Suchergebnisse

La situación actual de crisis en la que nos encontramos desde hace unos años está teniendo una especial incidencia sobre la tasa de desempleo, hasta el punto de que ha llegado a alcanzar un porcentaje de la población activa desconocido desde hace ya varias décadas. A diferencia de lo que ha ocurrido en otras etapas con semejantes cifras de paro, el actual desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación nos obliga a plantearnos hasta qué punto las herramientas disponibles hoy día pueden ayudarnos a afrontar este urgente desafío. En concreto, teniendo en cuenta el papel que están llamados a asumir los poderes públicos, es necesario plantearse en qué medida la modernización tecnológica de los Servicios Públicos de Empleo está sirviendo para ayudar a superar este desafío o, por el contrario, si la llamada Administración electrónica se encuentra ante problemas, barreras y disfunciones jurídicas propias de la gestión en papel y las relaciones presenciales que impiden aprovechar el potencial innovador que ofrece la tecnología. Además de aportar una visión jurídica sobre la legislación reguladora de los Servicios Públicos de Empleo y de la trascendencia de sus últimas reformas, en especial la acometida en 2015 debido a su especial calado, se han tenido en cuenta en la elaboración del trabajo las opiniones y propuestas de mejora del personal que presta sus servicios en los mismos. En concreto, ha sido posible contrastar los planteamientos y enfoque del trabajo tanto con el personal que se encuentra en atención directa en Oficinas de Empleo, ya sea en los servicios relativos a Demandas, Ofertas, Inscripciones, Prestaciones o Información, como del personal que tiene su puesto de trabajo en los Servicios Centrales de los distintos Servicios de Empleo, bien en los Órganos Gestores, bien en los Servicios de las Secretarías Generales. De este modo, con independencia de las consideraciones dogmático-jurídicas que se realizan en el trabajo, nuestro enfoque se ha visto enriquecido con una aproximación metodológica dotada de una decidida perspectiva práctica contrastada con el denominado "personal de frontera", que es el que asume la atención directa con los usuarios del sistema. En última instancia, el objetivo que se ha planteado con este trabajo doctoral se refiere a la necesidad de dotar a las herramientas tecnológicas de una configuración jurídica adecuada que permita optimizar la relación existente entre las Administraciones Públicas que tienen participación en materia de políticas de empleo. Sólo a partir de este planteamiento será posible evitar una gestión fragmentada de la información que no sólo tenga nefastas consecuencias desde la perspectiva del interés general, sino sobre todo hacia los usuarios de estos servicios, doblemente castigados por encontrarse en situación de desempleo. Se ha tratado de ofrecer pautas e indicaciones que, desde la perspectiva jurídica, faciliten una mayor coordinación interadministrativa que trate de poner en valor la credibilidad de los Servicios Públicos de Empleo, ciertamente devaluada ante las bajas cifras de contrataciones efectuadas a través de los mismos. Si se opta por el establecimiento de un Servicio Público de Empleo, habría que dotar a los mismos de un valor añadido con respecto a los sistemas de gestión privada que justifique su permanencia. Dicho valor añadido ha de pasar por un mayor aprovechamiento de la información que obra en poder de las distintas Administraciones que actúan en la intermediación laboral y que ha de fluir entre ellas con agilidad, ayudadas en todo ello por las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones; mediante el diseño de un modelo de gestión que sea plenamente respetuoso con los datos personales de los usuarios. Dando cumplimiento a principios como el de transparencia, se ha de recuperar la confianza de los empresarios para que de nuevo vuelvan a acudir a los Servicios Públicos de Empleo, no únicamente cuando vayan a obtener una subvención a cambio, sino porque realmente obtengan un servicio de calidad y eficaz. Actuaciones tales como una mayor publicidad de los servicios que se prestan, una apuesta real y efectiva por la simplificación procedimental, una mejor formación del personal que presta sus servicios en los mismos, la eliminación de la fragmentación de las Administraciones intervinientes y la implantación generalizada de procedimientos telemáticos ayudarían a la consecución del objetivo propuesto. Podríamos concluir que las novedades que se acaban de introducir en nuestro Ordenamiento Jurídico a través de las Leyes 39 y 40 de 2015 no lo son tanto por la innovación de las materias y los medios que establece, ya que en su mayoría son el resultado de una recapitulación de disposiciones dispersas, hasta el extremo que con la reforma se han elevado a categoría legal muchas previsiones reglamentarias hasta ahora aplicables de manera directa únicamente en el ámbito estatal. En todo caso, el hecho de que la tramitación procedimental se prevea con carácter general a través de medios telemáticos, supone el reconocimiento positivo de un cambio de paradigma que ha tenido lugar a través de diversa normativa sectorial durante los últimos años. Sólo resta por comprobar hasta qué punto su aplicación práctica va a permitir dar el impulso necesario —en los términos que hemos tratado de plantear en este trabajo— a la actividad que llevan a cabo las diversas Administraciones Públicas en materia de empleo. Abstract The current crisis situation in which we have been since a few years is having a special impact on the unemployment rate, to the point where it has reached a percentage of the working population unknown for several decades. Unlike what has happened in other stages with such unemployment figures, the current development of information and communication technologies forces us to consider the extent to which the tools available today can help us to face this urgent challenge. Specifically, taking into account the role of public authorities, it is necessary to consider to what extent the technological modernization of Public Employment Services is helping to overcome this challenge or, on the contrary, if the so-called Administration Electronics is faced with problems, impediments and legal dysfunctions inherent to paper management and face-to-face relationships that prevent us from taking advantage of the innovative potential offered by technology. In addition to providing a legal vision on the legislation regulating Public Employment Services and the importance of its latest reforms, especially the one undertaken in 2015 due to its special nature, the opinions and proposals for the improvement of the personnel who render their services therein. Specifically, it has been possible to contrast the approaches and approach of the work with both the personnel that is in direct attention in Employment Offices, or in the services related to Demands, Offers, Inscriptions, Services or Information, as well as the personnel that has their position in the Central Services of the various Employment Services, either in the Managing Bodies or in the Services of the General Secretariats. Thus, regardless of the dogmatic-legal considerations that are made at work, our approach has been enriched with a methodological approach endowed with a decided practical perspective contrasted with the so-called "personal de frontera", who is the one who assumes direct attention to users of the system. Ultimately, the objective that has been raised with this doctoral work refers to the need to equip technological tools with an adequate legal framework to optimize the existing relationship between Public Administrations that have participation in the field of employment policies. Only on the basis of this approach will be possible to avoid a fragmented management of information that not only has harmful consequences from the point of view of the general interest, but above all to users of these services, doubly punished for being unemployed. It has been tried to offer guidelines and indications that, from the legal perspective, facilitate a greater inter-administrative coordination that tries to put in value the credibility of the Public Employment Services, certainly devalued by the low numbers of contracts made through them. If we opt for the establishment of a Public Employment Service, we should provide them with an added value with respect to private management systems that justify their permanence. This added value has to go through a greater use of the information held by the different Administrations that act in the labor intermediation and that has to flow between them with agility, aided in all this by the new information technologies and the communications; by designing a management model that is fully respectful of users personal data. By complying with principles such as transparency, employers confidence must be restored so that they can go back to the Public Employment Services, not only when they are going to obtain a subsidy in exchange, but also because they actually get a quality and efficient. Actions such as greater publicity of the services provided, a real and effective commitment to procedural simplification, better training of the staff who provide services in them, elimination of the fragmentation of the Administrations involved and the widespread implementation of Procedures would help to achieve the proposed objective. We could conclude that the novelties that have just been introduced in our legal system through Laws 39 and 40 of 2015 are not so much because of the innovation of the materials and means that it establishes, since they are mostly the result of a recapitulation of dispersed provisions, to the extent that with the reform many statutory provisions hitherto directly applicable only at the state level have been raised to legal status. In any case, the fact that the legal procesing is foreseen in a general way through telematic means, supposes the positive recognition of a paradigm shift that has taken place through diverse sectoral regulations during the last years. It only remains to verify to what extent its practical application will allow us to give the necessary impetus - in the terms we have tried to raise in this work - to the activity carried out by the various Public Administrations in terms of employment.

Programa Oficial de Doutoramento en Enxeñaría Marítima . 550V01 ; [Resumen] El principal factor técnico que interviene en el desarrollo de los siniestros marítimos en las embarcaciones menores de 24 metros de eslora y particularmente las embarcaciones pesqueras, es el relacionado con las carencias en la estabilidad intacta del buque. Según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos española (CIAIM), en los últimos años entre un 50 y un 60% de los accidentes han sido protagonizados por pesqueros y un 60% de estos se ha producido por hundimientos o vuelco provocado por inundación y pérdida de estabilidad. Estas carencias, habitualmente no se deben a una sola causa sino a un conjunto de ellas, como sucedió con el hundimiento del pesquero O´Bahía en el año 2004 con 10 fallecidos, provocado por la pérdida de estabilidad dinámica debida a la velocidad inadecuada del buque con mar de popa, (Ayaz, et al. 2006), el embarque sucesivo de agua por acometida de grandes olas y la existencia de pesos altos no contemplados en las condiciones de carga. A todo esto, debemos añadir las limitaciones en el diseño de estas embarcaciones, provocadas principalmente por una legislación en materia de nuevas construcciones que limita las GT bajo cubierta principal (volúmenes). Esto supondrá que los barcos se diseñen con un francobordo muy ajustado, lo que puede ir en menoscabo de la estabilidad a grandes ángulos. Esta estabilidad a grandes ángulos es un factor muy importante a la hora de evitar situaciones de zozobra especialmente en situaciones meteorológicas adversas. Asimismo, consideramos que los actuales criterios de estabilidad (IMO, Rahola), basados principalmente en el análisis de las características de los valores de su curva de brazos adrizantes, no se pueden considerar completamente satisfactorios, principalmente porque no tienen en consideración el tamaño del buque y en buena medida las acciones escorantes a las que están sometidos estas embarcaciones. Por todo ello, consideramos la necesidad de establecer un nuevo criterio de estabilidad intacta para la flota objeto de esta tesis, basado en la ponderación del GM y la estabilidad dinámica [ ] hasta el ángulo de 70º y el valor de la altura de la ola crítica (CWH) adaptado a las condiciones meteorológicas y oceanográficas del caladero, prestando especial atención a los fallos relacionados con el balance paramétrico, la pérdida pura de estabilidad, el broaching, la condición en peso muerto y el exceso de aceleraciones, tal como marca la IMO en cuanto al desarrollo de Criterios de Estabilidad Inicial de Segunda Generación desde la 48th sesión de la SLF y en el IMO SDC1 fijando los niveles a estudiar sobre estos fenómenos. Así mismo, se han seguido la preferencia del establecimiento de normas basadas en objetivos (IMO Goal based Standards on new ship Construction) utilizando estudios basados en el riesgo (Risk based Oriented Methodology) cuyo máximo exponente es la evaluación formal de la seguridad (Formal Safety Assesment.- FSA). El estudio del factor humano se ha realizado desde la perspectiva de la investigación de la siniestralidad marítima, teniendo en cuenta la gran relevancia que tiene el error humano en ella, hasta el punto de que se ha convertido en el principal factor que interviene en la siniestralidad de las embarcaciones pesqueras.Para ello, se realizará su estudio a través de la investigación factual de dicha siniestralidad utilizando como base el modelo de investigación OIT/IMO de los factores humanos y la investigación de los modelos utilizados para la identificación y secuencia de estos eventos, desarrollando una serie sistemática de acciones para mejorar dicho modelo, basándose principalmente en las enmiendas a STCW78 Manila 2010 y el STCW-F (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers-Fishing). ; [Resumo]O principal factor técnico que intervén no desenvolvemento dos sinistros marítimos nas embarcacións menores de 24 metros de eslora, e particularmente as embarcacións pesqueiras, é o relacionado coas carencias na estabilidade intacta do buque. Segundo datos da Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos española (CIAIM), nos últimos anos entre un 50 e un 60% dos accidentes foron protagonizados por pesqueiros e un 60% destes produciuse por afundimentos ou envorco provocado por inundación e perda de estabilidade. Estas carencias habitualmente non se deben a unha soa causa, senón a un conxunto delas, como sucedeu co afundimento do pesqueiro O´Bahía no ano 2004 con 10 falecidos provocado pola perda de estabilidade dinámica debida á velocidade inadecuada do buque con mar de popa, (Ayaz, et a o. 2006), o embarque sucesivo de auga por acometida de grandes olas e a existencia de pesos altos non contemplados nas condicións de carga. A todo isto debemos engadir as limitacións no deseño destas embarcacións, provocadas principalmente por unha lexislación en materia de novas construcións que limita as GT baixo cuberta principal (volumes). Isto supoñerá que os barcos se deseñen cun francobordo moi axustado, o que pode ir en menoscabo da estabilidade a grandes ángulos. Esta estabilidade a grandes ángulos é un factor moi importante á hora de evitar situacións de zozobra, especialmente en situacións meteorolóxicas adversas. Así mesmo, consideramos que os actuais criterios de estabilidade (IMO, Rahola) baseados principalmente na fixación de valores mínimos para diversos brazos adrizantes estáticos e dinámicos non se poden considerar completamente satisfactorios, principalmente porque non teñen en consideración o tamaño do buque e as accións escorantes ás que están sometidos estas embarcacións. Por todo iso, consideramos a necesidade de establecer un novo criterio de estabilidade intacta para a flóta obxecto desta tese, baseado na ponderación do GM e a estabilidade dinámica [ ] ata o ángulo de 70º e o valor da altura da ola crítica (CWH) adaptado ás condicións meteorolóxicas e oceanográficas do caladoiro, prestando especial atención aos fallos relacionados co balance paramétrico, a perda pura de estabilidade, o broaching, a condición en peso morto e o exceso de aceleracións, tal como marca a IMO en canto ao desenvolvemento de Criterios de Estabilidade Inicial de Segunda Xeración desde a 48th sesión da SLF e no IMO SDC1 fixando os niveis a estudar sobre estes fenómenos. Así mesmo, seguíronse a preferencia do establecemento de normas baseadas en obxectivos (IMO Goal based Standards on new ship Construction) utilizando estudos baseados no risco (Risk based Oriented Methodology) cuxo máximo expoñente é a avaliación formal da seguridade (Formal Safety Assesment.