only "rent" the information, and migration of previous content is prevented, even if it has been purchased in the past. 4) An additional problem is that researchers transfer their publication rights to the publishing houses and these keep property rights over the contents. These contents must then be purchased by researchers, their institutions, libraries and even supporting entities, at a high cost. Most funding for research is provided by government/state institutions with public monies, and sometimes not even private universities are able to afford the disproportionate fees charged by some of these publishers. 5) These middlemen companies also create artificial scarcity by restricting access due to costs. As such, OA models can reduce those fees or at least they can try to keep them under inflation or real reasonable costs, including profit. But clearly, as said before, it should be possible to access research funded with public resources in the same way other public goods are accessed. For this reason, it is not reasonable to say that OA operates by "interfering with the free market". 6) OA journals are competing for top quality authors and papers, and they are interested in getting this quality to reflect on different usages – they do not intend to compete or interfere with the paid journal market. Therefore, OA seeks that peer-review processes can guarantee the quality of its content. Many paid journals can actually increase their profit margins by increasing rejection rates. 7) A lack of knowledge of OA and even communication and circulation processes on the part of researchers, librarians and other actors in the production and circulation chains is often used by some of these companies to increase costs and even to engage in unethical practices. 8) All estimations of scientific output growth seem to show that the publishing business will continue to grow, with the corresponding impossibility of accessing contents under the current business model. It is therefore convenient and necessary that OA continues to develop and grow. 9) Since 2004, according to Suber (2015), Thomson Scientific identified a continued growth of OA journals in terms of impact, which is relevant since they are still young and must compete with journals with longer lifespans. Finally, we need to differentiate OA and peer-reviewed document repositories. Nowadays, repositories cover all sorts of content, and some which do not require peer review are called "dark repositories". Gold OA, therefore, is Open Access with no regard for the business model, and Green OA is a self-archiving practice of placing one's work into an OA repository. These terms enable us to differentiate the types of OA and their associated consequences – more such terms may be introduced in the future to clarify different models. In summary, Suber's (2015) book will be a mandatory resource for those who are still committed to OA, because we understand the political and economical implications of inclusion and democratization of access to knowledge, especially in countries such as ours, where investment in science and education is scarce.

Desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos y Canadá tienen experiencia con la migración a gran escala, y siguen acogiendo a grandes flujos de inmigrantes legales. Las mujeres representan un porcentaje creciente de estos flujos internacionales. En ambos países, la mayoría de los inmigrantes legales son elegibles para la plena ciudadanía, y pueden acceder rápida o automáticamente a derechos políticos y mercados de trabajo, aunque los derechos estratificados son una realidad para los inmigrantes temporales e irregulares, también en el ámbito de la protección social. En el plano formal, las mujeres y los hombres disfrutan de estos derechos en igualdad de condiciones, pero la desigualdad de género persiste tanto en la política gubernamental como en los mercados de trabajo. Asimismo, el marco político y de política establecido recientemente en ambos países está influido por principios ideológicos neoliberales, lo que contribuye a la introducción de cambios en la política de migración, los mercados de trabajo y las prestaciones sociales que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres migrantes ante las desigualdades estructurales. En la primera parte del documento se comparan los regímenes de migración establecidos en ambos países. El número de mujeres inmigrantes está incrementándose tanto en Estados Unidos como en Canadá, aunque la mayoría de ellas sigue dependiendo de los hombres. Los cambios en la política de migración que apoyan cada vez más la admisión de migrantes altamente cualificados han tenido lugar a mayor escala en Canadá; en la actualidad, el número de migrantes en ambos países que pertenecen a categorías "económicas" muy cualificadas supera el número de migrantes que ha llegado a estos países en el marco de categorías humanitarias de reunificación familiar y de asilo a los refugiados. Los requisitos en materia de admisión que ponen de relieve el capital humano perjudican a las mujeres procedentes de países en los que los recursos están principalmente en manos de los hombres. En los Estados Unidos, los migrantes correspondientes a la categoría humanitaria siguen prevaleciendo, aunque la competencia profesional es un medio "encubierto" para que un migrante temporal alcance la categoría de permanente. En el ámbito de las admisiones de refugiados, los cambios introducidos en las normas que rigen la selección de refugiados han fomentado la sensibilidad ante la situación de las mujeres en Canadá, pero el número de personas afectadas sigue siendo poco elevado. En ambos países, el número de migrantes correspondientes a categorías de entrada temporales ha aumentado en el último decenio. Las mujeres están presentes en categorías de entrada temporales que abarcan migrantes tanto muy cualificados como poco cualificados, cuyas perspectivas difieren considerablemente dependiendo de la ubicación del mercado de trabajo. Las iniciativas de política emprendidas en los últimos tiempos en ambos países proponen conceder la categoría temporal a los migrantes irregulares; tales propuestas podrían acercar los regímenes de migración norteamericanos a los modelos europeos del "trabajador invitado", aun cuando estos modelos hayan demostrado ser insostenibles en Europa. A continuación se examinan los entornos de trabajo. En los Estados Unidos y Canadá, la liberalización de los mercados de trabajo ha reforzado las jerarquías profesionales marcadas por la desigualdad de género, en las que las mujeres inmigrantes están con frecuencia en una situación de desventaja. Aunque las mujeres inmigrantes están presentes entre los trabajadores muy cualificados, inclusive en los países en desarrollo, también están desproporcionadamente presentes en las categorías más bajas de los servicios estratificados, en el sector manufacturero, y el comercio al por menor. Pueden observarse claramente patrones similares en lo que respecta al desempleo, el subempleo, las condiciones de trabajo y los ingresos. Derechos sociales reducidos que enfatizan la prestación de cuidados en la esfera privada brindan numerosas pero precarias oportunidades de empleo, a la vez que incrementan la carga de las mujeres en su propio ámbito familiar. El hecho de que los órganos competentes en la concesión de licencias no reconozcan los títulos adquiridos en el extranjero constituye un gran problema en Canadá, y contribuye a las descualificación y el subdesempleo de las mujeres inmigrantes. En ambos países, la acción afirmativa y la legislación relativa a la igualdad en el empleo