Nukleare Rüstungskontrolle unter der Bush-Administration
In: Rissener Einblicke, Heft 8-9, S. 51-64
ISSN: 1610-1472
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In: Rissener Einblicke, Heft 8-9, S. 51-64
ISSN: 1610-1472
World Affairs Online
In: Die Neue Gesellschaft, Band 26, Heft 10, S. 883-887
ISSN: 0028-3177
World Affairs Online
20 años las naciones ricas pensando el Desarrollo; 20 años las naciones pobres defendiendo los recursos; 20 años, sin recursos y sin Desarrollo. 4. Movimientos sociales se resisten a la minería a gran escala en América LatinaAsí como se evidencia la relación entre conflictos mineros y violaciones a los derechos de las personas que cohabitan en zonas con recursos, podemos afirmar que existe una capacidad de organización social, que denuncia y defiende derechos con base en la universalidad (para todos), la inviolabilidad, en la no negociabilidad, en la imprescriptibilidad, en la indivisibilidad y en la irreversibilidad. Sin embargo esta protesta y resistencia por parte de los ciudadanos que están directamente involucrados en conflictos mineros en América Latina, presentan problemas de todo tipo que van desde la criminalización de la protesta hasta la expulsión de sus territorios (1) (Gráfico 6). El cuadro 3 demuestra los casos de criminalización, siendo esta la práctica más reiterada en los países con mayores recursos y también en donde sus poblaciones en buen porcentaje son comunidades étnicas (indígenas). Cuadro 3.PaísCasos de criminalizaciónMéxico1Nicaragua1Colombia1Brasil1El Salvador2Guatemala3Perú7Ecuador10Es importante resaltar que no se trata de una serie de protestas sociales de tipo reaccionario al sistema económico, como fueron los discursos anti-imperialistas de los años 70. Se trata de justas reclamaciones por la defensa de la Vida y la exigencia a las multinacionales a la extracción responsable; no solo con la naturaleza sino con las comunidades que conviven en ambientes llenos de recursos. En este sentido la organización social latinoamericana, se ha ido cuantificando y cualificado especialmente en aquellas regiones / países en donde se presentan más conflictos y a su vez mayor inversión externa al sector minero. (Cuadro 4) Cuadro 4. Matriz de organizaciones involucradas asuntos mineros según el Observatorio de conflictos Mineros de América Latina y el I Encuentro Nacional Minero, Colombia, 2012 (2) PaísOrganizacionesColombia (3)Censat Agua Viva / AICO Pueblo de los Pastos, AIDA, Asentamiento indígena wayuú de Tamaquito II, Asociaciones de Zonas de Reserva Campesina, ASOCOMUNAL (Caldono), Asociación Minga, ASAPAZ, ASOCAMPO, BIOSIGNO, FEDERACIÓN DE MINEROS DEL CHOCO (AFROS), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAMAWARI Pueblo (Awá de Ricaurte Nariño), CEAT (UN) UNIVALLE, Cimarrón, CIMA, Cinep, CODHES, Colectivo C.A.M.P.O, Colectivo S.E.A.T., Comisión de Seguimiento a sentencia 072, CSJ, Consejos Comunitarios del Chocó, Corporación Arco iris, Corporación Compromiso – Bucaramanga, CRIHU (Huila), CRIR (Risaralda), Espacio Regional de Paz del Cauca, Fundación Natura, Gidca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, Informe de desarrollo humano PNUD, International Alert, Mesa joven minería, Mesa de Unidad Agraria – MUA, OIA (Antioquia), ONIC, PCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Planeta Paz, Pueblo PASTOS (Nariño), Pueblo Wayuú (GUAJIRA), Pueblo Piaroa de Vichada, Pueblo Nasa de Caquetá, Suippcol, Red de justicia ambiental, Resguardo indígena Wayuú de Provincial.EcuadorAcción Ecológica, Pastoral Shuar, Pueblo Shuar Arutam, FICSH, Coordinadora de mujeres Intag, CDNV, Fundación Vientos de VidaPerúGrufides, Cooperación, Vima, ConacamiBoliviaCEPA, CEDIB, Centro Vicente Cañas, SOPE, EcomujeresArgentinaAsamblea Patagónica por la vida y el territorio contra el saqueo y la contaminaciónChileOlca, Conferre, Justicia paz e integralidad de la creación de St Columbano, Defensa del Valle Chalinga, Pastoral Salvaguarda de la creación, OCAS, Consejo Ciudadano Salamanca, Grupo Atacama LimpiaFuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio de Conflictos mineros de América Latina, disponible en http://www.conflictosmineros.net/quienessomos, mayo 2012 El trabajo que adelanta el Observatorio de Conflicto mineros es importante. Sin embargo existe otro cúmulo de organizaciones que realizan un trabajo similar y no hacen parte de él como por ejemplo la Asamblea Popular por el Agua en Argentina y en Colombia, el Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC.En Argentina, La Asamblea Popular por el Agua es una iniciativa ciudadana que surgió en el año 2006 como una expresión de rechazo a los proyectos de la mega minería y por la defensa del agua. La Asamblea que reúne diferentes sectores sociales de la provincia de Mendoza, logro en junio de 2007 que se sancionara la ley 7722 la cual prohíbe la minería contaminante. Desde entonces, esta asamblea conformada por un cúmulo de organizaciones sociales y comunitarias de la provincia, trabaja por defender el ambiente libre de minería contaminante por medio de la movilización social, la pedagogía ciudadana entre otras (4). En Colombia existen muchos más colectivos y asambleas populares y sociales que de a poco se han ido organizando para debatir y hacer propuestas sobre el impacto y los costos de la mega minería. El ejemplo más reciente, fue el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012, convocado principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC. Este primer encuentro denotó la necesidad apremiante de las comunidades que se resisten a salir de sus territorios o permitir el uso indiscriminado de los recursos, dando paso a la contaminación del ambiente, la desigualdad económica, la ausencia de transparencia institucional entre otras.Conclusiones del Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y mineríaa) que la política se orienta en beneficio de favorecer la privatización de empresas públicas mineras y el manejo exclusivo de las transnacionales; siendo declarada como actividad de utilidad pública e interés social lo que habilita un proceso de reforma y transformación del Estado por medio de una locomotora legislativa que facilita la expropiación de tierra e irrespeta el derecho fundamental a la consulta previa. Informando que se han protocolizado 156 procesos de consulta previa en el 2012 referidos a proyectos de inversión donde ha sido característico que su realización se hace desconociendo la participación de las organizaciones regionales.b) que hay especulación por parte de las compañías en las fases previas a la explotación, y que los recursos que pagan las compañías por concepto de regalías e impuestos sobre la renta, les son devueltos luego en exenciones fiscales y subsidios; facilitados por la corrupción de las instituciones locales, departamentales y nacionales.c) que se han ejecutado desalojos de comunidades, desplazamientos masivos y pérdida de territorios ancestralesd) que hay contaminación del aire por las explosiones para extraer el carbón, derrame de sustancias tóxicas, muerte de peces, contaminación de fuentes hídricas, deforestación y erosión de suelos, destrucción de las redes de acueductos comunitarios Se presentan fenómenos de transformación de las culturas, ruptura del tejido social, pérdida de usos y costumbres, afectación a las economías locales (trueques), invasión de tecnología que afecta a la población joven de los resguardos, llegada de programas asistenciales gubernamentales que afectan la cohesión de los pueblos indígenas, pérdida de medicina tradicional y de sabios indígenas cuidadores del territorio.f) que la amenaza minera se extiende en la mayoría de los territorios, utilizando nueva tecnología para adelantar las actividades de prospección y exploración en especial sobre territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes; lo cual produce alteración de usos del suelo y de la productividad de la tierra, y que las empresas transnacionales, por medio de actos de corrupción estatal diseñan planes de ordenamiento territorial de los municipios. También que las zonas entregadas en concesión en territorios indígenas coinciden con sitios sagrados o con sus áreas circundantes. Se denuncia que muchos proyectos de infraestructura vial están al servicio de megaproyectos mineros.g) Que los conflictos mineros acrecientan la presencia de actores armados, fuerza pública, guerrilla, paramilitares, en particular la creación de unidades militares minero-energéticas especializadas en la custodia y protección de los proyectos y batallones de alta montaña en territorios indígenas; se intensifican los enfrentamientos entre grupos armados que afectan a la población civil con situaciones generadas por explosivos abandonados o minas anti persona.Fuente: apartes de las conclusiones Generales del Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería La María, Piendamó, Cauca, abril 27 de 20125. Desarrollo y sustentabilidadLa creciente complejidad de los distintos sistemas sociales y políticos contemporáneos, nos hacen reflexionar nuevamente sobre aquello que parecía claro y resuelto hace 20 años. Estuvimos en Rio 1992, debatimos ideas rectoras e imaginamos las recetas para conseguir el desarrollo sostenible. En el papel todo parecía quedar claro y de fácil consecución (4). 20 años después nos encontramos de nuevo en Rio (junio, 2012), con algunos deberes inconclusos y en muchos casos con problemas de desarrollo y sostenibilidad agravados. Entonces, la primera pregunta que se formula, es ¿qué paso en estos 20 años para no haber logrado los objetivos planteados en 1992? En estos 20 años, se ratifica que la especie humana no es una especie que actúa exclusivamente por intereses económicos; comprobamos lo anterior, porque algunas sociedades humanas conservan su componente espiritual y luchan por ello, lo cual las hace trascender para valorar otra realidad, que se desconoce al momento de trazar políticas de alcance social y político para el desarrollo sostenible. Todos los pueblos quieren alcanzar este desarrollo sostenible: el problema que sugiere esta premisa, es qué significa estos dos conceptos para ellos y como se realiza una construcción colectiva para lograrlo. Un ejemplo claro de lo anterior, es la explotación minera en América Latina. Sin entender esta relación, jamás podrá existir un proyecto minero sin conflictos sociales o políticos. O se realizará dicho proyecto sin que impliquen violaciones a derechos, si esa comunidad tiene antecedentes mineros, es decir, si históricamente tiene vínculos de ese tipo con su tierra. Al respecto, es importante trabajar y demostrar que los recursos son necesarios para el crecimiento económico de las naciones, pero que deben existir consensos sociales para el uso de estos y su relación con quienes auténticamente han cuidado de ellos. Presentamos algunas ideas que sirven para abrir un debate, que seguramente se dará y seguirá después de Rio +20. Primer asunto relevante: Confianza en el Estado. Una de las mayores razones por las cuales las comunidades locales se resisten a convivir con proyectos de mega minería, es por ausencia de confianza que existe hacia las instituciones del Estado; este es el caso de países como Bolivia o Argentina. Los indicadores de Percepción de Corrupción (Transparency International, 2011) señalan que la mayoría de países de América Latina registran una percepción media-alta de corrupción en sus instituciones (5). El país en donde los ciudadanos confían y tienen la mejor percepción es Nueva Zelanda que ocupa el primer lugar; el último lugar a nivel mundial lo tiene Somalia. Gráfico 8. Fuente: Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible en:http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ Existen vacios jurídicos y políticos para confiar en que las instituciones pueden controlar acciones de la mega minería y obrar con transparencia. Los Estados están en la obligación, dado sus mandatos constitucionales, de generar confianza a las comunidades y bienestar a las naciones. Esta situación se complejiza aún más, cuando en países como Colombia o Perú, sus gobiernos son llamados de manera informal por las empresas trasnacionales y el sector privado como 'gobiernos pro-mineros'. El discurso del presidente Santos en el primer congreso de Minería a Gran escala, que se realizó en Cartagena en febrero de 2012, así lo refleja: " Aquí hay todavía espacio –de sobra– para recibir a las grandes casas mineras –y a las junior, por supuesto– que estén dispuestas a trabajar en armonía con el desarrollo de Colombia". Segundo asunto relevante: la Generación y distribución de la riqueza, no de la pobreza. Los informes de la Consejo Económico para América Latina- CEPAL- 2011, señalan que los índices de pobreza en América Latina han disminuido, como lo presenta el gráfico 9. Sin embargo estos porcentajes no logran estar por debajo del diez por mil (10%), cifra que no es comparable con las obtenidas por economías de los países del báltico, la cual está por debajo del 5%. Con lo anterior, se mantiene premisa, que América Latina es el segundo subcontinente más pobre del planeta, con mayor diversidad y más conflictos sociales. Gráfico 9. Fuente: CEPAL, 2010. Recurso Disponible en:http://www.oecd.org/dataoecd/37/60/48157176.pdf La actividad minera requiere de grandes inversiones; a pesar de la generación de empleo informal (mano de obra no calificada en su mayoría) y la actividad económica que esta deja, es cortoplacista: se produce riqueza en forma rápida y fugaz; sin embargo, se plantea como problema, de un lado el retiro o la falta de garantías para la reinversión en países en dónde se han generado los beneficios para las empresas mineras; y de otro, la percepción social que el boom de la minería no va más allá del mediano plazo, acentúa la inestabilidad económica de las comunidades en dónde se desarrolla la industria extractiva a gran escala. Los complejos contenidos sobre la maximización de las rentas y la consolidación de las inversiones, es un asunto de la política macroeconómica de las naciones, que excede a la minería y en algunos casos no se plantea. Sería un error tener la visión que la minería es tan solo un negocio ilimitado en el tiempo, pues se estaría desconociendo la matriz productiva de muchos pueblos tradicionalmente agrícolas, ganaderos o industriales. Si el asunto de la mega minería no se percibe como una política de estado, la confianza y la estabilidad nunca hará parte de las bondades de las naciones. Tercer asunto: Viabilidad Social y Ambiental. En la división de Desarrollo Sustentable, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 6 países -Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México y Costa Rica- presentan informe 'especifico' sobre las regulaciones jurídicas y socio ambientales de la minería. Mientras que países con altos índices de inversión minera como Perú, El Salvador, Bolivia y Brasil la actividad minera 'hace parte de los informes anuales' por país que archiva la organización (6). Podría inducir lo anterior, que la necesidad de socializar a nivel regional la legislación y regulación para esta industria es apenas incipiente y que se hace necesario compartir estudios y experiencias para trabajar de manera conjunta sobre este asunto específico. Es posible afirmar que los proyectos mineros en América Latina carecen de viabilidad social y ambiental; viabilidad que no se consigue por diversos intereses de tipo económico, sociales, políticos, pero principalmente porque la minería, altera las relaciones del hombre con la tierra. Recordemos que las poblaciones rurales la valoran mucho más allá de lo meramente económico. Al respeto surge uno de los debates cruciales y controvertidos como el uso de la energía o el uso del Agua. El agua es tal vez es la cuestión más conflictiva cuando se proponen o imponen proyectos mineros de gran envergadura. Creemos que es imposible que cuando se demanda un recurso vital como este y se pone el peligro el derecho adquirido, no surjan (7) conflictos. Entonces se replantean cuestiones como, el valor en el mercado del agua, sus usos, su propiedad, etc. Pero volvemos al punto de partida, la relación del hombre con su tierra, en gran parte depende del agua, de su calidad, cantidad y de su disponibilidad en el tiempo. En este sentido, nadie está dispuesto a poner en juego esta relación sin tener claro y garantizado que sus derechos, no serán vulnerados. Los estados que pretendan tener proyectos mineros en sus territorios, deben sin lugar a duda tener claridad social, política y jurídica sobre este balance: abastecimiento hídrico pertinente y garantía al derecho fundamental a este. ¿Qué esperamos de Rio +20? Una reconocida periodista Colombiana Marta Ruiz- afirmó en una columna de opinión lo siguiente: "Como si fuera poco, la "buena" noticia que trajo Santos de Asia es que los chinos están interesados en nuestro oro. Y uno no sabe si reír, llorar o salir a incendiar las dragas (…) Anuncio y premonición de los conflictos que va a desatar la minería" (8). Y no es insolencia. Como sugerimos en este escrito, es indudable que las sociedades contemporáneas necesitan los recursos naturales para mantener la forma de vida que desde la modernidad se ha encausado; sin embargo se hace urgente, necesario y justificable, en el marco de la exigibilidad de los derechos universales de las comunidades que han sostenido relaciones naturales, espirituales y económicas con la tierra llena de recursos, que el uso sea racional y sostenible. Son muchas las organizaciones sociales que trabajan por la defensa a la vida y el medio ambiente según lo reporta el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina; en ese sentido es posible hacer algunas sugerencias, de cara a la reunión de Rio+20 durante el mes de junio de 2012 y con el ánimo de visibilizar el debate, eliminar las tasas de violaciones a derechos fundamentales por causas relacionadas a la mega minería y de cara a disminuir las tasas de pobreza e inequidad que manifiestan las comunidades afectadas. Una cumbre que reafirme y reconozca los derechos individuales y los derechos de las naciones a hacer uso de sus recursos, buscando un desarrollo sostenible en el marco de las realidades culturales, sociales, políticas y económicas propias. Un espacio en donde se reflexione y se tomen decisiones sobre la promoción de políticas que prioricen la solución de problemas locales o micro regionales, en donde cada comunidad local pueda decidir qué tipo de desarrollo sostenible quiere y le conviene, en el marco del respeto a la soberanía y los derechos fundamentales. Un lugar de apoyo y financiamiento a los acuerdos transversales entre países en vía de desarrollo. Especialmente en lo concerniente a políticas públicas que atiendan problemáticas comunes como debería ser, el impacto de proyectos de mega minería en territorios étnicos y campesinos. Un espacio que abogue por la consulta previa, libre y transparente a los pueblos que tradicionalmente han cultivado y cosechado en estas tierras. Otra cumbre para la tierra y para quienes habitan en ella.Referencias: Conclusiones al Primer Encuentro Nacional Territorio, Producción, Ambiente y Minería, La María, Cauca, Colombia, 27 de abril de 2012. Disponible En: http://www.indepaz.org.co/?p=2028Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible En: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/Cumbre para la tierra, programa 21, 14 de junio de 1992, Rio de Janeiro. Disponible En: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=49&l=en Dayton-Johnson, Jeff (2011). Perspectivas económicas para América Latina, 2011. Banco Central de la Reserva del Perú, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, México D.C. Declaración de Rió sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del 14 de junio de 1992. Disponible En:http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php Escobar, Arturo (1996). La invención de tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, Ed. Norma, Bogotá González Posso, Camilo (2011). Renta minera, petróleo y comunidades. Ed. Indepaz, Bogotá Memorias al I Congreso de Minería a Gran escala, Cartagena de Indias, febrero de 2012. Disponible En: http://www.mineriaagranescala.org/smge/ Mingin Intelligence Series (2012). Business News Americas, En: http://www.bnamericas.com/news/mining Observatorio Latinoamericana de Conflictos Ambientales (2012). Observatorio de conflictos mineros de América Latina, En http://www.olca.cl/oca/index.htm Division for Sustainable Development, UN department of economic and social affair, En:http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml (1) Todos los casos que registra el Observatorio sobre desplazamiento forzado están en Colombia.(2) Las organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunitarias que hacen parte de este Observatorio, no representan la totalidad de acciones colectivas que existen y que realizan un seguimiento y denuncia a las actividades mineras en América Latina.(3) Censat Agua Viva es la única organización colombiana que hace parte del Observatorio; sin embargo existen otras muchas organizaciones que participan en este proceso, las cuales se hicieron presentes en el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012(4) Más información disponible en: http://quienessomosasamblea.blogspot.com/ (5) La Declaración de Rio/92 fue una declaración de principios a los cuales los estados firmantes se comprometían a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta. Por ejemplo el principio 11 "Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo". Según varios estudios, se ha demostrado que los países latinoamericanos con gran cantidad de recuros naturales como Colombia o Perú, la legislación es inoportuna.(6) Percepciones de Corrupción de 182 países de todos los continentes, Index 2011 de Transparencia Internacional(7) Los reportes nacionales que cada país entrega a división de Desarrollo Sustentable, del departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (búsqueda en Internet, junio 2012) solo los 6 países mencionados presentan un informe. No son informes estandarizados pero tienen características comunes como información sobre las políticas y regulaciones internas, situación actual de la minería en cada país, mecanismos de seguimiento y monitoreo, buenas prácticas en el sector. Fuente: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml(8) Romeo el Agresivo, En: Revista Arcadia, 25 de mayo de 2012. *Tathiana Montaña es Colombiana, asesora académica del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Colombia); profesora universitaria licenciada en Relaciones Internacionales, con estudios de perfeccionamiento en Desarrollo; Magister en Ciencia Política. Actualmente es candidata a Doctor en Política y Gobierno, mención en Relaciones Internacionales. Ha publicado libros y artículos en medios nacionales y latinoamericanos sobre asuntos de paz y postconflicto. José Carlos Pozzoli es Argentino, politólogo, especialista en Políticas Públicas; ha sido consultor para el BID y trabajó como asesor de la Comisión de Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza; Coordinador General Tercera Conferencia ICID +19 Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en Regiones Semi Aridas; Asesor de Gabinete, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza.