- FSA). O estudo do factor humano realizouse desde a perspectiva da investigación da sinistralidade marítima, tendo en conta a gran relevancia que ten o erro humano nela, ata o punto de que se converteu no principal factor que intervén na sinistralidade das embarcacións pesqueiras. Para iso, realizarase o seu estudo a través da investigación factual de dita sinistralidade utilizando como base o modelo de investigación OIT/IMO dos factores humanos e a investigación dos modelos utilizados para a identificación e secuencia destes eventos, desenvolvendo unha serie sistemática de accións para mellorar devandito modelo, baseándose principalmente nas emendas a STCW78 Manila 2010 e o STCW-F (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers-Fishing). ; [Abstract] The main technical factor in the development of marine casualties on vessels under 24 meters length and, in particular, in fishing vessels is related to deficiencies in the ship's intact stability. According to the Spanish Commission for Investigation of Maritime Accidents and Incidents (CIAIM), between 50 and 60% of accidents carried out in recent years were fishing vessels where 60% of them were produced by subsidence or overturning caused flooding and loss of stability. These deficiencies are not usually due to a single cause, being usually related with a set of them, as happened with the collapse of the fishing vessel O'Bahía in 2004. In this case, 10 deaths were caused by the loss of dynamic stability due to an inadequate ship speed under following sea or successive shipment of water by large waves and the existence of high weights not included in the load conditions. Furthermore, some other limitations in the design of these vessels were added as a consequence of the legislation that limits, in new construction vessels, the volume under main deck (GT). This would mean that ships are designed with a very tight freeboard, which may undermine the stability at large angles. This large angles stability is very important to avoid situations of anxiety especially in adverse weather conditions. We also consider that the current stability criteria (IMO, Rahola), based primarily on the setting of minimum values for various righting static and dynamic arms, can´t be considered completely satisfactory due to they do not take into account the size of the ship and the hell over actions that are submitted these vessels. Therefore, we consider the need to establish a new intact stability criterion for the fleet object of this thesis based on the weight of GM and dynamic stability [ ] to the angle of 70° and the value of the Critical Wave Height (CWH) adapted to the meteorological and oceanographic conditions of the fishing ground, paying particular attention to failures related to the parametric roll (Spanos&Papanikolaou, 2009), pure loss of stability, Surf-riding (Peters et al., 2011) and broaching, dead-ship condition and excessive accelerations, such as that indicated by the IMO in the development of Second Generation of Initial Stability criteria from the 48th session of the SLF and the IMO SDC1 setting levels to study about these phenomena. Also, the IMO proposal of Goal based Standards on New Ship Construction were considered using Risk based Oriented Methodology studies by a Formal Safety Assessment (FSA) procedure. The study of the human factor was made from the perspective of the investigation of maritime accidents, taken into account the great importance that human error is the main factor in accidents of fishing vessels. Such accidents will be analyzed through the factual investigation using as reference the ILO/IMO research model of human factors and the research models used to identify and sequence these events. Finally, systematic series actions to improve the model will be developed based on STCW78 Manila 2010 amendments and the Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers-Fishing (STCW-F).

Background: So far, Switzerland could not rely on nationally representative data on measured anthropometric data and eating behaviors when establishing health related strategies and guidelines. The data from the first National Nutrition Survey for adults (menuCH) now complement information from other surveys, to inform public health policies and health professionals. Setting: One-year cross-sectional nutrition survey conducted from January 2014 till February 2015. Data were collected on 2085 participants aged 18-75 years representing 4'622'018 inhabitants (49.9% men and 50.1% women) residing in the three main linguistic regions of Switzerland (German, French and Italian). Methods: Interviews were carried out in German, French or Italian by trained dieticians in 10 study centers. Participants provided written informed consent. Respondent completed a self-administered paper-pencil dietary and physical activity behavior questionnaire including reported anthropometric and sociodemographic characteristics. Body weight, height and waist circumference were measured using standardized procedures. Body mass index (BMI) and waist circumference were categorized using WHO criteria. After sample weighting and calibration, descriptive stratified statistical analysis was performed, considering linguistic regions, sex, age groups and educational levels. Results: The net response rate was 38%. Average BMI was 25.9 kg/m2 for men and 24.1 kg/m2 for women, with little differences across linguistic regions. Mean BMI was 23.5, 25.0, 25.9 and 26.1 kg/m2 in the 18-34, 35-49, 50-64 and 65-75 year categories, respectively. The prevalence of overweight and obesity was 41.6% and 13.9% in men, 19.7% and 11.3% in women, 31.0% and 12.5% in the German-speaking region, 29.9% and 12.3% in the French-speaking region, and 30.1% and 15.6% in the Italian-speaking region, respectively. The prevalence of waist circumference at increased and highly increased metabolic risk was 16.7% and 16.5% overall, 18.6% and 16.4% in men as well as 14.8% and 16.6% in women, respectively. About 53% of the population wishes to reduce body weight. Three out of four people in the population have heard about the food pyramid and two-third about five fruits and vegetables a day. Among special diets, 4.9% of the population report to follow a vegetarian diet, 4.1% an energy restriction diet, 3.3% a fat restriction diet and 2.6% a lactose-free diet. A substantial proportion of the population (56.4% of women and 38.1% of men) reports to take vitamin or mineral supplements. The majority of the population (>80%) takes a snack at least once per day, with similar pattern during weekdays and weekends. Women are more likely to spend a long time cooking (>40 minutes) than men (50.3% vs 30.7%). The most frequently consistently skipped meal is breakfast for 5.2% of the population, followed by lunch (2.2%) and dinner (0.6%). Nearly 50% of the population report to walk at least 30 minutes per day, five days per week. The majority of the population (87.0%) reports to be trained, regularly physically active or irregularly active, thereby meeting current recommendations. One third of the population reports a sitting time higher than 8h30 minutes per day, which reflects a high level of sedentarity. Conclusion: menuCH, the first National Nutrition Survey for adults in Switzerland, provides important novel information on overweight, obesity and waist circumference based on measured data, in the population aged 18-75 years. The survey also shows that knowledge about dietary recommendations is very good, vitamin and mineral supplements are frequently consumed and self-reported cooking habits differ by sex. Reported physical activity levels are quite high, despite a high level of sedentarity. ; Hintergrund: Bisher konnte man in der Schweiz bei der Entwicklung von gesundheitsbezogenen Strategien und Empfehlungen auf keine national repräsentativen, objektiv gemessenen anthropometrischen Daten sowie Daten zum Ernährungsverhalten zurückgreifen. Die Erkenntnisse der ersten Nationalen Ernährungserhebung bei Erwachsenen (menuCH) ergänzen Informationen aus früheren Erhebungen, um in Strategien zur Förderung der öffentlichen Gesundheit einzufliessen und Gesundheitsfachpersonen in ihrer Tätigkeit zu unterstützen. Setting: Die vorliegende Ernährungserhebung ist eine Querschnittsstudie, die während eines Jahres, von Januar 2014 bis Februar 2015, durchgeführt wurde. Es wurden Daten von 2085 Teilnehmenden im Alter von 18 bis 75 Jahren erfasst, welche 4'622'018 Einwohner/-innen (49.9% Männer und 50.1% Frauen) mit Wohnsitz in den drei grössten Sprachregionen der Schweiz (Deutsch, Französisch und Italienisch) repräsentieren. Methoden: Die Befragungen wurden von geschulten Ernährungsberatern/-innen in deutscher, französischer oder italienischer Sprache in 10 Studienzentren durchgeführt. Vor der Teilnahme musste jede Person eine schriftliche Einverständniserklärung unterzeichnen. Die Teilnehmenden füllten handschriftlich einen Fragebogen aus, der Fragen zum Ess- und Bewegungsverhalten aber auch anthropometrische Angaben und sozio-demographische Charakteristika umfasste. Körpergewicht, Körpergrösse und der Bauchumfang wurde Standardprotokollen folgend gemessen. Der Body Mass Index (BMI) und der Bauchumfang wurden anhand anerkannter WHO-Definitionen kategorisiert. Die deskriptive statistische Auswertung erfolgte nach Gewichtung der Daten und stratifiziert nach Sprachregionen, Geschlecht, Altersgruppen und Bildungsniveau. Ergebnisse: Die Netto-Antwortquote lag bei 38%. Der durchschnittliche BMI der Männer betrug 25.9 kg/m2 und für die Frauen 24.1 kg/m2, bei nur geringen sprachregionalen Unterschieden. Nach Altersgruppen betrug der BMI 23.5 (18-34 J.), 25.0 (35-49 J.), 25.9 (50-64 J.) und 26.1 (65-75 J.) kg/m2. Die Prävalenz von Übergewicht/Adipositas betrug bei den Männern 41.6%/13.9%, bei den Frauen 19.7%/11.3%, sowie nach Sprachregionen 31.0%/12.5% in D-CH, 29.9%/12.3% in F-CH und 30.1%/15.6% in I-CH. Die Prävalenz eines Bauchumfangs, der mit einem erhöhten/erheblich erhöhten metabolischen Risiko verbunden ist betrug gesamthaft betrachtet 16.7%/16.5%, für Männer 18.6%/16.4% sowie für Frauen 14.8%/16.6%. Gut die Hälfte (53%) der Bevölkerung wollte gerne Gewicht verlieren. Drei von vier Personen in der Bevölkerung haben bereits von der "Schweizer Lebensmittelpyramide" gehört, und zweidrittel der Bevölkerung von der "5-am-Tag"-Kampagne. Befragt nach speziellen Ernährungsformen gaben 4.9% der Bevölkerung an sich vegetarisch zu ernähren, 4.1% berichteten eine energiearme und 3.3% eine fettreduzierte Ernährung einzuhalten und 2.6% ernährten sich Lactose frei. Ein beachtlicher Anteil der Bevölkerung (56.4% der Frauen und 38.1% der Männer) gaben an Vitamin- oder Mineralstoffpräparate einzunehmen. Die Mehrheit der Bevölkerung (>80%) nehmen mindestens eine Zwischenmahlzeit pro Tag zu sich, unter der Woche wie am Wochenende. Mehr Frauen (50.3%) als Männer (30.7%) wenden viel Zeit (>40 Minuten) für das Kochen warmer Mahlzeiten auf. Die am häufigsten und regelmässig ausgelassene Mahlzeit ist für 5.2% der Bevölkerung das Frühstück, gefolgt vom Mittagessen (2.2%) und Abendessen (0.6%). Fast 50% der Bevölkerung berichteten mindestens während 30 Minuten pro Tag an mehr als fünf Tagen pro Woche zu Fuss zu gehen. Ein Grossteil (87%) der Bevölkerung gab an zu trainieren resp. regelmässig oder unregelmässig körperlich aktiv zu sein, 9 / 83 womit sie geltende Bewegungsempfehlungen erfüllten. Ein Drittel der Bevölkerung gab an täglich mehr als 8 Stunden und 30 Minuten sitzend zu verbringen, was einem hohen Niveau der Sedentarität entspricht. Schlussfolgerung: menuCH, die erste Nationale Ernährungserhebung in der Schweiz, liefert wichtige neue Informationen zur Prävalenz von Übergewicht und Adipositas in der erwachsenen, 18 bis 75-jährigen Bevölkerung, u.a. basierend auf objektiven Messungen des Bauchumfangs. Die Befragung zeigte zudem, dass der Bekanntheitsgrad der Ernährungsempfehlungen sehr gut ist, Vitamin- und Mineralstoffpräparate von vielen Personen konsumiert werden und sich die Kochgewohnheiten von Frauen und Männern unterscheiden. Das berichtete Ausmass an körperlicher Aktivität ist ziemlich hoch, trotz des hohen Sedentaritätsniveaus. ; Contexte: Jusqu'à ce jour, la Suisse ne disposait pas de données nationales représentatives de la population sur des paramètres anthropométriques mesurés, ainsi que sur les comportements alimentaires pour établir des stratégies de santé et des recommandations. Les données de la première Enquête Nationale sur l'Alimentation (menuCH) complètent désormais celles d'enquêtes précédentes, comme les Enquêtes Suisses sur la Santé ou l'Enquête Suisse sur le Sel, pour informer les politiques de santé publique et les professionnels de la santé. Cadre: Enquête nationale de population, transversale, conduite de janvier 2014 à février 2015. Les données collectées sur 2085 participants âgés de 18-75 ans représentent 4'622'018 habitants (49.9% hommes et 50.1% femmes) qui résident dans les trois régions linguistiques principales de la Suisse (alémanique, romande et italienne). Méthodes: Les entretiens ont été réalisés en allemand, français ou italien par des diététiciennes formées dans 10 centres d'étude. Après avoir signé un consentement éclairé, les participants ont complété un questionnaire papier, portant sur les comportements alimentaires et sur l'activité physique ainsi que sur des caractéristiques anthropométriques et sociodémographiques. Le poids, la taille et le tour de taille ont été mesurés de façon standardisée. L'indice de masse corporelle (IMC) et le tour de taille ont été catégorisés selon les définitions de l'OMS. Des analyses descriptives pondérées ont été faites, en stratifiant par sexe, âge, régions linguistiques et niveau d'éducation. Résultats: Le taux de réponse net était de 38%. L'IMC moyen était de 25.9 kg/m2 chez les hommes et de 24.1 kg/m2 chez les femmes, avec peu de différences interrégionales. L'IMC moyen, basé sur des mesures, était de 23.5, 25.0, 25.9 et 26.1 kg/m2 dans les tranches d'âge de 18-34, 35-49, 50-64 et 65-75 ans, respectivement. La prévalence de surpoids et l'obésité était de 41.6% et 13.9% chez les hommes, 19.7% et 11.3% chez les femmes, 31.0% et 12.5% en Suisse alémanique, 29.9% et 12.3% en Suisse romande, et 30.1% et 15.6% en Suisse italienne, respectivement. La prévalence d'un tour de taille à risque cardio-métabolique élevé, et très élevé, était de 16.7% et 16.5% globalement, 18.6% et 16.4% chez les hommes ainsi que 14.8% et 16.6% chez les femmes, respectivement. Environ 53% des personnes dans la population souhaitent perdre du poids. Trois personnes sur 4 dans la population ont entendu parler de la pyramide alimentaire suisse et deux tiers des personnes connaissaient la campagne «cinq par jour». Parmi les régimes particuliers, 4.9% de la population rapporte suivre un régime végétarien, 4.1% un régime de restriction calorique, 3.3% un régime pauvre en graisse et 2.6% un régime sans lactose. Une proportion substantielle de la population (56.4% des femmes et 38.1% des hommes) a rapporté prendre des suppléments vitaminiques et/ou minéraux. La majorité de la population (>80%) prend un snack au moins une fois par jour, avec des comportements semblables durant les jours de la semaine ou ceux du week-end. Plus de femmes que d'hommes rapportent passer un long temps (c.à.d. >40 minutes) à cuisiner des repas chauds (50.3% vs 30.7%, respectivement). Le repas le plus fréquemment sauté est le petit déjeuner (5.2%), suivi du repas de midi (2.2%) et de celui du soir (0.6%). Environ la moitié de la population rapporte marcher au moins 30 minutes par jour, plus de 5 jours par semaine. La majorité des personnes dans la population (87%) rapporte être entraînée, régulièrement physiquement active ou irrégulièrement active, et remplit ainsi les recommandations actuelles. Un tiers de la population rapporte passer plus de 8h30 par jour en position assise, ce qui reflète un haut niveau de sédentarité. 11 / 83 Conclusion: menuCH, la première Enquête Nationale sur l'Alimentation, apporte de nouvelles informations importantes sur le surpoids, l'obésité et le tour de taille, se basant sur des données mesurées, chez les personnes âgées de 18 à 75 ans vivant dans les trois régions linguistiques principales de la Suisse. L'enquête montre également que les connaissances sur les recommandations nutritionnelles sont très bonnes, que des suppléments vitaminiques et/ou minéraux sont fréquemment consommés, et que les façons de cuisiner rapportées par les hommes sont différentes de celles rapportées par les femmes. Les niveaux d'activité physique rapportés sont très élevés, malgré un haut niveau de sédentarité.

