Suchergebnisse

Como respuesta al conflicto armado que se ha desarrollado en Libia a lo largo de 2011, la UE ha ejecutado las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad que no implican el uso de la fuerza, ha destinado más de 150 millones de euros de ayuda humanitaria a la región, ha puesto en marcha la operación FRONTEX "EPN Hermes Extensión 2011", y ha proyectado una operación militar de apoyo a la asistencia humanitaria, la EUFOR Libia, que nunca se ha desplegado. En una perspectiva más general, las revueltas populares que se han sucedido en varios Estados del sur del Mediterráneo, entre ellos Libia, en el que se ha desembocado en una guerra civil, han certificado el fracaso de la política exterior de la UE en esta región. En efecto, durante la última década la política euromediterránea de la UE ha estado mucho más centrada en la cooperación económica y comercial —sobre todo en el campo energético— y en el control de la inmigración irregular, que en el escrupuloso respeto del ordenamiento internacional y la promoción de la democracia, el Estado de derecho y el respecto de los derechos humanos, así como el desarrollo económico y social de la población de los Estados del sur del Mediterráneo. ; As a response to the armed conflict occurred in Libya during year 2011, the EU has applied those Security Council sanctions not involving the use of force. Likewise, the EU has allocated more than E 150 million to humanitarian assistance in the region having implemented Frontex Operation «EPN Hermes Extension 2011» as well and having designed a military operation in support of humanitarian assistance there —the so-called EUFOR Libya, never deployed before. From a more general perspective, people's uprisings in several Southern Mediterranean States —which in the Libyan case has led to a civil war— have proved the failure of EU's foreign policy in the region. In fact, EU's Euro-Mediterranean Policy in the last decade has been mainly focused on financial and trade cooperation (especially in the energy field) and on irregular migration control, to the detriment of the full respect for International Law, and the promotion of democracy, the rule of Law and the respect for human rights, and the economic and social development of the peoples in Southern Mediterranean States. ; Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación coordinado, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, "La Política Mediterránea de la Unión Europea en perspectiva: el proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses españoles" (DER2009-14238-C02-01).

. ; Constituye un gran error olvidar que los profesionales del derecho no pueden ser simples aplicadores de códigos normativos, sino que a partir de una serie de declaraciones de principios deben ser intérpretes de la ley, siempre en clave constirucionalista. Nadie es aséptica por naluraleza ante un conflicto social. No interesa que el poder judicial sea débil, vulnerable e ineficaz, para así criticarlo cada vez que se discrepe de sus decisiones. Al poder político le gustan mucho más los juristas que se limitan a aplicar de forma literal y neutra la ley. El objetivo primordial del derecho es decidir lo que es justo. La administración de justicia tiene que ser honesta, servida por personas con una sólida formación jurídica; pero, al mismo tiempo, dotadas también de una inseparable formación complementaria en campos tan próximos al derecho como son la ética, la criminología, la educación psicosocial. El lenguaje jurídico debe ser también vehículo de comprensión de la ley. ; We make a great mistake when we forget that law professionals cannot be merely appliers of legal codes, but that they must interpret the law, always from the constitucionalist standpoint. Nobody is aseptic by nature in the face of a social conflict. Legal powers cannot be weak, vulnerable and inefficatious, and we must be able to criticise them when we do not agree with their decisions. Political power prefers jurists who merely apply the law literally and neutrally. The main objective of the law is to decibe what is fair. The administration of justice must be honest, served by people with solid legal training. Hoewer, they must also be endowed with an inseparable complementary training in areas close to law such as ethics, criminology.