que tienen por objeto combatir y rectificar la discriminación en el mercado de trabajo por motivos de raza y sexo se han visto perjudicadas por el compromiso político decreciente, la aplicación limitada de la legislación y un alcance restringido. Los derechos sociales se examinan en la última sección del documento. En el ámbito de los servicios de sentamiento, la devolución y descentralización de los servicios han trasladado la responsabilidad de los gobiernos federales a los gobiernos estatales y provinciales, que en muchos casos se asocian con empresas y organizaciones no gubernamentales. A pesar de los cambios que reconocen la creciente necesidad de las mujeres de recibir educación lingüística en Canadá, los fondos destinados a tales fines no han variado desde mediados del decenio de 1990. Una cuestión que afecta particularmente a las mujeres inmigrantes en lo que respecta a la disminución de los derechos de los inmigrantes es la elegibilidad para recibir una pensión de jubilación. A pesar de que se les otorgan pensiones reducidas, universalmente adjudicadas, a las personas mayores en ambos países; los migrantes que trabajan en el hogar, en los sectores informales, o las personas que llegan al país de acogida en una etapa posterior de su vida, muchas veces no son elegibles para los regímenes de pensión gubernamentales relacionados con el trabajo. La estratificación de las prestaciones sociales es más destacada en los Estados Unidos, en gran parte a consecuencia de dos características del régimen estatal de protección social establecido en este país. La primera es la considerable privatización del sistema de atención de salud, por lo que muchas veces los pobres no están asegurados y dependen únicamente de las prestaciones del programa Medicaid concedidas a personas supeditadas a un tope en los ingresos, o tienen que pagar en efectivo una onerosa atención médica. La segunda característica son los cambios en el ámbito de la asistencia social que niegan el acceso a las prestaciones sociales a las mujeres solteras que no trabajan; que limitan el acceso durante toda la vida a dichas prestaciones a un período de cinco años, y que niegan completamente el acceso a tales prestaciones a los residentes permanentes legales que no han alcanzado la categoría de ciudadanos legales. En ambos países, la degradación de la protección social asociada con el énfasis neoliberal en la austeridad fiscal del gobierno y en una dependencia de la prestación de los servicios en el mercado tiene consecuencias desproporcionadamente negativas en los pobres, en particular en los inmigrantes pobres con un déficit educativo o lingüístico. Combinados con la liberalización de los mercados de trabajo, estos cambios pueden menoscabar el compromiso con los principios de la redistribución económica en América del Norte, y amenazar el bienestar de las mujeres que emigran a estos países. ; Abstract. The United States and Canada have long histories of large-scale migration, and they continue to welcome large flows of legal immigrants. Women make up an increasing proportion of these international flows. In both countries, the majority of legal immigrants are eligible for full citizenship rights and entitlements, with rapid or automatic access to both political rights and labour markets, although stratified entitlements are present for temporary and irregular migrants, and in the realm of social provision. Formally, women partake of these rights equally with men, but gender inequality persists both in government policy and in labour markets. In both countries, moreover, recent political and policy environments are influenced by neoliberal ideological principles, contributing to changes in migration policy, labour markets and social provisions that make female migrants increasingly vulnerable to structural inequalities. In the first part of the paper, migration regimes in the two countries are compared. Women are entering both countries in increasing numbers, though still primarily as dependants of men. Changes to migration policy that increasingly favour admissions of highly educated migrants have been enacted more extensively in Canada; entry in high-skill "economic" categories now exceeds entry through the humanitarian categories of family reunification and refugee asylum. Admission requirements that emphasize human capital penalize women who come from countries in which resources are highly concentrated in male hands. In the United States, humanitarian category entries still predominate, although high-skill temporary entry increasingly functions as a "back door" route to permanent status. In the realm of refugee admissions, changes in rules that govern refugee selection have increased gender sensitivity in Canada, but the numbers affected remain low. In both countries, numbers of migrants within temporary categories of entry have increased over the last decade. Women are present in temporary categories that encompass both high and low skill streams, with very different prospects depending on labour market location. Recent policy initiatives in both countries propose the granting of temporary status to irregular migrants; such proposals have the potential to move North American migration regimes closer to European "guest worker" models, even as these models have proved untenable in Europe. Next, gendered work environments are examined. In the United States and Canada, deregulation of labour markets has reinforced gendered occupational hierarchies in which immigrant women often hold disadvantaged places. While immigrant women, including those from the developing world, are present among highly skilled workers, they are also disproportionately visible at the bottom rungs of stratified service, retail and manufacturing sectors. Similar patterns are evident with respect to unemployment, underemployment, working conditions and earnings. Diminished social entitlements that emphasize private provision of care provide abundant, but also precarious, employment opportunities, while increasing women's burdens within their own families. Lack of recognition of credentials acquired abroad by licensing bodies is a serious issue in Canada, contributing to deskilling and underemployment among immigrant women. In both countries, affirmative action and employment equity legislation that seeks to oppose and redress labour market discrimination based on race and sex has been hobbled by waning political commitment, limited enforcement, and restricted reach. Social entitlements are examined in the final section of the paper. In the realm of settlement services, devolution and decentralization of services have relocated responsibility from federal governments to state and provincial governments, which frequently partner with businesses and non-governmental organizations. Despite changes that recognize women's greater need for language instruction in Canada, funding has remained static since the mid-1990s. One area of diminished entitlements for immigrants that particularly affects immigrant women is eligibility for pensions. Although small, universally awarded pensions are given to the elderly in both countries, migrants who work at home, in informal sectors, or who enter the country late in life are frequently ineligible for government pension plans that are work-related. It is in the United States that stratification of social benefits is most marked, largely as a result of two features of US welfare state provision. The first is the largely private health care system, in which the poor are often uninsured and must rely on means-tested Medicaid benefits, or pay cash for expensive medical