En cada nación se identifican elementos de conflictos que aluden a vulnerar o violar derechos humanos transgrediendo la dignidad de la persona. El sistema de administración de justicia debe considerar elementos sustanciales para dar respuesta de forma eficaz y pronta a la misma. En ese sentido, el reconocimiento y validez de las normas de origen externo e interno dan pauta para ejercer y garantizar los derechos reconocidos en la carta magna del estado mexicano. En ese sentido, el presente documento aborda de forma descriptiva aspectos generales de la justicia transicional que tiene por objeto de que los responsables acrediten la responsabilidad de sus actos, exista justicia y se logre la reconciliación; para ello, el sistema de justicia interno debe tener una coalición en los mecanismos de acceso y administración de justicia heterocompositiva y autocompositiva.
Varios autores han contribuido a este artículo. José Ramón Juániz Maya incursiona en el papel que juega la verdad sobre la memoria colectiva como base para una reconciliación que traiga paz, atienda el sufrimiento de las víctimas y desarticule los efectos nefastos de la impunidad basada en el olvido. Para ello señala las características y los logros del Tribunal Internacional para la Aplicación de Justicia Restaurativa en El Salvador. Señala, además, el papel positivo que ha jugado la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) para acompañar a las víctimas por medio del Tribunal. Al final, esboza una propuesta de un modelo progresivo de justicia transicional en El Salvador. Fernando Mendiola Gonzalo aborda críticamente el modelo español de políticas de memoria impulsadas en España tras la muerte de Franco, que reforzaron la impunidad para el caso de desapariciones forzadas durante la guerra civil y la dictadura. Argumenta que esas políticas no constituyen un modelo ilusionante sobre el que basar políticas de la memoria en otros países, ya que han terminado dejando una herencia más que preocupante para los inicios del siglo XXI. María Camila Moreno aborda las dificultades de la negociación entre la exguerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia, y señala el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) como un modelo que permite enfrentar la compleja tarea de hacer justicia en un contexto de masivas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno colombiano que no han podido enfrentarse de manera satisfactoria por medio de los mecanismos ordinarios. Señala las complicaciones de la transición. Carlos Henríquez Consalvi describe el papel que en la reconstrucción del tejido social rasgado por la guerra ha jugado el Museo de la Palabra y la Imagen. Francisco Mena Sandoval explora las causas de la guerra civil salvadoreña, describe las consecuencias de la política de seguridad nacional y ofrece un análisis crítico de los Acuerdos de Paz que pusieron fin al conflicto armado salvadoreño.
ECA Estudios Centroamericanos, Vol. 74, No. 758, 2019: 315-375
México, de manera semejante que otras latitudes geopolíticas de varios continentes, se encuentra en los procesos propios de la denominada Justicia Transicional. Hace poco más de una década que nuestro país se halla bajo una lógica de racionalidad militar. Sin embargo, la multiplicidad de sus conflictos no se reduce a esta, pero se integran otras dimensiones.
La justicia transicional constituye una concepción democrática de la justicia que analiza la forma como sociedades afectadas por masivas violaciones de derechos humanos causadas por una guerra civil, un conflicto violento o por regímenes dictatoriales, pueden hacer tránsito a regímenes democráticos en los que se pueda garantizar una paz duradera. Este libro contiene veinte artículos de expertos nacionales e internacionales sobre la justicia transicional, la democracia, los conflictos violentos y el problema del mal, los cuales ofrecen al lector una serie de análisis teóricos, normativos y de experiencias reales de procesos de transición democrática en el mundo, que incluyen casos tan relevantes como el de Sudáfrica y Argentina. De igual forma, muchos de ellos hacen referencia al caso colombiano y a las negociaciones del Gobierno colombiano con los grupos paramilitares y la Ley de Justicia y Paz.