On 5 May 1998, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ECHR), becoming a component of the legal system of the Russian Federation, introduced into the Russian law a fundamentally new mechanism for ensuring the rights and freedoms of citizens, including a supranational judicial institution - the European Court of Human Rights (ECHR), which is responsible for all matters relating to the interpretation and application of the provisions of the Convention and the Protocols thereto. This body is intended to be an important mechanism for guaranteeing the guarantees set forth in the Convention, but its international status, which allows the ECtHR to significantly reduce the possibility of influence on the Court by the national authorities, at the same time gives rise to the possibility of improper treatment of the implementation of its decisions at the national level. In addition, in many countries, especially in Eastern Europe, disputes over the limits of the intervention of international bodies in national jurisdiction continue to subside.In the Russian legal reality, this issue again became relevant after the decision of the European Court of Human Rights in the case "Anchugov and Gladkov v. Russia", which was the basis for the appeal to the Constitutional Court of the Russian Federation by a group of deputies of the State Duma on the verification of the constitutionality of the provisions of Article 1 of the Federal Law "On Ratification Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocols ", paragraphs 1 and 2 of Article 32 of the Federal Law" On International Treaties of the Russian Federation ", as well as a number of articles of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, the AIC, to the binding, the courts and other state authorities certainly execute ECHR decisions even against the basics of Russian law.For this reason, it is of interest to analyze part 1 of Article 46 of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which establishes the duty of States to implement the final judgments of the ECtHR in cases in which they are parties, as well as the body of the Council of Europe responsible for monitoring the execution process decisions of the ECtHR. This provision, being extremely laconic, does not detail the mechanism for realizing this obligation in detail. But such a mechanism is reflected in the practice of the ECHR itself. Currently, there are many different works on the implementation of the ECtHR judgments and the analysis of the previously mentioned provision of the ECHR, but most of them are either mostly theoretical in nature or, on the contrary, provide an overview of existing practice, which significantly limits their audience and the possibility of applying the knowledge gained.In this connection, the commentary to Part 1 of Article 46 of the ECHR given in the book "Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms" is extremely useful. Volume II. Comments on articles 19-59 and additional protocols edited by Professor Lech Garlicky. " In this paper, the view of the problem analyzed is not only an outstanding scientist, but also a specialist who is well acquainted with the practical component of this problematic. Lech Garlitsky is a unique researcher who had experience as judges of the Constitutional Court of the Republic of Poland (1993-2001) and judges of the ECHR. In addition, the above work provides an opportunity to learn how to look at the problem of the implementation of ECtHR judgments in the Eastern European states that have undergone socio-political changes similar to those in Russia. Moreover, the authors of the commentary analyze the view on the implementation of the ECHR judgments, both from the point of view of the ECHR practice, and from the point of view of the Polish legislation and the national judiciary. ; 5 мая 1998 года Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – ЕКПЧ), ставсоставляющей правовой системы Российской Федерации, внедрила в российское право принципиально новый механизм обеспечения прав и свобод граждан, включающий в себя наднациональный судебный институт – Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), в ведении которого находятся все вопросы, касающиеся толкования и применения положений Конвенции и Протоколов к ней. Данный орган призван стать важным механизмом обеспечения гарантий, закрепленных в Конвенции, однако его международный статус, позволяющий ЕСПЧ значительно снизить возможность влияния на Суд со стороны национальных органов, в тоже время порождает возможность ненадлежащего отношения к исполнению его решений на национальном уровне. Кроме того, во многих странах, особенно в Восточной Европе, не утихают споры относительно пределов вмешательства международных органов в национальную юрисдикцию. В российской правовой действительности данный вопрос вновь обрел актуальность, после принятия решения ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков против России», явившегося основанием для обращения в Конституционный Суд Российской Федерации со стороны группы депутатов Государственной Думы о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального Закона «о ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 ФЗ «о международных договорах РФ», а также ряда статей ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и УПК РФ, как обязывающих, суды и иные государственные органы безусловно выполнять решения ЕСПЧ даже вопреки основам российского законодательства. По этой причине интерес представляет анализ части 1 статьи 46 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, в которой закрепляется обязанность государств исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по делам, в которых они являются сторонами, а равно обозначается орган Совета Европы, ответственный за контроль процесса исполнения решений ЕСПЧ. Данная норма, являясь крайне лаконичной, детально не раскрывает механизм реализации данного обязательства. Зато такой механизм нашел свое отражение в практике самого ЕСПЧ. В настоящее время существует множество различных работ, посвященных исполнению решений ЕСПЧ и анализу ранее указанного положения ЕКПЧ, однако большинство из них носят либо преимущественно теоретический характер, либо, напротив, представляют обзор существующей практики, что, значительно ограничивает их аудиторию и возможность применения полученных знаний. В этой связи крайне полезной работой является комментарий к части 1 статьи 46 ЕКПЧ, данный в книге «Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Том II. Комментарии к статьям 19-59 и дополнительным протоколам под редакцией профессора Леха Гарлицкого». В данной работе, нашел свое отражение взгляд на анализируемую проблему не только выдающегося ученого, но и специалиста, хорошо знакомого с практической составляющей этой проблематики – Лех Гарлицкий является уникальным исследователем, имевшим опыт как судьи Конституционного Суда Республики Польша (1993–2001), так и судьи ЕСПЧ. Кроме того, вышеуказанная работа дает возможность ознакомиться с тем, как смотрят на проблему исполнения решений ЕСПЧ в восточно-европейских государствах, переживших социально-политические изменения, подобные российским. Причем авторы комментария анализируют взгляд на проблему исполнения решений ЕСПЧ, как с точки зрения практики ЕСПЧ, так и с точки зрения польского законодательства и национальных судебных органов. ; 5 травня 1998 року Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (далі - ЄКПЛ), ставши складовою правової системи Російської Федерації, впровадила в російське право принципово новий механізм забезпечення прав і свобод громадян, що включає в себе наднаціональний судовий інститут - Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), у віданні якого поширюється на всі питання, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції та протоколів до неї. Даний орган покликаний стати важливим механізмом забезпечення гарантій, закріплених в Конвенції, однак його міжнародний статус, що дозволяє ЄСПЛ значно знизити можливість впливу на Суд з боку національних органів, в той же час породжує можливість неналежного ставлення до виконання його рішень на національному рівні. Крім того, у багатьох країнах, особливо в Східній Європі, не вщухають суперечки щодо меж втручання міжнародних органів в національну юрисдикцію.У російській правовій дійсності дане питання знову набуло актуальності, після прийняття рішення ЄСПЛ у справі «Анчугов і Гладков проти Росії», який став підставою для звернення до Конституційного Суду Російської Федерації з боку групи депутатів Державної Думи про перевірку конституційності положень статті 1 Федерального Закону «про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основних свобод і Протоколів до неї », пунктів 1 і 2 статті 32 ФЗ« про міжнародні договори РФ », а також ряду статей ЦПК РФ, АПК РФ, КАС РФ і КПК РФ, до до зобов'язуючих, суди та інші державні органи безумовно виконувати рішення ЄСПЛ навіть всупереч основ російського законодавства.З цієї причини інтерес представляє аналіз частини 1 статті 46 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод, в якій закріплюється обов'язок держав виконувати остаточні рішення ЄСПЛ у справах, в яких вони є сторонами, а так само позначається орган Ради Європи, відповідальний за контроль процесу виконання рішень ЄСПЛ. Дана норма, будучи вкрай лаконічною, детально не розкриває механізм реалізації даного зобов'язання. Зате такий механізм знайшов своє відображення в практиці самого ЄСПЛ. В даний час існує безліч різних робіт, присвячених виконанню рішень ЄСПЛ та аналізу раніше зазначеного положення ЄКПЛ, однак більшість з них носять або переважно теоретичний характер, або, навпаки, представляють огляд існуючої практики, що, значно обмежує їх аудиторію і можливість застосування отриманих знань.У зв'язку з цим вкрай корисною роботою є коментар до частини 1 статті 46 ЄКПЛ, даний в книзі «Конвенція про захист прав людини і основних свобод. Том II. Коментарі до статей 19-59 і додатковим протоколам під редакцією професора Леха Гарліцкого ». У даній роботі, знайшов своє відображення погляд на аналізовану проблему не тільки видатного вченого, а й фахівця, добре знайомого з практичної складової цієї проблематики - Лех Гарліцкій є унікальним дослідником, які мали досвід як судді Конституційного Суду Республіки Польща (1993-2001), так і судді ЄСПЛ. Крім того, вищевказана робота дає можливість ознайомитися з тим, як дивляться на проблему виконання рішень ЄСПЛ в східно-європейських державах, які пережили соціально-політичні зміни, подібні російським. Причому автори коментаря аналізують погляд на проблему виконання рішень ЄСПЛ, як з точки зору практики ЄСПЛ, так і з точки зору польського законодавства і національних судових органів.

