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Der Autor geht davon aus, dass die Rückkehr zur Demokratie nicht von einer effektiven Konsolidierung des Rechtsstaats und dem Aufbau verlässlicher öffentlicher Sicherheitsapparate zum Schutze der Bürger begleitet wurde, was er mit einem Versagen der postautoritären Regimes bei der Durchsetzung der Gesetze und in ihrer Anti-Verbrechens-Politik gleichsetzt. Auch die Sicherheits- und Polizeiapparate der Region werden in organisatorischer und konzeptioneller Hinsicht als rückständig eingeschätzt. Auf den Gebieten der Gewaltprävention und der Tatsachenermittlung werden erhebliche Defizite festgestellt. Vor diesem Hintergrund plädiert der Verfasser für verstärkte Reformanstrengungen in vier Kernbereichen: (1) der institutionellen Einbettung des Sicherheitsapparats und der polizeilichen Führung; (2) der präventiven Sicherheit; (3) der strafrechtlichen Ermittlung und (4) der Professionalisierung der Polizei. In allen vier Bereichen werden erhebliche Defizite diagnostiziert. Er sieht im Zusammenwirken mehrerer sozialer, kultureller und wirtschaftlicher Faktoren die Entstehungsgründe der Gewaltsituationen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die gesellschaftlichen Desintegrations- und Fragmentierungsprozesse in Verbindung mit dem Phänomen der Ausgrenzung und Marginalisierung wachsender Bevölkerungssegmente gesetzt. Angesichts der für die Konsolidierung der lateinamerikanischen Demokratien gefährlichen Entwicklung der Gewalt spricht sich der Autor für eine umfassende Modernisierung des Polizeiapparats aus, in deren Mittelpunkt Prävention und wirksame Verbrechensbekämpfung stehen müssten. Abschließend schildert er Richtlinien für die Modernisierung der Polizei, die die analysierten reformbedürftigen Bereiche als Gegenstand haben. (ICG)

Sain, M. F. (2000). Crisis y colapso del "modelo tradicional" de seguridad pública. Revista de ciencias sociales, (11), 113-156. ; La debacle institucional a la que llegó hacia fines de la década del noventa la Policía Bonaerense fue la primera expresión significativa del colapso de una forma particular de organización y funcionamiento de la seguridad pública en nuestro país. En su conjunto, el sistema de seguridad pública argentino, del que el sistema policial con figura apenas una dimensión particular del mismo, se estructuró sobre la base de un conjunto de parámetros tradicionales que ha primado durante décadas tanto en nuestro país como en otros países latinoamericanos.

Sain, M. F. (1998). Desintegración social y transformaciones de la política en las nuevas democracias latinoamericanas. Revista de ciencias sociales, (7/8), 137-167. ; En la Argentina y en otros países de la región, las nuevas democracias se fueron afianzando institucionalmente en contextos caracterizados por abarcativos desajustes económicos, acuciantes procesos de desintegración y exclusión social, marcadas tendencias de fragmentación cultural y profundas crisis de legitimidad y representación política. O sea que la instauración de estas democracias no tuvo como resultado inmediato el crecimiento económico, la distribución equitativa de riquezas, el establecimiento de formas más amplias de participación política o de bienestar general desde el punto de vista social, pese a lo cual han conseguido perpetuarse institucionalmente. Estas condiciones, además de poner en evidencia las limitaciones heurísticas e interpretativas de aquel politicismo marcadamente voluntarista, permitieron apreciar que las normas y procedimientos de la democracia -aun en situaciones de plena vigencia política y aceptación colectiva no generan por sí mismas las condiciones políticas, sociales, económicas y culturales apropiadas para la efectivización del proceso democrático.

Sain. M.F. (1994). El contexto político de la Reforma Constitucional de 1994. Revista de ciencias sociales, (1), 99-127. ; En la madrugada del 29 de diciembre de 1993, el Senado de la Nación aprobó, con los dos tercios de los miembros del cuerpo, el proyecto de ley que declaraba la necesidad de la Reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957. Su promulgación por parte del Poder Ejecutivo el 31 de diciembre fue el corolario de un arduo proceso político y parlamentario . La Ley 24.309 dispuso la convocatoria a u n a Convención Constituyente que debía instalarse en las ciudades de Santa Fe y Paraná e iniciar sus actividades dentro de los sesenta días posteriores a las elecciones generales -que el Poder Ejecutivo debía convocar dentro de los ciento veinte días de la promulgación de la misma- para elegir en forma directa a los convencionales constituyentes. La Convención tenia corno función exclusiva reformar el texto constitucional según lo previsto en lo que se denominó el Núcleo de Coincidencias Básicas (NCB), incluido en el artículo 2º, y los temas habilitados para su debate y libre tratamiento por parte de la Convención, fijados en el artículo 3º, debiendo terminar su labor dentro de los noventa días de su instalación.