care. The second is changes to social assistance that deny welfare access to single, non-working mothers, limit lifelong access to welfare to five years, and deny welfare completely to legal permanent residents who have not become legal citizens. In both countries, the erosion of social provision associated with neoliberal emphases on government fiscal austerity and a reliance on market provision of services is disproportionately felt by the poor, and especially poor immigrants with educational or language deficits. Combined with deregulation of labour markets, such changes both undermine commitment to principles of economic redistribution in North America, and threaten the well-being of women who migrate to these countries. ; Résumé. Les Etats-Unis et le Canada ont une longue expérience des migrations à grande échelle et continuent d'accueillir des flux importants d'immigrants réguliers. Les femmes tiennent une place croissante dans ces flux internationaux. Dans les deux pays, la majorité des immigrants réguliers remplissent les conditions requises pour jouir pleinement des droits liés à la nationalité et entrer dans le système de protection sociale. Ils ont un accès rapide ou automatique à la fois aux droits politiques et au marché du travail, bien qu'il existe une stratification des droits pour les immigrés temporaires et clandestins. Officiellement, les femmes jouissent de ces droits au même titre que les hommes, mais l'inégalité entre les sexes persiste, tant dans la politique gouvernementale que sur les marchés du travail. De plus, l'environnement politique et les politiques récentes ont été influencées dans les deux pays par les principes de l'idéologie néolibérale, qui contribuent, par les changements apportés à la politique de l'immigration, aux marchés du travail et aux dispositions sociales, à rendre les femmes immigrées de plus en plus vulnérables aux inégalités structurelles. La première partie du document compare l'immigration dans les deux pays. Les femmes sont de plus en plus nombreuses parmi les immigrants, bien qu'encore principalement en qualité de personnes à charge. Le Canada, plus que les Etats-Unis, a modifié peu à peu sa politique de l'immigration pour favoriser l'entrée de migrants hautement spécialisés; les immigrants "économiques" hautement qualifiés sont maintenant plus nombreux que les demandeurs d'asile et les migrants accueillis pour raison humanitaire au titre de la réunion des familles. Des conditions d'admission qui privilégient le capital humain pénalisent les femmes originaires de pays caractérisés par une forte concentration des ressources aux mains des hommes. Aux Etats-Unis, les entrées relevant de la catégorie humanitaire prédominent encore, bien que l'immigration temporaire soit pour beaucoup de travailleurs hautement qualifiés "l'entrée de service" qui leur permet de s'établir définitivement. Pour ce qui est des réfugiés, les changements apportés aux règles qui régissent leur sélection ont rendu le Canada plus sensible au sort des femmes, mais le nombre des réfugiées accueillies reste bas. Dans les deux pays, le nombre des immigrés qui arrivent en qualité de migrants temporaires a augmenté depuis dix ans. Il y a des femmes dans cette catégorie de migrants temporaires, dans laquelle entrent à la fois des professionnelles hautement qualifiées et des travailleuses peu qualifiées, et leurs perspectives sont très différentes selon leur situation sur le marché du travail. Dans les deux pays, des initiatives politiques récentes proposent d'accorder un permis temporaire aux migrants clandestins; de telles propositions pourraient rapprocher les régimes d'immigration nord-américains des modèles européens, même si ceux-ci se sont révélés intenables en Europe. Les auteurs étudient ensuite l'environnement de travail pour chaque sexe. Aux Etats-Unis et au Canada, la déréglementation des marchés du travail a renforcé la hiérarchie des métiers, dans laquelle les femmes immigrées sont souvent défavorisées. S'il existe des femmes immigrées, notamment de pays en développement, parmi les travailleurs hautement qualifiés, elles sont surtout visibles, et en nombre disproportionné, aux échelons les plus bas des services, du commerce de détail et des industries manufacturières. Le même schéma est patent pour ce qui est du chômage, du sous-emploi, des conditions de travail et des gains. Un système où les droits sociaux sont réduits et dans lequel l'accent est mis sur l'origine privée des soins offre de nombreux emplois précaires tout en alourdissant la charge des femmes dans leur famille. Au Canada, la non-reconnaissance de diplômes et qualifications acquis à l'étranger est un problème grave, qui contribue à la déqualification et au sous-emploi chez les femmes immigrées. Dans les deux pays, une volonté politique affaiblie a réduit l'application et la portée des mesures d'action positive et des lois relatives à l'équité dans l'emploi, adoptées pour combattre et compenser la discrimination fondée sur la race et le sexe sur le marché du travail. La dernière section du document est consacrée aux droits sociaux. S'agissant de l'aide à l'établissement, la décentralisation des services a entraîné un transfert des responsabilités du gouvernement fédéral à celui de l'Etat ou de la province, qui souvent s'allie avec des entreprises et des organisations non gouvernementales. Bien que l'on ait compris au Canada que les femmes avaient plus besoin de cours de langue que les hommes, le financement n'a pas augmenté depuis le milieu de la décennie 90. Si les droits sont parfois réduits pour les immigrants, il est un domaine dans lequel les femmes immigrées sont particulièrement touchées: celui des retraites. Bien que dans les deux pays, de modestes pensions soient versées à toutes les personnes âgées, les immigrés qui travaillent à domicile, dans l'économie informelle ou qui arrivent dans le pays à un âge avancé ne réunissent souvent pas les conditions requises pour bénéficier du régime de retraite public, qui dépend des années de travail. C'est aux Etats-Unis que la stratification des avantages sociaux est la plus marquée, en grande partie à cause de deux caractéristiques du système de prévoyance de ce pays. D'une part, le système des soins de santé est en grande partie privé, ce qui fait que les pauvres sont souvent sans assurance et dépendent des prestations de Medicaid, soumises à des conditions de ressources ou ils doivent payer comptant des soins médicaux coûteux. D'autre part, des modifications ont été apportées à l'assistance sociale, qui ont pour effet d'en refuser l'accès aux mères célibataires qui ne travaillent pas, de limiter à cinq ans la durée totale pendant laquelle on peut en bénéficier pendant sa vie et de la refuser totalement aux résidents établis régulièrement mais n'ayant pas acquis la nationalité du pays. Dans les deux pays, l'érosion de la prévoyance sociale, alliée à l'importance que prend l'austérité budgétaire dans un contexte néolibéral et à la confiance faite au marché pour fournir les services voulus, a des effets disproportionnés sur les pauvres, et plus particulièrement sur les immigrés pauvres peu instruits et handicapés par la méconnaissance de la langue. Avec la déréglementation des marchés du travail, ces changements à la fois ébranlent l'attachement aux príncipes de la redistribution économique en Amérique du Nord et menacent le bien-être des femmes qui y immigrent.