Мета поданої наукової статті полягає в тому, щоб на основі документів Держархіву Одеської області простежити основні етапи розвитку римо-католицької церкви в Одесі упродовж ХІХ ст. Для досягнення зазначеної мети передбачено комбіноване використання різних наукових методів дослідження, зокрема, евристичного, аналізу і синтезу, класифікації та періодизації, статистичного та ін. Зазначено, що найбільш сприятливим для розвитку католицизму в місті був період з кінця ХVІІІ ст. до 20-х рр. ХІХ ст. Його характерною особливістю було лояльне ставлення до католиків з боку місцевої влади. Свідченням є позиція генерал-губернатора Новоросійського краю і градоначальника Одеси де-Рішельє по відношенню до римо-католицьких парафій в регіоні, до управління в яких допускалися єзуїти. Першим візитатором римо-католицьких церков у Новоросійському краї став єзуїт абат Домінік-Шарль Ніколь, який здійснював контроль за діяльністю усіх католицьких парафій, які знаходились на той час у Херсоні, Одесі, Миколаєві та Северинівці. Деякі матеріали Держархіву Одеської області стосуються історії католицького храму Одеси, заснованого в 1795 р. Науковий інтерес становить документ про звернення римо-католиків до міської влади в 1808 р. з проханням надати їм землю для будівництва нового храму в зв'язку із зростанням чисельності парафіян. Наслідком стало виділення місця під забудову кам'яної церкви та офіційний дозвіл на вільне володіння цією землею. Розглянуто особливості другого періоду в історії католицької церкви в Одесі, який розпочався з 1822 р. – після заборони проживання єзуїтів на теренах Російської імперії. Його відмітною рисою став наступ російського уряду на католицьку церкву, яка підозрювалась у підтримці польського повстання 1830-1831 рр. У цей час розпочалася політика ізоляції католицької церкви від Риму й втручання світської влади у справи католицького єпископату. Реакція з боку папи Григорія ХVІ та країн Західної Європи змусила російського імператора Миколу І у 1847 р. підписати конкордат між російським урядом і Апостольським Престолом, одним із пунктів якого мало стати утворення нової католицької Херсонської єпархії з центром у Херсоні. Негативна позиція православної ієрархії на чолі з Херсонським і Таврійським архієпископом Інокентієм (Борисовим) змусила внести зміни до цього проекту – єпархія отримала назву Тираспольської (з центром у Тирасполі) й увійшла до складу Могилівської митрополії. Важливого значення в цей час набувала Одеса, де фактично знаходилась католицька єпископська резиденція. У відповідності з документами в 1853 р. було завершене будівництво кам'яного кафедрального собору, освяченого в ім'я Успенія Пресвятої Діви Марії. Його настоятелем став священик Єжи Безутович, якому допомагали чотири капелани: для поляків, італійців, французів і німців. Проаналізовано третій, більш сприятливий період для розвитку католицизму в Одесі, який розпочався в другій половині ХІХ ст. Низка 40 архівних матеріалів стосується особливостей процедури призначення священиків для католиків-німців, яких запрошували з німецьких земель та Австрії. Досліджено процес зміцнення позицій церкви в місті, наслідком якого стало зростання католицького населення, розширення земельних володінь та розбудова нових храмів. Тож документи, які відклалися у фондах Держархіву Одеської області, дають можливість реконструювати окремі сюжети розвитку римо- католицької церкви в Одесі упродовж ХІХ ст. У комплексі з опублікованими джерелами і дослідницькою літературою вони є важливим підґрунтям для подальшого дослідження історії католицизму в Україні. ; In article documentary materials of the state archive of Odessa region which give the chance to consider the main stages of development of the roman catholic church in Odessa during xix century are analyzed. Prerequisites of church construction in the city are investigated. Process of gradual strengthening of positions of the roman catholic church in Odessa is considered. Emphasized that the most successful for the development of catholicism in the city was the period from the late XVIII century to the 20 years of xix century. Its characteristic feature was loyalty to the catholics by local authorities. This is confirmed by the position of the governor-general of Novorossiysk territory and mayor of Odessa, de Richelieu in relation to the roman catholic parishes in the region, which allowed the jesuits. The first visitor of the roman catholic churches in the Novorossiysk region was the jesuit abbé Dominique-Charles Nicholl, who oversaw the activities of all catholic parishes, which were at that time in Kherson, Odessa, Mykolaiv and Severynivk. Some materials of the state archive of Odessa region relate to the history of the catholic church of Odessa, founded in 1795. The scientific interest is the document testifying the appeal of roman catholics to the local authorities in 1808, with the request for allocation of land for the construction of a new church in connection with the increase in the number of parishioners. The result was the allocation of place for the construction of a stone church and official permission for private ownership of the land. The peculiarities of the second period in the history of the catholic church in Odessa, which began in 1822, after the prohibition of the residence of the jesuits in the Russian empire are discovered. Its peculiarity consisted in the occurrence of the russian government to the catholic church, which was suspected to support the polish uprising of 1830-1831. At this time began the policy of isolation of the catholic church from rome and the intervention of secular authorities in the affairs of the catholic episcopate. The reaction from pope gregory XVI and the countries of Western Europe forced the Russian emperor Nicholas I in 1847 to sign the concordat between the Russian government and the apostolic, one of which was the formation of a new catholic Kherson diocese with the center in Kherson. The negative attitude of the orthodox church, headed by the kherson and tavricheskiy archbishop Innocent (Borisov) was forced to make changes in the project – the diocese received the name of tiraspol (with the center in Tiraspol) and became part of the mogilev archdiocese. The leading role in the history of the catholic church at this time belonged to Odessa, where was the catholic bishop residence. In accordance with the documents in 1853, construction was completed on the stone cathedral, consecrated in the name of the assumption of the blessed virgin mary. The rector was the priest jerzy bestowed, assistants, of which there were four chaplains: for poles, italians, french and germans. Analyzed third a more favorable period for the development of catholicism in odessa which began in the second half of the XIX century. The number of archival documents for features of the procedure for the appointment of priests for the catholic germans, who were invited to the German lands and Austria. The documents provide an opportunity to trace the strengthening of the position of the church in the city, the consequence of which was the increase in the catholic population, the expansion of landholdings and construction of new temples. Thus, the documents that are stored in the state archives of Odessa region represent an opportunity to reconstruct individual episodes of the roman-catholic church in Odessa during the XIX century. In combination with the published sources and research literature, they represent the basis for further research of the history of catholicism in Ukraine. ; Цель представленной научной статьи заключается в исследовании основных этапов развития римо-католической церкви в Одессе в течении ХІХ в. на основе документов Государственного архива Одесской области. Для достижения поставленной цели использованы различные научные методы исследования, в частности: эвристический, анализа и синтеза, классификации и периодизации, статистический и др. Подчеркнуто, что наиболее успешным для развития католицизма в городе был период с конца ХVІІІ в. до 20-х гг. ХІХ в. Его характерной особенностью было лояльное отношение к католикам со стороны местной власти. Подтверждением этого является позиция генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника Одессы де-Ришелье относительно римо-католических приходов в регионе, к управлению которыми допускались иезуиты. Первым визитатором римо-католических церквей в Новороссийском крае стал иезуит аббат Доминик-Шарль Николь, который контролировал деятельность всех католических приходов, которые находились в то время в Херсоне, Одессе, Николаеве и Севериновке. Некоторые материалы Государственного архива Одесской области касаются истории католического храма Одессы, основанного в 1795 г. Научный интерес представляет документ, свидетельствующий об обращении римо-католиков к местной власти в 1808 г. с просьбой о выделении земли под строительство новой церкви в связи с увеличением численности прихожан. Результатом стало выделение места под строительство каменной церкви и официальное разрешение на частное владение этой землей. Рассмотрены особенности второго периода в истории католической церкви в Одессе, который начался с 1822 г. – после запрещения проживания иезуитов на территории Российской империи. Его особенность заключалась в наступлении российского правительства на католическую церковь, которая подозревалась в поддержке польского восстания 1830-1831 гг. В это время началась политика изоляции католической церкви от Рима и вмешательство светской власти в дела католического епископата. Реакция со стороны папы римского Григория ХVІ и стран Западной Европы вынудила российского императора Николая І в 1847 г. подписать конкордат между российским правительством и Апостольским Престолом, одним из пунктов которого было образование новой католической Херсонской епархии с центром в Херсоне. Отрицательная позиция православной иерархии во главе с Херсонским и Таврическим архиепископом Иннокентием (Борисовым) заставила внести изменения в этот проект – епархия получила названия Тираспольской (с центром в Тирасполе) и вошла в состав Могилевской митрополии. Ведущая роль в истории развития католической церкви в это время принадлежала Одессе, где фактически находилась католическая епископская резиденция. В соответствии с документами в 1853 г. было завершено строительство каменного кафедрального собора, освященного в имя Успения Пресвятой Девы Марии. Его настоятелем стал священник Ежи Безутович, помощниками которого были четыре капеллана: для поляков, итальянцев, французов и немцев. Проанализирован третий, более благоприятный период для развития католицизма в Одессе, который начался во второй половине ХІХ в. Ряд архивных документов касается особенностей процедуры назначения священников для католиков-немцев, которых приглашали с немецких земель и Австрии. Документы дают возможность проследить укрепление позиций церкви в городе, следствием которого стало увеличение католического населения, расширение земельных владений и строительство новых храмов. Таким образом, документы, которые хранятся в Государственном архиве Одесской области, представляют возможность реконструировать отдельные сюжеты развития римо-католической церкви в Одессе в течении ХІХ в. В комплексе с опубликованными источниками и исследовательской литературой они являются основой для дальнейших исследований истории католицизма в Украине.

Dansk sammenfatning Drevet af affaldshåndteringsdirektivet samt direktivet om vedvarende energi, vil biologisk behandling af organisk husholdningsaffald, såsom madaffald fra køkkener nu blive udført inden for EU-landene. Som behandlingsmetode foreslås bl.a. bioforgasning, der giver mulighed for udnyttelse af både energi (ved biogasproduktion) og næringsstoffer (ved landbrugets anvendelse af afgasset biomasse). Den almindelige praksis for at opnå fraktionen af organisk affald udsorteret fra andet affald indebærer indføring af sorteringsretningslinjer for borgerne med de relevante materialefraktioner inkluderet efterfulgt af separat indsamling af kildesorteret organisk dagrenovation (KOD). Et meget vigtigt emne relateret til implementering af bioforgasning af KOD i stor skala er karakterisering af substratet. Dette er vigtigt for optimering af teknisk ydeevne, f.eks. til at forudsige produktionen af metan og mængden af afgasset biomasse, og også til at bestemme miljøprofilen, f.eks. ved at vurdere den miljømæssige værdi af bidrag fra substitution af fossil energi og mineralsk gødning. KOD er kendt som en yderst heterogen affaldsstrøm og dermed er dens karakterisering ikke en let opgave. KOD indeholder nogle ikke-biologisk nedbrydelige urenheder i de indsamlede affaldsfraktioner. Dette bliver normalt adresseret gennem fysisk forbehandling af KOD, hvor man ønsker fjernelse af en maksimal mængde ikke-bionedbrydelige urenheder samtidig med at tabet af bionedbrydeligt materiale minimeres. Flere veletablerede teknologier, hver forbundet med fordele og ulemper, er kendte, men også nye løsninger dukker op. For at sikre miljømæssig bæredygtighed i sektoren for affaldshåndtering ved bioforgasning af KOD er det vigtigt, at bioforgasning af KOD har en bedre miljøprofil end den alternative behandling herunder forbrænding. Til sammenligning af bioforgasning med forbrænding kan virkningerne af klimaændringer, angivet som det globale opvarmningspotentiale (GWP) i et livscyklusvurderingsperspektiv, anvendes som et kriterium. Det overordnede formål med dette ph.d.-studie var at levere baggrundsdata for en miljømæssig vurdering af gennemførelsen af bioforgasning af KOD i Europa. For at gøre dette blev tre specifikke mål formuleret med hensyn til affaldskarakterisering, fysisk forbehandling og europæiske rammebetingelser: • Karakterisering af individuelle materialefraktioner tilstede i dansk KOD vedrørende deres biokemiske metanpotentiale og andre parametre af betydning for behandling med bioforgasning. • Beskrivelse af teknologier til fysisk forbehandling af KOD til bioforgasning, der er tilgængelige i de skandinaviske lande og give de nødvendige oplysninger til at inkludere dem i LCA-modeller vedrørende behandling af KOD. • Bestemmelse af rammebetingelser, der sikrer den bedste miljøprofil af bioforgasning af KOD vedrørende klimaændringer. Affaldskarakterisering, som inkluderede alle EU-lande, samt beskrivelse af alle tilgængelige forbehandlingsteknologier var ikke muligt inden for rammerne af den foreliggende ph.d.