BASE
1 - Generalidades¿Qué es?El Global Peace Index (GPI) (1) o Índice Global de Paz es un proyecto del Institute for Economics and Peace. El mismo representa un hito innovador en el estudio de la paz. Es la primera vez que un índice ha sido creado para rankear a los Estados del mundo por su estado relativo de paz (externa e interna).El GPI tiene en principio dos grandes objetivos, el primario es de corte académico y el secundario es de corte aplicado. El objetivo académico intenta contribuir al conocimiento de cuáles factores (culturales e institucionales) están asociados con la paz dentro y entre los Estados. El objetivo aplicado está asociado a la intención de ONU de promover una cultura para la paz tal como fue definida por la Asamblea General en 1999. Los creadores del Índice presuponen con acierto que un mayor conocimiento de las condicionantes de la paz es un elemento clave para programas de este tipo.El GPI parte de una definición "negativa" de paz, como ausencia de violencia. Esta definición tomada del trabajo de Johan Galtung incluye tanto la tranquilidad interna como los conflictos bélicos con otros Estados. El índice rankea a los países independientes de acuerdo a su ausencia de violencia utilizando métodos que combinan factores internos como externos. Este índice ha sido elaborado por The Institute for Economics and Peace con la guía de un equipo internacional de académicos y expertos en el tema, y procesado por la Economist Intelligence Unit. La elaboración de dicho índice busca proveer una medida cuantitativa de paz que se pueda comparar a través del tiempo y que pueda brindar un mejor entendimiento de los mecanismos que sustentan la paz. Es un instrumento que sirve para comparar la situación de Estados y regiones respecto de otros y apreciar su evolución a través del tiempo.El Institute for Economics and Peace (IEP) es un instituto internacional de investigación dedicado a promover un mayor entendimiento de las relaciones entre las empresas, la paz y la economía, haciendo hincapié en los beneficios económicos de la paz. Es una organización independiente, no partidista, sin fines de lucro con sedes en Sidney y Nueva York. Se ha asociado con numerosas organizaciones líderes a nivel internacional, entre ellas, la Economist Intelligence Unit.Estrategia de operacionalizaciónEn toda investigación es necesaria la estructuración de un diseño metodológico que lleve a la resolución del problema a investigar.El GPI es un índice cuantitativo de paz. Como tal, ha sido construido en función de un proceso de operacionalización. Dicho proceso aparece detallado en los reportes habituales del IEP. En dicho proceso se realiza, en primer lugar, una definición conceptual de paz. Luego se desglosa dicho concepto en sus dimensiones constitutivas. Posteriormente, se buscaron indicadores empíricos (aspectos observables de cada dimensión del concepto). Finalmente se elaboró un índice, que consiste en reunir en un solo número los valores de cada indicador empleado.Se realizó una definición del concepto "paz", lo que resultaba fundamental ya que a partir del mismo, se va a desarrollar toda la investigación. La definición dada en el trabajo de investigación es la siguiente:"The simplest way of approaching it is in terms of harmony achieved by the absence of war or conflict. Applied to nations, this would suggest that those not involved in violent conflicts with neighbouring states or suffering internal wars would have achieved a state of peace. This is what Johan Galtung defined as a 'negative peace'- an absence of violence – " (2)Luego de definir el concepto, se subdividió en 3 dimensiones. Las dimensiones seleccionadas fueron:conflictos internacionales y domésticos en desarrollo,seguridad en la sociedad ymilitarización.A posteriori se seleccionaron 23 indicadores observables para dichas dimensiones.Dimensiones e indicadores quedaron organizados de la siguiente forma:DIMENSIÓN 1: Conflictos internacionales y domésticos en desarrollo.Indicadores:Number of external and internal conflicts fought 2004 – 2009Estimated number of deaths from organised conflict (external)Number of deaths from organised conflict (internal)Level of organised conflict (internal)Relations with neighbouring countriesDIMENSIÓN 2: Seguridad en la sociedad.Indicadores:Perception of criminality in societyNumber of refugees and displaced people as a percentage of populationPolitical inestabilityPolitical Terror ScalePotential for terrorist actsNumber of homicides per 100,000 peopleLevel of violent crimeLikelihood of violent demonstrationsNumber of jailed population per 100,000 peopleNumber of internal security officers and police per 100,000 peopleDIMENSIÓN 3: Militarización.Indicadores:Military expenditure as a percentage of GDPNumber or armed services personnel per 100,000 peopleVolume of transfers (import) of major conventional weapons per 100,000 peopleVolume of transfers (exports) of major conventional weapons per 100,000 peopleBudgetary support for UN peacekeeping missions: percentage of outstanding payments versus annual assessment to the budget of the current peacekeeping missionsAggregate number of heavy weapons per 100,000 peopleEase of access to small arms and light weaponsMilitary capability/sophisticationAdemás de los 23 indicadores principales, la Economist Intelligence Unit utilizó otros 33 que son secundarios pero que buscan informar sobre democracia, competencia y eficiencia gubernamental, fortaleza de las instituciones y del proceso político, apertura internacional, demografía, integración regional, religión, cultura, educación y calidad del material educativo. (Una completa lista de dichos indicadores se encuentra en la página 29 del trabajo de investigación seleccionado). Si bien estos indicadores no forman parte del índice GPI en sí, son utilizados complementariamente para obtener otros datos y afianzar o refutar conclusiones, es decir, como mecanismo de control. El índice debería estar correlacionado con estas variables de control.Muestra de paísesSe seleccionaron 153 países que fueron considerados representativos de la realidad internacional (En 2011 se agregaron 5 países: Eritrea, Guinea, Kirguistán, Níger y Tayikistán). El panel de expertos decidió que los países incluidos en el índice deberían tener más de un millón de habitantes y un área geográfica mayor a 20,000 km2. Por este motivo queda excluido por ejemplo Luxemburgo y otros Estados pequeños.A raíz de estas características, se logra abarcar al 99% de la población mundial y a un 87% del área terrestre.Elaboración del índicePara la elaboración del índice cada indicador se midió en una escala del 1 al 5 para los cualitativos y del 1 al 10 para los cuantitativos. Estos últimos son convertidos posteriormente a una escala del 1 al 5 para poder compararlos mejor con los cualitativos y así elaborar el índice. Para aquellos indicadores cuantitativos que son difíciles de valorar del 1 al 10, (como por ejemplo military expenditure o jailed population), se buscaron los valores máximos y mínimos de los diferentes países para poder luego darle un puntaje del 1 al 5.Los datos fueron puntuados por un grupo de analistas de países de la Economist Intelligence Unit. Aquellos datos cuantitativos que faltaban fueron considerados estimativamente. El equipo de analistas ha utilizado los últimos datos disponibles de una gran variedad de fuentes, incluidos International Institute of Strategic Studies, World Bank, varias oficinas de las Naciones Unidas, Institutos de la Paz y Economist Intelligence Unit.El GPI es un índice ponderado. Los expertos parten del supuesto de que la paz interna tiene más importancia que la paz externa ya que una depende en parte de la otra. Es así que el índice adjudica un peso del 60% a la paz interna y un 40% a la externa.Luego, cada indicador es valorado en cuanto a su importancia con un número del uno al cinco, donde 5 es lo más importante y 1 lo menos importante. (3) Dicha valoración es confeccionada por ocho expertos a través de un consenso, un promedio del puntaje dado por cada experto.2- Crítica metodológicaEl objetivo de la investigación es válido en cuanto su formulación y a su trascendencia científica. Por primera vez se está logrando realizar un índice que mide de forma concreta un fenómeno intangible pero de suma importancia en el desarrollo de la humanidad: la paz. Con esta investigación se logra ubicar de forma muy precisa la situación actual del mundo en la materia y se permite observar su progreso o retroceso a lo largo del tiempo.Se identifican, sin embargo, algunas vulnerabilidades en la obtención del índice en cuestión. Desarrollaremos nuestra crítica metodológica en los diferentes componentes que hacen al diseño de la investigación.El concepto de Paz Como se establece en el Report 2011 de GPI, la definición empleada de paz es una definición "negativa". Es decir, se mide la paz de un Estado en función de la "ausencia" de ciertos indicadores de violencia (interna o externa). La primera crítica a las definiciones planteadas por Johan Galtung tiene que ver con la dimensión "negativa" de la paz, la cual se entiende como el estado de no guerra y se explica a través de un criterio residual. Una definición "negativa" de un fenómeno nos conduce a observar la no presencia de su opuesto. En nuestro caso, el GPI se basa en la constatación de la no presencia de conflicto (lo cual es lo opuesto a la paz). Sin embargo, es sabido que es necesario complementar indicadores negativos con indicadores positivos. Esto es lo que reclamaba Emile Durkheim en "Las Reglas del Método" de 1895: la necesidad de definir el objeto de estudio por sus características exteriores y visibles. En este sentido, una crítica que se puede hacer al GPI es la ausencia de elementos positivos asociados a la paz. En concreto, en la dimensión "Seguridad en la sociedad" sería altamente recomendable incluir en el futuro, indicadores de cohesión social. Los indicadores de cohesión pueden dividirse en aquellos relativos a inclusión social (por ejemplo, indicadores de titularidad de derechos, acceso a la educación, gasto en política social, etc.) y aquellos relativos al sentido de pertenencia de los ciudadanos (por ejemplo, confianza en las personas, expectativas de bienestar, discriminación, etc.). Hoy en día hay una considerable literatura sobre indicadores de cohesión social. La Unión Europea ya ha lanzado mecanismos para la medición de la cohesión social y en América Latina la Cepal está trabajando en el tema (ver FERES, 2006).Sobre los indicadores elegidosCon respecto a la selección de indicadores, se excluye la medición de la violencia de género y también la violencia contra niños. Esto puede hacer que el índice sea inexacto, ya que se está dejando de lado un tipo de violencia de suma relevancia, sobretodo, en algunos países donde tiene un peso muy importante dada su cultura, tal es el caso de algunos países musulmanes. Egipto, que rankea en la posición 73, practica la mutilación genital a más del 90% de las mujeres (4). Estos datos se están omitiendo en el GPI. Es cuestionable descartar datos como estos teniendo en cuenta que constituyen una importante forma de violencia interna.Una de las críticas que se le puede realizar a uno de los indicadores – military expenditure – es que en el caso puntual de Estados Unidos, si bien tiene un presupuesto militar históricamente muy elevado, parte de ese gasto se destina a la defensa de otros Estados, por lo que el índice en parte va a rankear mejor a dichos Estados que invierten mucho menos en defensa pero no significa que sean más pacíficos por ello. Siguiendo con la misma idea, Estados Unidos es el mayor inversor en gasto militar en varios organismos de defensa como la OTAN, aunque participen varios Estados.Por otro lado, algunos indicadores cuantitativos fueron estimados por los expertos en algunos países ya que no existían datos disponibles. Esto podría constituir un sesgo importante en los resultados finales, que podría resultar en un cambio en el valor que obtuvo cada país en el ranking.Este estudio se nutre de indicadores medidos por otros institutos, que podrían presentar algunas fallas influyendo en la elaboración de los resultados de la presente investigación, por lo que podrían generarse problemas de confiabilidad. No se tiene certeza de que los métodos utilizados para obtener los indicadores fueron los más adecuados. La seriedad y el prestigio de los institutos que los elaboraron no son razón suficiente para descartar todas las dudas. Puede haber problemas en la relación entre los indicadores y el concepto, provocando un problema de validez. Las medidas no son entonces representativas del concepto que se busca estudiar.En este caso, la ponderación del peso que cada indicador va a tener en el índice final podría llegar a presentar un problema de este tipo, debido a que estuvo determinada por un equipo de expertos a través de un debate, pero no se establece cómo fue dicho debate. Tampoco se especifica el criterio que utilizaron para darle mayor peso a uno u otro indicador, ni se explica el por qué de la elección de estos expertos y por qué se tomó en cuenta la opinión de ocho analistas.Sobre la ponderación del índice El trabajo establece una relación causal entre la violencia interna y la externa, siendo esta última la menos importante en la elaboración del índice. Se parte de la base de que la paz interna va a influir en la paz externa de los Estados. Esta hipótesis resulta cuestionable al menos desde la óptica del Realismo en teoría internacional. El Realismo establece que los estados se precipitan a la guerra por razones relativas al sistema internacional y no por razones que emanan de la política doméstica.Al observar el caso de Estados Unidos, el peso de la violencia externa influye más que la tranquilidad interna y no viceversa. Se observa que la política exterior estadounidense está en gran medida influida por el terrorismo internacional ya que utiliza gran parte de su presupuesto no solo en su seguridad sino también en la de otros estados. No hay una relación cuantitativa entre la violencia interna con la externa: es decir, no existe una relación excluyente entre paz interna y paz externa tal como se afirma en el estudio, sino que es relativo; se puede pensar que es exactamente al contrario, que la paz interna se debe a la paz externa.El estudio da un valor específico (un 60% del valor del índice) para cuantificar la importancia de las variables relativas a la paz interna sobre la paz externa (a la cual se le da un 40% del valor total). Estos valores surgieron a partir de un debate de expertos, pero no se alude en ningún momento a cómo se llegó a los mismos ni siguiendo qué criterio. Se intuye que podría haberse utilizado el método Delphi el cual "consiste en la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro. Las estimaciones de los expertos se realizan en sucesivas rondas, anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, pero con la máxima autonomía por parte de los participantes." (5)En el caso del puntaje de los indicadores, se observa que su respectiva fórmula está correctamente descripta. Sin embargo, no ocurre lo mismo con el resultado final del índice. Respecto de la elaboración del índice, no está establecido como se elabora la transición hacia un único valor para cada país. El procedimiento por el cual se llega al número final esta librado a la intuición del lector. Al no especificar la forma por la cual se obtiene el puntaje final para cada país, se supone que se alcanza mediante la asociación del puntaje de cada indicador con el número de importancia asignado por los especialistas. De esta forma, se promedia la sumatoria de los indicadores, logrando un único número que va a ser el índice que ubicará a cada país en el ranking. La explicación de la fórmula para llegar al índice debería estar detallada para despejar eventuales dudas.El mecanismo de control utilizado en la confección del índice consistió en la utilización de 33 indicadores secundarios preseleccionados cuya correlación con el índice de paz sea mayor a 0,5. Luego de seleccionarlos, se compararon con los resultados de los países para realmente confirmar o no el valor del índice en cada país.Efectivamente se encontraron correlaciones entre los indicadores primarios y los de control. Por ejemplo a mayor PBI Per cápita, se tiende a tener mayor paz. Por su parte se descartaron indicadores que no tenían correlación. Por ejemplo, el Porcentaje de Exportaciones e Importaciones en el PBI o el nivel de inversión extranjera directa como porcentaje del PBI no está correlacionado con el nivel de paz de un Estado.Este mecanismo de control está correctamente formulado ya que brinda resultados coherentes y válidos, es por ello que se puede considerar un método de control efectivo.Sobre el lugar dado a la historia reciente en el índiceAl ser un índice reciente (se toman indicadores desde el año 2004 en adelante) se pierden de vista fenómenos anteriores que todavía tienen influencia sobre la realidad actual, es decir, los datos de conflictos históricos son estadísticamente irrelevantes.Entendemos que hay una identidad de cada estado configurada a lo largo de la historia que sitúa a algunos países como violentos o no. Esta falencia se podría resolver mediante la inclusión de un nuevo indicador que abarque un período de tiempo mayor donde se detallen los conflictos históricos. De todas formas, la utilidad de este índice sobre el problema planteado mejorará a medida que pasen los años y se pueda observar la tendencia de los países a través de la historia.Sobre la muestraLa muestra de la investigación se basa, como ya se mencionó anteriormente, en Estados con una población mayor a un millón de habitantes o un área mayor a 20,000 km2. Es así que se totaliza una muestra de 153 países. La muestra es una muestra de juicio, ya que no se usan procedimientos de selección al azar, sino que se basa en criterios del investigador.No se deja en claro la razón por la cual se excluye al resto de los países. Teniendo en cuenta que se trata de un Índice global, lo esperable sería que no se excluya ningún país. Además, existen datos estadísticos disponibles de los estados excluidos, por lo que no se justifica que no se los haya tomado en cuenta para la investigación.A pesar de ello, el número de estados analizados se ha ido incrementando año a año. En el índice de 2007 se analizaron 121 países (6), en el 2008 140 (7) en el 2009 144 (8) , y en 2010 149 (9).3 - Posición de los países latinoamericanos en el GPIDe acuerdo al Ranking correspondiente al año 2011 se puede observar que Colombia es el país latinoamericano peor posicionado ubicándose en el puesto 139 de 153, seguido de cerca por Venezuela en la posición 124. La ubicación de estos dos países se explica en base a la gran cantidad de recursos destinados a la adquisición de material bélico. En el caso de Colombia para hacer frente a la situación de violencia interna generada por la guerrilla de las FARC. Por su parte, Venezuela se muestra en la escena internacional con una política exterior confrontativa signada por una retórica belicista que también es acompañada de un gasto militar importante.Los países latinoamericanos mejor ubicados son Uruguay, Costa Rica y Chile, en las posiciones 21, 31 y 38 respectivamente. El caso de Chile no sería extraño que descienda en el GPI del año 2012 dadas las revueltas sociales más recientes. Costa Rica debe su mejor ubicación a su política tradicionalmente democrática y a sus altos índices de cohesión social. Según el GPI Uruguay es el país más pacífico de América Latina debiéndose no solo a la ausencia de conflictividad interna sino también a los reducidos niveles de gasto militar. Resulta paradójico el hecho de que el tema más importante y recurrente de la actual discusión política uruguaya sea justamente los niveles de inseguridad interna existentes.(1) INSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. The Global Peace Index 2011[online] Disponible en internet: http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2011/05/2011-GPI-Results-Report-Final.pdf(2) VISION OF HUMANITY. 2011. 2011 Methodology, Results and Findings. Global Peace Index. Pág. 5 [online](3) VISION OF HUMANITY. 2011. 2011 Methodology, Results and Findings. Global Peace Index. Pág. 7 [online](4) THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR. 2007. Dark underbelly of the world's most 'peaceful' countries. [online](5) UNIVERSIDAD DE DEUSTO SAN SEBASTIÁN. El Método Delphi. [online] Disponible en Internet :http://www.echalemojo.org/uploadsarchivos/metodo_delphi.pdf(6) CONFLICTOLOGOS. 2008. Global Peace Index - Índice Mundial de Paz 2008. ¿Qué tan pacífico es su país? [online](7) Ídem(8) STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. Appendix 2B. The Global Peace Index 2009 [online](9) VISION OF HUMANITY. 2011. 2011 Methodology, Results and Findings. Global Peace Index. Pág. 8 [online] *Estudiantes de la Licenciatura en Estudios InternacionalesDepto de Estudios InternacionalesFACS – Universidad ORT UruguayREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICASINSTITUTE FOR ECONOMICS & PEACE. The Global Peace Index 2011 [online] Disponible en internet: http://www.visionofhumanity.org/wp-content/uploads/2011/05/2011-GPI-Results-Report-Final.pdfFERES, Juan Carlos. Hacia un sistema de indicadores de cohesión social en América Latina. [online] Disponible en internet: http://www.eclac.cl/dds/noticias/paginas/7/26527/JuanC_Feres_CEPAL.pdfKING, Gary, KEOHANE, Robert y VERBA, Sidney. El diseño de la investigación social: La inferencia científica en los estudios cualitativos. Madrid.2000. Alianza Editorial.
