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Como respuesta al conflicto armado que se ha desarrollado en Libia a lo largo de 2011, la UE ha ejecutado las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad que no implican el uso de la fuerza, ha destinado más de 150 millones de euros de ayuda humanitaria a la región, ha puesto en marcha la operación FRONTEX "EPN Hermes Extensión 2011", y ha proyectado una operación militar de apoyo a la asistencia humanitaria, la EUFOR Libia, que nunca se ha desplegado. En una perspectiva más general, las revueltas populares que se han sucedido en varios Estados del sur del Mediterráneo, entre ellos Libia, en el que se ha desembocado en una guerra civil, han certificado el fracaso de la política exterior de la UE en esta región. En efecto, durante la última década la política euromediterránea de la UE ha estado mucho más centrada en la cooperación económica y comercial —sobre todo en el campo energético— y en el control de la inmigración irregular, que en el escrupuloso respeto del ordenamiento internacional y la promoción de la democracia, el Estado de derecho y el respecto de los derechos humanos, así como el desarrollo económico y social de la población de los Estados del sur del Mediterráneo. ; As a response to the armed conflict occurred in Libya during year 2011, the EU has applied those Security Council sanctions not involving the use of force. Likewise, the EU has allocated more than E 150 million to humanitarian assistance in the region having implemented Frontex Operation «EPN Hermes Extension 2011» as well and having designed a military operation in support of humanitarian assistance there —the so-called EUFOR Libya, never deployed before. From a more general perspective, people's uprisings in several Southern Mediterranean States —which in the Libyan case has led to a civil war— have proved the failure of EU's foreign policy in the region. In fact, EU's Euro-Mediterranean Policy in the last decade has been mainly focused on financial and trade cooperation (especially in the energy field) and on irregular migration control, to the detriment of the full respect for International Law, and the promotion of democracy, the rule of Law and the respect for human rights, and the economic and social development of the peoples in Southern Mediterranean States. ; Trabajo elaborado en el marco del proyecto de investigación coordinado, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación, "La Política Mediterránea de la Unión Europea en perspectiva: el proceso de Barcelona, la Unión para el Mediterráneo y los intereses españoles" (DER2009-14238-C02-01).

. ; Constituye un gran error olvidar que los profesionales del derecho no pueden ser simples aplicadores de códigos normativos, sino que a partir de una serie de declaraciones de principios deben ser intérpretes de la ley, siempre en clave constirucionalista. Nadie es aséptica por naluraleza ante un conflicto social. No interesa que el poder judicial sea débil, vulnerable e ineficaz, para así criticarlo cada vez que se discrepe de sus decisiones. Al poder político le gustan mucho más los juristas que se limitan a aplicar de forma literal y neutra la ley. El objetivo primordial del derecho es decidir lo que es justo. La administración de justicia tiene que ser honesta, servida por personas con una sólida formación jurídica; pero, al mismo tiempo, dotadas también de una inseparable formación complementaria en campos tan próximos al derecho como son la ética, la criminología, la educación psicosocial. El lenguaje jurídico debe ser también vehículo de comprensión de la ley. ; We make a great mistake when we forget that law professionals cannot be merely appliers of legal codes, but that they must interpret the law, always from the constitucionalist standpoint. Nobody is aseptic by nature in the face of a social conflict. Legal powers cannot be weak, vulnerable and inefficatious, and we must be able to criticise them when we do not agree with their decisions. Political power prefers jurists who merely apply the law literally and neutrally. The main objective of the law is to decibe what is fair. The administration of justice must be honest, served by people with solid legal training. Hoewer, they must also be endowed with an inseparable complementary training in areas close to law such as ethics, criminology.