-afhandling. Derfor blev affaldskarakterisering begrænset til Danmark, og kun skandinaviske forbehandlingsteknologier blev medtaget, men det antages, at de genererede data til en vis grad kan bruges til at beskrive mere generelle europæiske forhold, hvis landespecifikke data er ikke tilgængelige. Med hensyn til det første specifikke mål blev KOD fra en dansk kommune (hvor kildesortering af organisk dagrenovation er implementeret) håndsorteret, der blev taget prøver af de relevante materialefraktioner, og en række laboratorieundersøgelser blev udført. Materialefraktionerne inkluderede: animalsk madaffald (AFW), vegetabilsk madaffald (VFW), køkkenrullepapir (KT), vegetationsaffald (VW), støbte papfibre, herunder toiletruller og æggebakker (MF), halm fra kæledyr (AS), snavset papir (DP) og snavset pap (DC). For at opfylde det andet specifikke mål blev der udført en grundig vurdering af en ny forbehandlingsteknologi i Danmark efterfulgt af en sammenligning med de alternative forbehandlingsteknologier, som eksisterer i de skandinaviske lande. I forbindelse med teknologivurderingen blev der anvendt principper fra materiale-flow analyse, hvorved teknologiprocessen blev beskrevet, og der blev genereret LCA inventory data. Blandt de eksisterende forbehandlingsteknologier blev skruepresse-, disk screen- og dispersion-baserede processer repræsenteret vha. litteraturdata. Det sidste specifikke mål blev behandlet i to LCA studier. Det første vurderede potentielle klimaændringer ved bioforgasning af KOD i forhold til forbrænding med enkelte materialefraktioner i fokus, og det andet studie vurderede potentielle klimaændringer ved at optimere bioforgasning af KOD i forbehandlingsfasen af livscyklussen. Baseret på det udførte arbejde opnåedes følgende resultater: • Ved brug af GWP kriteriet var der kun én materiale fraktion - VFW - som altid var bedre ved bioforgasning sammenlignet med forbrænding. For AFW, KT, VW og DP, var ydeevnen bedre med bioforgasning, medmindre den blev sammenlignet med et meget effektiv forbrændingsanlæg. Materialefraktioner som MF og DC var kun attraktive for bioforgasning under rammebetingelser, hvor bioforgasning med kraftvarme og forbrænding med hovedsageligt varmeproduktion blev sammenlignet. AS var altid bedst at forbrænde. • I Danmark er madaffald (både kød og vegetabilsk) og køkkenaftørringspapir de vigtigste materialefraktioner, som medfører nedsat GWP ved bioforgasning i forhold til forbrænding, mens inddragelse af andre materialefraktioner vha. KOD sorteringsvejledninger er af mindre betydning. • Den nye forbehandlingsteknologi undersøgt i nærværende afhandling er en lovende løsning til forbehandling af KOD før bioforgasning og har fordele i forhold til skruepresse, disk screen og dispersion-baserede forbehandlingsteknologier. • Ændring af forbehandlingseffektivitet med ± 10% med hensyn til materiale genvundet i biomassen påvirker ikke netto drivhuseffekten ved bioforgasning af KOD ret meget, hvilket betyder, at andre aspekter, f.eks. økonomi, funktionalitet, eller andre miljømæssige aspekter af relevans kan anvendes til at afgøre valg af teknologi for praktiske anvendelse. ; Driven by the Waste Management Directive and the Renewable Energy Directive, the biological treatment of organic household waste, such as food waste from kitchens, now needs to be undertaken by European Union member countries. Anaerobic digestion (AD), which allows for the utilisation of both energy (biogas production) and nutrients (through the agricultural use of digestion residue) is commonly suggested as the best way forward in this regard. The common practice of acquiring organic waste from other waste involves introducing sorting guidelines to citizens, with the corresponding material fractions included in these procedures, followed by the separate collection of source-separated organic household waste (SSOHW). A main topic related to the implementation of this scheme on a large scale is feedstock characterisation. This is important for system optimisation regarding both technical performance, e.g. by predicting methane production and the amount of residue, and also the environmental profile, e.g. by assessing the environmental value of impact contributions when substituting fossil energy and mineral fertilisers. SSOHW is known as a highly heterogeneous waste stream, and thus its characterisation is not an easy task. SSOHW is also accompanied by non-biodegradable impurities in the collected waste fractions. This issue is usually addressed through the physical pre-treatment of SSOHW, at which stage it is desirable to reject the maximum amount of non-biodegradable impurities while minimising biodegradable matter loss. Several well-established technologies, each with its own advantages and disadvantages, are known, and these sit alongside newly emerging solutions. To ensure the environmental sustainability of the waste management sector when implementing the AD of SSOHW, it is important that the process has a better environmental profile than the alternative treatment being displaced, in this case incineration. When comparing AD to incineration, climate change effects indicated by global warming potential (GWP) from a life cycle assessment (LCA) perspective can be used as criteria. The overall aim of this PhD study is to provide background data for the environmental assessment of a wide range of AD of SSOHW implementations in Europe. To achieve this aim, three specific objectives were formulated regarding waste characterisation, physical pre-treatment and European framework conditions: • Characterise individual material fractions present in Danish SSOHW pertinent to their biochemical methane potential and other parameters of importance for AD treatment. • Describe the technologies currently available for the physical pre-treatment of SSOHW prior to AD in Scandinavian countries, and provide the necessary data required to include them in LCA SSOHW management models. • Determine the framework conditions that will ensure the best AD of SSOHW performance when considering climate change. Waste characterisations for all EU member states, as well as descriptions of all available pre-treatment technologies, were not possible to detail within the scope of the present PhD thesis. Therefore, waste characterisation was limited to Denmark, and only Scandinavian pre-treatment technologies were included, but it is assumed that the data, to some extent, can be used to describe more general European conditions if country-specific data are unavailable. Regarding the first objective, hand-sorting of SSOHW in a Danish municipality (where the source separation of organic household waste has been implemented) was performed, desirable material fractions sampled and a range of laboratory investigations performed. The material fractions covered were: animal food waste (AFW), vegetable food waste (VF), kitchen tissue (KT), vegetation waste (VW), moulded fibres (MF), animal straw (AS), dirty paper (DP) and dirty cardboard (DC). For the second objective, a thorough assessment of a new pre-treatment technology in Denmark was followed by making a comparison to alternative pre-treatment technologies in Scandinavian countries. For the technology assessment, the material flow analysis principle was used, in that the technology process was described and LCA inventory data were generated. Amongst existing pre-treatment technologies, the screw press-, disc screen- and dispersion-based processes were represented by data from the literature. The last objective was addressed through two LCA studies. The first assessed climate change effects associated with the AD of SSOHW compared to incineration, by concentrating on individual material fractions, and the second assessed the climate change effects of optimising the AD of SSOHW at the pre-treatment stage of the life cycle. Based on this work, the following results were achieved: • Using the GWP criterion only one material fraction – VFW – was always better for AD compared to incineration. For AFW, KT, VW and DP, performance with AD was better unless it was compared to a highly efficient incinerator. Material fractions such as MF and DC were attractive for AD, albeit only when AD with CHP and incineration with mainly heat production were compared. AS was always better to incinerate. • In Denmark, food waste (both animal- and vegetable-derived) and kitchen tissue were the main material fractions allowing GWP mitigation with AD when it was compared to incineration, while the inclusion of other material fractions with SSOHW sorting guidelines was of less importance. • The new pre-treatment technology introduced in the present thesis is a promising solution for pre-treating SSOHW prior to AD, and it had advantages over the screw press-, disc screen- and dispersion-based pre-treatment technologies. • Any change in pre-treatment efficiency, such as ± 10% material recovered from the biomass, does not affect the net GWP of the AD of SSOHW significantly, meaning that other aspects, e.g. economy, practicality or other environmental aspects of relevance, might be used as guidance when selecting the technology for practical use.

The article examines the principles of elit­creation at the regional level in accordance with the objectives and priorities of the national political science and the specificity of the domestic political process. Identified tendencies of the structure formation of regional elites from both formal and informal institutions advocacy and aggregation of local communities. The aim of the paper is to establish features of the formation and functioning of regional political elites in contemporary Ukraine in the context of political and social­economic transformation. By means of structural­functional analysis determined that the functioning of regional political elites of contemporary Ukraine as integral units, based on non­public bonds, which are not generally associated with political influence or connection to the social and political forces. Mechanisms of regional political elites functioning in modern Ukraine are closely linked to the progress of administrative and territorial division. These tendencies are conceptual discussion about decentralization, and suggestions for increasing regions after administrative reform. However, the basic trend of the regional elites functioning in modern Ukraine have a device as the primary way of interacting with center. Attention of regional political elites to transformation models of political­administrative system of Ukraine is low. Regional political elites in modern Ukraine have a number of features of its formation and functioning. The structure of political elites at the regional level conditioned by the economic structure and the influence of business groups. In addition, these groups are not in a relationship of free competition or struggle for spheres of influence, and are in a hierarchical relationship of subordination. The social composition of Ukrainian regional political elites is in the making and is linked to all of the nomenclature and administrative staff of the Regional management of the former USSR. However, after events of 2014 occurs a change of age generations and changing of professional and gender composition of elites. These factors represent regional political elite of Ukraine as a phenomenon that requires deep analysis and attracting new empirical data. Functioning of the regional political elites in Ukraine is based on the existence of local and regional political regimes that reflect the current socio­economic region­specific, as well as their priority and importance to the central level. Political and administrative structure of regional political elites substantially corrected by businesses and public organizations. The basic requirement for the operation of regional political elites from the center is handling the overall political situation and socio­economic development. In these circumstances, the regional political elites grouped around a figurehead, mostly governor or head of the regional council. Interaction with the center and ensure loyalty among regional and local elites on the ruling party and the incumbent president formed a special approach to the operation of regional elites who are in pursuit of self­sufficiency. Loyalty to the center allows to protect their position against a possible removal from the levers of political influence. Social, age and gender structure of the regional political elites provides insight on the relative relevance of these indicators of basic social indicators society. However, democratic principles to ensure gender parity and social mobility through democratic procedures are still in the formative stage. Functioning of the regional political elites, as integral formations, based on non­public bonds, which are generally not related to political influence, or due to social and political forces. Improvement of these practices is the foundation of modernization of current regional political elites in Ukraine. Regional political elite in Ukraine is constantly under pressure of the all­ukrainian political process­level. This complicates the transformation of regional and local elites to real decision makers for the organization of the relevant areas development. A significant problem for domestic regional elites, in the author's opinion, is the leaching of personnel recruiting local and regional leaders to fill positions at the capital level. ; Стаття розглядає принципи елітотворення на регіональному рівні відповідно до завдань та пріоритетів вітчизняної політичної науки та специфіки політичного процесу. Визначаються тенденції структурування регіональних еліт на основі формальних і неформальних інститутів відстоювання інтересів та агрегування місцевих спільнот. Мета статті: встановлює особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні в контексті політичних та соціально­економічних перетворень. Засобами структурно­функціонального аналізу визначено, що функціонування регіональних політичних еліт сучасної України, як цілісних утворень, здійснюється на основі непублічних зв'язків, які, загалом не пов'язані з політичним впливом, або зв'язком з соціально­політичними силами. Механізми функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні тісно пов'язані з тенденціями реформування адміністративно­територіального устрою. Такими тенденціями є концептуальна дискусія щодо децентралізації, а також пропозиції щодо збільшення обсягу регіонів. Водночас базовою тенденцією функціонування регіональних еліт в сучасній Україні є пристосування, як основного способу взаємодії з центром. Увага регіональних політичних еліт до моделей перетворення політико­адміністративного устрою України є низькою. Регіональні політичні еліти в сучасній Україні мають низку особливостей свого формування і функціонування. До складу політичних еліт на рівні регіонів, зумовлених економічною структурою та впливом бізнес­груп. Крім того, зазначені групи не перебувають у відносинах вільної конкуренції або боротьби за сферу впливу, а перебувають у відносинах ієрархічного підпорядкування. Соціальний склад українських регіональних політичних еліт перебуває у стадії формування і до 2014 року був детермінований, передусім, специфікою номенклатурного та адміністративного складу пострадянського регіонального управління. Після «революції гідності» відбувається болісний процес зміни вікових поколінь та зміна професійного і гендерного складу еліт. Ці чинники репрезентують регіональні політичні еліти України як явище, яке потребує глибокого аналізу і залучення нових емпіричних даних. Функціонування сучасних регіональних політичних еліт в Україні відбувається на основі існування місцевих та регіональних політичних режимів, які відображають наявну соціально­економічну специфіку регіонів, а також пріоритетність і значення їх для центрального рівня. Політико­адміністративний склад регіональних політичних еліт істотно коригується за рахунок представників бізнесу та громадських організацій. Основною вимогою щодо функціонування регіональних політичних еліт з боку центру є керованість загальною політичною ситуацією та соціально­економічним розвитком регіонів. В цих умовах регіональні політичні еліти групуються навколо однієї провідної постаті, здебільшого губернатора або голови обласної ради. Взаємодія з центром та забезпечення лояльності серед регіональних та місцевих еліт щодо правлячої партії та діючого президента сформували особливі підходи до функціонування регіональних еліт, які полягають у прагненні до самозабезпечення. Лояльність до центру надає можливість убезпечити своє становище від можливого усунення від важелів політичного впливу. Соціальний, віковий та гендерний склад регіональних політичних еліт забезпечує уявлення щодо відносної відповідності цих показників основним соціальним показникам суспільства. Водночас демократичні засади забезпечення гендерного паритету, а також соціальної мобільності за рахунок демократичних процедур ще перебувають на стадії формування. Функціонування регіональних політичних еліт, як цілісних утворень, здійснюється на основі не пуб­лічних зв'язків, які загалом не пов'язані з політичним впливом, або зв'язком з соціально­політичними силами. Покращення цих практик є основою модернізації сучасних регіональних політичних еліт в Україні. Регіональні політичні еліти в Україні