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Comentario en base al artículo "Graceful Decline?: The Surprising Success of Great Power Retrenchment" de Paul MacDonald y Joseph Parent enInternational Security, Vol. 35, No. 4, 2011, pp. 7-44.El descenso relativo (1) -o más prudentemente, las percepciones de un descenso- de una potencia en el sistema internacional suele generar, más tarde o más temprano, un debate en torno a las decisiones estratégicas que deberían adoptarse en respuesta a tal declive. Debate que, en buena medida, es el producto de una angustia generada por la perspectiva de una primacía que no va a tardar en desvanecerse y la proliferación de amenazas en un mundo regido por el ascenso de otro(s). (2) Hace unos años que esta discusión se ha instalado en Estados Unidos. (3)Por cierto en torno a la estrategia estadounidense ante el ascenso de China; pero también frente al ascenso de otras potencias que estarían cambiando la estructura de poder en el sistema. No debería sorprender que la conducta de las potencias en descenso sea objeto de estudio privilegiado en la disciplina (tan temprano como en el siglo XVIII, Edward Gibbon escribe su magnum opus, y uno de los clásicos en la cuestión, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire). La razón de tal relevancia académica es sencilla de comprender: históricamente las transformaciones en la cima del sistema internacional han instalado períodos de alta inestabilidad; períodos comúnmente asociados a colosales guerras sistémicas. Grosso modo, dos escenarios vinculados al declive de las grandes potencias han sido identificados por historiadores y teóricos de las relaciones internacionales:Las potencias en descenso relativo suelen recurrir a la guerra preventivacomo herramienta para hacer frente a las amenazas de un estado(s) en ascenso. Aquí el conflicto está tan atado a los cambios de poder que es difícil entrever otro final para las transiciones que vendrán.La reestructuración negociada del orden internacional en base a las nuevas realidades de poder es un escenario no sólo viable, sino también probable. (4) El uso de la fuerza dejaría -según los adeptos a esta corriente- de ser una herramienta válida o eficiente para las potencias en descenso.La pertinencia del debate entre estas escuelas pesa fuertemente sobre la relación bilateral entre Estados Unidos y China. No habiendo -ni teniendo espacio en esta ocasión- mucho que agregar en términos de la visión que cada corriente tendría sobre una transición de poder sino-estadounidense (altamente pesimista la primera; mucho más optimista la segunda). Paul MacDonald y Joseph Parent, profesores en Williams College y la Universidad de Miami respectivamente, han publicado un original artículo en torno a este debate en el último número de International Security. Yendo al epicentro del trabajo, los autores ponen en pie un modelo teórico y una interpretación histórica donde el retraimiento (retrenchment) (5) sería el patrón de conducta de las potencias en declive. Es decir, una tesis a tono con las interpretaciones optimistas sobre los cambios en la estructura de poder internacional (punto "B)" anterior). El blanco a desacreditar en el trabajo es una de las tesis más expandidas en el estudio de los cambios de poder: la idea que las potencias en descenso no suelen esperar apaciblemente su caída en el sistema; sino que por el contrario, suelen reaccionar activa y ofensivamente para disipar los problemas de un mundo en el que su posición se ve amenazada in crescendo (punto "A)" más arriba).La supuesta relevancia normativa para la política internacional contemporánea es transparente. No sólo Estados Unidos puede y debe hacer una elección racional y eficiente por el retraimiento, sino que, teoría e historia de por medio, ésta es la conducta esperable vis-à-vis China. Para respaldar sus hipótesis los autores elaboran un estudio estadístico de dieciocho casos de estados en descenso relativo desde 1870 hasta el presente; más dos casos de estudio cualitativo. El resultado es el siguiente: "Based on the empirical record, we find that the great powers retrenched in no less than eleven an no more that fifteen of the eighteen cases, a range of 61-83 percent" (p. 9). Por otra parte: "…our analysis suggests that great powers facing acute decline are less likely to initiate or escalate militarized interstate disputes. Faced with diminishing resources, great powers moderate their foreign policy ambitions and offer concessions in areas of lesser strategic value" (p. 10). Mejor dejar en claro el espíritu general de este comentario desde ya. La poca comprensión de las dinámicas centrales del cambio en la política de grandes poderes que refleja el trabajo de Parent y MacDonald desemboca en un endeble modelo teórico, impidiendo así cualquier contribución medianamente sustantiva al debate. Todo lo que parecía novedoso a primera vista se va cayendo a medida que el lector se adentra en la lógica del trabajo. A transitar esa trayectoria crítica es que nos disponemos aquí. Más allá de los problemas en el diseño metodológico –por ejemplo, una incompleta cuantificación de los descensos relativos centrada únicamente en torno a la caída en el PBI de un estado en relación al PBI total de los estados centrales en el sistema y, como se desarrollará más adelante, una selección de casos discutible- la crítica más provechosa debe apuntar a cuestiones de base; aquellas que hacen a la naturaleza de los cambios de poder y sus consecuencias sobre el sistema. Hay que partir de un punto elemental. Tanto las estrategias de retraimiento como las de guerra preventiva están en el abanico de opciones de las potencias en descenso. No existe un record histórico que avale un modelo determinista de los patrones de reacción del declive. Quizás "la más verdadera" de las causas de la Guerra del Peloponeso fuese el crecimiento del poderío ateniense y el miedo de Esparta, como Tucídides marcó a fuego. Pero este ejemplo de transición conflictiva debe contraponerse a casos como el de Gran Bretaña recibiendo pacíficamente el ascenso estadounidense. Ergo, la primera lección de los cambios de poder es que cualquier tipo de determinismo histórico –tanto optimista como pesimista- parte del error y está destinado a mantenerse en este campo. El artículo está atiborrado de áreas grises -por falta de un eufemismo más acertado. La primera, y relacionada al título de esta crítica, se posa sobre concepto de "retraimiento." El problema está en tratar de encontrar una clasificación claramente diferenciada entre una estrategia de retraimiento homogénea e universal y una de expansión de la actividad internacional –ligada a una conducta ofensiva o agresiva. La realidad suele ser bastante más compleja. Retraer puede querer decir "recortar gastos (monetarios, militares y/o de capital político) en alguna parte del globo o en el ámbito doméstico para realinear fuerzas pensando en una amenaza más acuciante." Esto fue precisamente lo que hizo Gran Bretaña a principios del siglo XX. Como señala Paul Kennedy: "…these reductions in Britain's overseas commitments had an inherent logic of their own, there is no doubt that by 1903 or so British planners and the public were beginning to develop at least a suspicion about Germany's great naval expansion, which also necessitated a redeployment of the Royal Navy." (6) Gran Bretaña sí hizo un retraimiento en algunas zonas del globo –especialmente en las Américas. No obstante, el fin último era expandir sus capacidades de poder frente a la amenaza más apremiante: la Alemania de Guillermo II. Conceptualmente, y por sí solo, el retraimiento no tiene mucho que decir sobre los patrones de paz y guerra que suelen acompañar a los cambios en la estructura de poder internacional. Por ejemplo, poco importa que Estados Unidos, como respuesta al ascenso chino, decida poner en marcha una política de retrenchmenten Medio Oriente, si el fin último de esa conducta es concentrar sus fuerzas sobre Asia. En este caso la idea de un retraimiento queda nula como herramienta de análisis para la relación bilateral más relevante, ya que la conclusión sería la puesta en marcha de una expansión del poder estadounidense en Asia, con China como foco de atención. La pregunta que, imprudentemente, queda fuera del trabajo es: ¿Qué tipo de retraimiento y para qué? (7) El trabajo tiene una base conceptual interesante. El análisis de las potencias en declive se encauza por medio de un enfoque realista-estructural que busca complementar, no sólo las discusiones de los cambios de poder, sino la propia escuela neorrealista.No obstante, el desarrollo del trabajo termina resultando poco productivo. Los autores cometen el error de arrojarse al armado de un modelo teórico que intenta explicar la conducta de las potencias en descenso de manera ciegamente unilateral –y quizás excesivamente racionalista. Es decir, un análisis que, atado a un liviano uso del neorrealismo, toma en cuenta únicamente las prerrogativas de la potencia en descenso. Según Parent y MacDonald: "States often curtail their commitments and mellow their ambitions as they fall in the ranks of great powers…They do this for the same reason that they tend to seize opportunities to expand: international incentives are strong inducements. In the high-stakes world of great power politics, states can seldom afford to fool themselves or pamper parochial interests when relative power is perilously slipping away."Un estructuralismo tan encorsetado no puede avanzar mucho en el estudio dinámico y vertical de los cambios de poder. Desde el momento en que se acepta que no todos los descensos relativos son iguales, por la simple razón de que no todos los ascensos relativos son iguales, la idea de sacar patrones de conducta analizando solamente a la potencia en declive queda obsoleta. Y aquí está el quidde la cuestión, que los autores parecen saltarse olímpicamente: a la hora de tomar decisiones estratégicas, sí importa quién es el otro. No es por capricho que se habla de descenso relativo –y no absoluto. Y este concepto de relativo, que MacDonald y Parent o no entienden o evaden conscientemente, significa que al estado A le sucede algo porque al estado B le sucede algo. Variables como la cercanía geográfica, la capacidad de utilizar la fuerza, la existencia de identidades comunes entre los estados (por ejemplo, si ambos son democracias), las percepciones sobre las amenazas que presenta el otro (o las amenazas que tengan en común), y, quizás más relevante, la postura hacia el status quo, son todas centrales para la formulación de la política exterior de un estado en declive. Para ilustrar el punto: ¿Estuvo Gran Bretaña en iguales condiciones de adoptar una política de retraimiento ante el ascenso de Estados Unidos que ante el ascenso de la Alemania de Guillermo II o la de Adolf Hitler? Perder al "otro" es un paso en falso que deja al análisis rengo. Lamentablemente, el artículo va a perder también la otra pierna y los dos brazos. Para explicar sus hipótesis los autores elaboran un modelo teórico que ubican dentro de la familia neorrealista. Más específicamente, una formulación teórica que sería un derivado directo del trabajo de Kenneth N. Waltz. En uno de los comentarios que resume su modelo, señalan: "…in the competitive arena of world politics, inert or improvident great powers receive negative feedback until they are disabused of their delusions or replaced at the top rungs by more sensible states. Great powers that do not react with agility and alacrity to a lower position are unlikely to last in the unforgiving game of power politics. Rivals will be quick to detect and exploit incompetence" (p. 19). Los vínculos intelectuales que van del neorrealismo al modelo presentado en el artículo, y luego a sus prescripciones políticas son, cuando menos, frágiles. La idea de un retraimiento racional y eficiente como estrategia inducida por la estructura es complicada de sustentar. Los autores olvidan uno de los conceptos centrales en la comprensión neorrealista de la política internacional: las ganancias sonrelativas. Según Waltz: "Un estado se preocupa por una posible división de ganancias que puede favorecer más a otros que a sí mismo. Esa es la primera manera en que la estructura de la política internacional limita la cooperación entre los estados." (7) Sin embargo, los autores asumen que: "To avoid insolvency, states adopt retrenching policies as a way to gain breathing room, regroup, and retard if not reverse their decline" (p. 19). El error está en asumir que los estados van a adoptar una política de retraimiento sin pensar en los costos que esto les puede generar en sus interacciones con otras potencias. A su vez, se desconoce que en el núcleo mismo del neorrealismo está la búsqueda de la seguridad como objetivo primario e ineluctable. Desde el realismo estructural à la Waltz, que es donde Parent y MacDonald asumen estar parados, una potencia nunca podría formular su estrategia en respuesta al declive en términos de eficiencia económica –que es como ellos entienden los ascensos y descensos en el sistema. (8) Esto no quiere decir que la economía no sea una variable a tener en cuenta. Lo que sí quiere decir es que no va a ser la única, y seguramente tampoco la más relevante. Es por esta subordinación de objetivos que, por ejemplo, tiene sentido que Gran Bretaña a principios del siglo XX (i.e. una potencia en descenso relativo) se embarcase en una carrera armamentista con Alemania, aún cuando la más "eficiente" –à la Parent y MacDonald- de las opciones hubiese sido evitar entrar en tal dinámica. Trágicamente, la mayoría de las veces la opción máseficiente está vedada en la política de grandes poderes.El siguiente punto problemático está íntimamente relacionado con el anterior. En el artículo se puede leer que: "If declining states mismatch their foreign policy means and ends for a significant length of time, they will hemorrhage resources and be contemptible competitors in the game of great power politics. To avoid this fate, states are apt to align ends and means and decline gracefully" (p. 22). Lo cierto, sin embargo, es que los estados no suelen comportarse de esta manera.Si las potencias en declive fuesen capaces de advertir -a corto plazo- cuando están ingresando en un gap entre medios y fines, un fenómeno tan común en la política internacional como es la sobre-extensión (overextension, i.e. la expansión de los fines de política exterior más allá de las capacidades estatales para llevarla a cabo) desaparece. En términos prácticos, grandes sucesos en la historia de las relaciones internacionales -entre ellos: Felipe IV enterrando al imperio español en los Países Bajos en el siglo XVII; Napoleón estirando su imperio europeo hasta el punto de quiebre; Hitler y su desastrosa operación Barbarossa; Estados Unidos en Vietnam; la URSS en Afganistán; y Estados Unidos hoy en día en Irak y Afganistán (?)- quedan en una obscuridad absoluta para la disciplina. Pero llévese, con espíritu provocador, el argumento un poco más allá para ver como se torna totalmente inconsistente e insostenible. De ser acertado el modelo, la guerra entre grandes potencias se termina, o al menos se reduce significativamente como fenómeno internacional. Como señala Geoffrey Blainey en su magistral The Causes of War, las guerras suelen ser el producto de un desacuerdo entre estados sobre sus capacidades de poder relativas. Blainey trae acertadamente a colación al sociólogo Georg Simmel quien argumentaba en 1904 que la manera más efectiva de prevenir una guerra es a través del conocimiento exacto del poder relativo entre dos naciones o alianzas. El problema, siguiendo a Simmel, es que tal conocimiento "es la mayoría de las veces solamente alcanzable llevando la contradicción al campo de las armas." (9) Entonces, si MacDonald y Parent están en lo cierto, y los estados son capaces de hacer una correcta medición del poder nacional relativo –algo bastante difícil de aceptar, teniendo en cuenta que las apreciaciones las suelen hacer estadistas con naturales limitaciones humanas- y acomodar en un período corto de tiempo su nuevo poder con sus objetivos de política exterior, las guerras entre grandes poderes deberían ser un fenómeno bastante escaso, ya que el entendimiento de cuándo conviene negociar y cuándo pelear sería cristalino. Un curso básico de historia europea demuestra lo falaz del argumento.La selección de los casos de estudio se presenta como otra área problemática. Según los autores: "…it is important to distinguish retrenchment from related concepts. First, retrenchment is not synonymous with hegemonic change…we argue that retrenchment is a policy option available to any great power facing acute relative decline, whether or not it is the dominant hegemon…only one of our eighteen cases of acute relative decline since 1870, for example, involves a hegemon. Categorizing relative decline into static categories of 'hegemonic' and 'nonhegemonic' obscures important differences within these categories."(12) El lector notará que el inconveniente al que se hace alusión es: ¿A quiénes se debería meter en la bolsa de los estudios del cambio en la política de grandes poderes? Los dos casos de análisis cualitativo en el trabajo son: Francia en 1924 y Gran Bretaña en 1946 –difícilmente estados en el tope de la jerarquía internacional para ese entonces. Mientras que los 18 casos estadísticos están repletos de poderes medios –Alemania Occidental en 1967, Gran Bretaña en 1956, entre otros. En términos de los objetivos que se plantea el artículo, la elección de tal línea metodológica es difícil de sustentar. Por un lado, toda la literatura con la que dialoga y discute el trabajo (Gilpin, Copeland, Friedberg, Organski, entre otros) está centrada en el análisis de las dinámicas entre estados hegemónicos y sus contendientes. Más problemático aún, la razón de ser del trabajo es en buena medida entender y dar recomendaciones normativas sobre de la relación sino-estadounidense, un díada hegemón-contendiente por excelencia. La relevancia de este agujero teórico es total. Para cerrarlo los autores deberían poder argumentar exitosamente que el aparente declive de Estados Unidos hoy en día –o en un futuro medianamente próximo-, de Gran Bretaña a comienzos del siglo XX, del imperio de Felipe II, o de la Esparta de la Guerra del Peloponeso, son teóricamente compatibles con Francia en 1924, Gran Bretaña en 1956, o, más ridículo aún, Alemania Occidental en 1967. Tarea condenada al fracaso por el simple hecho de que estos actores no juegan en las mismas ligas, ni juegan el mismo juego. Esto es así por diversas razones. El hegemón es quien organiza un status quo determinado y, consecuentemente, es él quien se ve más amenazado ante una posible modificación del mismo. A su vez, los estados hegemónicos no tienen a quién pasarle la cuanta (buckpassing); es decir, no tienen en quien apoyarse ante las amenazas del (los) ascendentes(s). Sin embargo, las potencias medias si tienen en quien recaer. El ejemplo de Europa desde fines de la Segunda Guerra Mundial es ilustrativo. Podría decirse que durante los cambios verticales en el sistema la anarquía y el principio de auto-ayuda son más acuciantes para el estado hegemónico. Si este agujero existe, toda pretensión de los autores de haber identificado patrones universales de conducta de las potencias en declive se derrumba. Más aún, el estudio se queda sin nada para decir sobre el gran asunto de la alta política internacional en las próximas décadas: el posible cambio de poder entre Estados Unidos y China. Hay que compartir con los autores el inconformismo que genera la falta de casos empíricos en el estudio de las transiciones de poder en las altas esferas de la política internacional. Sin embargo, la expansión del ámbito de análisis hacia muestras que escapan a la naturaleza de los actores que nos importan no parece ser un paso hacia adelante."Graceful Decline?." parte del encomiable impulso de renovar las discusiones teóricas sobre el descenso relativo. El resultado, no obstante, es un efímero soplo de aire fresco que rápidamente comienza a ahogar. Comprimiendo descaradamente una línea de trabajo por cierto voluminosa, el camino más provechoso es el de la búsqueda de las variables que han puesto en marcha transiciones de poder pacíficas por un lado, y conflictivas por el otro. Un buen ejemplo es el la profundización de los estudios que intentan explicar porqué ciertos estados en proceso de transición crean imágenes benignas, status quo o agresivas entre sí. El abuso a la paciencia del lector, que de haber llegado hasta aquí ya ha tenido que soportar varias páginas de lectura, obliga a postergar esta exploración alternativa para un futuro próximo.(1) Entendido como la pérdida de poder de un estado en relación al poder del resto de los estados centrales en el sistema internacional.(2) Ver: Friedberg, Aaron, The Weary Titan: Britain and the Experience of Relative Decline 1895-1905, Princeton University Press, New Jersey 1988.(3) Vale aclarar que durante la década de los ochenta la idea del declive estadounidense ya había aparecido. Es por esto que se remarcó, en la primera línea de este trabajo, el concepto de percepciones del declive. Ver: Kennedy, Paul, The Rise and Fall of Great Powers, Penguin Books, London, 2001.(4) Por ejemplo, Gran Bretaña haciéndole "lugar" a Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX.(5) Entendido como: "a policy of retracting grand strategic commitments in response to a decline in relative power."(6) Kennedy, Paul, The Rise and Fall of British Naval Mastery, Penguin, Londres, 1976, p. 214.(7) Los autores mencionan la posibilidad del retraimiento como un cambio de foco de asuntos periféricos a asuntos centrales (core issues). Pero tan fugaz como aparece, este asunto de primera relevancia se vuelve a perder en el análisis.(8) Waltz, Kenneth N., Teoría de la Política Internacional, Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1988, p. 157.(9) Según Waltz: "En un sistema de auto-ayuda, la consideración de la seguridad subordina los beneficios económicos al interés político." Ibídem, p. 158.(10) Blainey, Geoffrey, The Causes of War, The Free Press, New York, p. 118 (traducción de G.C.). *Profesor Depto. Estudios Internacionales. FACS - Universidad ORT Uruguay. MA en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di TellaE-mail: gcastro@sas.upenn.edu
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Blog: www.jmwiarda.de Blog Feed
Bücherschecks, datengestützte Schulentwicklung und ein 12-Punkte-Plan: Bildungsminister Steffen Freiberg sagt, wie er die Brandenburger Schüler aus dem Leistungstief holen will, was er jetzt vom Bund erwartet – und warum er die Wissenschaftlichkeit von PISA für unumstritten hält.