En mi formación de posgrado a finales de los años ochenta, teníamos cerca de treinta camas hospitalarias en un pabellón llamado "sépticas" (1). En Colombia, donde el aborto estaba totalmente penalizado, allí estaban mayoritariamente mujeres con abortos inseguros complicados. El enfoque que recibíamos era técnico: manejo de cuidados intensivos; realizar histerectomías, colostomías, resecciones intestinales, etc. En esa época algunas enfermeras eran monjas, y se limitaban a interrogar a las pacientes para que "confesaran" qué se habían hecho para abortar. Siempre me inquietó que las mujeres que salían vivas se iban sin ninguna asesoría, ni con un método anticonceptivo. Al preguntar alguna vez a uno de mis docentes me contestó con desdén: "este es un hospital de tercer nivel, esas cosas las hacen las enfermeras en primer nivel". Al ver tanto dolor y muerte, decidí hablar con las pacientes del servicio y empecé a entender sus decisiones. Recuerdo aún con tristeza tantas muertes, pero un caso en particular aún me duele: era una mujer cercana a los cincuenta años que llegó con una perforación uterina en estado de sepsis avanzada. A pesar de la cirugía y los cuidados intensivos, falleció. Alcancé a hablar con ella y me contó que era viuda, tenía dos hijos mayores y había abortado por "vergüenza con ellos", pues se iban a dar cuenta de que tenía vida sexual activa. A los pocos días de su fallecimiento, me llamó el profesor de patología, extrañado, para decirme que el útero que habíamos enviado para examen patológico no tenía embarazo. Era una mujer en estado perimenopáusico con una prueba de embarazo falsamente positiva, debido a los altos niveles de FSH/LH típicos de su edad. ¡¡¡NO ESTABA EMBARAZADA!!! No tenía menstruación porque estaba en premenopausia y una prueba falsamente positiva la llevó a un aborto inseguro. Claro, las lesiones causadas en las maniobras abortivas la llevaron al desenlace fatal, pero la real causa subyacente fue el tabú social respecto a la sexualidad. Tuve que ver muchas adolescentes y mujeres jóvenes salir del hospital vivas, pero sin útero, a veces sin ovarios y con colostomías, para ser despreciadas por una sociedad que les recriminaba el haber decidido no ser madres. Tuve que ver situaciones de mujeres que llegaban con sus intestinos protruyendo a través de sus vaginas por abortos inseguros. Vi mujeres que en su desespero se autoinfligieron lesiones tratando de abortar con elementos como palos, ramas, gajos de cebolla, barras de alumbre, ganchos, entre otros. Eran tantas las muertes que era difícil no tener por lo menos una mujer diariamente en la morgue a consecuencia de un aborto inseguro. En esa época no se abordaba la salud desde lo biopsicosocial sino solamente desde lo técnico (2); sin embargo, en las evaluaciones académicas que nos hacían, ante la pregunta de definición de salud, había que recitar el texto de la Organización Mundial de la Salud que involucraba estos tres aspectos, ¡qué contrasentido! Para dar respuesta a las necesidades de salud de las mujeres y garantizar sus derechos, cuando ya era docente, inicié el servicio de anticoncepción posevento obstétrico en ese hospital de tercer nivel. Hubo resistencia de las directivas, pero afortunadamente logré donaciones internacionales para la institución y esto facilitó su aceptación. Decidí concursar para carrera docente con el ánimo de poder sensibilizar a profesionales de la salud hacia un enfoque integral de la salud y la enfermedad. Cuando en 1994 se realizó la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo (CIPD) en El Cairo ya llevaba varios años en la docencia, y cuando leí su Programa de Acción, encontré nombre para lo que estaba trabajando: derechos sexuales y derechos reproductivos. Empecé a incorporar en mi vida profesional y docente las herramientas que este documento me daba. Pude sensibilizar personas del Ministerio de Salud de mi país y trabajamos en conjunto recorriéndolo con un abordaje de derechos humanos en materia de salud sexual y reproductiva (SSR). Esta nueva mirada buscaba además de ser integral, dar respuesta a viejos problemas como la mortalidad materna, el embarazo en la adolescencia, la baja prevalencia anticonceptiva, el embarazo no planeado o no deseado o la violencia contra la mujer. Con otras personas sensibilizadas empezamos a permear con estos temas de SSR la Sociedad Colombiana de Obstetricia y Ginecología, algunas universidades y hospitales universitarios. Todavía seguimos dando la lucha en un país que a pesar de tantas dificultades ha mejorado muchos indicadores de SSR. Con la experiencia de haber trajinado en todas las esferas con estos temas, logramos con un puñado de colegas y amigas de la Universidad El Bosque crear la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva, abierta a todas las profesiones, en la que rompimos varios paradigmas. Se inició un programa en el que la investigación cualitativa y cuantitativa tenían el mismo peso y algunos de los egresados del programa están ahora en posiciones de liderazgo en los entes gubernamentales e internacionales replicando modelos integrales. En la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología (FLASOG) y en la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO), pude por varios años aportar mi experiencia en los comités de SSR de esas asociaciones para beneficio de las mujeres y las niñas en los ámbitos regional y global. Cuando pienso en quienes me han inspirado en esta lucha, debo resaltar las grandes feministas que me han enseñado y acompañado en tantas batallas. No puedo mencionarlas a todas, pero he admirado la historia de vida de Margaret Sanger con su persistencia y mirada visionaria. Ella luchó durante toda su vida para ayudar a las mujeres del siglo XX para que obtuvieran el derecho a decidir si querían o no tener hijos o hijas y cuándo (3). De las feministas actuales he tenido el privilegio de compartir experiencias con Carmen Barroso, Giselle Carino, Debora Diniz y Alejandra Meglioli, lideresas de la Federación Internacional de Planificación de la Familia, Región del Hemisferio Occidental (IPPF-RHO, por su nombre en inglés). De mi país quiero resaltar a mi compatriota Florence Thomas, psicóloga, columnista, escritora y activista feminista colombo-francesa. Es una de las voces más influyentes e importantes del movimiento por los derechos de la mujer en Colombia y en la región. Arribó procedente de Francia en la década de 1960, en los años de la contracultura, los Beatles, los hippies, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, época en la que se empezó a criticar el capitalismo y la cultura del consumo (4). Fue entonces cuando se comenzó a hablar del cuerpo femenino, la sexualidad femenina y cuando llegó la píldora anticonceptiva como una revolución total para las mujeres. A su llegada en 1967, ella experimentó un choque porque acababa de asistir a toda una revolución y solo encontró un país de madres, no de mujeres (5). Ese era el único destino de una mujer, ser callada y sumisa. Entonces se dio cuenta de que no se podía seguir así, hablando de "vanguardias revolucionarias" en un ambiente tan patriarcal. En 1986 con las olas del feminismo norteamericano y europeo, y con su equipo académico crearon el grupo Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia, semillero de grandes iniciativas y logros para el país (6). Ella ha liderado grandes cambios con su valentía, la fuerza de sus argumentos, y un discurso apasionado y agradable a la vez. Dentro de sus múltiples libros resalto Conversaciones con Violeta (7), motivado por el desdén hacia el feminismo de algunas mujeres jóvenes. Lo escribe a manera de diálogo con una hija imaginaria en el que, de una manera íntima, reconstruye la historia de las mujeres a través de los siglos y da nuevas luces sobre el papel fundamental del feminismo en la vida de la mujer moderna. Otro