постійно перебувають під тиском обставин та процесів загальнодержавного рівня. Це ускладнює перетворення регіональних та місцевих еліт на реальні центри прийняття рішень щодо організації розвитку відповідних територій. Істотною проблемою для вітчизняних регіональних еліт, на думку автора, є вимивання кадрів внаслідок рекрутування місцевих та регіональних лідерів для заміщення посад на столичному рівні. ; Стаття розглядає принципи елітотворення на регіональному рівні відповідно до завдань та пріоритетів вітчизняної політичної науки та специфіки політичного процесу. Визначаються тенденції структурування регіональних еліт на основі формальних і неформальних інститутів відстоювання інтересів та агрегування місцевих спільнот. Мета статті: встановлює особливості формування і функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні в контексті політичних та соціально­економічних перетворень. Засобами структурно­функціонального аналізу визначено, що функціонування регіональних політичних еліт сучасної України, як цілісних утворень, здійснюється на основі непублічних зв'язків, які, загалом не пов'язані з політичним впливом, або зв'язком з соціально­політичними силами. Механізми функціонування регіональних політичних еліт в сучасній Україні тісно пов'язані з тенденціями реформування адміністративно­територіального устрою. Такими тенденціями є концептуальна дискусія щодо децентралізації, а також пропозиції щодо збільшення обсягу регіонів. Водночас базовою тенденцією функціонування регіональних еліт в сучасній Україні є пристосування, як основного способу взаємодії з центром. Увага регіональних політичних еліт до моделей перетворення політико­адміністративного устрою України є низькою. Регіональні політичні еліти в сучасній Україні мають низку особливостей свого формування і функціонування. До складу політичних еліт на рівні регіонів, зумовлених економічною структурою та впливом бізнес­груп. Крім того, зазначені групи не перебувають у відносинах вільної конкуренції або боротьби за сферу впливу, а перебувають у відносинах ієрархічного підпорядкування. Соціальний склад українських регіональних політичних еліт перебуває у стадії формування і до 2014 року був детермінований, передусім, специфікою номенклатурного та адміністративного складу пострадянського регіонального управління. Після «революції гідності» відбувається болісний процес зміни вікових поколінь та зміна професійного і гендерного складу еліт. Ці чинники репрезентують регіональні політичні еліти України як явище, яке потребує глибокого аналізу і залучення нових емпіричних даних. Функціонування сучасних регіональних політичних еліт в Україні відбувається на основі існування місцевих та регіональних політичних режимів, які відображають наявну соціально­економічну специфіку регіонів, а також пріоритетність і значення їх для центрального рівня. Політико­адміністративний склад регіональних політичних еліт істотно коригується за рахунок представників бізнесу та громадських організацій. Основною вимогою щодо функціонування регіональних політичних еліт з боку центру є керованість загальною політичною ситуацією та соціально­економічним розвитком регіонів. В цих умовах регіональні політичні еліти групуються навколо однієї провідної постаті, здебільшого губернатора або голови обласної ради. Взаємодія з центром та забезпечення лояльності серед регіональних та місцевих еліт щодо правлячої партії та діючого президента сформували особливі підходи до функціонування регіональних еліт, які полягають у прагненні до самозабезпечення. Лояльність до центру надає можливість убезпечити своє становище від можливого усунення від важелів політичного впливу. Соціальний, віковий та гендерний склад регіональних політичних еліт забезпечує уявлення щодо відносної відповідності цих показників основним соціальним показникам суспільства. Водночас демократичні засади забезпечення гендерного паритету, а також соціальної мобільності за рахунок демократичних процедур ще перебувають на стадії формування. Функціонування регіональних політичних еліт, як цілісних утворень, здійснюється на основі не пуб­лічних зв'язків, які загалом не пов'язані з політичним впливом, або зв'язком з соціально­політичними силами. Покращення цих практик є основою модернізації сучасних регіональних політичних еліт в Україні. Регіональні політичні еліти в Україні постійно перебувають під тиском обставин та процесів загальнодержавного рівня. Це ускладнює перетворення регіональних та місцевих еліт на реальні центри прийняття рішень щодо організації розвитку відповідних територій. Істотною проблемою для вітчизняних регіональних еліт, на думку автора, є вимивання кадрів внаслідок рекрутування місцевих та регіональних лідерів для заміщення посад на столичному рівні.

Il nostro è un paese a media sismicità e non a grande sismicità come il Giappone o gli Stati Uniti e quando il periodo di ritorno dei terremoti supera una generazione, la percezione media del rischio nella popolazione si riduce drasticamente nascendo un problema di trasmissione dell'esperienza. Si stima che solo il 14% degli edifici presenti nelle zone sismiche italiane più pericolose (il 45% dell'intero territorio) siano stati costruiti con criteri antisismici. Fino agli anni '90 il nostro paese non aveva attivato altra politica di prevenzione contro la minaccia dei terremoti, se non quella di emanare norme tecniche per le costruzioni in zona sismica obbligatorie per qualsiasi nuova costruzione e solo in alcuni casi per gli interventi sulle costruzioni esistenti. E' però nella vulnerabilità del sistema insediativo che bisogna ricercare l'entità delle conseguenze calamitose del fenomeno sismico. Qualsiasi percorso di interventi sul costruito per innalzarne le prestazioni, non può che avviarsi con l'esame dello stato attuale. Su scala nazionale la campagna di monitoraggio della vulnerabilità sismica si è avviata con l'entrata in vigore dell'O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, che richiedeva la verifica di sicurezza degli edifici pubblici strategici e rilevanti esistenti, progettati secondo norme tecniche antecedenti al 1984 e/o situati in Comuni la cui classificazione sismica, sulla base dei moderni criteri di stima della pericolosità sismica di base, comportasse livelli dell'azione sismica superiori a quelli relativi all'epoca di costruzione. In questo contesto si colloca il ruolo di CASALP, Casa Livorno e Provincia s.p.a., una società per azioni di proprietà dei Comuni della Provincia di Livorno, che fornisce servizi per l'abitare sociale, amministra, gestisce e progetta i lavori di manutenzione dell'ampio patrimonio edilizio popolare. La presente tesi che nasce dalla Convenzione stipulata tra l'Università di Pisa e CASALP, ha come obiettivo il monitoraggio sismico di 48 edifici (15 in muratura e 33 in cemento armato) facenti parte del complesso di strutture adibite a residenze popolari, appartenenti e gestite da CASALP. L'indagine condotta è finalizzata ad individuare le situazioni di maggior rischio, ovvero a stilare una graduatoria dei fabbricati che necessitano di miglioramenti, con il fine di poter attribuire un indice di priorità nel caso di avviamento di un'iniziativa di interventi di adeguamento sismico migliorando conseguentemente l'utilizzazione delle risorse destinate ad interventi di riduzione del rischio. In un primo momento la valutazione della vulnerabilità sismica dei suddetti edifici si è effettuata adottando le schede di rilevamento strutturale definite rispettivamente di livello 0, I, e II, messe a punto dal C.N.R.-G.N.D.T. (Consiglio Nazionale delle Ricerche-Gruppo Nazionale per la Difesa dai terremoti) e rielaborate dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica della Regione Toscana. Esse consentono di pervenire ad una valutazione puntuale della vulnerabilità edificio per edificio, mediante un punteggio compreso tra 0 e 100, per gli edifici in muratura, e tra –25 e 100, per gli edifici in c.a. l'indice di vulnerabilità è calcolato sommando i contributi di punteggi di vulnerabilità di 11 parametri rilevati e legati ad alcuni aspetti caratteristici del comportamento sismico tipico delle costruzioni in muratura o in cemento armato. L'indice di vulnerabilità coì ottenuto, non fornisce una valutazione del danno atteso per un dato livello di severità della scossa sismica ma è una misura convenzionale e relativa della propensione al danneggiamento ed è pertanto utilizzabile immediatamente solo a fini euristici. Insieme alla valutazione dell'IV si fornisce anche una valutazione dell'indice del rischio (IR) quale funzione della PGAD (l'accelerazione di picco attesa al suolo e quindi la domanda) e della PGAC (l'accelerazione di picco al suolo che determina il collasso della struttura, ovvero la capacità) Le 14 strutture caratterizzate da un sistema resistente in muratura, classificabile come muratura in pietrame mista, con orditura disordinata, e malta generalmente classificabile come scadente, sono situate a Livorno e risalgono alla prima metà del secolo scorso in una fascia temporale che va dal 1911 al 1956 (periodo antecedente a qualsiasi tipo di normativa sismica). Esse presentano nel complesso due tipologie di solaio: tipo SAP e tipo a longherine metalliche e tavelloni, disposti trasversalmente ai muri laterali e di spina. La tipologia di copertura prevalente è a padiglione con un solo caso di copertura piana: generalmente si è ipotizzato come sistema costruttivo quello analogo al solaio del relativo edificio, con una sola eccezione nel quale erano visibili dall'esterno i travetti in legno. Le principali criticità riscontrate durante lo studio degli edifici in muratura risultano essere la mancanza di un comportamento scatolare, la presenza di strutture spingenti, di meccanismi locali di collasso, di muratura potenzialmente soggetta a disgregazione ed irregolarità geometriche in pianta ed in altezza. Gli edifici analizzati appartenenti alla categoria delle strutture intelaiate in cemento armato (locate a Livorno), generalmente adibiti ad uso residenziale con l'eccezione di alcuni locali adibiti ad uso commerciale, risalgono alla seconda metà del secolo, in una fascia temporale che va dal 1958 al 1980. Tale periodo implica una progettazione in assenza di opportune regole antisismiche: gli edifici mostrano in molti casi un comportamento strutturale deficitario, caratterizzato da una bassa duttilità disponibile e dall'assenza di un'appropriata gerarchia delle resistenze che conduca a meccanismi di collasso di tipo globale. Il sistema resistente, con tamponamenti in laterizio, si eleva per un numero di piani che dallo spiccato di fondazione oscilla tra i 3 ed i 14. Gli edifici presentano nel complesso dei solai di tipo SAP, disposti trasversalmente ai telai resistenti in c.a. Le principali criticità rilevate per gli edifici in c.a. sono la presenza di elementi resistenti (pilastri o setti) di dimensioni ridotte e non adeguatamente armati, presenza di pilotis al piano terra, presenza di elementi di tamponatura a cassetta mal vincolati, presenza di elementi tozzi, travi non adeguatamente armate, presenza di nodi non adeguatamente staffati, presenza di potenziali effetti di martellamento, irregolarità di rigidezza in pianta e geometrica in pianta ed in elevazione. Presenza di elementi non strutturali mal vincolati e presenza di telai monodirezionali. Generalmente i valori di vulnerabilità ottenuti, si collocano nell'intervallo tra i valori 60-70. In generale, il valore risulta essere alto se letto nell'ottica del suo significato ed estrapolato dal contesto del sito di riferimento: il grado di danno che un edificio può subire nel caso sia colpito da sisma è valutabile intorno ad un punteggio di 60-70 su 100. Questi valori possono essere spiegati soprattutto se messi in relazione con il periodo di costruzione e la tipologia, qualità e configurazione del sistema resistente. Le strutture sono state realizzate senza che vi siano adeguati collegamenti tra gli elementi resistenti i quali, proprio per l'assenza di normativa sismica, sono stati dimensionati al fine di resistere ai soli carichi verticali, risultando così inadeguati a qualsiasi forza diretta orizzontalmente. Nella seconda parte della presente relazione si propone, per la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli edifici pubblici in esame, la metodologia VC e VM (usate rispettivamente per le strutture in calcestruzzo ed in muratura) elaborata da G.N.D.T insieme al Dipartimento della Protezione Civile e al Ministero del Lavoro, ed impiegabile su edifici esistenti nell'ambito del progetto "Strumenti Aggiornati per la Vulnerabilità sismica del patrimonio Edilizio e dei sistemi urbani" (S.A.V.E.). Questa metodologia può essere definita ibrida perché basata sull'individuazione di una vulnerabilità sia osservata (SAVE) che calcolata (meccanismi meccanici). Sostituendo all'edificio un suo modello meccanico teorico, la tecnica (meccanicistica) in questione è più vicina all'usuale approccio ingegneristico per la valutazione della sicurezza. Il metodo di analisi si riferisce a due livelli di danneggiamento, corrispondenti, in termini prestazionali alla condizione limite di operatività, ossia di danneggiamento lieve tale da non pregiudicarne l'utilizzazione, e alla condizione di collasso incipiente. La vulnerabilità, pertanto, viene intesa come stima dell'intensità del terremoto per la quale l'edificio raggiunge le due condizioni dette (PGA di operatività e PGA di collasso). Il rischio, ovviamente riferito alle condizioni di pericolosità sismica del sito in cui sorge la costruzione, tenendo conto anche di eventuali effetti di amplificazione locale, viene espresso in termini di periodo di ritorno del terremoto che produce le due condizioni limite dette. L'attendibilità dei risultati che il metodo può fornire è strettamente legata alla qualità delle informazioni e all'aderenza del modello alla realtà. Questi aspetti uniti alla incompletezza delle informazioni sulla geometria della struttura e sulle resistenze dei materiali che il modello considera, la mancata valutazione degli effetti torsionali e l'assente stima di vulnerabilità delle parti non strutturali, hanno suggerito di utilizzare la metodologia SAVE similmente alle schede GNDT di II livello: l'indice di vulnerabilità del singolo edificio è pensato come parametro indicativo dell'appartenenza ad una fascia di vulnerabilità più ampia, piuttosto che come valutazione puntuale. Gli edifici esaminati sono caratterizzati da valori della PGA di collasso (adeguatamente corretta per meglio cogliere gli effetti negativi dovuti alla presenza di elementi tozzi negli edifici in c.a.) concentrati in una fascia che va dallo 0,04g allo 0,18g. A differenza della valutazione di vulnerabilità condotta con le schede GNDT, le procedure VC e VM colgono una maggiore differenza di comportamento tra un edificio e l'altro. L'analisi ha inoltre permesso di rilevare la dipendenza della vulnerabilità dalla presenza di piani o direzioni particolarmente più forti o più deboli che causano potenziali squilibri strutturali, dalle resistenze di piano massime e minime (parametro SD), si è individuato il piano a cui è associato il meccanismo di collasso. Si è cercata una correlazione della vulnerabilità (esprimibile anche in termini di accelerazione sulla struttura corrispondente alla resistenza minima di piano che determina la condizione di collasso) con l'età della costruzione, col numero di piani, con la regolarità geometrica e di rigidezza e con il livello di compressione presente negli elementi resistenti. Quest'ultimo aspetto, insieme al quello relativo al numero di piani, evidenzia l'esistenza di un legame piuttosto forte con la vulnerabilità strutturale. Si sono infine condotti studi sulla variabilità dei periodi propri delle strutture che hanno evidenziato come l'effetto irrigidente offerto dai setti influiscano sul comportamento strutturale.

