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El nuevo Estatuto andaluz recoge, pues, la participación política ciudadana en diversos planos. En realidad, desde hace ya bastantes años, constituye un lugar común en la literatura especializada articular y sistematizar los mecanismos de participación a través de "escaleras de participación"2, en cada uno de cuyos peldaños se situarían las diversas técnicas en función del papel que atribuyen a los ciudadanos y organizaciones sociales. En el nivel más bajo, vendrían a agruparse aquellas prácticas consistentes en la mera información a una ciudadanía que, habitualmente, se circunscribe al papel pasivo de ser exclusivamente receptora de la misma. En el segundo plano, se ubicarían las diferentes fórmulas que reconocen a los individuos y grupos el derecho a emitir su opinión, aunque concebidas como simples mecanismos consultivos. Finalmente, en el peldaño superior se concentrarían las fórmulas más intensas de participación, caracterizadas por operar un traslado real del poder político a la ciudadanía, en la medida en que se les reconoce una verdadera capacidad decisoria. E incluso, dando un paso más, cabría distinguir en este último grupo aquellas fórmulas participativas en que la presencia de los ciudadanos en la toma de decisiones se proyecta a la fase de control, atribuyéndoseles la capacidad de exigir medidas de compensación o sanción a las autoridades gubernamentales en caso de incumplimiento o actuación irregular.

[ES]] La presencia en la Constitución Española de 1978 de la iniciativa legislativa popular se entiende, necesariamente, gracias a la afirmación de nuestro país como un Estado Democrático, calificación que se concreta gracias a la proclamación del pluralismo político en el mismo artículo primero. Esta concepción se perfecciona, además, con el reconocimiento a la participación a través del mandato del artículo 9.2 y del derecho fundamental del 23.1. En este sentido, la tesis doctoral estudia la institución de la iniciativa legislativa popular en el ordenamiento jurídico español desde tres ópticas diferentes aunque compatibles; como instrumento de participación, como proyección del derecho fundamental de participación política (art. 23.1 CE) y como fase del procedimiento legislativo (art. 87.3 CE). Son los tres pilares presentes en el capítulo primero del trabajo, junto al análisis crítico de la naturaleza de la institución y las diferentes discusiones existentes acerca de la figura en la literatura jurídico-constitucional. Uno de los debates más relevantes que se aborda, es el de aclarar si la figura constituye una fase del procedimiento legislativo o una forma de ejercicio del derecho de participación, lo que tendría repercusiones prácticas a la hora de determinar la competencia del legislador autonómico para desarrollar la institución. El trabajo pretende acotar convenientemente el ámbito material excluido de la iniciativa, especialmente el de las materias propias de ley orgánica, así como el papel de la Mesa del Congreso en la aplicación de las diferentes causas de inadmisión. Por otro lado, la exclusión de la iniciativa popular de reforma constitucional no ha resultado pacífica para la doctrina, por lo que se valoran las diferentes posturas existentes ofreciendo una visión sobre el particular. Asimismo, el trabajo estudia en el capítulo segundo la configuración constitucional de la iniciativa legislativa popular a través de los debates constituyentes de 1978, analizando las causas histórico-políticas que ...

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La naturaleza participativa y complementaria de la iniciativa legislativa popular. 3. Análisis de la ley de iniciativa legislativa popular. 4. Experiencia práctica: la iniciativa legislativa en España (1983-2007). 5. Reflexión final. 6. Bibliografía.

La iniciativa legislativa popular (ILP) en España ha mantenido una eficacia muy limitada con tan sólo cuatro proposiciones adoptadas como ley en el Congreso de los Diputados. Cuarenta años después de la aprobación de la LO 3/1984 de ILP, es preciso analizar las causas que cercenan su empleo, ya que el 37% de las iniciativas resultan inadmitidas y otro 37% caduca sin reunir las firmas requeridas. La Constitución Española estipula (art. 87.3) un margen formal y material muy estrecho para el instrumento, con un requisito de firmas que dificulta el acceso de las propuestas y una exclusión de las materias propias de ley orgánica especialmente lesiva, como se comprobará. Auspiciado por la crisis económica y de confianza, desde el año 2011 se ha producido cierto repunte en la utilización del mecanismo que es preciso analizar, pues parece desmontarse parcialmente la idea extendida sobre el carácter anodino e ineficaz de la figura.
Recibido: 07.02.2023Aceptado: 13.06.2023

El 15M y la Plataforma de Afectados por las Hipoteca (PAH) han mostrado de nuevo que se puede promover un debate parlamentario más allá del bipartidismo heredado después de la transición. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) -propuesta de ley planteada directamente por la ciudadanía a partir de un número establecido de firmas- se puede presentar en el parlamento español o en las comunidades autónomas. En Cataluña se utilizó este mecanismo en un momento crítico de la lucha contra los transgénicos en el campo. Aunque la ILP no progresó los resultados de sensibilización fueron notables.

Como mecanismo de participación, la iniciativa legislativa popular encaja en los objetivos pretendidos en la construcción del Estado autonómico: lograr una mayor descentralización política y una identificación más intensa de la ciudadanía con las instituciones y asuntos públicos. A pesar de una configuración jurídica inicialmente mimética y restrictiva, desde el año 2006 el legislador autonómico ha introducido mediante las leyes de segunda generación una serie de cambios que pretenden mejorar la operatividad del mecanismo y que será preciso analizar. Pese a la intrascendencia práctica de la figura en las primeras legislaturas, el empleo de la ILP se ha incrementado notablemente en las dos últimas décadas gracias principalmente al impulso de la sociedad civil organizada. Esto ha permitido que hasta treinta y cinco proposiciones de origen popular se hayan convertido en ley en las asambleas autonómicas.

La Iniciativa legislativa popular (ILP) es una institución que ha ganado terreno en los últimos 30 años en América Latina. El análisis de esta institución se comparte entre el Derecho constitucional y la Teoría política, pero las exigencias de esta última, sobre la base de concepciones minimalistas de la democracia directa, han desvirtuado, de cierta manera, su esencia normativo-conceptual. En el siguiente trabajo se analiza la ILP desde una perspectiva procedimental, teniendo en cuenta su regulación en la Constitución y en las leyes de desarrollo en 16 ordenamientos de América Latina. Como resultado de este análisis, se deducen principios que informan su procedimiento y que optimizan las normas que la regulan, así como una tipología menos radical y más consecuente con la incidencia del principio democrático en esta institución.