La Memoria Histórica, como una herramienta y un ejercicio epistemológico, es fundamental para la construcción de paz y la reparación de verdad y justicia, pues contiene los elementos necesarios no solo para esclarecer los hechos de un acontecimiento específico, sino también para reparar simbólicamente a todo tipo de sujeto o comunidad que haya sido víctima del conflicto armado colombiano. El presente artículo busca dar cuenta de las transformaciones que ha tenido el enfoque de la Memoria Histórica, tanto para la academia como para el marco jurídico del actual escenario de posacuerdo que aqueja las necesidades de la sociedad civil y de la Fuerza Pública. En el caso colombiano, la concepción de la importancia de la verdad quedó establecida en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), especialmente bajo el entramado jurídico del "Deber de memoria"1 y las responsabilidades que de este emanan. Este proceso colectivo de construcción de la memoria permite garantizar que emerja un resultado final más incluyente y democrático, acorde con el espíritu y la naturaleza misma del concepto de la Memoria Histórica.
RESUMEN: La justicia transicional es la propuesta para situaciones de emergencia prolongada en los regímenes políticos o para la negociación de conflictos armados internos o internacionales de extendida duración. El énfasis en dos estándares internacionales-obligación de sancionar los graves crímenes y la participación política del enemigo del Estado- es el eje del cuerpo de la tesis, señalando observaciones críticas y nuevos dilemas de orden jurídico y político. Asuntos problemáticos que se trasforman en otro campo de discusión de elevado interés constitucional e internacional."
After the coup d'état of September 11th, 1973, the dictatorship set up War Councils in which it tried officials of the Popular Unity government, as members of leftist parties. In these courts, 50 death penalty sentences were handed down. Forty-seven years after the events, the dictatorship's Councils of War are being annulled by the Supreme Court. On October 3, 2016, the highest court annulled the decision of the Council of War Role 1-1973, a court that had condemned a group of constitutionalist airmen. By issuing this annulment sentence, the highest court complied with the Inter-American Court's ruling in the case of Omar Maldonado and others vs. Chile, which ordered the annulment of these Councils of War. The Supreme Court pointed out that the Appeal for Review was the procedural means of annulling these sentences. Since that first ruling, 23 judgments have been handed down annulling these Councils of War. This new jurisprudence is part of the transitional justice process underway in Chile that provides a response to the human rights violations committed during the dictatorship. ; Luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 la dictadura instalo unos Consejos de Guerra en la que juzgó a funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, como militantes de partidos de izquierda. En estos tribunales se dictaron 50 condenas de Pena de Muerte. A 47 años de ocurridos los hechos los Consejos de Guerra de la dictadura están siendo anulados por la Corte Suprema. El 3 de octubre de 2016 el máximo tribunal anuló el fallo del Consejo de Guerra Rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar esta sentencia de anulación el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana del caso Omar Maldonado y otros contra Chile que ordenó anular estos Consejos de Guerra. La Corte Suprema señaló que el Recurso de Revisión era el medio procesal para anular estas sentencias. Desde ese primer fallo se han dictado 23 sentencias de anulación de estos ...
Luego del Golpe Militar del 11 de septiembre de 1973 la dictadura instalo unos Consejos de Guerra en la que juzgó a funcionarios del gobierno de la Unidad Popular, como militantes de partidos de izquierda. En estos tribunales se dictaron 50 condenas de Pena de Muerte. A 47 años de ocurridos los hechos los Consejos de Guerra de la dictadura están siendo anulados por la Corte Suprema. El 3 de octubre de 2016 el máximo tribunal anuló el fallo del Consejo de Guerra Rol 1-1973, tribunal que había condenado a un grupo de aviadores constitucionalistas. Al dictar esta sentencia de anulación el máximo tribunal cumplió con lo ordenado en la sentencia de la Corte Interamericana del caso Omar Maldonado y otros contra Chile que ordenó anular estos Consejos de Guerra. La Corte Suprema señaló que el Recurso de Revisión era el medio procesal para anular estas sentencias. Desde ese primer fallo se han dictado 23 sentencias de anulación de estos Consejos de Guerra. Esta nueva jurisprudencia es parte del proceso de Justicia Transicional que se está realizado en Chile que entrega una respuesta a las violaciones a los derechos humanos realizadas durante la dictadura.