ZUSAMMENFASSUNG: DEUTSCHES REICH IM IMPERIALEN KONTEXT DER WESTLICHEN KONSULARGERICHTSBARKEIT IN JAPAN UND KOREADie westliche Extraterritorialität in Ostasien ist heute ein Symbol asymmetrischer Machtverhältnisse und der Einschränkung der Souveränität Chinas, Japans und Koreas. Die damalige Begründung der ausländischen Mächte, sie benötigten ein rationales und humaneres Rechtssystem, welches in asiatischen Ländern noch nicht existiere, wird inzwischen häufig als reine Legitimationsstrategie für eine imperialistische Machtausübung verworfen. Wissenschaftler zeichneten in den letzten Jahren ein differenzierteres Bild einer komplexeren Rechtsordnung, in der unterschiedliche Interessen vertreten waren. Die internationale Forschung hat sich überwiegend mit der Extraterritorialität der angelsächsischen Länder, vor allem Großbritanniens, beschäftigt, die das größte System westlicher Konsulatsgerichte unterhielten. Die Konsulatsgerichte des deutschen Kaiserreichs in Japan und Korea waren bisher noch nicht beachtet worden. Anhand diplomatischer Quellen und Presseberichte rekonstruiert dieser Artikel die Praktiken der deutschen Konsulatsgerichte. Die Studie untersucht drei chronologisch zusammenhängende Themen: den Aufbau eines deutschen Systems der Konsulatsgerichte durch internationale bilaterale Verträge und deutsche Gesetze, die Funktionsweise der deutschen Konsulatsgerichte in Japan und Korea und die japanischen Verhandlungen, die die deutschen extraterritorialen Privilegien im eigenen Land und in Korea beendeten.Das deutsche Kaiserreich war in der extraterritorialen Gerichtsbarkeit in Japan und Korea eine der wichtigen Mächte, welches auch zeitweise die Gerichtsbarkeit für andere Staaten wie die Schweiz, Schweden-Norwegen oder Dänemark ausübte. Es bewahrte seine Rechte und Privilegien in Kooperation mit und manchmal in Konkurrenz zu den anderen Westmächten. Auch wenn Großbritannien und die Vereinigten Staaten bei der Anzahl der geschätzten und dokumentieren Gerichtsfälle weit vorne lagen, kann man von einer geschätzten Gesamtzahl von über 2.000 deutschen Konsulargerichtsfällen ausgehen. In Korea waren dies hingegen weniger als 30 im Zeitraum der deutschen Extraterritorialität. Anhand von Statistiken, diplomatischen Quellen und Presseberichten scheint es, als ob dieses Rechtswesen einigermaßen effektiv funktionierte trotz nationaler und sprachlicher Barrieren. Ein japanischer Arbeiter konnte bei Misshandlung durch seinen deutschen Arbeitgeber genauso eine Kompensation erhalten wie ein japanisches Kindermädchen, das eine vertraglich vereinbarte Schiffsreise aus Europa zurück in sein Heimatland bezahlt bekam. Trotzdem könnte es Ungerechtigkeiten gegeben haben, wenn beispielsweise das Wort eines "christlichen Ehrenmannes", der vereidigt werden konnte, mehr zählte als dasjenige eines "Heiden", insbesondere wenn es sich um eine Frau handelte. Allerdings gab es auch vor japanischen Gerichten Grenzen für Ausländer, wenn beispielsweise die Klage eines Deutschen mit der Begründung abgewiesen wurde, die verklagte Regierungsbehörde weigere sich, mit dem Gericht zu kommunizieren. Unterschiedliche Rechtsnormen und Gesetze wurden in Yokohama für vergleichbare Vergehen angewandt. Zwei Männer, die beim Diebstahl der Zeitung Japan Gazette erwischt wurden, erhielten von unterschiedlichen Gerichten jeweils Gefängnisstrafen von 7 Tagen (Deutsches Konsulargericht) und 1 Jahr (lokales japanisches Gericht) nach den Strafgesetzen ihrer jeweiligen Heimatstaaten.Man würde vermuten, dass ein deutsches Konsulatsgericht deutsches Recht angewandt hätte, jedoch scheint es eher, als ob das Gericht einem ungeschriebenen Rechtsbrauch gefolgt wäre, welchen man als "Vertragshafengesetzesbrauch" bezeichnen könnte, und welcher weder deutsch noch japanisch geprägt war. Das deutsche Konsularrecht von 1879 erlaubte in Handels- und Kommerzangelegenheiten, das übliche lokale Recht anzuwenden, was insofern ironisch ist, als die Westmächte forderten, dieses zu ändern. Deutsche Konsulatsrichter und auch diejenigen anderer Staaten beachteten die juristischen Implikationen ihrer eigenen Handlungen. Bei einem Präzedenzfall zum Markenschutz des Flaschenetiketts der Flensburger Brauerei fragte der zuständige Richter nach den Gesetzen und Vorschriften der jeweiligen Länder der Prozessbeteiligten und Japan, um mit einem Kompromissvorschlag den Fall zu beenden. Manchmal endschied sich ein Gericht für die Vertagung einer Entscheidung aus Respekt vor einem anhängigen Verfahren im gleichen Streitfall vor dem Gericht einer anderen Nation. Auch wenn die vorliegende Studie sich vor allem mit der Institution des deutschen Konsulatsgerichts in Yokohama beschäftigt, so wird, wenn man die Aktionen "deutscher Reichsbürger" als Kläger und Zeugen in anderen Gerichten verfolgt, ein transkulturelles Netzwerk von Sozial- und Wirtschaftsbeziehungen sichtbar, welches nationale und institutionelle Grenzen überschritt. In Gegensatz zu dem weit verbreiteten Bild, welches auch durch den Begriff der "Ungleichen Verträge" propagiert wurde, handelte es sich bei der Mehrheit der Gerichtsfälle, sowohl in Zivil- als auch in Strafsachen, um Streitfälle innerhalb der westlichen Fremdenkolonie, und man könnte durchaus argumentieren, dass die Konsulatsgerichte die Ausbreitung des westlichen Imperialismus durch eine Art Selbst- Regulierung der Ausländer gebremst habe.Die westliche Extraterritorialität verschwand, als Japan die ausländischen Mächte von der Effektivität seiner Rechtsreformen überzeugte, welche sich an westlichen Gesetzen und Prozeduren ausrichteten. Auch schon vorher hatte japanischer Patriotismus in der öffentlichen Meinung und durch politische Handlungen dazu geführt, die Auswirkungen der Extraterritorialität auf die Konsulargerichtsbarkeit im engeren Sinne zu beschränken. Die Anwendung von japanischen Verwaltungsvorschriften wie Quarantäneregeln, Jagdverordnung, Zoll- oder Pressevorschriften waren kontroverse öffentliche Themen im Verlauf der Vertragsrevisionsverhandlungen. Auch wenn das Deutsche Reich an einigen dieser Zwischenfälle beteiligt war, gehörte es zu einer der ersten westlichen Mächte, die zu einer Aufgabe ihrer rechtlichen Privilegien in Japan bereit waren. Eine Serie von diplomatischen Konferenzen und bilateralen Konsultationen brachte schließlich alle westlichen Staaten dazu, einem Ende der Konsulatsgerichtsbarkeit zum Juli 1899 zuzustimmen. Mehr noch als in Japan war die Extraterritorialität in Korea breiter definiert, sodass sowohl Landbesitz von Ausländern vor koreanischem Zugriff geschützt war als auch kaum Reisebeschränkungen im Inland existierten. Wegen der verschwindend geringen Anzahl Deutscher in Korea war diese Gruppe eine unbedeutende Größe im Vergleich zu den ins Land strömenden Japanern. Allerdings gehörte ein Deutscher zu den größten westlichen Grundbesitzern Koreas, und deutsche Diplomaten befürchteten wirtschaftliche Nachteile durch die Änderung im Rechtsstatus seiner Ländereien. Als Japan einseitig die internationalen Verträge Koreas bei der Annexion des Landes im August 1910 kündigte, bezweifelte der deutsche Konsul die Rechtmäßigkeit dieser Handlung und bestand ohne Erfolg darauf, dass die Verträge weiterhin bestünden. In einem langwierigen Verhandlungsprozess mit Japan unter deutscher Koordination wurde ein Abkommen mit Japan unterzeichnet, welches auch formal die Konsulargerichtsbarkeit im April 1913 beendete. Nachdem die westlichen Mächte ihre entsprechenden Rechte in Japan aufgegeben hatten, konnten sie nun nicht mehr argumentieren, dass sie den japanischen Gesetzen nicht vertrauten, wenn diese auf Korea angewandt würden, und ihnen blieb nichts anderes übrig, als über den Mangel an kompetenten Richtern und modernen Gefängnissen in Korea zu klagen.Es ist unstrittig, dass die Existenz der westlichen Extraterritorialität den rechtlichen Modernisierungsprozess in Japan beschleunigte. Die westlichen Mächte hatten ja genau diese Veränderung zur Vorbedingung einer Revision der "Ungleichen Verträge" gemacht, und die Beteiligung der ausländischen Mächte an japanischen Gesetzgebungsverfahren war einer der Streitpunkte in den späten 1880er Jahren. Insofern hatte Japan einen Anreiz, sein Rechtssystem formal anzupassen. Die entsprechende Transfergeschichte des kontinentaleuropäischen Rechts nach Japan ist auch schon in vielen Dimensionen untersucht und beschrieben worden. Das Beispiel sowohl westlicher Gerichte und ihrer Funktionsweise als auch die Anwendung westlicher Gesetze in Yokohama oder in Hyogo-Osaka scheint hingegen in Japan keinen Modellcharakter für die weitere Entwicklung des Rechts in Japan gehabt zu haben.109 Weder beeinflusste es den Kodifikationsprozess spezifischer Gesetzeswerke noch die lokale Rechtsprechung. So wichtig das Beispiel in der Ferne war, so wenig zählte die gewonnene Erfahrung durch die praktische Interaktion vor Ort. Die Konsulargerichtsbarkeit hat im japanischen Recht so geringe Spuren hinterlassen, dass sie heute völlig in Vergessenheit geraten ist. ; SUMMARYWestern extraterritoriality in East Asia has long been considered a symbol of asymmetrical power relations and criticized as an infringement of the sovereignty of China, Japan and Korea. By contrast, imperial powers justified their need to maintain "the rule of law" in an uncivilized East Asian region lacking rational and humane ways of justice. Recent scholarship paints a more balanced and nuanced picture of a system that was more complex with multiple stakeholders. Most international research, however, focused on the interaction of the major Anglo-Saxon states, especially Great Britain, with China and Japan. Little attention has so far been paid to Imperial Germany and its system of consular jurisdiction in Japan and Korea. This article is the first study of its kind and therefore it relies heavily on unpublished primary sources from diplomatic archives and on late nineteenth century press reports. Its aim is to recreate the German consular court experience and contextualize it in the broader framework of Western extraterritoriality and of German legal history. It narrates three interrelated chronological stories, how international bilateral treaties and German laws formed the backbone of the system, how the German consular courts worked in practice, and finally how Japan terminated the German and Western consular court system in her own country and in Korea. Imperial Germany was one of the major players in operating extraterritorial jurisdiction in Japan and Korea. It guarded its rights and privileges with caution, sometimes in cooperation and sometimes in competition with the other European powers. Lagging behind the UK and the US in the total number of judgments, especially due to fewer criminal cases, it can be estimated that the German consular courts in Japan conducted about 2,000 trials whereas their counterpart in Korea barely decided less than thirty cases over the years of extraterritoriality. As seen through the statistics and extant records of decisions it appears to have been a reasonably well-functioning system of justice administration across national and language barriers. A Japanese coolie or a local maid could successfully sue their German employers for damages or could enforce contracts. Nevertheless, elements of an "unfair system" may still have existed in terms of the willingness to admit oral evidence when the counterpart was not "a Christian gentleman". Conversely a Japanese Court rejected a case by a German plaintiff merely on the formal grounds that the Japanese government refused to communicate with its court. Different laws applied to similar crimes when committed in Yokohama. Two individuals who had cooperated in stealing newspapers were sentenced by different national courts to jail sentences ranging between 7 days (German) and one year (Japanese) according to the criminal codes of their respective countries that were then in force. Theoretically expected to apply German law, in many of the trade and commercial affairs the German consular court followed what one could call "treaty port customary law", which was neither strictly German nor Japanese. In fact the German law of consular jurisdiction of 1879 explicitly permitted such a use of local customary law in commercial affairs. One does see consular court judges, Germans and others, considering the wider community implications of their actions and asking questions about the laws and regulations of countries of the parties and Japan and finally settling the case by proposing a compromise. Sometimes a court would simply defer a decision altogether in respect to law suits in other national courts within the same litigation complex of suits and countersuits. Although the scope of this study was mostly confined to the German consular court as an institution of justice, tracing some of the cases involving German speakers in other courts as plaintiffs and witnesses shows an intricate web of transcultural social and economic relations across national and institutional boundaries. Contrary to the popular image evoked by the term "unequal treaties" the majority of law suits, civil as well as criminal, in both the German and other consular courts stayed within the parameters of the Western community and this study argues that they may have contained the further spread of Western imperialism through legal self-regulation. Extraterritoriality receded when Japan had convinced foreign powers of the reliability of her new justice system modeled after Western laws and procedures. Previously, nationalist fervor, through public opinion and administrative action, also helped in confining the "midas touch of extraterritoriality" to stretch beyond the legal defense of individuals in the consular courts of their own nations. The application of Japanese administrative laws such as quarantine, firearm, custom and press regulations became contested ground in the process leading up to revising the unequal treaties. Although Imperial Germany was involved in some of these controversial incidents, together with the United States, she was one of the first Western powers willing to give up her extraterritorial privileges in Japan to the chagrin of the British diplomats. In a series of diplomatic conferences and consultations all Western powers agreed to a settlement that ended the consular court system in Japan by July 1899. In contrast to Japan, the initial unequal treaties with Korea had extended the scope of extraterritoriality to land acquired by foreigners and gave foreigners broad travel permissions in the country at large. Due to the small number of German residents in Korea these treaty stipulations were not a core issue except that a German subject was one of the largest foreign landowners benefitting from extraterritorial stipulations. When Japan unilaterally cancelled Korea´s international treaties with the annexation of Korea in August 1910, the German Consul to Korea questioned the legality of the Japanese action and insisted on the continuation of Western extraterritorial rights. In a process of multilateral negotiations Japan then addressed the legal and commercial concerns of Western diplomats and by April 1913 signed an agreement mutually ending Western consular jurisdiction in Korea. After all Western nations had already agreed that Japanese laws where in principle on par with their own, it was difficult on this ground to maintain consular court privileges in Korea and oppose the extension of Japanese laws Korea.