Steffen Freiberg (SPD), 42, war seit 2016 Bildungsstaatssekretär in Mecklenburg-Vorpommern, seit 2022 in Brandenburg. Nachdem Rücktritt
von Britta Ernst wurde er dort im Mai 2023 Minister für Bildung, Jugend und Sport. Foto: Sophie Weise / Ganz in
Weise.
Herr Freiberg, Sie wollen Bücherschecks für fast drei Millionen Euro an Brandenburgs Schüler verschenken. Ihr neues Mittel gegen Bildungsarmut?
Wir hatten noch Restmittel aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona", und damit die nicht verfallen, haben wir uns entschieden, sie zusammen mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels in
ein Bücherprojekt für unsere Schülerinnen und Schüler zu stecken. Es gehört zu den wesentlichen Erkenntnissen der aktuellen PISA-Studie, dass die Förderung von Sprach- und Lesefähigkeit die
zentrale Voraussetzung ist für den Kompetenzerwerb in allen anderen Fächern, einschließlich der Mathematik. Wir schenken den Schülern aber nicht einfach Bücherschecks.
Sondern?
Fast alle Schulen im Land, von der Grundschule bis zum Gymnasium, erhalten je nach Schülerzahl Schecks, angefangen mit 500 Euro für die ganz kleinen bis rauf zu 11.600 Euro für die ganz großen
Standorte. Die Schulen entscheiden dann, was sie damit machen und wie sie diese Bücher zielgerichtet für die Verbesserung der Sprach und Lesefähigkeit auch im Rahmen schulischer Bildungsprozesse
nutzen und dabei den individuellen Bedarf der Schüler berücksichtigen. Das ist also nicht als reines Freizeitvergnügen gedacht.
Und wenn die Schüler finden, dass sie einen Comic brauchen, einen Fantasy-Roman oder einen Sportalmanach?
Solange diese Bücher nach Meinung der Lehrkräfte eine sinnvolle inhaltliche Gestaltungsperspektive bieten, aus ihrer Sicht zum Lesen und Weiterdenken anregen, ist alles denkbar. Es geht vor allem
um das Lesen lernen, über Lesen üben in allen Formen. Die empirische Bildungsforschung zeigt, dass Unterrichtsmaterialien dann einen besonderen Lernerfolg erzielen, wenn sie einen Bezug zur
Lebenswelt der Schülerinnen haben. Wichtig ist in jedem Fall, dass die Bücher den Kindern und Jugendlichen gehören. Ein trauriges Ergebnis verschiedener Befragungen besteht nämlich darin, dass es
Schülerinnen und Schüler auch bei uns Brandenburg gibt, die nicht mehr als ein, zwei Bücher in der Familie besitzen.
Sie erwähnen gleich mehrfach die Bedeutung von Studien und Bildungsforschung. Auch in dem 12-Punkte-Plan, den Ihre Vorgängerin Britta Ernst
(SPD) im Oktober 2022 vorgestellt hat, spielen wissenschaftliche Begleitung, Evaluation und eine datengestützte Schulentwicklung eine auffällig große Rolle. Warum?
Der letzte IQB-Bildungstrend ergab für die Brandenburger Neuntklässler bedrückende Ergebnisse. Und zwar quer durch alle Schulformen. Wir sehen, dass sich in den vergangenen zehn,
15 Jahren die soziale Schülerschaft verändert hat, nicht nur in Brandenburg, sondern bundesweit. Und das hat, anders als oft behauptet, wenig mit der Frage zu tun, ob die Schüler aus
Einwandererfamilien stammen oder nicht. Der pädagogische Rückhalt in den Elternhäusern schwindet, gleichzeitig führt der Konsum digitaler Medien zu einem Mangel an Bewegung und Gesundheit. Hinzu
kommt, dass die Schule ihre Rolle als gesellschaftliche Instanz teilweise eingebüßt hat – und damit auch der Respekt vor den Lehrkräften abnimmt. Die Corona-Pandemie hat diese Entwicklungen noch
beschleunigt. Woraus folgt: Wenn wir die Lage verbessern wollen, braucht es mehr als die Aufwertung der Unterrichtsqualität. Es braucht einen umfassenden, wissenschaftsbasierten Ansatz, und den
verfolgen wir mit unserem 12-Punkte-Plan: von der Stärkung der Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik über die sozialen Unterstützungssysteme an den Schulen bis zur Neuorganisation der
Lehrkräftefortbildung. Für mich ist dabei klar: Die einzigen Menschen, die Unterricht verändern können sind diejenigen, die unterrichten. Unseren Lehrkräften müssen wir neben Anerkennung
konkrete, praxistaugliche und unmittelbar verwendbare Unterstützung anbieten, bei Material und Fortbildung.
"Es kann pädagogisch schlicht nicht falsch sein, allen Schülern unabhängig vom eigenen Geldbeutel die Gelegenheit zu geben, sich nach ihren Interessen und ihrem
Bedarf ein eigenes Buch auszusuchen."
So sehr Sie Daten und wissenschaftliche Empirie betonen: Die Bücherschecks für insgesamt fast drei Millionen Euro geben Sie raus, ohne anschließend sagen zu können, was die Aktion
gebracht hat.
Weil ich überzeugt bin, dass die Lehrkräfte vor Ort am besten wissen, was ihre Schülerinnen und Schüler gebrauchen können. Wenn ich anfangen würde, hier vom Ministerium zentral Bücher zu
bestellen, würden viele Schulen zu Recht fragen: "Und was sollen wir jetzt damit?" Ob man einen direkten Effekt der Aktion in einer Evaluation nachweisen könnte, weiß ich nicht. Es kann aber
pädagogisch schlicht nicht falsch sein, allen Schülern unabhängig vom eigenen Geldbeutel die Gelegenheit zu geben, sich nach ihren Interessen und ihrem Bedarf ein eigenes Buch auszusuchen. Wer
nicht richtig Lesen, Schreiben und Rechnen lernt, dem wird später die soziale, politische, wirtschaftliche Teilhabe nur eingeschränkt möglich sein. Klar ist, unsere Bücherschecks sind nur ein
Baustein – und kein Allheilmittel. Anderes behauptet aber auch keiner.
Wie passt Ihre Überzeugung, dass die Lehrkräfte vor Ort am besten wissen, was richtig ist, zu Ihrer Strategie der datengestützten Schulentwicklung?
Wenn ich auf unsere Lehrerinnen und Lehrer höre, sagen die: Vom Wiegen allein wird die Sau nicht fett. Und das stimmt ja auch. Für das Messen um des Messens willen können wir den Kollegien den
Aufwand nicht zumuten. Darum müssen wir immer genau wissen, wo wir was erheben. Wir tun das, was wir als Landesregierung brauchen, um unsere Schulpolitik daran auszurichten. Indem wir zum
Beispiel die IQB-Bildungstrends oder die bundesweiten VERA-Vergleichsarbeiten durchführen. Wobei letztere bereits einen zusätzlichen Mehrwert für die Schulen bieten, auf den es ankommt. Noch mehr
tun das die Individuelle Lernstandsanalysen in der Grundschule (ILeA), die wir in Brandenburg sehr konsequent einsetzen, wie einige andere Bundesländer auch. Die geben den Lehrkräften eine
individuelle Rückmeldung zu ihren Schulklassen an die Hand, die Schulen können die Bildungsbiografien ihrer Schülerinnen und Schüler genau verfolgen und überlegen, wie sie ihnen mit welchen
Mitteln gezielt helfen können. Das tun sie nicht allein, sondern die Schulleitungen stehen in einem regelmäßigen und strukturierten Austausch mit der Schulaufsicht – auf der Grundlage der Daten
für jede einzelne Schule. Das minimiert die Gefahr, dass bestimmte Entwicklungen den Kollegien entgleiten, und umgekehrt werden positive Trends erkannt, honoriert, und es wird daraus gelernt.
Der Deutsche Philologenverband war neulich so verärgert über OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher und dessen Interpretation der PISA-Ergebnisse, dass der die Kultusminister zum
Ausstieg aus dem internationalen Schulvergleich aufforderte – zumindest bis Schleicher seinen Posten geräumt hat. Was sagen Sie dazu?
Zu solchen Forderungen äußere ich mich nicht, nur so viel: PISA ist Teil der von der Kultusministerkonferenz (KMK) beschlossenen Strategie zum Bildungsmonitoring. Und solange dieser Beschluss der
KMK gilt, werde ich mich an ihn halten. Das Prinzip der Wissenschaftlichkeit von PISA ist unumstritten und hängt nicht von den Äußerungen einzelner ab. Ich für meinen Teil habe erst neulich
wieder aus dem Gespräch mit der deutschen PISA-Koordinatorin Doris Lewalter viele Erkenntnisse gezogen – etwa die bereits erwähnte, dass die Sprachförderung auch für die mathematischen
Kompetenzen eine große Bedeutung hat.
Lange Zeit haben alle Brandenburger Schulen unabhängig von der Zusammensetzung ihrer Schülerschaft die gleiche Finanzierung bekommen. Das gerade zwischen Bund und Ländern vereinbarte
"Startchancen"-Programm speziell für benachteiligte Schülerinnen und Schüler bedeutet auf Bundesebene nun einen Paradigmenwechsel. Wie vollziehen Sie den in Brandenburg?
Unserem 12-Punkte-Plan folgend haben wir auch bei uns im Land erstmals einen Sozialindex veröffentlicht, der alle unsere Schulen anhand von drei Kriterien nach ihrer sozialen Belastung einstuft,
und zwar nach ihrer Inklusionsquote, nach dem Anteil von Familien mit Bürgergeldbezug und mit nichtdeutscher Familiensprache. Abhängig von ihrer Einstufung erhalten die Schulen jetzt in einem
Pilotprojekt seit dem 1. Februar unterschiedlich hohe Budgets zur freien Verfügung für unterrichtsunterstützende und -begleitende Maßnahmen. Insgesamt 3,5 Millionen Euro übers Land verteilt pro
Jahr. Wir sind natürlich noch am Anfang, anders als Hamburg, das seit Jahren so vorgeht, aber auch wir haben jetzt ein neues Instrument zur Verfügung, das künftig vermehrt zur Anwendung kommen
soll. Die Brandenburger Schulen, die über das "Startchancen"-Programm gefördert werden sollen, werden wir zum Beispiel darüber auswählen, wobei da am Ende die Schulträger mit entscheiden, ob sie
mitmachen wollen.
"Ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird,
den Digitalpakt 2.0 auf den Weg zu bringen."
Apropos "Startchancen"-Programm: Die Länder sollen das Bundesgeld, insgesamt eine Milliarde pro Jahr, zu gleichen Teilen gegenfinanzieren. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die von
Ihnen eingeführten Schulbudgets eine Art Vorauszahlung auf den Brandenburger Länderanteil sind?
Wie gesagt ist das bislang bei uns nur ein Pilotprojekt, die Gelder dafür sind also nicht dauerhaft im Haushalt vorgesehen. Wenn sich das ändert wäre es sicher so, dass das einzahlen würde
auf unsere Kofinanzierung im "Startchancen"-Programm. Mir fallen aber noch weitere Maßnahmen für Schulen in sozial herausfordernde Lage ein, die wir schon vergangenes Jahr auf den Weg gebracht
haben und die zu den "Startchancen" passen.
Parallel zu den "Startchancen" verhandelten Bund und Länder über die Fortsetzung des Digitalpakts. Allerdings aus Sicht der Länder lange so ergebnislos, dass in der KMK zwischenzeitlich
sogar ein Junktim zwischen beiden Programmen diskutiert wurde: Eine Einigung bei den Startchancen nur gegen die Zusicherung, dass der Digitalpakt 2.0 auch kommt. Schnee von gestern?
Man kann in der Politik nie ganz sicher sein, bevor die Tinte trocken ist. Aber ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass es gelingen wird, den Digitalpakt 2.0 auf den Weg zu bringen. Ohne ihn
würden wir den in den vergangenen Jahren erreichten Stand bei der digitalen Ausstattung der Schulen aufs Spiel setzen.
Es habe bei den Digitalpakt-Verhandlungen kurz vor der finalen Startchancen-Einigung "substanzielle Fortschritte" gegeben, lautete zuletzt die unter den Kultusministern vereinbarte Formulierung. In Ihrem 12-Punkte-Plan versprechen Sie, die Digitalisierung "als Verbesserung der Unterrichtsqualität und der individuellen Förderung" weiterzuentwickeln.
Welche konkreten Forderungen haben Sie vor dem Hintergrund an den Bund?
Das Wichtigste ist eine langfristige, möglichst kontinuierliche Förderung der Schulen, außerdem die Möglichkeit, über die Anwendungsbereiche des Digitalpakt 1.0 hinauszugehen und dabei trotzdem
nicht bürokratischer zu werden.
Der Bund fordert seinerseits, dass die Länder statt zehn diesmal 50 Prozent der Ausgaben tragen. Aus Ihrer Sicht vorstellbar?
Ich werde solche Forderungen nicht in der Öffentlichkeit bewerten, bevor wir als Kultusminister mit unserer Kollegin aus dem Bund am Tisch gesessen und darüber gesprochen haben. Das steht aber
noch nicht an, jetzt verhandeln die Staatssekretäre über alle inhaltlichen Fragen, die finanziellen sind ausgeklammert, bis der Vereinbarungsentwurf die Ministerebene erreicht. Das war übrigens
bei den Verhandlungen um den Digitalpakt 1.0 genauso.
"Wenn ich mir anschaue, mit welchen gewachsenen Strukturen jedes Bundesland umzugehen hat, kann ich nicht alles wegwischen und sagen: Alles Unsinn. Dann muss
ich mit den Strukturen und den Menschen darin Stück für Stück in Richtung einer Verbesserung arbeiten."
Ehrgeizig ist Ihr 12-Punkte-Plan auch in Hinblick auf den Ganztagsausbau, um den ab 1. August 2026 geltenden Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung in der Grundschule zu gewährleisten.
Laut erstem Ganztag-Förderbericht der Bundesregierung hat Brandenburg allerdings auch besonders großen Nachholbedarf. Nur 51 Prozent aller Grundschulen im Land boten
demzufolge 2022 Ganztag, unter den 13 verglichenen Bundesländern der zweitschlechteste Wert, nur Baden-Württemberg lag noch deutlich darunter.
Meine Statistiken besagen, dass fast 96 Prozent unserer Erstklässler den Hort besuchen. Es kommt also auf die Klassenstufen an, von denen wir reden, bei uns ist die Betreuungsquote der unter 6-
und 7-Jährigen traditionell sehr hoch. Hinzu kommt, dass sich die einzelnen Erhebungen sehr stark voneinander unterscheiden, was an den unscharfen Definitionen liegt. Sie dürfen nicht vergessen,
dass in den ostdeutschen Ländern die Betreuung von Kindern im Grundschulalter nicht nur an der Grundschule stattfindet, sondern nachmittags immer schon im Hort. In Brandenburg und in
Ostdeutschland insgesamt haben die Horte traditionell überwiegend den Charakter von Bildungseinrichtungen und sind daher konzeptionell sehr nahe an den Schulen, die als sogenannte verlässliche
Halbtagsgrundschulen arbeiten. Das ist also eine Darstellungsfrage, zumindest an dieser Stelle. Insofern können wir uns jetzt gegenseitig mit Statistiken bewerfen und ich zum Beispiel anführen,
dass Brandenburg unter den ostdeutschen Ländern den besten Betreuungsschlüssel im Kindertagesbereich hat. Unsere Abdeckung mit Kitaplätzen ist also im Gegensatz zu dem, was die im Bericht der
Bundesregierung angeführte Statistik nahelegt, sehr vorzeigbar, gerade im Vergleich zu den Herausforderungen in manchem westdeutschen Bundesland, wo die flächendeckende Kindertagesbetreuung nicht
überall gelebte Praxis war. Aber natürlich haben auch wir an manchen Orten einen Mangel, und an dem arbeiten wir.
Als Sie vergangenes Jahr Vorsitzender der Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) waren, haben Sie und die damalige KMK-Präsidentin Katharina Günther-Wünsch dafür gesorgt, dass JFMK
und KMK erstmals zusammen getagt und gemeinsame Beschlüsse gefasst haben, auch zur Qualität im Ganztag. Was allerdings fehlte, war ein Plädoyer für den gebundenen Ganztag: also den sich über den
Tag hinweg ziehenden Wechsel zwischen Schulunterricht, Selbstlernphasen, Freizeitangeboten und wieder Unterricht – was viele Bildungsexperten favorisieren.
Man sollte die Kirche im Dorf lassen. Klar, wenn ich am Reißbrett ein Ganztagssystem planen und aufbauen könnte, käme ich vermutlich sehr schnell beim gebundenen Ganztag an. Wenn ich mir aber
anschaue, mit welchen gewachsenen Strukturen jedes Bundesland umzugehen hat, kann ich nicht alles wegwischen und sagen: Alles Unsinn. Dann muss ich mit den Strukturen und den Menschen darin Stück
für Stück in Richtung einer Verbesserung arbeiten. Was hier in Brandenburg die Schulen, die Horte und ihre jeweiligen Träger umfasst.
Der Anlass für den 12-Punkte-Plan waren die enttäuschenden Leistungen der Brandenburger Schüler vor allem beim Bildungstrend. Wann werden sich all die ergriffenen Maßnahmen denn in
besseren Leistungen bemerkbar machen?
Dass sich schon im nächsten Bildungstrend für Mathematik etwas zeigt, weiß ich nicht, da will ich keine Prognose abgeben. Aber wir sprechen ständig mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern,
gleichen unsere Maßnahmen immer wieder mit ihren Erkenntnissen ab, und insofern bin ich überzeugt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dass der sich in den Kompetenzmessungen der einzelnen
Schüler möglichst bald bemerkbar macht, hoffe ich natürlich sehr.
Weil Sie als Minister dann gut dastehen?
Nein, weil die Schülerinnen und Schüler dann für ihr weiteres Leben gut dastehen.