El TJUE ha desarrollado una rica jurisprudencia en torno a la edad como causa de discriminación prohibida, si bien con una exclusiva proyección en el ámbito de las relaciones laborales, pues hasta ahora es el único ámbito donde el Consejo ha ejercido la competencia prevista en el art. 19 TFUE en relación con esta causa de discriminación. Tal y como se articula en la Directiva 2000/78, la edad es merecedora de un nivel intermedio de protección, sobre todo en comparación con otras discriminaciones prohibidas por el Derecho de la Unión, como el sexo o la nacionalidad. Ello se debe a la propia redacción de la Directiva 2000/78, que establece un marco general mínimo para luchar contra la discriminación por razón de edad, circunscrito al ámbito del empleo y la ocupación. No obstante, el TJUE aporta importantes precisiones respecto al alcance y la articulación de las causas de justificación de una diferencia de trato basada en la edad, tal y como se establecen en dicha Directiva, así como respecto a ciertos efectos jurídicos de la no discriminación por razón de la edad, especialmente en las relaciones entre particulares. En este sentido, el TJUE ha afirmado la aplicación supletoria e incluso independiente del principio general del Derecho que prohíbe la discriminación por razón de la edad, también en las relaciones horizontales, siempre que la situación litigiosa se englobe dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. La jurisprudencia Mangold/Kücükdeveci confirma con certeza que la Directiva 2000/78 no ha establecido un principio general de no discriminación por razón de la edad, sino que esta norma está destinada a facilitar la aplicación concreta de este principio general del Derecho en el ámbito del empleo y la ocupación, pero sin alterar el contenido ni el alcance jurídico del mismo. Ahora bien, en el Asunto Kücükdeveci el TJUE ha revisado el fundamento de este principio general del Derecho al entender que, a partir de su positivación en el art. 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales, es ésta la sede desde la que dicho principio despliega sus posibilidades y los límites de su eficacia. Este razonamiento ha sido utilizado por el TJUE para afirmar que otras manifestaciones específicas del principio de no discriminación, como la orientación sexual, también se benefician del estatus de principio general del Derecho de la Unión. ; The ECJ has developed a significant amount of case law on age as a prohibited ground of discrimination, this case law having been so far exclusively reflected in the labour relations field. This is the only field where the Council has exercised the competence set forth in art. 19 of TFEU on this ground of discrimination. Under Directive 2000/78, age is granted an intermediate level of legal protection, especially when compared to other prohibited grounds of discrimination under EU Law, such as sex or nationality. This results from the drafting of Directive 2000/78 itself, which establishes a minimal general framework to fight discrimination on the ground of age, one exclusive to the employment and occupation fields. However, the ECJ provides significant specifications as to the scope and wording of the pleas for unequal treatment on the ground of age, as established in the said Directive. Likewise, the ECJ, details the particular legal effects of non-discrimination on the grounds of age, especially on relations between individuals. In this sense, the ECJ confirms the supplementary, even independent, application of the legal general principle prohibiting discrimination on grounds of age to horizontal relations, provided that the dispute is framed within the EU Law scope of application. The Mangold/Kücükdeveci case law confirms that Directive 2000/78 does not establish a general principle of non-discrimination on grounds of age, but it facilitates the application of this legal General Principle of EU Law to the labour field, without altering the principle's legal content or scope. Yet, in the Kücükdeveci case, the ECJ has reviewed the basis of this General Principle of EU Law, enshrined in Article 21 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, upon considering the latter the legal framework within which the principle becomes effective. This has been the reasoning provided by the ECJ so as to hold that other specific manifestations of the principle of non-discrimination, as for instance sexual orientation, are granted the status of General Principles of EU Law as well.

El TJUE ha ido desarrollando una relevante jurisprudencia sobre el principio general de igualdad de trato, centrada principal, aunque no exclusivamente, en alguna de sus manifestaciones específicas, como la edad, y que se ha caracterizado por ofrecer una interpretación amplia y generosa de dicho principio, reforzando su alcance y contenido normativo. Esta doctrina jurisprudencial ha desempeñado un papel impulsor de la acción de la Unión en aquellos ámbitos competenciales donde habitualmente opera el principio de igualdad de trato, como la política social y la política de empleo. Ahora bien, esta tutela judicial de la igualdad de trato se funda en una jerarquía de motivos discriminatorios que tiene su origen en una opción del legislador de la Unión y que se proyecta tanto en el distinto alcance material de las discriminaciones prohibidas como en los diferentes niveles de justificación de las diferencias de trato admisibles. ; The ECJ has developed significant case-law on the general principle of equal treatment, this being chiefly focused, although not exclusively, on some of its particular aspects, such as age. The said case-law is characterized for its wide and generous interpretation of the aforementioned principle, having reinforced its regulatory scope and content. This case-law has given impetus to EU's action in those competence scopes where the principle of equal treatment applies, such as in social and employment policies. However, the legal protection of equal treatment is founded on a hierarchy of discrimination grounds reliant on a choice made by EU's lawmaker, which is reflected at both the various material scopes of prohibited discriminations and the various levels of justification of those differences in treatment which are admissible. ; El presente trabajo se encuadra dentro del Proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación «La 'política mediterránea' de la UE en perspectiva: el Proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses españoles», Código DER2009-14238-C02-01.