libro muestra de su valentía es Había que decirlo (8), en el que narra la experiencia de su propio aborto a sus 22 años en la Francia de los años sesenta. Mi experiencia de trabajo en la IPPF-RHO me ha permitido conocer líderes y lideresas de todas las edades en diversos países de la región, quienes con gran mística y dedicación, de manera voluntaria, trabajan por lograr una sociedad más equitativa y justa. Particularmente me ha impresionado la apropiación del concepto de derechos sexuales y reproductivos por parte de las personas más jóvenes, y esto me ha dado gran esperanza en el futuro del planeta. Seguimos con una agenda incompleta del Plan de acción de la CIPD de El Cairo, pero ver cómo la juventud enfrenta con valentía los retos, me motiva a seguir adelante y aportar mis años de experiencia en un trabajo intergeneracional. La IPPF-RHO evidencia un gran compromiso por los derechos y la SSR de adolescentes en sus políticas y programas, que son consistentes con lo que la Organización promueve; por ejemplo, el 20% de los puestos de toma de decisión están en manos de jóvenes. Las organizaciones miembros, que basan su labor en el voluntariado, son verdaderas incubadoras de jóvenes que harán ese recambio generacional inexpugnable y necesario. A diferencia de lo que nos tocó a muchos de nosotros, trabajar en esta complicada agenda de salud sexual y reproductiva sin bases teóricas, hoy vemos personas comprometidas y con una sólida formación para reemplazarnos. En la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia y en la Facultad de Enfermería de la Universidad El Bosque, las nuevas generaciones están más motivadas y empoderadas, con grandes deseos de cambiar las rígidas estructuras subyacentes. Nuestra gran preocupación son los embates de ultraderecha que soportan grupos antiderechos, muchas veces mejor organizados que nosotros, que sí apoyamos los derechos y somos verdaderos provida (9). Ante este escenario, debemos organizarnos mejor y seguir dando batallas para garantizar los derechos de las mujeres en el ámbito local, regional y global, aunando esfuerzos de todas las organizaciones proderechos. Estamos ahora comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (10), entendidos como aquellos que satisfacen las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Esta nueva agenda se basa en: - El trabajo no finalizado de los Objetivos de Desarrollo del Milenio - Los compromisos pendientes (convenciones ambientales internacionales) - Los temas emergentes en las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, económica y ambiental. Tenemos ahora 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas (11). Entre estos objetivos se menciona en varias ocasiones el "acceso universal a la salud reproductiva". En el Objetivo 3 de esa lista se incluye garantizar, de aquí al año 2030, "el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación". De igual manera, el Objetivo 5, "Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas", establece que se deberá "asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing". No se puede olvidar que el término acceso universal a la salud sexual y reproductiva incluye el acceso universal al aborto y la anticoncepción. Actualmente 830 mujeres mueren cada día por causas maternas prevenibles; de estos decesos, el 99% ocurre en países en desarrollo, más de la mitad en entornos frágiles y en contextos humanitarios (12). 216 millones de mujeres no pueden acceder a métodos de anticoncepción moderna y la mayoría vive en los nueve países más pobres del mundo y en un ambiente cultural propio de la década de los sesenta (13). Este número solo incluye las mujeres de 15 a 49 años en cualquier tipo de unión, es decir el número total es mucho mayor. Cumplir con los objetivos marcados supondría prevenir 67 millones de embarazos no deseados y reducir a un tercio las muertes maternas. Actualmente tenemos una alta demanda insatisfecha de anticoncepción moderna, con un bajísimo uso de los métodos de larga duración reversible (dispositivos intrauterinos e implantes subdérmicos) que son los más efectivos y de mayor adherencia (14). No hay uno solo de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible donde la anticoncepción no tenga un papel preponderante: desde el primero que se refiere al fin de la pobreza, pasando por el quinto de igualdad de género, el décimo de reducción de la desigualdad, entre los países y en el mismo país, hasta el decimosexto relacionado con paz y justicia. Si queremos cambiar el mundo, debemos procurar acceso universal a la anticoncepción sin mitos ni barreras. Tenemos la obligación moral de lograr la erradicación de la pobreza extrema y avanzar en la construcción de sociedades más igualitarias, justas y felices. En anticoncepción de urgencia (AU), estamos muy lejos de alcanzar lo que esperamos. Si en métodos de larga duración reversible tenemos una baja prevalencia, en la AU la situación empeora. No en todas las facultades de medicina de la región se aborda este tema, y donde sí se hace, no hay homogeneidad de contenidos, ni siquiera dentro del mismo país. Hay aún mitos sobre su verdadero mecanismo de acción. Hay países como Honduras donde está prohibida y no hay un medicamento dedicado, como tampoco lo hay en Haití. Donde está disponible el acceso es ínfimo, particularmente entre las niñas, adolescentes, jóvenes, migrantes, afrodescendientes e indígenas. Hay que derrumbar las múltiples barreras para el uso eficaz de la anticoncepción de emergencia, y para eso necesitamos trabajar en romper mitos y percepciones erróneas, tabúes y normas culturales; lograr cambios en las leyes y normas restrictivas de los países; lograr acceso sin barreras a la AU; trabajar intersectorialmente; capacitar al personal de salud y la comunidad. Es necesario transformar la actitud del personal de salud en una de servicio por encima de sus propias opiniones. Reflexionando acerca de lo que ha pasado después de la CIPD realizada en El Cairo, su Programa de Acción cambió cómo miramos las dinámicas de población de un énfasis en la demografía a un enfoque en los derechos humanos y las personas. Los gobiernos acordaron que, en este nuevo enfoque, el éxito era el empoderamiento de las mujeres y la posibilidad de elegir a través de expandir el acceso a la educación, la salud, los servicios y el empleo, entre otros. Sin embargo, ha habido avances desiguales y persiste la inequidad en nuestra región, no se cumplieron todas las metas, los derechos sexuales y reproductivos continúan fuera del alcance de muchas mujeres (15). Aún queda un largo camino para recorrer, hasta que mujeres y niñas del mundo puedan reclamar sus derechos y la libertad de decidir. Globalmente la mortalidad materna se ha reducido, hay mayor asistencia calificada del parto, mayor prevalencia anticonceptiva, la educación integral en sexualidad y el acceso a servicios de SSR para adolescentes ya son derechos reconocidos y con grandes avances, además ha habido ganancias concretas en materia de marcos legales más favorables en particular en nuestra región; sin embargo, si bien las condiciones de acceso han mejorado, las legislaciones restrictivas de la región exponen a las mujeres más vulnerables a abortos inseguros. Hay aún grandes desafíos para que los gobiernos reconozcan la SSR y los DSR como parte integral de los sistemas de salud, existe una amplia agenda contra las mujeres. En ese sentido, el acceso a SSR está bajo amenaza y opresión, se requiere movilización intersectorial y litigios estratégicos, investigación y apoyo a los derechos de las mujeres como agenda intersectorial. Hacia adelante hay que esforzarnos más