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In: https://idus.us.es/handle//11441/110875
La presencia y distribución de contaminantes emergentes en compartimentos ambientales ha sido abordada intensamente en la literatura científica de los últimos años. Los avances en las técnicas y métodos analíticos empleados, el conocimiento de los rangos de concentración de algunos compuestos en determinados escenarios y sus potenciales efectos ecotoxicológicos, entre otros, han sido objeto de un interesante debate científico que ha trascendido a otros ámbitos como el de la legislación ambiental. La mayoría de estos estudios se han centrado en los compuestos tal y como son utilizados en el ámbito doméstico, industrial o agropecuario, pero aún siguen siendo muy escasos los dedicados a los productos de degradación o metabolitos ("los emergentes de los emergentes") en los que los compuestos originales en sus diferentes vías de introducción en el medio ambiente son transformados. De acuerdo con estos antecedentes, el objetivo global planteado en la presente tesis doctoral ha sido doble. Por un lado, el desarrollo de nuevos métodos analíticos, fiables y accesibles, para la determinación conjunta de contaminantes emergentes y metabolitos representativos en diferentes matrices ambientales atendiendo a las carencias advertidas en la literatura científica. Por otro lado, la aplicación de esos métodos, optimizados y validados, en la resolución de casos específicos de interés medioambiental. La tesis se ha estructurado en 5 capítulos. El capítulo 1, antecedentes, incluye una extensa revisión crítica del estado del arte sobre metabolitos de contaminantes emergentes en el medio ambiente. En él se abordan los mecanismos de metabolización de principios activos farmacéuticos y de productos de cuidado personal, las vías de entrada de estos compuestos y sus productos de degradación en el medio ambiente y los potenciales riesgos asociados, y las técnicas de tratamiento y determinación más empleadas en el análisis de estas sustancias en diferentes matrices, finalizando con un apartado sobre perspectivas futuras en este área de estudio. El capítulo 3 está formado por un compendio de 5 artículos científicos publicados, o en vías de publicación, en revistas de primer nivel internacional indexadas en el JCR (Journal Citation Reports). En estos trabajos se proponen nuevos métodos analíticos ad hoc para dar respuestas a las crecientes y recientes demandas, no sólo en el ámbito de la investigación, también en el de la legislación, en el campo de los contaminantes emergentes. Así, en el primer artículo se desarrolló un procedimiento para el análisis simultáneo de un conjunto de contaminantes emergentes propuestos para ser legislados en aguas superficiales, ante la ausencia de métodos de referencia o, en su defecto, lo suficientemente contrastados. Los artículos 2, 3 y 4, profundizan en los métodos y en las técnicas de preparación de diferentes tipos de matrices para la determinación conjunta de un grupo de compuestos representativos de principios activos farmacéuticos y productos de cuidado personal y sus productos de degradación (metabolitos, en este caso). Las propuestas se desarrollaron concretamente para muestras de aguas residuales urbanas y lodos de depuradora (principales fuentes de este tipo de contaminación) y para muestras de aguas superficiales, potables y suelos (principales primeros destinos de estos compuestos por las prácticas habituales de reutilización de aguas y lodos de depuración). Además de la optimización y validación pormenorizada de métodos completos, se realizó un análisis crítico de las propiedades analíticas principales y complementarias de diferentes técnicas para la extracción de los compuestos seleccionados en las matrices mencionadas. Por último, en el artículo 5 se aborda el desarrollo de un método aplicable a un eslabón más avanzado de la cadena de contaminación: la biota. Concretamente, se determinaron simultáneamente ibuprofeno y sus principales metabolitos en mejillones, también como antesala de unos primeros ensayos previstos de bioacumulación y toxicidad. El capítulo 4 está constituido por la reunión de 4 artículos científicos, asociado cada uno de ellos a una aplicación de interés medioambiental de los métodos anteriormente desarrollados. En el primer artículo de este capítulo (numerado como artículo 6), se realizó un seguimiento de los metabolitos y compuestos originales de principios activos farmacéuticos y productos de cuidado personal en las líneas de lodos de varias depuradoras de aguas residuales que empleaban distintas tecnologías. Ello permitió extraer información relevante acerca de la distribución de estos compuestos en relación con las fuentes y sobre su persistencia en el producto final de acuerdo con el tratamiento recibido. En el artículo 7 se estudió, mediante simulación en laboratorio de las condiciones reales, la dinámica de la carbamazepina y sus principales metabolitos en suelos que pueden contaminarse por estos compuestos a través del riego con aguas residuales depuradas o por la aplicación de lodos de depuradora como enmienda agrícola. Entre otros, se demostró la diferencia en los resultados de los ensayos de adsorción para los compuestos individuales y para el conjunto de los mismos, y la influencia de los distintos tipos de suelos ensayados en estos procesos. En el artículo 8 se evaluaron los procesos de degradación de todos los compuestos ya seleccionados en el primer artículo de este capítulo en tres suelos típicos mediterráneos, obteniéndose resultados muy interesantes acerca de la capacidad de adsorción de cada uno de los compuestos y de su persistencia o transformación; procesos todos dependientes de las propiedades físicoquímicas de las sustancias estudiadas y de las características de los suelos ensayados. Por último, en el artículo 9 se evaluó el comportamiento de arcillas modificadas como potencial tecnología de descontaminación para contaminantes emergentes en su formulación original y sus metabolitos; en concreto, se ensayó con la montmorillonita organofuncionalizada con octadecilamina como adsorbente de ibuprofeno y 3 de sus principales metabolitos. El capítulo 5 y último de la tesis recoge las principales conclusiones apuntadas de forma breve con anterioridad. ; The presence and distribution of emerging pollutants in environmental compartments has been intensively addressed in the scientific literature of recent years. The advances in the techniques and analytical methods used, the knowledge of the concentration ranges of some compounds in certain scenarios and their potential ecotoxicological effects, among other related topics, have been the subject of an interesting scientific debate that has transcended to other areas such as environmental legislation. Most of these studies are mainly based on the compounds just as they are used in the domestic, industrial or agricultural environment, but there are still very few studies devoted to degradation products or metabolites (the compounds ¨emerging¨ from emerging compounds) into which the original compounds are transformed in their different introduction routes into the environment. In accordance with these precedents, the global objective proposed in this PhD thesis has been twofold. On the one hand, the development of new, reliable and accessible analytical methods for the joint determination of emerging pollutants and representative metabolites in different environmental matrices, considering the shortcomings noted in the scientific literature. On the other hand, the application of these methods, optimized and validated, in the resolution of specific cases of environmental interest. The thesis has been structured in 5 chapters. Chapter 1, background, includes an extensive critical examination of the state-of-art in metabolites of emerging pollutants in the environment. It addresses the mechanisms of metabolization in pharmaceuticals and personal care products; the entry routes of these compounds and their degradation products into the environment and the potential associated risks, and the most widely used treatment and classification techniques in the analysis of these substances in different matrices, ending with a section on future perspectives in this study area. Chapter 2 describes the main and objectives of the research, as well as the work plan followed to achieve them, including the compounds and matrices selected for the study. Chapter 3 consists of a compendium of five scientific articles which either have been published or are in the process of being published, in leading international journals indexed in the JCR (Journal Citation Reports). In these articles, new ad hoc analytical methods are proposed to respond to recent growing demands, not only in the research but also in the legislative field, regarding emerging pollutants. Thus, in the first article, a procedure was developed for the simultaneous analysis of a set of emerging pollutants proposed to be legislated in surface waters, in the absence of reference methods or, failing that, sufficiently contrasted. Articles 2, 3 and 4 deepen into the methods and techniques for preparing different types of matrices for the joint determination of a group of representative compounds of pharmaceuticals and personal care products and their degradation products (metabolites, in this case). The proposals were developed specifically for samples of urban wastewater and sewage sludge (the main sources of this type of pollution) and for samples of surface water, drinking water and soils (the primary destinations of these compounds due to the common practice of reusing water and sewage sludge). In addition to the optimization and detailed validation of complete methods, a critical analysis of the main and complementary analytical properties of different techniques was carried out for the extraction of the selected compounds in the mentioned matrices. Finally, article 5 addresses the development of a method applicable to a more advanced step in the pollution chain: biota. Specifically, ibuprofen and its main metabolites were simultaneously determined in mussels, also as a prelude to planned bioaccumulation and toxicity tests. Chapter 4 is based on four scientific articles, being each of those associated with an environmental application of the methods previously developed. In the first article of this chapter (numbered as article 6), the metabolites and original compounds of pharmaceuticals and personal care products in the sludge originated in different step from various wastewater treatment plants using different technologies were monitored. That allowed to extract relevant information about the distribution of these compounds in relation to the sources and their persistence in the final product according to the treatment received. In article 7, the dynamics of carbamazepine and its main metabolites in soils that can be contaminated by these compounds through irrigation with treated wastewater or by the application of sewage sludge as organic amendment was studied by means of real conditions simulated in laboratory tests. Among others, the difference in the results of the adsorption tests of each individual compound and of them as a collective, and the influence of the different types of soil tested in these processes was demonstrated. In article 8, the degradation processes of all the compounds chosen in the first article of this chapter were evaluated in three typical Mediterranean soils, obtaining very interesting results about the adsorption capacity of each compound and about their persistence or transformation; processes which are all dependent on the physical-chemical properties of the substances being studied and the characteristics of the soils tested. Finally, in article 9, the behaviour of modified clays as a potential decontamination technology for emerging pollutants in their original formulation and their metabolites was evaluated; Specifically, organofunctionalized montmorillonite with octadecylamine was tested as an adsorbent for ibuprofen and 3 of its main metabolites. Chapter 5, the last chapter of the thesis, contains the most critical and important conclusions which were briefly pointed out previously.
BASE
En Colombia, el feminicidio es un tipo penal cerrado, en cuya estructura de delito autónomo, el legislador determinó, según el artículo 2° de la Ley Rosa Elvira Cely LREC, que el sujeto pasivo es la mujer cis, considerada así desde lo biológico, en razón de su sexo de nacimiento. En la jurisprudencia colombiana, cometer feminicidio es causar la muerte a una mujer, necesariamente motivada "por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género, móvil que hace parte del tipo dolo calificado" (Sentencia C-297 de 2016). Según Ramos de Mello (2015), en el feminicidio "el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de respetar sus derechos humanos, de actuar con legalidad y de hacerse respetar, de buscar y administrar la justicia, de prevenir y erradicar la violencia que ocasiona"; mientras que, las teorías sociológicas consideran al feminicidio como un crimen de Estado (Legarde, 2008) o como violencia sexual sistemática, propia de las relaciones de poder: social, cultural (machismo, patriarcado), política y económica, dominantes (Monárrez, 2009). En la LREC, el legislador no definió con precisión que el sujeto pasivo en el delito de feminicidio allí consagrado, podría extenderse a personas transgénero, concepto general que para la CIDH de la OEA constituye una denominación básica para designar a "aquellas personas cuya identidad de género u orientación sexual es diferente de las expectativas basadas en características físicas sexuales o en el sexo que les fue asignado al momento del nacimiento" (CIDH-OEA, 2015); los modelos o estereotipos sociales establecen disimilitudes en la sociedad, aunque la perspectiva antropológica del rol de mujer trans (travesti, transexual y transgénero), no necesariamente está vinculada a procedimientos médico-quirúrgicos para la reasignación de sexo, sino a la construcción de la identidad de género (Cano-Caballero, 2010). En la sociedad contemporánea, existen grupos de personas LGBTI, considerados vulnerables por su diversidad sexual, quienes no tienen regulados sus derechos de identidad jurídica en la legislación nacional, a pesar que la comunidad jurídica internacional se los haya reconocido en razón o por su condición de género (CIDH, 2015); situación que los expone al prejuicio que a su vez los hace objeto de violencia y estigmatización (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). De otra arista, el orden social en los Estados no está organizado estructuralmente para dar prioridad y adaptar procesos pertinentes con identidad de género o sexual, por lo cual deberían ser considerados como "construcción del cuerpo social como eje de transversalidad para la culturización y la difusión de información, para que la sociedad contemporánea, respete y asimile un proceso más inclusivo, que genere mayor atención hacia el cuerpo distinto, presente en la persona" (Cedeño & Cedeño, 2018). En Colombia, los derechos de las personas LGBTI no solo son irrespetados, sino que además no le son garantizados a plenitud, dado que, las autoridades de tipo judicial y administrativa, "anteponen el estereotipo o prejuicio al momento de aplicar la legislación o por una actitud omisiva desconocen las precarias e infravaloradas condiciones y estigmatización social" (Colombia Diversa, 2020); debido quizá a que el sistema está cimentado sobre la base del binarismo de género, invisibilizando a las mujeres trans y desconociendo la realidad de personas con género no binario. Aunque la Corte Constitucional colombiana ha sentado jurisprudencia a través de múltiples sentencias en materia de derechos de parejas del mismo sexo, en el país persiste la discriminación homofóbica por razones de orientación sexual e identidad de género, registrándose en forma continua, la vulneración a los derechos humanos y fundamentales como la integridad personal, la libertad, la intimidad, la libertad de expresión, a pesar de las normas y las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan por su garantía. Transcurridos dos decenios del siglo XXI, estos derechos de las personas transgénero siguen siendo ignorados y como personas humanas, "marginados y discriminados por una sociedad que le niega la existencia de una identidad de género propia de las personas trans, el derecho de igualdad sin distinción de sexo o género, sin exclusión" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). El no reconocer de forma incluyente a la persona trans, mediante política pública o legislación más precisa, desatiende la valoración social, la identidad de género no normativa y la identidad jurídica, siendo un condicionamiento que conlleva a la incorrecta imputación como homicidio agravado, al tipo penal de feminicidio cuyo sujeto pasivo es la mujer-adolescente trans. En esta tesis se desarrolla una investigación sociojurídica tipo analítica y comparada, dado su método de análisis interseccional de contenido, basado en fuentes de doctrina, jurisprudencia y política criminal, así como del derecho comparado con países de Latinoamérica en cuya legislación se incluya el tipo penal de feminicidio delimitando su unidad de análisis a adolescente transgénero y el sintagma gnoseológico se desarrolla mediante tratamiento multidimensional e interdisciplinar, con tres categorías analíticas abordadas desde la antropología social, psicología, derecho y ciencia forense; para determinar la construcción social e identidad jurídica como mujer-adolescente transgénero, necesaria para proponer su inclusión taxativa como sujeto pasivo en la LREC. Desde lo procesal-penal, se propone el protocolo de actuación médico forense y se incorporan los elementos socio-jurídicos incidentes que, como mecanismo judicial se requieren direccionar para una efectiva imputación en el proceso de investigación criminal del feminicidio transgénero. Desde lo académico, el problema jurídico y su solución, se abordan desde el conocimiento interdisciplinario y transdisciplinario en las áreas de Antropología, Derechos Humanos, Ciencia Forense, Derecho Procesal-Penal y Criminología; con lo cual se logra un aporte transversal, contemporáneo y de impacto sociojurídico, que genera una prospectiva como nueva línea de investigación y futuras investigaciones de alto impacto a nivel teórico e institucional en la USTA. ; In Colombia, Femicide is a closed criminal type, in whose structure of autonomous crime, the legislator determined, according to article 2 of the Rosa Elvira Cely LREC Law, that the taxable person is the woman considered thus from the biological point of view, in reason for your birth sex In Colombian jurisprudence, committing Femicide is causing the death of a woman, necessarily motivated "by her condition of being a woman or by reasons of her gender identity, motive that is part of the type of qualified fraud" (Sentence C-297 of 2016). According to Ramos de Mello (2015), in Femicide "the State is incapable of guaranteeing the lives of women, of respecting their human rights, of acting legally and enforcing respect, of seeking and administering justice, of preventing and eradicating the violence it causes "; While, sociological theories consider Femicide as a crime of the State (Legarde, 2008) or as systematic sexual violence, typical of power relations: social, cultural (machismo, patriarchy), political and economic, dominant (Monárrez, 2009 ). In the Rosa Elvira Cely Law, the legislator did not precisely define that the taxpayer in the crime of Femicide enshrined therein, could be extended to transgender people, a general concept that for the IACHR of the OAS constitutes a basic denomination to designate "those persons whose identity of gender or sexual orientation is different from the expectations based on sexual physical characteristics or on the sex assigned to them at the time of birth "(IACHR-OEA, 2015); social models or stereotypes establish dissimilarities in society, although the anthropological perspective of the role of trans women (transvestites, transsexuals and transgender), is not necessarily linked to medical-surgical procedures for the reassignment of sex, but to the construction of identity gender (Cano-Caballero, 2010). In contemporary society, there are groups of LGBTI people, considered vulnerable due to their sexual diversity, who do not have their legal identity rights regulated in national legislation, despite the fact that the international legal community has recognized them by reason or by their status as gender (IACHR, 2015); a situation that exposes them to prejudice that in turn makes them the object of violence and stigmatization (Ramos-Salcedo & González-Mauricio, 2015). On the other hand, the social order in the States is not structurally organized to prioritize and adapt pertinent processes with gender or sexual identity, for which they should be considered as "construction of the social body as an axis of transversally for culturalization and dissemination of information, so that contemporary society respects and assimilates a more inclusive process that generates greater attention to the different body present in the person" (Cedeño & Cedeño, 2018). In Colombia, the rights of LGBTI people are not only disrespected, but they are also not fully guaranteed, given that judicial and administrative authorities "put the stereotype or prejudice before applying the legislation or by a omisive attitude ignore the precarious and undervalued conditions and social stigmatization "(Colombia Diversa, 2020); perhaps due to the fact that the system is founded on the basis of gender binaries, making trans women invisible and ignoring the reality of people with non-binary gender. Although the Colombian Constitutional Court has established jurisprudence through multiple judgments on the rights of same-sex couples, homophobic discrimination persists in the country for reasons of sexual orientation and gender identity, with the violation of rights being continuously recorded. human and fundamental such as personal integrity, freedom, privacy, freedom of expression, despite the rules and Non-Governmental Organizations that work for their guarantee. After two decades of the 21st century, these rights of transgender people continue to be ignored and as human persons, "marginalized and discriminated against by a society that denies the existence of a gender identity typical of trans people, the right to equality without distinction. of sex or gender, without exclusion" (Cardona-Cuervo, 2016; Godoy, 2019). Not recognizing the trans person in an inclusive way, through public policy or more precise legislation, neglects social valuation, non-normative gender identity and legal identity, being a condition that leads to the incorrect imputation as aggravated homicide, to a criminal type of Femicide whose taxpayer is the transgender woman-adolescent. In this thesis, an analytical and comparative socio-legal research is developed, given its method of intersectional content analysis, based on sources of doctrine, jurisprudence and criminal policy, as well as comparative law with Latin American countries in whose legislation the criminal type is included from feminicide, delimiting its unit of analysis to a transgender adolescent and the epistemological phrase is developed through multidimensional and interdisciplinary treatment, with three analytical categories approached from social anthropology, psychology, law and forensic science; to determine the social construction and legal identity as a transgender woman-adolescent, necessary to propose her exhaustive inclusion as a taxpayer in the LREC. From the procedural-criminal point of view, the forensic medical action protocol is proposed and the incident socio-legal elements are incorporated that, as a judicial mechanism, are required to address for an effective imputation in the criminal investigation process of transgender Femicide. From the academic point of view, the legal problem and its solution are approached from interdisciplinary and transdisciplinary knowledge in the areas of Anthropology, Human Rights, Forensic Science, Procedural-Criminal Law and Criminology; with which a transversal, contemporary contribution with a socio-legal impact is achieved, which generates a prospective as a new line of research and future research of high impact at the theoretical and institutional level in the USTA. ; Magister en Derecho Penal y Procesal Penal
BASE