Malgrat que des de feia ja molt de temps existien raons socials, mediques i jurídiques més que suficients, han tingut de passar més de cent vint anys (1889-2011) per a que es dugués a terme la necessària reforma de l'obsolet article 30 CC. mitjançant la qual s'ha prescindit, per fi, de l'estranya, per anòmala, i criticada condicio iuris – figura humana i supervivència independent més enllà de les primeres 24 hores – que caracteritzava l'adquisició de la personalitat civil en el Dret espanyol, sense parangó en els ordenaments del seu entorn jurídic. El nou criteri, fonamentat únicament en el naixement entès des de la seva consideració jurídica – despreniment del claustre matern -, permet prescindir, des d'aquest "moment", de qualsevol limitació a la projecció jurídica, tant personal com patrimonial, del nounat, incloent per tant els efectes successoris mortis causa. El desencadenant de la novetat legislativa, vehiculada per la nova Llei del Registre Civil (2011), no fou un altre que la regulació dispensada amb anterioritat (2010) per l'article 211-1.1 del Codi civil de Catalunya, que va fer descansar ja en el mer naixement l'atribució de la personalitat civil. Tant la tramitació parlamentària de la modificació de l'art. 30 CC. com el desenvolupament de la qüestió competencial plantejada pel Govern de l'Estat en contra del precepte català, confirmen, en un procés de mútua interferència, la influencia determinant que sobre la reforma duta a terme va tenir la decisió de Catalunya de legislar sobre aquesta matèria. ; A pesar de que desde hacía ya mucho tiempo existían razones sociales, médicas y jurídicas más que sobradas, han tenido que pasar más de ciento veinte años (1889-2011) para que se llevara a cabo la necesaria reforma del obsoleto artículo 30 CC., mediante la cual se ha prescindido, por fin, de la extraña, por anómala, y criticada condicio iuris – figura humana y supervivencia independiente más allá de las primeras 24 horas - que caracterizaba la adquisición de la personalidad civil en el Derecho español, sin parangón en los ordenamientos de su entorno jurídico. El nuevo criterio, fundamentado únicamente en el nacimiento entendido desde su consideración jurídica –desprendimiento del seno materno -, permite prescindir, desde este "momento", de cualquier limitación a la proyección jurídica, tanto personal como patrimonial, del recién nacido, incluyendo por tanto los efectos sucesorios mortis causa. El desencadenante de la novedad legislativa, vehiculada por la nueva Ley del Registro Civil (2011), no fue otro que la regulación dispensada con anterioridad (2010) por el artículo 211-1.1 del Código civil de Cataluña, que hizo descansar ya en el mero nacimiento la atribución de la personalidad civil. Tanto la tramitación parlamentaria de la modificación del art. 30 CC. como el desenvolvimiento de la cuestión competencial planteada por el Gobierno del Estado en contra del precepto catalán, confirman, en un proceso de mutua interferencia, la influencia determinante que sobre la reforma llevada a cabo tuvo la decisión de Cataluña de legislar sobre esta materia. ; Even though there were more than enough social, medical and legal reasons, the necessary reform of the obsolete Art. 30 CC has lapsed for over a hundred and twenty years (1889-2011), whereby it has finally dispensed the strange, anomalous, and criticized condicio iuris –independent human figure and survival beyond the first 24 hours– that characterized the acquisition of legal personality on Spanish law unparalleled in neighbor legal systems. The new approach, based solely on the birth understood as a legal consideration -detachment of the womb- discharges from this "moment" of any limitation to the legal projection, personal and patrimonial, of the newborn, thus including successoral effects mortis causa. The trigger for the new legislation, conveyed by the new Civil Registry Act (2011), was none other than the previously approved regulation in 2010 of the Catalonian Civil Code, which of links the attribution of legal personality on the mere fact of birth (Article 211-1.1). Both the parliamentary process of the amendment of art. 30 CC as well as the development of the issue of jurisdiction raised by the State Government against the Catalan law, confirms, in a process of mutual interference, the decisive influence that the reform carried out in Catalonia had on the decision to legislate on this matter.