en el trabajo con jóvenes, para avanzar no solo en el Programa de Acción de la CIPD, sino en todos los movimientos sociales. Son uno de los grupos más vulnerables, y de los mayores catalizadores para el cambio. La población joven aún enfrentan muchos desafíos, especialmente las mujeres y niñas; las jóvenes están especialmente en alto riesgo debido a la falta de servicios y salud sexual y reproductiva amigables y confidenciales, la presencia de violencia basada en género y la falta de acceso a los servicios. Además hay que mejorar el acceso al aborto; es responsabilidad de los estados garantizar la calidad y seguridad en el acceso. Aún en nuestra región existen países con marcos totalmente restrictivos. Las nuevas tecnologías facilitan el autocuidado (16), lo que permitirá ampliar el acceso universal, pero los gobiernos no pueden desvincularse de su responsabilidad. El autocuidado se está expandiendo en el mundo y puede ser estratégico para llegar a las poblaciones más vulnerables. Hay nuevos desafíos para los mismos problemas, que requieren una reinterpretación de las medidas necesarias para garantizar los DSR de todas las personas, en particular mujeres, niñas y en general las poblaciones marginadas y vulnerables. Es necesario tener en cuenta aspectos como las migraciones, el cambio climático, el impacto de medios digitales, el resurgimiento de discursos de odio, la opresión, la violencia, la xenofobia, la homo/transfobia y otros problemas emergentes, pues la SSR debe verse en un marco de justicia, y no aislado. Debemos exigir rendición de cuentas a los 179 gobiernos que participaron en la CIPD hace 25 años y a los 193 países que firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Deben reafirmarse en sus compromisos y expandir la agenda a los temas no considerados en ese momento. Nuestra región ha dado ejemplo al mundo con el Consenso de Montevideo, que se convierte en una hoja de ruta para el cumplimiento del plan de acción de la CIPD y no debe permitirnos retroceder. Este Consenso pone en el centro a las personas, en especial a las mujeres, e incluye el tema de aborto invitando a los estados a que consideren la posibilidad de legalizarlo, lo que abre la puerta para que los gobiernos de todo el mundo reconozcan que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre la maternidad. Este Consenso es mucho más inclusivo: Considerando que las brechas en salud continúan sobresalientes en la región y las estadísticas promedio suelen ocultar los altos niveles de mortalidad materna, de infecciones de transmisión sexual, de infección por VIH/SIDA y de demanda insatisfecha de anticoncepción entre la población que vive en la pobreza y en áreas rurales, entre los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes y grupos en condición de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes y jóvenes y personas con discapacidad, acuerdan: 33-Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia. 37-Garantizar el acceso universal a servicios de salud sexual y salud reproductiva de calidad, tomando en consideración las necesidades específicas de hombres y mujeres, adolescentes y jóvenes, personas LGBT, personas mayores y personas con discapacidad, prestando particular atención a personas en condición de vulnerabilidad y personas que viven en zonas rurales y remotas y promoviendo la participación ciudadana en el seguimiento de los compromisos. 42-Asegurar, en los casos en que el aborto es legal o está despenalizado en la legislación nacional, la existencia de servicios de aborto seguros y de calidad para las mujeres que cursan embarazos no deseados y no aceptados e instar a los demás Estados a considerar la posibilidad de modificar las leyes, normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardar la vida y la salud de mujeres adolescentes, mejorando su calidad de vida y disminuyendo el número de abortos (17). ; In my postgraduate formation during the last years of the 80's, we had close to thirty hospital beds in a pavilion called "sépticas" (1). In Colombia, where abortion was completely penalized, the pavilion was mostly filled with women with insecure, complicated abortions. The focus we received was technical: management of intensive care; performance of hysterectomies, colostomies, bowel resection, etc. In those times, some nurses were nuns and limited themselves to interrogating the patients to get them to "confess" what they had done to themselves in order to abort. It always disturbed me that the women who left alive, left without any advice or contraceptive method. Having asked a professor of mine, he responded with disdain: "This is a third level hospital, those things are done by nurses of the first level". Seeing so much pain and death, I decided to talk to patients, and I began to understand their decision. I still remember so many deaths with sadness, but one case in particular pains me: it was a woman close to being fifty who arrived with a uterine perforation in a state of advanced sepsis. Despite the surgery and the intensive care, she passed away. I had talked to her, and she told me she was a widow, had two adult kids and had aborted because of "embarrassment towards them" because they were going to find out that she had an active sexual life. A few days after her passing, the pathology professor called me, surprised, to tell me that the uterus we had sent for pathological examination showed no pregnancy. She was a woman in a perimenopausal state with a pregnancy exam that gave a false positive due to the high levels of FSH/LH typical of her age. SHE WAS NOT PREGNANT!!! She didn't have menstruation because she was premenopausal and a false positive led her to an unsafe abortion. Of course, the injuries caused in the attempted abortion caused the fatal conclusion, but the real underlying cause was the social taboo in respect to sexuality. I had to watch many adolescents and young women leave the hospital alive, but without a uterus, sometime without ovaries and with colostomies, to be looked down on by a society that blamed them for deciding to not be mothers. I had to see situation of women that arrived with their intestines protruding from their vaginas because of unsafe abortions. I saw women, who in their despair, self-inflicted injuries attempting to abort with elements such as stick, branches, onion wedges, alum bars and clothing hooks among others. Among so many deaths, it was hard not having at least one woman per day in the morgue due to an unsafe abortion. During those time, healthcare was not handled from the biopsychosocial, but only from the technical (2); nonetheless, in the academic evaluations that were performed, when asked about the definition of health, we had to recite the text from the International Organization of Health that included these three aspects. How contradictory! To give response to the health need of women and guarantee their right when I was already a professor, I began an obstetric contraceptive service in that third level hospital. There was resistance from the directors, but fortunately I was able to acquire international donations for the institution, which facilitated its acceptance. I decided to undertake a teaching career with the hope of being able to sensitize health professionals towards an integral focus of health and illness. When the International Conference of Population and Development (ICPD) was held in Cairo in 1994, I had already spent various years in teaching, and when I read their Action Program, I found a name for what I was working on: Sexual and Reproductive Rights. I began to incorporate the tools given by this document into my professional