Ein leistungsstarkes, international wettbewerbsfähiges Innovationssystem setzt voraus, dass Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ihre Kräfte in neuartigen Innovationsprozessen vereinen, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die nur im Zusammenwirken ihrer unterschiedlichen Perspektiven, Kompetenzen und Ressourcen möglich werden. Dieses Innovationsparadigma entwickelte sich erst im Laufe des letzten Jahrzehnts, ist heute auf deutscher und europäischer Ebene jedoch bereits prägend für die politische Steuerung des Innovationsgeschehens. Es gründet auf den heute gesteigerten Leistungsanforderungen an Forschung und Innovation, deren Güte sich nicht mehr alleine an Erkenntnisgewinn und Neuartigkeit bemisst, sondern zunehmend an ihrem weitreichenderen Nutzen. Forschung und Innovation sollen durch effektiven Wissens- und Technologietransfer die Wirtschaft stärken, mit disruptivem Potenzial und gleichsam auf verantwortliche Weise gesellschaftsrelevante Fragestellungen adressieren, transformativen Wandel anstoßen und damit zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen. Der Schlüssel, um all diesen Ansprüchen gerecht zu werden – darin stimmen politische Steuerungskonzepte und die Innovationsforschung überein –, heißt Kollaboration. Dem theoretischen Modell der Quadruple Helix folgend, sollen Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft im Zusammenspiel ihrer jeweiligen Stärken eine neue Qualität in Forschung und Innovation erzielen. In der Praxis bedeuten der Einbezug neuer Akteure in das Innovationsgeschehen und die Weiterentwicklung traditioneller organisationaler Innovationskonzepte hin zu einer kollaborativen Logik jedoch eine fundamentale Veränderung der Innovationsziele, der Innovationspraktiken und damit auch der Rolle jedes einzelnen Akteurs im Gefüge des Innovationssystems. Für diesen Transformationsprozess liefern weder der politische noch der wissenschaftliche Diskurs, die sich vor allem auf die Ebene des Innovationssystems beziehen, konkrete Ansatzpunkte, an denen sich die Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft orientieren können. Welche Rolle können und sollen Forschungseinrichtungen, Unternehmen, Start-ups, Ministerien oder Bürgerinnen und Bürger heute und zukünftig in den neuen, kollaborativen Innovationsprozessen einnehmen? An dieser Frage setzt die vorliegende Dissertation an. Ihr Ziel ist es, ein tiefgehendes Verständnis dafür zu schaffen, in welcher Weise die zahlreichen und heterogenen Akteure in kollaborativen Innovationsprozessen nach dem Modell der Quadruple Helix zusammenwirken. Dazu wird das kollaborative Innovationshandeln unter einer Geschäftsmodell-Perspektive betrachtet: Mittels einer qualitativen empirischen Analyse von 17 Quadruple-Helix-Netzwerken wird zum einen erforscht, in welcher Architektur aus funktionalen Rollen die 184 in den Netzwerken involvierten Akteure zusammenwirken, um einen Innovationsmehrwert im Sinne der eingangs dargestellten neuen Leistungsanforderungen zu erzielen. Zum anderen wird untersucht, welche Ertragsmodelle die einzelnen Akteure zur Übernahme ihrer jeweiligen Rolle incentivieren. Durch einen neuen, für diese Arbeit eigens entwickelten methodischen Ansatz der empirisch begründeten Typenbildung gelingt es erstmals, 25 typische Rollen und deren Ertragsmodelle zu beschreiben und damit aufzuzeigen, wie kollaborative Forschungs- und Innovationsprozesse auf Akteurs-Ebene funktionieren. Dies bildet den empirischen Kern der Dissertation. In drei daran anschließenden empirischen Studien wird das Verständnis bezüglich des Geschäftsmodells kollaborativer Innovation weiter vertieft: Mit einem Blick in unterschiedliche, auf Forschung und Entwicklung ausgerichtete Unternehmen und Forschungseinrichtungen untersucht die erste Studie, inwieweit das kollaborative Innovationsparadigma aus Innovationsforschung und Innovationspolitik bereits Eingang in die Innovationspraxis gefunden hat. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass organisationale Logiken das Innovationshandeln in den untersuchten Unternehmen und Forschungseinrichtungen weiterhin prägen. Jedoch besteht ein deutliches Bewusstsein für die eingeschränkte Leistungsfähigkeit derartiger Innovationsprozesse sowie für die Mehrwerte kollaborativer Ansätze. Aus dem Bestreben, die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der eigenen Organisation zu sichern, resultiert ein hohes Interesse – insbesondere der Unternehmen – an kollaborativer Innovation. Dieses Interesse mündet in der Praxis jedoch in ein Phänomen, welches in der Studie als neue lineare Innovationsprozesse bezeichnet und bezüglich seines Innovationsmehrwertes kritisch reflektiert wird. Die zweite Studie analysiert die Rolle der Gesellschaft als neustes der vier Teilsysteme der Quadruple Helix und beleuchtet vor allem das kontroverse Rollenverhältnis zwischen wissenschaftlichen Expertinnen und Experten und außerwissenschaftlichen, gesellschaftlichen Akteuren. Die Ergebnisse zeigen auf, dass das gesellschaftliche Bedürfnis nach Partizipation in Forschung und Innovation nicht als Wunsch nach deren Demokratisierung fehlinterpretiert werden sollte. Stattdessen erhoffen sich die befragten gesellschaftlichen Akteure den bidirektionalen Dialog mit Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Forschung über mögliche und wünschbare Zukünfte. Sich selbst sehen sie dabei in der Rolle eines "gesellschaftlichen Sensors". Die Studie trägt durch die Klärung der durch die Gesellschaft in kollaborativen Innovationsprozessen favorisierten Rolle dazu bei, Abwehrhaltungen gegen partizipative Ansätze – insbesondere auf Seiten der Wissenschaft – zu verringern. Mit einer Typologie von gesellschaftlichen Teilnehmenden kollaborativer Prozesse gibt sie darüber hinaus Hinweise zur Gestaltung geeigneter Ertragsmodelle für den Einbezug der Zivilgesellschaft in Forschung und Innovation. In der dritten Studie werden die Herausforderungen und Potenziale des neuen Innovationsparadigmas für Forschungseinrichtungen beleuchtet, die traditionell als zentraler Akteur des Forschungs- und Innovationsgeschehens fungierten. In der Analyse zeigt sich, dass sich Universitäten und Forschungsorganisationen bereits in unterschiedlichen Rollen in kollaborative Innovationsprozesse einbringen. Jedoch wird auch deutlich, dass heute heterogene Akteure des Innovationssystems Funktionen im Innovationsprozess übernehmen, die vormals alleine den Forschungseinrichtungen vorbehalten waren. In Konkurrenz mit außerwissenschaftlichen Wissensquellen wächst der Druck auf die etablierten Forschungseinrichtungen, ihr eigenes Geschäftsmodell für Forschung und Innovation weiterzuentwickeln und in kollaborativen Prozessen auch neue Rollen zu übernehmen. Die starre Logik des Wissenschaftssystems und das Fehlen für kollaborative Innovationsprozesse geeigneter Ertragsmodelle, die sich an den Relevanzen der Forschung orientieren, führen jedoch dazu, dass der Sprung von bilateralen Push- und Pull-Kooperationen zu Quadruple-Helix-Kollaborationen für Forschungseinrichtungen eine große Herausforderung darstellt. Die Ergebnisse der Untersuchung verweisen auf mögliche neue Rollen für Universitäten und Forschungsorganisationen, deren künftige Übernahme ein Potenzial für die Qualität kollaborativer Innovation und die Leistungsfähigkeit des Innovationssystems darstellt. Durch ihren hohen empirischen Gehalt schafft die vorliegende Arbeit ein Verständnis für das Geschäftsmodell kollaborativer Forschung und Innovation und liefert Erkenntnisse über die Akteurs-Ebene der Quadruple Helix, die deutlich über bisherige wissenschaftliche Arbeiten hinausgehen. Die Analyse und Beschreibung des Zusammenspiels heterogener Rollen veranschaulicht die Funktionsweise kollaborativer Innovationsprozesse und weist gleichzeitig auf deren Herausforderungen hin. Damit leistet die vorliegende Dissertation einen entscheidenden Beitrag, um das theoretische Quadruple-Helix-Modell zu einem empirischen Modell weiterzuentwickeln. Aus den empirischen Ergebnissen werden Implikationen für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft abgeleitet, die aufzeigen, wie eine kollaborative Geschäftsmodell-Logik zukünftig nicht nur theoretisch, sondern praktisch im deutschen Innovationssystem verankert werden kann. Mit einem wissenschaftlich fundierten Tool zur Analyse und Gestaltung von Innovationsnetzwerken, wird die Innovationspraxis darin unterstützt, ihrem kollaborativen Innovationshandeln zukünftig eine reflektierte Geschäftsmodell-Logik zugrunde zu legen und alle relevanten Potenziale des Innovationssystems auszuschöpfen. ; An effective, internationally competitive innovation system depends on novel innovation processes through which academic research, business, government and society combine their respective perspectives, expertise and resources in the joint development of solutions that would not have come about otherwise. Despite only having arisen in the course of the past decade, this innovation paradigm is already shaping not only German but also European innovation policy. This is in keeping with the increased demands placed on research and innovation, the value of which is no longer measured purely in terms of knowledge gain and technological novelty, but rather in terms of broader impact. Research and innovation are expected to strengthen the economy through effective knowledge and technology transfer, to harness disruptive potential in addressing socially relevant issues while doing so responsibly, and to instigate transformative change, thus helping to solve major societal challenges. The key to meeting all of these demands – and here research policy and innovation research are in agreement – is collaboration. In accordance with the theoretical Quadruple Helix model, the interplay of the respective strengths of academic, business, government and societal actors should improve the overall quality of research and innovation. In practice, the involvement of new actors and the move away from traditional organisation-centric approaches towards a collaborative understanding of innovation entail certain fundamental changes – to the goals of innovation, to the ways innovation is realised in practice, and to the roles of individual actors within the innovation system. Yet when it comes to this transformation process, specific practical guidance for academic, business, government and societal actors is conspicuously absent from policy and academic discourse, both of which primarily deal with innovation systems at the macro level. In these new, collaborative innovation processes, what roles can and should be taken up by research institutions, start-ups and other companies, government departments and members of the public, both now and in the future? This question forms the starting point of this dissertation, which aims to establish a deeper understanding of the ways in which the numerous heterogeneous actors involved in collaborative innovation processes cooperate in accordance with the Quadruple Helix model. To this end, collaborative innovation practices are examined from a business model perspective. A qualitative empirical analysis of 17 Quadruple Helix networks is used to identify the architecture of functional roles via which the 184 involved actors aim to meet the aforementioned current demands placed on innovation, as well as the profit models that incentivise individual actors to take up their respective roles. A new method of empirically grounded typology construction, specially developed for this project, makes it possible to describe 25 typical roles and their accompanying profit models, and thus to demonstrate for the first time how collaborative research and innovation processes function on actor level. This forms the empirical core of the dissertation. Three subsequent empirical studies provide an even deeper understanding of the business model underlying collaborative innovation. Looking at various research and development-oriented companies and research institutions, the first study examines the extent to which the collaborative innovation paradigm has made its way from innovation research and policy into innovation practice. The findings clearly show that within the investigated companies and research institutions, innovation processes are still shaped by organisation-centric principles. At the same time, there is a marked awareness of the limited efficacy of such innovation processes, and of the value that can instead be created via collaborative approaches. Respondents' desire to ensure the competitiveness and future viability of their respective organisations can be seen to result in a pronounced interest in collaborative innovation, especially on the part of the companies that form part of the study. Nonetheless, in practice this has given rise to what can be called new linear innovation processes, which are likely to be of limited benefit with respect to the creation of new value within innovation. The second study analyses the role of society as the newest of the four subsystems of the Quadruple Helix, looking in particular at the controversial distribution of roles between experts from the academic sector on the one hand, and non-specialist societal actors on the other. The findings indicate that the societal sector's desire to participate in research and innovation should not be misinterpreted as a wish for these processes to be democratised. Instead, the societal actors who took part in the study express an interest in bidirectional dialogue regarding possible and desirable futures with experts from the field of academic research. In this kind of exchange, they see their own role as that of "societal sensor", reflecting and giving voice to society's needs and ethical concerns with respect to innovation. In thus clarifying the preferred role of societal actors in collaborative innovation processes, this study should help diminish resistance to participatory approaches, especially on the part of academic actors. Moreover, the resultant typology of societal participants in collaborative processes can aid in the creation of appropriate profit models for the inclusion of civil society in research and innovation. In the third study, the focus falls on challenges and opportunities the above-mentioned new innovation paradigm holds for research institutions, which have traditionally occupied a central position in research and innovation. The analysis reveals that universities and research organisations have been contributing to collaborative innovation processes in a variety of roles. At the same time it becomes clear that current innovation systems see a range of heterogeneous actors performing functions that were previously the exclusive domain of research institutions. Given that they are now competing with sources of knowledge from outside the academic sector, established research institutions find themselves under increasing pressure to rethink their research and innovation business models and to take up new roles in collaborative processes. However, due to the rigid nature of the academic system and a lack of suitable incentive models for collaboration that take the realities of said system into account, the leap from bilateral push-pull cooperation to Quadruple Helix-collaboration poses a significant challenge for research institutions. Nonetheless, the study's findings point towards potential new roles through which universities and research organisations could in future contribute to improved collaborative innovation, and thus to the establishment of a more effective innovation system. Thanks to its extensive empirical basis, this dissertation is able to construct an understanding of the business model underlying collaborative research and innovation, and to attain insights into Quadruple Helix systems at actor level that far exceed the state of research on the topic. The presented analysis and description of the interplay between heterogeneous roles illustrate how collaborative innovation processes function, while simultaneously highlighting the challenges these processes entail – thus constituting an important contribution towards further development of the theoretical Quadruple Helix model into an empirical model. The implications of the empirical findings for academic research, business, government and society show how in future, collaborative innovation strategies can be not only theoretically but above all practically embedded in the German innovation system. Lastly, the scientifically sound tool for analysing and shaping innovation networks presented herein can aid the establishment of well-founded business model principles to govern future collaborative innovation processes, which would in turn make it possible to harness the full potential of the innovation system.
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In: http://hdl.handle.net/11093/1089
Las últimas reformas del código penal de 2010 y 2015 ponen de manifiesto que nuestro legislador empieza a entender que el derecho penal moderno solo se legitima, si trata de igual manera cualesquiera conductas gravemente lesivas para nuestra convivencia, incluso las realizadas por los sectores poderosos de nuestra sociedad, esto sucede cuando el derecho penal deja de ser derecho, destinado solo a aplicarse a los sectores sociales más desfavorecidos. Si bien la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica se realiza en 2010 , la primera regulación comprensiva se realiza en la reforma de 2015, es, en este sentido, un paso significativo, al introducir los requisitos y condiciones de la compliance. Será tras la reforma de 2015 cuando el art. 31 bis CP indique taxativamente los requisitos y condiciones para llevar a cabo esta nueva tarea que se les impone, siendo el aspecto más novedoso de la reforma del Código Penal de 2015, la completa regulación en los apartados 2, 3, 4 y 5 del art. 31 bis del CP de los programas de cumplimiento normativo o compliance guides denominados en el Código Penal como modelos de organización y gestión. En cuanto a la eficacia preventiva del sistema compliance existe acuerdo en considerar que, con carácter general, un programa de cumplimiento efectivo ha de promover tres objetivos esenciales: prevención, un programa de cumplimiento efectivo tiene que prevenir conductas ilegales que puedan enfrentar a la compañía a una responsabilidad penal; detección, tiene que conducir a una detección temprana en orden a remediarlas; y paliación, una vez que el delito se ha cometido, un programa de cumplimiento eficaz debe ayudar tanto a mitigar la responsabilidad penal (eximentes) como a reducir la posible sanción (atenuación). La responsabilidad penal de las personas jurídicas supuso un cambio de paradigma del Derecho Penal de ultima ratio del Estado a prima ratio, al anticipar la respuesta en la resolución del problema, el Derecho Penal se incorpora a la prevención empresarial. Este cambio de paradigma ha supuesto una privatización de la lucha contra la corrupción toda vez que el Estado ha obligado a las empresas a adoptar medidas preventivas internas, que por otro lado el Estado "el otro lado de la carretera" no ha adoptado como organización. La incorporación al ordenamiento jurídico español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se produce en tres etapas diferenciadas: 2010 con su introducción, 2012 con la incorporación de los partidos políticos y los sindicatos, siendo la alteración del Código Penal de 2015 la clave, porque en ella se concretan los requisitos compliance. Es importante asimismo en la reforma de 2015: la creación del delito de financiación del terrorismo o de financiación ilegal de los partidos políticos; además de la ampliación de delitos contra bienes colectivos de carácter socioeconómico, medioambiental, urbanístico o relacionados con nuevas tecnologías; las mejoras en los delitos contra la comunidad internacional; o la lucha contra la corrupción, en especial la mejorada regulación del delito de cohecho o la introducción del delito de corrupción entre particulares. La formulación legal o régimen jurídico de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se concentra en el Código Penal en diversos preceptos: 31 bis, 33.7 que describe las penas imponibles a las personas jurídicas; 52 sobre la forma de imponer la pena de multa y 53 referentes a la determinación y a la forma de pago de la pena de multa, 66 bis sobre medición y determinación de las penas imponibles a las personas jurídicas, 116.3 que declara que a la responsabilidad penal de la persona jurídica irá unida la responsabilidad civil y el art. 130 que advierte que la transformación o fusión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad. ; As últimas reformas do código penal de 2010 e 2015 poñen de manifesto que o noso lexislador empeza a entender que o dereito penal moderno só lexitímase, se trata de igual maneira calquera condutas gravemente lesivas para a nosa convivencia, incluso as realizadas polos sectores poderosos da nosa sociedade, isto sucede cando o dereito penal deixa de ser dereito, destinado só a aplicarse aos sectores sociais máis desfavorecidos. Aínda que a introdución da responsabilidade penal da persoa xurídica realízase en 2010 , a primeira regulación comprensiva realízase na reforma de 2015, é, neste sentido, un paso significativo, ao introducir os requisitos e condicións da compliance. Será tras a reforma de 2015 cando o art. 31 bis CP indique taxativamente os requisitos e condicións para levar a cabo esta nova tarefa que se lles impón, sendo o aspecto máis novo da reforma do Código penal de 2015, a completa regulación nos apartados 2, 3, 4 e 5 do art. 31 bis do CP dos programas de cumprimento normativo ou compliance guides denominados no Código penal como modelos de organización e xestión. En canto á eficacia preventiva do sistema compliance existe acordo en considerar que, con carácter xeral, un programa de cumprimento efectivo ha de promover tres obxectivos esenciais: prevención, un programa de cumprimento efectivo ten que previr condutas ilegais que poidan enfrontar á compañía a unha responsabilidade penal; detección, ten que conducir a unha detección temperá en orde a remedialas; e paliación, unha vez que o delito se ha cometido, un programa de cumprimento eficaz debe axudar tanto a mitigar a responsabilidade penal (eximentes) como a reducir a posible sanción (atenuación). A responsabilidade penal das persoas xurídicas supuxo un cambio de paradigma do Dereito Penal de ultima cociente do Estado a prima cociente, ao anticipar a resposta na resolución do problema, o Dereito Penal incorpórase á prevención empresarial. Este cambio de paradigma supuxo unha privatización da loita contra a corrupción tendo en conta que o Estado obrigou ás empresas para adoptar medidas preventivas internas, que doutra banda o Estado "o outro lado da estrada" non adoptou como organización. A incorporación ao ordenamento xurídico español da responsabilidade penal das persoas xurídicas prodúcese en tres etapas diferenciadas: 2010 coa súa introdución, 2012 coa incorporación dos partidos políticos e os sindicatos, sendo a alteración do Código penal de 2015 a clave, porque nela concrétanse os requisitos compliance. É importante así mesmo na reforma de 2015: a creación do delito de financiamento do terrorismo ou de financiamento ilegal dos partidos políticos; ademais da ampliación de delitos contra bens colectivos de carácter socioeconómico, ambiental, urbanístico ou relacionados con novas tecnoloxías; as melloras nos delitos contra a comunidade internacional; ou a loita contra a corrupción, en especial a mellorada regulación do delito de suborno ou a introdución do delito de corrupción entre particulares. A formulación legal ou réxime xurídico da responsabilidade penal das persoas xurídicas concéntrase no Código penal en diversos preceptos: 31 bis, 33.7 que describe as penas impoñibles ás persoas xurídicas; 52 sobre a forma de impoñer a pena de multa e 53 referentes á determinación e á forma de pago da pena de multa, 66 bis sobre medición e determinación das penas impoñibles ás persoas xurídicas, 116.3 que declara que á responsabilidade penal da persoa xurídica irá unida a responsabilidade civil e o art. 130 que advirte que a transformación ou fusión dunha persoa xurídica non extingue a súa responsabilidade. ; The latest reforms of the penal code of 2010 and 2015 show that our legislator is beginning to understand that modern criminal law is only legitimized, if it treats equally any conduct seriously damaging to our coexistence, including those carried out by the powerful sectors of our society. society, this happens when the criminal law ceases to be right, intended only to apply to the most disadvantaged social sectors. Although the introduction of criminal liability of the legal entity is made in 2010, the first comprehensive regulation is made in the 2015 reform, it is, in this sense, a significant step, by introducing the requirements and conditions of compliance. It will be after the reform of 2015 when the art. 31 bis CP indicate taxativamente the requirements and conditions to carry out this new task that imposes them , being the newest appearance of the reform of the Penal Code of 2015, the complete regulation in the sections 2, 3, 4 and 5 of the art. 31 bis of the CP of the programs of normative fulfillment or compliance guides designated in the Penal Code like models of organisation and management. Regarding the preventive efficiency of the system compliance exists agreement in considering that, with general character, a program of effective fulfillment has to promote three essential aims: prevention, a program of effective fulfillment has to warn illegal behaviours that can confront to the company to a penal responsibility; detection, has to drive to an early detection with a view to remedy them; and paliación, once that the crime has committed , a program of effective fulfillment has to help so much to mitigate the penal responsibility ( eximentes) as to reduce the possible sanction (mitigation). The penal responsibility of the legal persons supposed a change of paradigm of the Penal Right of ultima ratio of the State to premium ratio, when anticipating the answer in the resolution of the problem, the Penal Right incorporates to the business prevention. This change of paradigm has supposed a privatisation of the fight against the corruption all time that the State has forced to the companies to adopt preventive measures interns, that on the other hand the State "the another side of the road" has not adopted like organisation. The incorporation to the juridical legislation Spanish of the penal responsibility of the legal persons produces in three stages differentiated: 2010 with his introduction, 2012 with the incorporation of the political parties and the unions, being the alteration of the Penal Code of 2015 the key, because in her concretise the requirements compliance. It is important likewise in the reform of 2015: the creation of the crime of finance of the terrorism or of illegal finance of the political parties; in addition to the enlargement of crimes against collective goods of socioeconomic character, environmental, urbanístico or related with new technologies; the improvements in the crimes against the international community; or the fight against the corruption, especially the improved regulation of the crime of cohecho or the introduction of the crime of corruption between individuals. The legal formulation or juridical diet of the penal responsibility of the legal persons concentrates in the Penal Code in diverse precepts: 31 bis, 33.7 that describes the penalties imponibles to the legal persons; 52 on the form to impose the penalty of fine and 53 referents to the determination and to the form of payment of the penalty of fine, 66 bis on measurement and determination of the penalties imponibles to the legal persons, 116.3 that declares that to the penal responsibility of the legal person will go joined the civil responsibility and the art. 130 that warns that the transformation or fusion of a legal person does not extinguish his responsibility.