Demokratia ja tehokkuus muodostavat kunnallishallinnon keskeisimmän arvopohjan. Näiden välillä vallitsee tietynlainen jännite. Kauko Heurun väitöskirjassa tutkitaan oikeushistoriallisessa valossa kunnanvaltuuston asemaa tämän jännitteen sisällä. Siinä selvitetään kunnanvaltuuston vallan syntyhistoria sekä sen kehittyminen yhteiskunnallisen muutoksen osana. Kunnallishallinnossa on perinteisesti korostettu demokraattisia arvoja. 1990 -luvulla tässä tapahtui ratkaiseva muutos. Tällöin tehokkuusvaatimukset voimistuivat, ja niihin myös vastattiin. Maamme kunnallishallinto siirtyi erilaisten kokeilujen ja hallinnonuudistusten kautta uudenlaiseen kunnallishallintoon, jonka johtavana aatteena on tulosjohtamisen idea. Mitä pitemmälle tulosjohtamista on kunnallishallinnossa toteutettu, sitä enemmän valtuusto on menettänyt asemaansa kunnan päätösvallan käyttäjänä. Valtuuston valtaa on siirretty täytäntöönpanijoille tietoisesti, mutta sitä on siirtynyt myös salaisesti. Jokainen pelkän tavoitteen asettava valtuuston päätös, jota ei sidota keinovalikoimaan, siirtää valtuuston valtaa. Samoin tekee määrärahapäätös, jota ei sidota yhteen määrätarkoitukseen. Yleistymässä oleva käsitys valtuuston aseman heikkenemisestä saa tutkimuksellista vahvistusta. Kauko Heuru selvittelee yli 400 -sivuisessa väitöskirjassaan laajasti tämän kehityksen syitä. Tällöin hän osoittaa kunnallishallinnon kiinteän yhteyden yhtäältä valtioon ja toisaalta ajan yleisiin virtauksiin. Hän näkee, että 1980 -luvulla alkanut kunnallishallinnon uudistaminen ei ollut ilmiönä itsenäinen, vaan se liittyi kiinteästi uusliberalismin nousuun ja valtionhallinnon uudistamiseen. Kunnallishallinnon vahvistamisen nimissä tehdyt lainsäädännölliset uudistukset kuten normien purku, vapaakuntakokeilu ja kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistaminen olivat tarkoitukseltaan ensisijassaq valtionhallinnon uudistamista. Valtion edustajat eivät kuitenkaan ajaneet kuntia muuttamaan hallintoaan, vaan tämän tehtävän hoitivat kuntien keskusjärjestöt. Ne aloittivat jo 1970 -luvulla määrätietoisen koulutus- ja muun ohjaustoiminnan mangeristisen kunnallishallinnon aikaansaamiseksi. Kaiken perustana oli uusliberalismi sekä amerikkalainen liiketaloustieteellinen tutkimus ja sen osakseen saama huomio OECD-maiden julkisessa hallinnossa. Kauko Heuru pohtii myös valtuuston aseman vahvistamista. Hän tulee siihen tulokseen, että nykyajan tehokkuuden ihannointi antaa vain vähän mahdollisuuksia siihen. Näistä merkittävämpänä on vallan ja vastuun jaon normatiivinen täsmentäminen. Tämä merkitsee nykyistä selkeämmän poliittisen johtajuuden luomista suomalaiseenkin kunnallishallintoon. Tutkija, jolla itsellään on pitkä kaupunginjohtajan virkaura, puoltaa pormestarityyppistä johtamisjärjestelmää. Tämän hän tekee nimenomaan valtuuston vallan kannalta. ; The study was designed to investigate the origins of the competency to use municipal decision-making power and its development in the light of the central development of municipal law, including causal relationships and systematization of municipal law. The frame of reference consisted of the democratic values and efficiency values of local government. Up to the end of the 1980s local government in Finland can be regarded as a legal-administrative practice. In a closer analysis, we can distinguish three pha-ses: liberalism, rule-of-law and social state. In the beginning of the 1990s the Finnish state administration was refor-med in line with the managerial theory. The idea of management by results played a key role in this development. Local government was remodelled on the same con-cept. From the 1990s on we can speak of managerial local government. The entire legal-administrative period was characterized by the priority of democratic values in local government. While demands for efficiency grew, they we-re mainly responded to by detailed norm setting and direction by the state. The launch of management by results meant that efficiency values took precedence over democratic ones. If municipal decision-making power is understood as competency to form local intent, and if we assume as municipal laws have assumed that the exercise of this power resides in the local council, the introduction of managerial local go-vernment and management by results has not been possible without transferring aut-hority from the local council to the executive organization. The main reason was that local government activities had become increasingly target-oriented. This involved a demand to separate strategic and operational activities. According to the idea of ma-nagement by results, strategic activities cover the setting of general objectives, whe-reas concrete (case-specific) decisions should be made at the operational level. The level of strategic activities is formed by the work of the local council, and the level of operational activities by the work of the executive organization. The local council's (the local government's) decision-making power can be transferred legally to the executive organization within the limits of the law by a by-law. This is called delegation, whereas in the management-by-results system local decision-making