and teaching life. I was able to sensitize people at my countries Health Ministry, and we worked together moving it to an approach of human rights in areas of sexual and reproductive health (SRH). This new viewpoint, in addition to being integral, sought to give answers to old problems like maternal mortality, adolescent pregnancy, low contraceptive prevalence, unplanned or unwanted pregnancy or violence against women. With other sensitized people, we began with these SRH issues to permeate the Colombian Society of Obstetrics and Gynecology, some universities, and university hospitals. We are still fighting in a country that despite many difficulties has improved its indicators of SRH. With the experience of having labored in all sphere of these topics, we manage to create, with a handful of colleagues and friend at the Universidad El Bosque, a Master's Program in Sexual and Reproductive Health, open to all professions, in which we broke several paradigms. A program was initiated in which the qualitative and quantitative investigation had the same weight, and some alumni of the program are now in positions of leadership in governmental and international institutions, replicating integral models. In the Latin American Federation of Obstetrics and Gynecology (FLASOG, English acronym) and in the International Federation of Obstetrics and Gynecology (FIGO), I was able to apply my experience for many years in the SRH committees of these association to benefit women and girls in the regional and global environments. When I think of who has inspired me in these fights, I should highlight the great feminist who have taught me and been with me in so many fights. I cannot mention them all, but I have admired the story of the life of Margaret Sanger with her persistence and visionary outlook. She fought throughout her whole life to help the women of the 20th century to be able to obtain the right to decide when and whether or not they wanted to have children (3). Of current feminist, I have had the privilege of sharing experiences with Carmen Barroso, Giselle Carino, Debora Diniz and Alejandra Meglioli, leaders of the International Planned Parenthood Federation – Western Hemisphere Region (IPPF-RHO). From my country, I want to mention my countrywoman Florence Thomas, psychologist, columnist, writer and Colombo-French feminist. She is one of the most influential and important voices in the movement for women rights in Colombia and the region. She arrived from France in the 1960's, in the years of counterculture, the Beatles, hippies, Simone de Beauvoir, and Jean-Paul Sartre, a time in which capitalism and consumer culture began to be criticized (4). It was then when they began to talk about the female body, female sexuality and when the contraceptive pill arrived like a total revolution for women. Upon its arrival in 1967, she experimented a shock because she had just assisted in a revolution and only found a country of mothers, not women (5). That was the only destiny for a woman, to be quiet and submissive. Then she realized that this could not continue, speaking of "revolutionary vanguards" in such a patriarchal environment. In 1986 with the North American and European feminism waves and with her academic team, they created the group "Mujer y Sociedad de la Universidad Nacional de Colombia", incubator of great initiatives and achievements for the country (6). She has led great changes with her courage, the strength of her arguments, and a simultaneously passionate and agreeable discourse. Among her multiple books, I highlight "Conversaciones con Violeta" (7), motivated by the disdain towards feminism of some young women. She writes it as a dialogue with an imaginary daughter in which, in an intimate manner, she reconstructs the history of women throughout the centuries and gives new light of the fundamental role of feminism in the life of modern women. Another book that shows her bravery is "Había que decirlo" (8), in which she narrates the experience of her own abortion at age twenty-two in sixty's France. My work experience in the IPPF-RHO has allowed me to meet leaders of all ages in diverse countries of the region, who with great mysticism and dedication, voluntarily, work to achieve a more equal and just society. I have been particularly impressed by the appropriation of the concept of sexual and reproductive rights by young people, and this has given me great hope for the future of the planet. We continue to have an incomplete agenda of the action plan of the ICPD of Cairo but seeing how the youth bravely confront the challenges motivates me to continue ahead and give my years of experience in an intergenerational work. In their policies and programs, the IPPF-RHO evidences great commitment for the rights and the SRH of adolescent, that are consistent with what the organization promotes, for example, 20% of the places for decision making are in hands of the young. Member organizations, that base their labor on volunteers, are true incubators of youth that will make that unassailable and necessary change of generations. In contrast to what many of us experienced, working in this complicated agenda of sexual and reproductive health without theoretical bases, today we see committed people with a solid formation to replace us. In the college of medicine at the Universidad Nacional de Colombia and the College of Nursing at the Universidad El Bosque, the new generations are more motivated and empowered, with great desire to change the strict underlying structures. Our great worry is the onslaught of the ultra-right, a lot of times better organized than us who do support rights, that supports anti-rights group and are truly pro-life (9). Faced with this scenario, we should organize ourselves better, giving battle to guarantee the rights of women in the local, regional, and global level, aggregating the efforts of all pro-right organizations. We are now committed to the Objectives of Sustainable Development (10), understood as those that satisfy the necessities of the current generation without jeopardizing the capacity of future generations to satisfy their own necessities. This new agenda is based on: - The unfinished work of the Millennium Development Goals - Pending commitments (international environmental conventions) - The emergent topics of the three dimensions of sustainable development: social, economic, and environmental. We now have 17 objectives of sustainable development and 169 goals (11). These goals mention "universal access to reproductive health" many times. In objective 3 of this list is included guaranteeing, before the year 2030, "universal access to sexual and reproductive health services, including those of family planning, information, and education." Likewise, objective 5, "obtain gender equality and empower all women and girls", establishes the goal of "assuring the universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights in conformity with the action program of the International Conference on Population and Development, the Action Platform of Beijing". It cannot be forgotten that the term universal access to sexual and reproductive health includes universal access to abortion and contraception. Currently, 830 women die every day through preventable maternal causes; of these deaths, 99% occur in developing countries, more than half in fragile environments and in humanitarian contexts (12). 