PRENSA: NEW YORK HERALD TRIBUNE
Certificate of withdrawal of two newspaper clippings from the New York Herald Tribune on August 26 and September 1938. They include two diplomatic notes between Mexico and the United States. The first note is signed by Secretary of State Cordell Hull and was given to the Ambassador of Mexico in Washington Dr. Francisco Castillo Nájera. Eduardo Hay; Secretary of Foreign Affairs during Cárdenas administration signed the response to the note and gave it to the American Ambassador Josephus Daniels. The note signed by Hull is titled "Full Text of U.S. Note to Mexico Renewing Demand for Arbitration on Land Seizures". The note is a claim from the U.S. government to compensate the American landowners whose properties were seized by the Mexican government. The Mexican government states that the economic compensation will be postponed until the circumstances are favorable. Both governments agree to form a commission to evaluate the amount of properties seized, the landowners that must be compensated and the money amount of the compensation. In case the U.S. and Mexican governments do not reach an agreement, a third party will be named by the Permanent Commission of the Gondra Treaty (signed in Chile on May 3, 1923) to find a resolution. / Constancia de retiro de dos recortes del New York Herald Tribune de Nueva York, N.Y., del 26 de agosto y del 5 de septiembre de 1938 que reproducen íntegros los textos de dos notas diplomáticas intercambiadas entre los gobiernos de Estados Unidos y México. La primera está firmada por el Secretario de Estado Cordell Hull y le fue entregada al Embajador de México en Washington, Dr. Francisco Castillo Nájera; la respuesta la firmó Eduardo Hay, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno del general Lázaro Cárdenas y fue entregada al Embajador Norteamericano Josephus Daniels. La nota firmada por Hull se titula "Full Text of U.S. Note to Mexico Renewing Demand for Arbitration on Land Seizures". Consta de siete apartados y es una demanda al gobierno de México para que indemnice a los terratenientes norteamericanos, cuyas propiedades fueron confiscadas o expropiadas por los gobiernos revolucionarios, a quienes no se les ha pagado de acuerdo con las mínimas normas del derecho internacional, que es el único válido para el gobierno norteamericano. La nota manifiesta la sorpresa y molestia que causa el argumento esgrimido por el gobierno de México de que sí reconoce la deuda pero que la pagará de acuerdo a sus leyes y sus tiempos. El gobierno de México contesta justificando la expropiación de bienes por causa de utilidad pública y justifica que el pago de indemnización se posponga e incluso se cancele cuando las condiciones del país así lo exijan. México se muestra de acuerdo con la propuesta norteamericana de nombrar una comisión con representantes de ambos países que evalúe cuántas tierras fueron confiscadas, a quiénes y cuánto hay que pagar. Si ambas partes no llegan a un arreglo será un tercero en discordia quien resuelva, mismo que puede ser nombrado por la Comisión Permanente del Convenio de Gondra, firmado en Chile el 3 de mayo de 1923.