power is factually transferred in other forms too. This happens either in a permissible manner or secretly, and the more the more generally the coun-cil has set the objectives and the more systematically strategic and operational acti-vities are separated. The most important tool for transferring the council's power is the municipal budget, even if the law does not recognize it as such. The introduction of the management-by-results system to local govern-ment broke the mechanisms that had protected the council's authority in the legal-administrative practice. Such mechanisms included general budget principles (no-tably the detail principle) and the inner logic of the dual principle of local govern-ment. The detail principle required that the municipal budget be detailed to the extent that none of the council's power could be transferred to the executive or-ganization through this way. For the purpose, the budget was to be divided in ap-propriations up to one designation. The inner logic of the dual principle corresponded to the perceptions of the rule of law and legal positivism about formal rational legal order; implementation was based on subsumptional logic rather than independent consideration. Expedien-cy, which thus was not conveyed from the decision to be implemented, did not reside with the executive organization. During the legal-administrataive local government, the number of muni-cipal officials increased steadily. However, we cannot speak of bureaucracy in the true sense of the word, because municipal offices existed mainly for executive func-tions only. During managerial local government, municipal officials became also executors of the self-government of local residents. Generally, it can be said that the further the idea of management by re-sults is taken in local government, the more the status of the council shifts from a decision maker to a legalizer of municipal activities. Along with the change the conceptual contents of municipal democracy have changed. The decision-making moment is no longer the sole basis of evaluati-on, rather, it is the moment when the consequences are seen. Newer research has anticipated a shift from representational democracy towards direct democracy, but it seems unlikely. Representational democracy still appears to have its chances. This requires increasing attention to the political functi-on of municipalities, including stricter normative definition of municipal authority and responsibility. In the end, the key issue is whether the Finnish local government will have a distinct political leader or not.

L'historiador Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) és un dels principals experts en l'evolució del dret als Estats Units. Ha rebut diverses distincions. Entre les seves nombroses publicacions, destaquen A History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) o American Law in the 20th Century (2003). Els seus escrits han esdevingut textos de referència en el camp de la història legal. Ha estat professor a les facultats de Dret de la Universitat de Wisconsin (EUA) i de la Universitat de Saint Louis (EUA). Actualment, és professor de la Universitat de Stanford (EUA), on treballa a la Facultat de Dret, al Departament d'Història i al Departament de Ciència Política. Va visitar Barcelona per participar al Primer Fòrum de l'Associació Internacional de Sociologia i, el 8 de setembre, va pronunciar una conferència a la Facultat de Dret de la UAB. ; El historiador Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) es uno de los principales expertos en la evolución del derecho en los Estados Unidos. Ha recibido diversas distinciones. Entre sus numerosas publicaciones, destacan History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) o American Law in the 20th Century (2003). Sus escritos se han convertido en textos de referencia en el campo de la historia legal. Ha sido profesor en las facultades de Derecho de la Universidad de Wisconsin (EE.UU.) y de la Universidad de Saint Louis (EE.UU.). Actualmente, es profesor de la Universidad de Stanford (EE.UU.), donde trabaja en la Facultad de Derecho, en el Departamento de Historia y en el Departamento de Ciencia Política. Visitó Barcelona para participar en el Primer Foro de la Asociación Internacional de Sociología y, el 8 de septiembre, pronunció una conferencia en la Facultad de Derecho de la UAB. ; Historian Lawrence M. Friedman (Chicago, 1930) is one of the main experts in the evolution of law in the United States. He has received numerous prizes and is author of several works, including History of American Law (1973), The Horizontal Society (1999) and American Law in the 20th Century (2003). His works have become a reference in the field of legal history. He was professor at the University of Wisconsin Law School and at Saint Louis University School of Law before joining the Stanford Law School faculty in 1968, where he is currently professor of law at the Stanford University Department of History and the Department of Political Science. During his visit to Barcelona he participated in the First ISA Forum of Sociology and gave a conference at the UAB Faculty of Law on 8 September.