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In: http://hdl.handle.net/10272/15620
La biodiversidad no sólo se compone de una variedad de ecosistemas, especies y genes, sino que constituye nuestro capital natural, al prestar servicios ecosistémicos en provecho de nuestra economía. Su pérdida y deterioro ponen en peligro estos servicios al desaparecer especies, hábitats, su riqueza y el empleo que obtenemos de ellos, amenazando nuestro bienestar, convirtiéndose en una de las grandes amenazas medioambientales. Las especies exóticas invasoras plantean una clara amenaza a la biodiversidad que puede intensificarse en el futuro, a menos que se tomen medidas enérgicas a todos los niveles para controlar su introducción y establecimiento y abordar el problema que presentan las ya existentes. La presente tesis doctoral se enmarca dentro de uno de los proyectos de investigación concedido por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales (ref. OAPN 042/2007) que ha pretendido definir las vías y mecanismos de entrada y la detección precoz de la especie invasora Spartina densiflora (Brongn.) en espacios naturales y en zonas restauradas del Parque Nacional de Doñana y su entorno, así como valorar los efectos de su presencia y testar distintas técnicas para su control y erradicación. En el primer capítulo y a modo de introducción, se hace una breve revisión de la definición de especie exótica invasora y de los posibles mecanismos de entrada de estas especies, así como de los convenios y la legislación que han ido surgiendo en los estamentos internacionales y su transcripción a la normativa nacional, hasta la redacción final del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Así mismo, se describe cómo S. densiflora ha llegado a colonizar las marismas del Golfo de Cádiz desde su origen sudamericano y su situación regional actual, lo que permite plantear los objetivos principales de esta Tesis. El capítulo 2 se ha centrado en caracterizar ambientalmente las poblaciones de Spartina densiflora en distintas localizaciones dentro de los límites del Parque Nacional de Doñana para delimitar su hábitat potencial. Esta especie ha mostrado una gran plasticidad, similar a lo reflejado en otras marismas cercanas que ha invadido. En relación con los factores ambientales estudiados, algunos podrían haber estado limitando la invasión de Spartina hacia el interior del Parque Nacional (pH más básicos y potenciales redox más negativos asociados a periodos prolongados de inundación durante la estación húmeda y a bajas cotas topográficas, mayor compactación y dureza del suelo durante el largo periodo de estío). Aunque esto pudiera verse alterado tras la permeabilización de la Montaña del Río por medio de la Actuación Nº8 del Proyecto Doñana 2005. En el capítulo 3 se valora el alcance ecológico de la invasión de Spartina densiflora, estimando su biomasa (B), la producción primaria aérea neta (NAPP), el cociente de ambas (NAPP/B) y el tiempo que permanecen estantes hojas y tallos muertos en sus rodales de vegetación, comparando estos valores con los de las especies autóctonas que pueden verse afectadas en las marismas del Parque Nacional de Doñana, como son Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) C. Koch, Juncus subulatus Forssk., Scirpus litoralis Schrad. [=Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla], Scirpus maritimus [=Bolboschoenus maritimus (L.) Palla]. S. densiflora ha alcanzado no solo valores más altos de biomasa área y producción primaria respecto al resto de especies estudiadas, especialmente en localizaciones con ausencia de la influencia mareal, sino que posee tiempos de renovación mayores, esto último en consonancia con los largos periodos registrados de permanencia de sus hojas y tallos estantes muertos. Así mismo, se ha evaluado su capacidad de regeneración tras fuego y S. densiflora es capaz de recuperar en tres años sus valores de biomasa y producción. En el capítulo 4, se han estudiado experimentalmente los procesos de lixiviado de hojas, en laboratorio, y los procesos de descomposición de la biomasa, in situ, de S. densiflora y de las especies autóctonas seleccionadas (A. macrostachyum, J. subulatus, S. litoralis, S. maritimus). La especie invasora no ha mostrado un comportamiento diferencial que permita confirmar que retiene más nutrientes que las especies autóctonas analizadas en relación al lixiviado, aunque la pérdida de biomasa de S. densiflora tanto en medio con y sin azida fue relativamente baja. En relación con la descomposición, S. densiflora no es la especie que más tarda en descomponerse, sino una de las especies autóctonas, J. subulatus. S. litoralis fue la que presentó una mayor tasa de descomposición. Por último, en el capítulo 5, se determinó el potencial para la dispersión a larga distancia de semillas de Spartina densiflora por dos de las anátidas más abundantes en nuestros humedales (ánades reales, Anas platyrhynchos, y gansos comunes, Anser anser), y se comparó con el potencial de dispersión de semillas de otras especies autóctonas (Arthrocnemum macrostachyum y Suaeda vera) y exóticas (Ludwigia grandiflora). Se recuperaron semillas intactas de las heces hasta 4 días después de la ingestión. La proporción de semillas recuperadas intactas varió significativamente entre las especies de plantas, pero no de entre las aves. El porcentaje de semillas recuperadas de S. densiflora fue el menor (3%), aunque el tracto digestivo de las anátidas redujo su tiempo de germinación. Sin embargo, éste aumentó con el tiempo de retención, que fue mayor en patos. Ninguna semilla de S. densiflora germinó transcurridas más de ocho horas desde el inicio de la ingesta forzosa de semillas a gansos y patos. Al final de la tesis aparecen las conclusiones generales extraídas del conjunto de los capítulos. ; The biodiversity does not only mean a variety of ecosystems, species and genes, but also the natural capital from the ecosystem to our economy. The biodiversity loss and decline is one of the major environmental risks and threaten ecological processes, habitats, species richness, and consequently, the employment associated with ecosystems, our economical capacity as well as our own welfare state. Currently, invasive alien species are a serious threat to the biodiversity and unless some measures to control their introduction and establishment are firmly adopted at every level the problem will become very complicated in the future, or even, insurmountable. The current thesis is framed within the project 'Ecological implications of the presence of the invasive alien cordgrass Spartina densiflora (Brongn.) in the Doñana National Park and its surroundings. Prevention, control and eradication' of the Organismo Autónomo de Parques Nacionales (ref. OAPN 042/2007) that aims to define the mechanics of introduction and the early detection of this exotic species throughout this highly protected natural area, to evaluate the ecological effects of its presence and to study several techniques focused on its control and eradication. In the first chapter and as an introduction to the project, a brief review of the alien species definition and their mechanics of introduction are done. Special attention is paid to the recent International Conventions and legislation in terms of invasive species and how they were progressively adopted in Spain until the publication of the Spanish Catalog of Invasive Alien Species. In the same way, it is described the colonization process of S. densiflora in the coastal marshes of the Golfo de Cádiz coming from South America and its current regional distribution. Both crucial aspects will be considered for the establishment of the main objectives of this thesis. Chapter 2 is focused on the environmental characterization of the S. densiflora populations in several locations within Doñana National Park in order to delimit its potential habitat. This species presents a high plasticity, similar to what has been described in other coastal marshes close to our study site. In relation to this, some of the studied environmental factors could have restricted the colonization of S. densiflora towards the core of the National Park depending on the season. On one hand, basic pH levels and more negative redox potential associated with longer flooding periods and lower elevational limits may play an important role during the wet season. On the other hand, higher compaction and soil hardness, as a consequence of dry conditions, become more significant in summer. However, this situation could be altered after the Action nº8 from the Doñana 2005 Project which aims the partial removal of the embankment Montaña del Río. Chapters 3 addresses the assessment of the ecological extent to which the S. densiflora invasion takes place by quantifying the total biomass (B), the net aboveground primary productivity (NAPP), the ratio NAPP/B and the retention time of dead leaves and tillers in vegetation stands, making comparisons between these values and those for native species from Doñana National Park as Arthrocnemum macrostachyum (Moric.) C. Koch, Juncus subulatus Forssk., Scirpus litoralis Schrad. [=Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla], Scirpus maritimus [=Bolboschoenus maritimus (L.) Palla]. In summary, S. densiflora has not only reached higher biomass and primary productivity values in comparison with these other species (especially in places without tidal influence), but also higher renovation rates, which means longer remaining time of its dead leaves and tillers. Moreover, this chapter deals with the regeneration capacity of S. densiflora after fire, obtaining as a result that this species is able to recover its values of biomass and productivity in three years. In Chapter 4, the leaves leaching rate and the biomass decomposition rate have been experimentally studied in the laboratory and in the field, respectively, for S. densiflora and the four native species considered (A. macrostachyum, J. subulatus, S. litoralis and S. maritimus). According to the results, although the alien species has not showed relevant differences in terms of nutrients retention during the leaching in comparison with the native species, its biomass loss rate was relatively lower with different treatments (with and without azide). Regarding to the decomposition rates, S. densiflora is not the one that takes the longest time, which is the native species J. subulatus. By contrast, S. litoralis was the one with the highest decomposition rate. Finally, Chapter 5 is focused on the experimental determination of the potential for long-distance dispersal of the alien species S. densiflora by two abundant waterfowl: mallards (Anas platyrhynchos) and greylag geese (Anser anser), in comparison with the long-distance dispersal of the native species A. macrostachyum and Suaeda vera and another exotic species, Ludwigia grandiflora. Intact seeds were retrieved from faeces for up to 4 days after ingestion and the proportion of seeds retrieved intact varied significantly between plant, but not bird, species. The retrieval proportion was the lowest for S. densiflora (<3%), although its germination time was reduced by gut passage in waterfowl and increased with retention time. No S. densiflora seeds germinated after retention for over 8 hours in geese and mallards. At the end of this thesis, general conclusions of the whole study are exposed.
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Abstract ; The main intellectual and translation center in the Iberian Peninsula in the twelfth and thirteenth century, without a doubt, was the School of Toledo, or also called School of Translators of Toledo. Jourdain was one of the first to realize the importance of it, and he gave an account in the preliminary results of his research in 1819. Since then, references to the Toledo School, and, especially, disputes over its significance, existence and importance have not ceased, and so, there are no agreements on certain basic aspects, due above all to a mixture of intellectual, political, social and identity interests. Naturally, in this work I do not intend to solve these controversies, but only to offer some historical and semantic precisions regarding the meaning of the School of Toledo notion. So, first, I will contextualize the origin of the denomination School of Translators of Toledo; for this, I will analyze the germinal contributions of Jourdain and Rose; then, I will describe the reception of these notions in Renan and Menéndez Pelayo, and finally, I will offer some notes for the understanding of the notion of Toledo School, which will be focused on examining: (1) the importance of Toledo; (2) the existence of a formal school; and (3) the activity carried out in Toledo. ; Other ; {"references": ["Daniel de Morley (ca. 1175/1839). \u00abPrefatio ad librum de Naturis inferiorum et superiorum. Bib. Arundel. Mus. Brit. 377. Philosophia magistri Danielis de Merlai ad Iohannem Norwicensem episcopum\u00bb. En: Rara Mathematica; or, A Collection of Treatises on the Mathematics and Subjects Connected with Them, from ancient inedited manuscripts, editado por James Orchard Halliwell. Londres: J. 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Las evaluaciones ecotoxicológicas son herramientas fundamentales en las estimaciones de riesgo ambiental y la toma de decisiones de políticas de control y prevención de daños ecológicos. A nivel regional la caracterización ecotoxicológica de sedimentos se determina principalmente evaluando en ellos niveles de contaminantes considerados como prioritarios, sin tener en cuenta factores tales como biodisponibilidad, resuspensión posibles interacciones o impacto sobre estructura y funcionamiento de las comunidades asociadas a sedimentos. En ese sentido los bioensayos son herramientas esenciales para evaluar la calidad del ambiente porque responden de manera integrada a los efectos adversos de mezclas químicas complejas con las que están en contacto y cuya ecotoxicidad interesa conocer. Los bioensayos con anfípodos tienen considerable relevancia en la evaluación toxicológica de agua dulce, siendo Hyalella azteca, de amplia distribución en el hemisferio norte, la especie más utilizada. Los protocolos para bioensayos estandarizados fueron diseñados en el hemisferio norte en función de los requerimientos y biología de esta especie. Además, estos protocolos se centran primordialmente en la evaluación de parámetros tradicionales (mortalidad y crecimiento) sobre los anfípodos, asumiendo que la ausencia de efecto indica que el medio de ensayo es ecotoxicológicamente aceptable. Sin embargo, hay una tendencia mundial a evaluar el impacto de los contaminantes en un sistema acuático particular a través del monitoreo ecotoxicológico con especies nativas. La necesidad de utilizar especies locales se hace evidente, entre otras razones, porque el uso de las mismas adaptadas a las características del ambiente, pueden proporcionar resultados mucho más cercanos a la realidad que los obtenidos con una especie exótica. Por lo tanto, debido a que las especies propuestas en los protocolos internacionales no son las mismas que encontramos en nuestros ecosistemas acuáticos, es muy importante evaluar el efecto de los contaminantes sobre especies autóctonas sobre la base del conocimiento biológico, ya que estas pueden mostrar requerimientos y características diferentes a las de las especies estandarizadas en dichos protocolos. Es recomendable que cada región geográfica tenga protocolizado diversos métodos de ensayo donde las especies autóctonas estén representadas. Este trabajo presenta resultados obtenidos a partir de la evaluación de efectos de matriz acuosa y sedimentos contaminados sobre dos especies de anfípodos dulceacuícolas presentes en la región: Hyalella curvispina y Hyalella pseudoazteca, por medio de bioensayos de toxicidad en condiciones controladas de laboratorio. Utilizando organismos de dos estadios de vida, se realizaron ensayos de exposición aguda y subcrónica a dos metales pesados, tóxicos referentes (cobre y cadmio) en matriz acuosa, sedimento procesado y agua de poro extraída del mismo, adaptando una metodología estandarizada para H. azteca. Los puntos finales fueron concentración de metal en tejidos, sobrevivencia y crecimiento, siendo los dos últimos parámetros tradicionales para estos protocolos experimentales. A su vez, se investigó la utilidad del Índice de Masa Corporal (IMC) como nuevo parámetro evaluador de efecto subletal. Con el objetivo de utilizar nuevos puntos finales de evaluación de efecto temprano por exposición a metales en H. curvispina, se determinaron efectos sobre el contenido de glucógeno, proteínas totales, lípidos totales, triglicéridos, arginina fosfato, niveles de peroxidación lipídica (TBARS) y actividad de catalasa (CAT), superóxido dismutasa (SOD) y Na+/K+ ATPasa, en matriz sólida y acuosa. Además se ajustó e implementó para esta especie la técnica de sistema de transporte de electrones (ETS) como biomarcador de estado metabólico. Se llevó a cabo la evaluación de la ecotoxicidad de sedimentos ambientales realizando ensayos con sedimento completo y agua de poro, utilizando a H. curvispina como organismo prueba, evaluando como puntos finales parámetros tradicionales de efecto. A su vez, sobre muestras de sedimento completo se investigó la utilidad de biomarcadores de efecto temprano (niveles de lipoperoxidación y actividad de SOD, CAT y ETS). En relación al efecto del cadmio y cobre en solución H. curvispina probó ser sensible a concentraciones ecológicamente relevantes de ambos metales. Los resultados reafirman su importancia como una especie adecuada para ensayos de evaluación ecotoxicológica en cuerpos de agua dentro de su área de distribución. Con respecto a la toxicidad de ambos metales en bioensayos en matriz sólida, se demostró que ambas especies sufren efectos negativos sobre el crecimiento a concentraciones de Cd y Cu cercanas a los Niveles Guía de Calidad de Sedimentos (SQGs), desarrollados para el hemisferio norte, siendo el IMC el mejor parámetro discriminador de efecto. En cuanto al desarrollo de nuevos puntos finales de efecto temprano para ensayos con anfípodos se confirmó que la exposición a Cu ó Cd, tanto en solución como en sedimento, afectó de manera significativa a la mayoría de los parámetros metabólicos y bioquímicos evaluados. Se postula al ETS como nuevo biomarcador de efecto en bioensayos ecotoxicológicos con H. curvispina. El protocolo aplicado, los parámetros determinados y la especie test elegida, resultaron ser aptos para monitorear la calidad toxicológica de sedimentos ambientales. El uso de biomarcadores demostró una mayor sensibilidad y un más preciso ajuste de evaluación de efectos que el obtenido por el ensayo estándar de sobrevivencia y crecimiento, y se revelan más contundentes en relación a la evaluación de efectos proponiéndose su implementación en estudios de biomonitoreo de sedimentos. Por último, se estableció una línea de base como contribución al incremento del conocimiento biológico de las especies de ensayo, utilizando como criterio el IMC y parámetros del metabolismo energético, comparando el estado general de los animales en medio acuoso y sedimento en situaciones control. Se concluyó que H. curvispina puede ser empleada en bioensayos tanto en matriz sólida como acuosa, pero la especie resulta más apropiada para la realización de bioensayos en presencia de sedimentos. Con respecto a H. pseudoazteca resulta una especie apropiada para su uso en bioensayos en matriz sólida, pero no es recomendada para su utilización en ensayos en matriz acuosa. ; Ecotoxicology assays are fundamental tools for assessing environmental risks and making political to control and prevent environmental damage. At a regional level, ecotoxicological characterization of sediments is determined mostly by analysing the toxic levels present in them that are prioritized, not taking into account variables such as bioavailability, resuspension, possible interactions or impact on the structure and functioning of the communities associated to the sediments. In this sense, bioassays are essential tools for assessing environmental quality because they respond in an integral way to adverse effects of complex chemical mixtures with which they come in contact and of which there is an interest in knowing their ecotoxicity. Bioassays with amphipods are of remarkable relevance for toxicological assessment in freshwater, being Hyalella azteca, widely distributed across the northern hemisphere, the most employed species. Standardized bioassay protocols were designed in the northern hemisphere based on the requirements and biology of this species. Moreover, these protocols are focused mainly on the assessment of traditional parameters (growth and mortality) of amphipods, assuming the absence of an effect implies that the assay medium is ecotoxicologically acceptable. However, there is a worldwide trend to assess toxic impact in a particular aquatic system through ecotoxicological monitoring with native species. The need to use local species becomes evident, among other reasons, because using these adapted to the environmental characteristics can give results which are much closer to reality than those obtained using an exotic species. Therefore, considering the species proposed by international protocols are not the ones we find in our aquatic ecosystems, it is extremely important to assess the effect of pollutants on native species on the basis of biological knowledge, since native species may present requirements and characteristic that are different to those of the standardized species in said protocols. It is advisable that each geographic region have a diversity of standardized assay protocols where native species are represented. This work presents results obtained from the assessment of the effects of polluted sediments and liquid matrix on two freshwater amphipod species present in the region: Hyalella curvispina and Hyalella pseudoazteca, through toxicity bioassays in controlled laboratory conditions. Acute and subchronic exposure to two heavy metals, reference toxics (copper and cadmium) in liquid matrix, processed sediment and groundwater assays were performed, adapting a methodology standardized for H. azteca, using organisms at different life stages. Endpoints were metal tissue concentration, survival and growth, being these last two the traditional parameters for these experimental protocols. At the same time, utility of the body mass index (IMC) as a new parameter to evaluate sublethal effects was assessed. Aiming to use new endpoints to evaluate early effects of metal exposure in H. curvispina, the effects on glycogen, total proteins, total lipids, triglycerides, phosphate arginine, lipids peroxidation levels (TBARS) and catalase activity (CAT), superoxide dismutase (SOD) and Na+/K+ ATPase were determined in both solid and liquid matrix. In this work, the electron transportation system (ETS) technique was adjusted and implemented for this species as a metabolic state biomarker. Environmental sediment ecotoxicity assessment was carried out with complete sediment and pore water assays using H. curvispina as test organism, taking as endpoint the traditional effect parameters. Utility of early effect biomarkers (lipoperoxidation levels and SOD, CAT and ETS activity) was also assessed using complete sediment samples. With regard to the effect over cadmium and copper in solution, H. curvispina showed sensitivity to concentrations of both ecologically relevant metals. The results reasserted its significance as an adequate species for ecotoxicological assessment assays in water bodies inside their area of distribution. As for the toxicity of both metals in bioassays with solid matrix, it showed that both species suffer negative effects on growth when using concentrations of Cd and Cu close to the Sediment Quality Guideline (SQG) levels (developed for the North hemisphere), with the IMC being the best parameter for effect discrimination. With regard to developing new early effect endpoints for assays with amphipods, it was confirmed that the exposition to both metals significantly affected most of the intermediary metabolism parameters and biochemical oxidative damage evaluated, both in solution and in sediment. ETS is presented as a biomarker of effect in ecotoxicological bioassays with H. curvispina. The applied protocol, the determined parameters and the test species chosen were adequate for monitoring the toxicological quality of environmental sediments. The use of biomarkers showed a higher sensitivity and a more precise effect evaluation adjustment than the one obtained through the use of the standard survival and growth assay. Since they are also more telling in regards to the effects evaluation, its implementation in sediment biomonitoring studies is proposed. Finally, a baseline was established as contribution to the increment of biological knowledge of the test species, using the IMC and parameters from the energetic metabolism as criteria, comparing the general state of the animals in water and sediment media in control situations. It is concluded that H. curvispina can be used in bioassays with both solid and water matrix, but the species is more adequate for carrying out bioassays in presence of sediments. With regard to the H. pseudoazteca, it is an adequate species to be used in solid matrix bioassays, but it is not recommended for its use in water matrix trials. ; Fil:Giusto, Anabella. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales; Argentina.