216 million women cannot access modern contraception methods and the majority live in the nine poorest countries in the world and in a cultural environment proper to the decades of the seventies (13). This number only includes women from 15 to 49 years in any marital state, that is to say, the number that takes all women into account is much greater. Achieving the proposed objectives would entail preventing 67 million unwanted pregnancies and reducing maternal deaths by two thirds. We currently have a high, unsatisfied demand for modern contraceptives, with extremely low use of reversible, long term methods (intrauterine devices and subdermal implants) which are the most effect ones with best adherence (14). There is not a single objective among the 17 Objectives of Sustainable Development where contraception does not have a prominent role: from the first one that refers to ending poverty, going through the fifth one about gender equality, the tenth of inequality reduction among countries and within the same country, until the sixteenth related with peace and justice. If we want to change the world, we should procure universal access to contraception without myths or barriers. We have the moral obligation of achieving the irradiation of extreme poverty and advancing the construction of more equal, just, and happy societies. In emergency contraception (EC), we are very far from reaching expectations. If in reversible, long-term methods we have low prevalence, in EC the situation gets worse. Not all faculties in the region look at this topic, and where it is looked at, there is no homogeneity in content, not even within the same country. There are still myths about their real action mechanisms. There are countries, like Honduras, where it is prohibited and there is no specific medicine, the same case as in Haiti. Where it is available, access is dismal, particularly among girls, adolescents, youth, migrants, afro-descendent, and indigenous. The multiple barriers for the effective use of emergency contraceptives must be knocked down, and to work toward that we have to destroy myths and erroneous perceptions, taboos and cultural norms; achieve changes in laws and restrictive rules within countries, achieve access without barriers to the EC; work in union with other sectors; train health personnel and the community. It is necessary to transform the attitude of health personal to a service above personal opinion. Reflecting on what has occurred after the ICPD in Cairo, their Action Program changed how we look at the dynamics of population from an emphasis on demographics to a focus on the people and human rights. The governments agreed that, in this new focus, success was the empowerment of women and the possibility of choice through expanded access to education, health, services, and employment among others. Nonetheless, there have been unequal advances and inequality persists in our region, all the goals were not met, the sexual and reproductive goals continue beyond the reach of many women (15). There is a long road ahead until women and girls of the world can claim their rights and liberty of deciding. Globally, maternal deaths have been reduced, there is more qualified assistance of births, more contraception prevalence, integral sexuality education, and access to SRH services for adolescents are now recognized rights with great advances, and additionally there have been concrete gains in terms of more favorable legal frameworks, particularly in our region; nonetheless, although it's true that the access condition have improved, the restrictive laws of the region expose the most vulnerable women to insecure abortions. There are great challenges for governments to recognize SRH and the DSR as integral parts of health systems, there is an ample agenda against women. In that sense, access to SRH is threatened and oppressed, it requires multi-sector mobilization and litigation strategies, investigation and support for the support of women's rights as a multi-sector agenda. Looking forward, we must make an effort to work more with youth to advance not only the Action Program of the ICPD, but also all social movements. They are one of the most vulnerable groups, and the biggest catalyzers for change. The young population still faces many challenges, especially women and girls; young girls are in particularly high risk due to lack of friendly and confidential services related with sexual and reproductive health, gender violence, and lack of access to services. In addition, access to abortion must be improved; it is the responsibility of states to guarantee the quality and security of this access. In our region there still exist countries with completely restrictive frameworks. New technologies facilitate self-care (16), which will allow expansion of universal access, but governments cannot detach themselves from their responsibility. Self-care is expanding in the world and can be strategic for reaching the most vulnerable populations. There are new challenges for the same problems, that require a re-interpretation of the measures necessary to guaranty the DSR of all people, in particular women, girls, and in general, marginalized and vulnerable populations. It is necessary to take into account migrations, climate change, the impact of digital media, the resurgence of hate discourse, oppression, violence, xenophobia, homo/transphobia, and other emergent problems, as SRH should be seen within a framework of justice, not isolated. We should demand accountability of the 179 governments that participate in the ICPD 25 years ago and the 193 countries that signed the Sustainable Development Objectives. They should reaffirm their commitments and expand their agenda to topics not considered at that time. Our region has given the world an example with the Agreement of Montevideo, that becomes a blueprint for achieving the action plan of the CIPD and we should not allow retreat. This agreement puts people at the center, especially women, and includes the topic of abortion, inviting the state to consider the possibility of legalizing it, which opens the doors for all governments of the world to recognize that women have the right to choose on maternity. This agreement is much more inclusive: Considering that the gaps in health continue to abound in the region and the average statistics hide the high levels of maternal mortality, of sexually transmitted diseases, of infection by HIV/AIDS, and the unsatisfied demand for contraception in the population that lives in poverty and rural areas, among indigenous communities, and afro-descendants and groups in conditions of vulnerability like women, adolescents and incapacitated people, it is agreed: 33- To promote, protect, and guarantee the health and the sexual and reproductive rights that contribute to the complete fulfillment of people and social justice in a society free of any form of discrimination and violence. 37- Guarantee universal access to quality sexual and reproductive health services, taking into consideration the specific needs of men and women, adolescents and young, LGBT people, older people and people with incapacity, paying particular attention to people in a condition of vulnerability and people who live in rural and remote zone, promoting citizen participation in the completing of these commitments. 42- To guarantee, in cases in which abortion is legal or decriminalized in the national legislation, the existence of safe and quality abortion for non-desired or non-accepted pregnancies and instigate the other States to consider the possibility of modifying public laws, norms, strategies, and public policy on the voluntary interruption of pregnancy to save the life and health of pregnant adolescent women, improving their quality of life and decreasing the number of abortions (17).