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In: http://hdl.handle.net/11201/149069
[spa] La expansión romana continúa siendo, desde la pionera obra de Mommsen, un tema de especial importancia en el amplio campo de conocimiento que supone la Historia Antigua del Mediterráneo. Entre sus implicaciones, la dimensión jurídica de la guerra y su aplicación sobre el terreno adquiere una particular relevancia. Sin embargo, mientras abundan los trabajos centrados en episodios bélicos concretos, no son frecuentes aquellos que abordan esta problemática desde una perspectiva global. En nuestra opinión, es necesario considerar e interconectar cada conflicto en su contexto histórico y, en el caso del estudio del ius belli, se deben aglutinar diferentes escenarios con la finalidad de conseguir un amplio abanico de análisis y unas conclusiones más sólidas. Partiendo de la hipótesis de que existió una norma consuetudinaria que regulaba las actitudes de los generales en relación al enemigo, nuestro objetivo principal es determinar si existió una praxis diferencial en función del grado de urbanización del territorio, de su nivel económico y desarrollo cultural. Para ello, realizamos un amplio recorrido a través de las campañas militares romanas en el período 200-167 a.C. (bloques II y III del trabajo), años en que la potencia itálica mantuvo abiertos varios frentes bélicos en Occidente (Hispania, Galia Cisalpina, Liguria y Córcega-Cerdeña), que combinó con el desarrollo de grandes guerras internacionales en el escenario oriental (II Guerra Macedónica, Antíoco III y III Guerra Macedónica). La identificación de los diferentes episodios de rendición incondicional (deditio) y de asalto armado (oppugnatio) se desarrolla en el bloque IV, y constituye la base para la clasificación de las exigencias que Roma realizó a las poblaciones sometidas, pudiéndose distinguir diferentes cláusulas y represalias en función de la forma de subyugación. Entre las medidas correspondientes a la deditio hallamos la solicitud de rehenes, la rendición del armamento, la colaboración militar, la obligación de albergar tropas y la imposición de una serie de multas económicas. Por su parte, tras el asalto armado, las represalias conllevaron un mayor grado de violencia, pudiéndose identificar actuaciones de carácter económico (el saqueo del núcleo), territorial (la fragmentación territorial, el traslado de poblaciones y el desmantelamiento físico del núcleo) y personal (esclavización de los supervivientes y aplicación selectiva de la pena de muerte). El último bloque de la tesis está dedicado a la comparación de la intervención romana en ambos escenarios del Mediterráneo (Occidente y Oriente), analizando cada una de las medidas adoptadas por Roma en un contexto comparativo de mayor amplitud. Los datos analizados a lo largo del trabajo apuntan a la existencia de una estrategia estatal romana cuyos objetivos fueron variando en función del territorio: en Occidente el dominio territorial directo y en Oriente la sumisión política y diplomática. Así se demuestra en las cláusulas tras rendición incondicional: mientras en Hispania y Galia destacan las medidas de carácter militar, en Grecia las exigencias económicas y personales primaron sobre el resto. En referencia a las oppugnationes, el saqueo aparece documentado en ambas vertientes, pero si comparamos los datos del beneficio económico obtenido detectamos una asimetría claramente favorable al escenario oriental. El recurso a la esclavización se comprende como un método orientado a conseguir mayores ingresos, y se detecta mayoritariamente en Occidente y en zonas orientales con un reducido grado de desarrollo institucional. También la intervención sobre el territorio se presenta como un factor diferencial, ya que mientras en el Levante europeo se recurrió, mayoritariamente, a la destrucción de murallas, en Poniente destaca el arrasamiento de núcleos y los traslados de población, de lo que se colige un mayor interés en el control territorial directo. Finalmente, en todo este entramado, la aplicación de determinadas cláusulas y represalias se vio influida por los objetivos romanos en política exterior. Asimismo, también desempeñaron un papel fundamental los intereses de los generales, de modo que la guerra funcionaba como una herramienta para el acceso a magistraturas de más alto nivel. ; [cat] L'expansió romana es manté, des de la pionera obra de Mommsen, com un tema d'especial importància en l'ampli camp de coneixement que és la Història Antiga del Mediterrani. Entre les seves implicacions, la qüestió jurídica de la guerra i la seva aplicació pràctica adquireixen una especial rellevància. No obstant això, mentre destaquen els treballs centrats en episodis concrets, no són freqüents els que tracten aquest problema des d'una perspectiva global. En la nostra opinió, és necessari considerar i interconnectar cada intervenció en el seu context històric i, en el cas de l'estudi de l'ius belli, cal reunir diferents escenaris per tal d'obtenir una àmplia gamma d'anàlisi i conclusions més sòlides. Partint de la hipòtesi que existia una norma habitual que regulava les actituds dels generals devers l'enemic, el nostre objectiu principal és determinar si va existir una pràctica de diferencial segons el grau d'urbanització del territori, del seu desenvolupament econòmic i cultural. Per això, duem a terme un ampli recorregut a través de les campanyes militars romanes en el període 200-167 a.C. (blocs II i III de l'obra), anys en que la potència itàlica va mantenir oberts diversos fronts bèl•lics a Occident (Hispania, Gàl•lia Cisalpina, Ligúria i Sardenya-Còrsega), que combinava amb el desenvolupament de grans guerres internacionals a l'escenari oriental (II guerra Macedònica, Antíoco III i III Guerra Macedònica). La identificació dels diferents episodis de rendició incondicional (deditio) i assalt armat (oppugnatio) es fa en el bloc IV i constitueix la base per a la classificació de les exigències fetes per Roma a les poblacions sotmeses, entre els quals es poden distingir diferents clàusules i represàlies en base a la forma de submissió. Entre les mesures corresponents a la deditio trobem la petició d'ostatges, el lliurament d'armes, l'obligació de col•laboració militar de les tropes i la imposició d'una sèrie de sancions econòmiques. Per la seva banda, les represàlies després dels assalts tenien un major grau de violència, i es poden identificar en actuacions de caràcter econòmic (saqueig del nucli), territorial (la fragmentació territorial, el trasllat de poblacions i la destrucció de nuclis) i personal (esclavització dels supervivents i aplicació selectiva de la pena de mort). El darrer bloc de la tesi està dedicat a la comparació de la intervenció romana en ambdós escenaris (Occident i Orient), analitzant cadascuna de les mesures adoptades per Roma en un context comparatiu de major amplitud. Les dades analitzades al llarg del treball indiquen a l'existència d'una estratègia estatal, amb uns objectius que eren diferents en funció del territori: en Occident el domini territorial directe, i en Orient la submissió política i diplomàtica. Així es demostra entre les clàusules derivades de la rendició incondicional: mentre que a Hispània i Gàl•lia destaquen les mesures militars, a Grècia es detecten exigències econòmiques i personals. Pel que fa a les oppugnationes, el saqueig apareix documentat en ambdues vessants, però si comparem les dades del benefici econòmic obtingut hi detectem una asimetria clarament favorable a l'escenari oriental. El recurs a l'esclavització es comprèn com un mètode orientat a aconseguir majors ingressos, i es detecta majoritàriament a Occident i a zones orientals amb un reduït grau de desenvolupament institucional. També la intervenció sobre el territori es presenta com un factor diferencial, ja que mentre al Llevant mediterrani es va recórrer, majoritàriament, a la destrucció de les muralles, a Ponent destaca la destrucció de nuclis i als trasllats de població, del que es pot deduir un major interès en el control territorial directe. Finalment, en tot aquest entramat, l'aplicació de determinades clàusules i represàlies va ser influïda pels objectius romans en política exterior. Així mateix, també varen exercir un paper fonamental els interessos dels generals encarregats de les campanyes, de tal manera que la guerra funcionava con una eina per l'accés a magistratures de més alt nivell. ; [eng] Among the many aspects of Ancient History of the Mediterranean, Roman expansion remains a recurring theme. The legal question of war and its implementation on the ground takes on particular importance. We need to consider and interconnect each conflict in their historical context and, in the case of the study of ius belli, should unite different scenarios in order to get a wide range of analysis and stronger conclusions. Assuming that, there was an unwritten law that regulated the general attitudes towards the enemy, the main objective is to determine whether there was a differential praxis based on the degree of urbanization of the territory, economic status and cultural development. We perform an extensive survey on the Roman military campaigns in the period 200-167 BC (Sections II and III of the work), tears which the Italian military power remained open several fronts in the West (Hispania, Gaul, Liguria and Corsica-Sardinia), which combined with the development of major international wars in the East (Second Macedonian War, Antiochus III and Third Macedonian World). The identification of the different episodes of unconditional surrender (deditio) and armed assault (oppugnatio) is performed in Section IV, and serves to classify the demand that Roma made to subjected populations. We can distinguish different clauses and forms of retaliation depending on the conditions of surrender. Measures relating to the deditio are the demand of hostages, surrender of weapons, military cooperation, the obligation to accommodate troops and the imposition of a series of financial penalties. Meanwhile, after the armed assault, general implemented reprisals with a greater degree of violence: plunder, territorial fragmentation, population transfer, physical destruction, the enslavement of survivors and selective death penalty. The last Section of this Thesis is dedicated to the comparison of the Roman intervention in West and East Mediterranean. Data analysed along research assert the existence of a Roman state strategy, whose objectives were varied depending on the territory: the direct control in West and the political and diplomatic submission in the East. This is demonstrated in the terms after unconditional surrender: while un Hispania and Gaul we can identified military measures, in Greece economic and personal demands prevailed over the rest. Referring to the oppugnationes, plunder is documented in both sides, but if we compare the data of economic benefit we can detect an asymmetry clearly propitious to East. The use of enslavement is understood as a process designed to securing increased revenues, and is mainly detected in the West and eastern areas with a low level of institutional development. The intervention on the territory appears also as a differential factor: in the East the destruction of city walls was the most used retaliation, in the West the razing of cores and population transfers is attested. Finally throughout this framework, the application of certain terms and retaliation was influenced by Roman Foreign Policy Objectives. One must also take into account the interests of the general, and the war worked as a tool for access to higher-level magistracies.
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De forma reciente se registran con más frecuencia denuncias, quejas y otras discusiones sobre la autoría de los artículos o sobre el uso no reconocido de contenidos de documentos por parte de otros autores (práctica conocida como plagio). Y aunque no es un tema nuevo y tampoco restringido al no reconocimiento de una idea, cada vez más se discuten los problemas asociados al uso no adecuado (ético) de la información, entre otros, a problemas en la recolección; el uso; análisis o discusión descuidada; con una mala intención o la falsificación de los datos (fraude); la autoría no merecida o la duplicación de trabajos, o partes de éstos, por parte de los mismos autores en las publicaciones científicas. Como lo han discutido Gallegos, Berra, Benito, & López-López, (2014) y López-López, (2013, 2014) seguramente las dinámicas y presión de producción de conocimiento están fomentando a que este tipo de conductas sean frecuentes. Sin embargo, a pesar de que éstas problemáticas hoy son más evidentes al mismo tiempo son más controlables, por cuanto: en primer lugar la revolución tecnológica de información y comunicaciones hace hoy que la circulación de información y conocimiento sea más rápida, eficaz, veloz y de una cobertura casi que global, más, que en ningún otro momento de la historia. Con lo cual, es más fácil que una comunidad evidencie los usos de los contenidos y las formas de obtención y análisis de datos, así como la generación de formas de control. Por otro lado, hoy los editores están exigiendo con más frecuencia las bases de datos primarias, los archivos de datos e incluso los borradores y plan de análisis de los resultados antes de la recolección de los mismos. Además, las revistas hoy en día cuentan con equipos que se encargan no solo de verificar parte de la información suministrada, sino además de verificar los análisis derivados de los mismos. Y en tercer lugar, algunas revistas están empezando a exigir la aclaración de roles en la producción de los artículos (generación de las ideas, participación en la recolección de los datos, en el análisis de datos, en la escritura del manuscrito, la discusión del documento, en la revisión del texto, en la traducción realizada, entre muchos otros) esto bajo declaraciones de acuerdo entre los autores del documento (Allen, Brand, Scott, Altman, & Hlava, 2014). En segundo lugar los procesos editoriales de los contenidos científicos pasan por revisión por pares que en general esperamos no solo evalúen la pertinencia, el alcance, la fortaleza teórica y metodológica si no la originalidad de los contenidos y que además detecten los problemas en los datos y sus análisis. Aunque no es un proceso exhaustivo e infalible, anecdóticamente hemos podido detectar documentos publicados con datos similares gracias al proceso de revisión. Sin embargo, el crecimiento en la cantidad de artículos a evaluar ponen en riesgo el sistema de revisión e inevitablemente la posibilidad de detectar este tipo de conductas (Arns, 2014). En tercer lugar, los editores en el caso del plagio cuentan con softwares que permite identificar un mismo documento o parte de un escrito que se encuentra en la red y en cualquier caso, más temprano que tarde, para toda la comunidad se hará evidente que existe una alteración y falla por parte de un autor/investigador. Por esta razón, el riesgo de usar contenidos sin el debido reconocimiento es más alto, y quienes tomen el riesgo evidentemente tendrán que asumir las consecuencias que la comunidad y las leyes tienen contemplados para esta conducta. A pesar de estos elementos mencionados, los editores además debemos ser más explícitos con las exigencias éticas de la información. Esto lleva a sumarnos a esfuerzos a nivel mundial y, por ejemplo, asumir los lineamientos del Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/) (Yong, Ledford, & Van Noorden, 2013). Así, desde este número Universitas Psychologica hará un mayor énfasis en el uso de las guías del COPE y buscará promoverlas como guía de conducta de las publicaciones en la región en las diversas redes en las cuales participamos. Igualmente, desde hace algunos meses se ha hecho un énfasis en el reporte del aspecto ético de los artículos, siendo éste un criterio que en algunos casos puede convertirse en una causal de rechazo inmediato de los artículos. Ésta medida va más allá del tradicional "consentimiento informado" y requiere una evaluación ética de la investigación realizada, independientemente del campo de la psicología o el tipo de investigación. Los investigadores deberán ser conscientes del papel ético en la recolección, manejo, implicaciones y publicación de la información y la mejor forma de asegurar dicho proceso es si ha sido sometido a un comité institucional o estatal que respalda las acciones reportadas (Dolgin, 2014). La psicología en nuestra región está en creciente expansión y las dinámicas de producción están afectando nuestras comunidades y pueden estar generando practicas indeseables en el ámbito de las publicaciones y es necesario que provoquemos discusión los temas de la ética de las publicaciones y que busquemos más sistemas de control que permitan prevenir la publicación bajo condiciones anti éticas. Así mismo, evaluar el impacto y el costo que tiene para las publicaciones licales y en general de la región en desarrollo (económico, político, social y científico) la retractación y las malas prácticas asociadas a un desbordamiento en el afán de publicación. Sumarnos al control y prácticas internacionales globaliza nuestros procesos y aumenta el interés y la confianza de comunidades no hispanas en la producción de Iberoamérica. Wilson López López Editor ; In recent times, there has been an increase in the frequency with which reports, complaints, and other discussions about the authorship of articles or the unrecognized use of document contents by other authors (practice known as plagiarism), are being recoded. Although this is not a new topic nor restricted to the non-recognition of an idea, the problems associated with the improper use (ethical) of information are being increasingly discussed. For instance, topics of discussion are: problems in the collection, use, careless analysis or discussion of data with misconduct or falsification (fraud), and undeserved authorship or duplication of work, or parts thereof, by the same authors in scientific publications. As discussed by Gallegos, Berra, Benito, & López-López (2014) and López-López (2013, 2014), it is probable that the dynamics and pressure of knowledge production are promoting the frequent occurrence of these behaviors. Nonetheless, although these problems are now more evident, they are at the same time more controllable. Firstly, the technological revolution in information and communications allows the information and knowledge to flow quicker, more efficiently, faster, and with an almost global coverage, now a days, as compared to any other time in history. Thus, it is easier for a community to evidence the use of contents as well as the ways of collecting and analyzing data, and generating forms of control. Moreover, publishers currently demand more often the primary databases, data files, and even the drafts and analysis plan of the results, before their collection1. In addition, journals count, now a day, with teams that are responsible not only for verifying some of the information provided, but also for verifying the analysis derived therefrom. Furthermore, some journals have started to demand clarification of the roles in the production of articles (generation of ideas, participation in data collection, analysis of data, writing of the manuscript, the discussion of document, the revision of the text, the translation performed, among many others). This is done under statements of agreement between the authors of the document (Allen, Brand, Scott, Altman, & Hlava, 2014). Secondly, throughout the editorial process, the scientific content undergoes peer review. In general, we expect that reviewers assess not only the relevance, scope, theoretical and methodological strength, but also the originality of the content. Moreover, reviewers may detect problems in data and in their analyses. Although this is not an exhaustive and infallible process, anecdotally, we have been able to detect some documents published with similar data, thanks to the review process. Nevertheless, the growth in the number of articles to assess can jeopardize the review system and consequently the possibility of detecting this type of conducts (Arns, 2014). Thirdly, in the case of plagiarism, publishers count with softwares that enable them to identify a document, or sections of a text, that are in the network. In any case, sooner or later, it will be evident for the whole community that an author / researcher has committed an alteration or a fault. For this reason, the risk of using content without due recognition is higher, and those who take the risk will evidently have to assume the consequences that the community and the law have stipulated to this type of behavior. Despite these items mentioned above, as editors we must be more explicit about the ethical requirements of information. This leads us to join worldwide efforts and assume, for instance, the guidelines of the Committee on Publication Ethics (COPE) (http://publicationethics.org/) (Yong, Ledford, & Van Noorden, 2013). Thus, from this number, Universitas Psychologica will place a greater emphasis on the use of the COPE guidelines, and will seek to promote them as a guide of conduct for the publications in the region, in the various networks in which we participate. Similarly, a few months ago an emphasis started to be made on the report of the ethical aspect of articles, since this is a criterion that, in some cases, can become grounds for immediate rejection of the articles. This measure goes beyond the traditional "informed consent" and requires an ethical review of the research that has been performed, regardless of the field of psychology or the type of research. Researchers should be aware of the ethical role in the collection, management, implications and publication of information. The best way to ensure this process is by subjecting it to an institutional or state committee, which supports the reported actions (Dolgin, 2014). Psychology, in our region, is having a rapid expansion. The dynamics of production are affecting our communities and may be generating undesirable practices in the field of publications. Therefore, it is necessary that we generate discussion of the ethical issues of publications, and that we seek for more control systems, capable of preventing publication under unethical conditions. Additionally, we should evaluate the impact and costs on local publications and overall on the region in development (economic, political, social and scientific), caused by the retraction and the malpractices associated with the rush to publish and the consequent overflow. By joining international control and practices, we will globalize our processes and will increase the interest and confidence of non-Hispanic communities in the production of Latin America. Wilson López López Editor
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