On 12 April 1996 the State Language Services organized a language planning seminar, Lexicography as a Financial Asset in a Multilingual South Africa, held at the Bureau of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal in Stellenbosch. A special feature of this workshop was the active participation not only of linguists and lexicographers involved in the academic and practical side of producing dictionaries, but also of those with commercial interests in this area, viz. publishers and marketers of dictionaries. An important part of the seminar was the contributions on the lexicographic needs of each of the eleven official languages of the Republic of South Africa. This seminar was followed by a consultative meeting for stakeholders arranged by the Pan South African Language Board (PANSALB) on 31 October 1997 in Johannesburg. The purpose of the meeting was to explain to participants the state of the legislation concerning lexicography units, to inform participants of the language plan for the Republic of South Africa and the role of lexicography in it, to make participants aware of the preparation needed to establish a lexicography unit, and to obtain the view of participants regarding important lexicographic matters by means of a questionnaire and discussions. This meeting was an important precursor to two further meetings which PANSALB arranged in the Johannesburg Civic Centre, namely the Lexicographic Meeting of the Existing Lexicographic Units of South Africa on 19 and 20 March 1998 and the Lexicographic Meeting of the Languages which do not already have a Lexicographic Unit on 14 and 15 May 1998. The delegates participated in establishing norms for the recognition of existing and new lexicography units, and for the provision of personnel to, and for the state subsidisation of lexicography units. Regulations for the lexicography units were also discussed. The papers presented at these two meetings provide a synopsis of the state of lexicography in the different official languages of the Republic of South Africa. The assignment for the first occasion was to outline the mission, history and present situation of the existing units, namely of Afrikaans, English, isiNdebele, Sepedi, isiXhosa and isiZulu. The assignment for the second occasion was to delineate the state of lexicography in those languages which do not have lexicography units, namely Sesotho, Setswana, siSwati, Tshivenda and Tsonga. Adapted and updated extracts from the documentation of these meetings are published here with the kind permission of PANSALB and of the presenters of the different papers. These are preceded by an exposition of the procedure for the establishing of the lexicography units for the eleven official languages of the Republic of South Africa. PANSALB was established in 1995 in terms of the Pan South African Language Board Act (No. 59 of 1995). To make provision for, inter alia , the creation of lexicography units by PANSALB, the Pan South African Language Board Amendment Act (No. 10 of 1999) was assented to this year. The aims of PANSALB are: (a) to promote respect for and ensure the implementation of the following principles: (i) the creation of conditions for the development and for the promotion of the equal use and enjoyment of all the official South African languages; (ii) the extension of those rights relating to language and the status of languages which before 27 April 1994 were restricted to certain regions; (iii) the prevention of the use of any language for the purposes of exploitation, domination or division; (iv) the promotion of — (aa) multilingualism; and (bb) the provision of translation and interpreting facilities; (v) the fostering of respect for languages spoken in the Republic other than the official languages, and the encouragement of their use in appropriate circumstances; and (vi) the non-diminution of rights relating to language and the status of languages existing before 27 April 1994; (b) to further the development of the official South African languages; (c) to promote respect for and the development of other languages used by communities in South Africa, and languages used for religious purposes; (d) to promote knowledge of and respect for the provisions and principles of the Constitution relating directly or indirectly to language matters; (e) to promote respect for multilingualism in general; and (f) to promote the utilisation of South Africa's language resources.The National Lexicography Units - Existing and Prospective M.B. Kumalo Bureau of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal B.P.D. Gabriels, A.E. Cloete and W.F. Botha Dictionary Unit for isiNdebele P.B. Skhosana Dictionary Unit for South African English Penny Silva Sepedi Dictionary Project D.J. Prinsloo and K.J. Mashamaite Xhosa Dictionary Project T.X. Mfaxa Zulu Dictionary Project A.C. Nkabinde The State of Lexicography in Sesotho M.A. Moleleki The State of Lexicography in Setswana M.R. Malope The State of siSwati Lexicography P.M. Lubisi The State of Tshivenda Lexicography A. Mawela The State of Xitsonga Lexicography D.I. Mathumba Keywords: pansalb; lexicography units; pan south african language board act; 1995; pan south african language board amendment act; 1998; afrilex; bureau of the woordeboek van die afrikaanse taal; dictionary unit for isindebele; dictionary unit for south african english; northern sotho dictionary unit; xhosa dictionary project; zulu dictionary project; sesotho lexicography; setswana lexicography; siswati lexicography; tshivenda lexicography; tsonga lexicography ; Op 12 April 1996 het die Staatstaaldiens 'n taalbeplanningseminaar, Lexicography as a Financial Asset in a Multilingual South Africa, gereël wat by die Buro van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal op Stellenbosch gehou is. 'n Besondere kenmerk van dié seminaar was die deelname nie net van taalkundiges en leksikograwe betrokke by die akademiese en praktiese kant van die opstel van woordeboeke nie, maar ook diegene met kommersiële belange op hierdie gebied, nl. die uitgewers en bemarkers van woordeboeke. 'n Belangrike deel van dié seminaar was die bydraes oor die leksikografiese behoeftes van elkeen van die elf amptelike tale van die Republiek van Suid-Afrika. Hierdie seminaar is gevolg deur 'n raadplegende vergadering gereël deur die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (PANSAT) met belanghebbendes op 31 Oktober 1997 in Johannesburg. Die doel van die vergadering was om aan deelnemers die stand van die wetgewing betreffende leksikografie-eenhede te verduidelik, om deelnemers in te lig oor die taalplan van die Republiek van Suid-Afrika en die rol van die leksikografie daarin, om deelnemers bewus te maak van die voorbereiding nodig om 'n leksikografie-eenheid op te rig, en om die opvattings van deelnemers te verkry betreffende belangrike leksikografiese aangeleenthede met behulp van 'n vraelys en besprekings. Hierdie byeenkoms was 'n belangrike voorloper van twee verdere byeenkomste wat deur PANSAT in die Burgersentrum in Johannesburg gereël is, nl. Lexicographic Meeting of the Existing Lexicographic Units of South Africa op 19 en 20 Maart 1998 en Lexicographic Meeting of the Languages which do not already have a Lexicographic Unit op 14 en 15 Mei 1998. Die afgevaardigdes het deelgeneem aan die bepaling van norme vir die erkenning van bestaande en nuwe leksikografie-eenhede, en vir die voorsiening van personeel aan en staatsubsidiëring van leksikografie-eenhede. Bepalings vir die leksikografie-eenhede is ook bespreek. Die referate wat by hierdie twee byeenkomste gehou is, gee 'n oorsig van die stand van die leksikografie in die verskillende amptelike tale in die Republiek van Suid-Afrika. Die opdrag vir die eerste geleentheid was om die missie, geskiedenis en huidige omstandighede van die bestaande eenhede uiteen te sit, nl. Afrikaans, Engels, isiNdebele, Sepedi, isiXhosa en isiZulu. Die opdrag vir die tweede geleentheid was om die stand van die leksikografie te skets in die tale wat nog nie leksikografiese eenhede het nie, nl. Sesotho, Setwana, siSwati, Tshivenda en Tsonga. Aangepaste en bygewerkte uittreksels uit die dokumentasie van die byeenkomste word hier gepubliseer met die vriendelike vergunning van PANSAT en die aanbieders van die onderskeie referate. Hulle word voorafgegaan deur 'n uiteensetting van die prosedure vir die instelling van die leksikografie-eenhede vir die elf amptelike tale van die Republiek van Suid-Afrika. PANSAT het in 1995 tot stand gekom kragtens die Wet op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (No. 59 van 1995). Om onder andere voorsiening te maak vir die stigting van leksikografie-eenhede deur PANSAT is die Wysigingswet op die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad (No. 10 van 1999) vanjaar aangeneem. Die oogmerke van PANSAT is: (a) om respek te bevorder vir, en die implementering te verseker van die volgende beginsels: (i) die skepping van toestande vir die ontwikkeling en vir die bevordering van die gelyke gebruik en benutting van al die amptelike Suid-Afrikaanse tale; (ii) die uitbreiding van daardie regte met betrekking tot taal en die status van tale wat voor 27 April 1994 tot sekere streke beperk was; (iii) die voorkoming van die gebruik van enige taal vir die doeleindes van uitbuiting, oorheersing of verdeling; (iv) die bevordering van — (aa) veeltaligheid; en (bb) die voorsiening van vertalings- en tolkfasiliteite; (v) die kweek van respek vir ander tale, benewens die amptelike tale, wat in die Republiek gepraat word, en die aanmoediging van die gebruik daarvan in gepaste omstandighede; en (vi) die nievermindering van regte met betrekking tot taal en die status van tale wat voor 27 April 1994 bestaan het; (b) om die uitbouing van die amptelike Suid-Afrikaanse tale na te streef; (c) om respek vir en die ontwikkeling van ander tale wat deur gemeenskappe in Suid-Afrika gebruik word, asook tale wat vir godsdiensdoeleindes gebruik word, te bevorder; (d) om kennis van en respek vir die bepalings en beginsels van die Grondwet wat regstreeks of onregstreeks betrekking het op taalaangeleenthede, te bevorder; (e) om respek vir veeltaligheid in die algemeen te bevorder; en (f) om die benutting van Suid-Afrika se taalhulpbronne te bevorder.The National Lexicography Units - Existing and Prospective M.B. Kumalo Bureau of the Woordeboek van die Afrikaanse Taal B.P.D. Gabriels, A.E. Cloete and W.F. Botha Dictionary Unit for isiNdebele P.B. Skhosana Dictionary Unit for South African English Penny Silva Sepedi Dictionary Project D.J. Prinsloo and K.J. Mashamaite Xhosa Dictionary Project T.X. Mfaxa Zulu Dictionary Project A.C. Nkabinde The State of Lexicography in Sesotho M.A. Moleleki The State of Lexicography in Setswana M.R. Malope The State of siSwati Lexicography P.M. Lubisi The State of Tshivenda Lexicography A. Mawela The State of Xitsonga Lexicography D.I. Mathumba Sleutelwoorde: pansat; leksikografie-eenhede; wet op die pan-suid-afrikaanse taalraad; 1995; wysigingswet op die pan-suid-afrikaanse taalraad; 1999; afrilex; buro van die woordeboek van die afrikaanse taal; dictionary unit for south african english; sepedi woordeboekprojek; woordeboekeenheid vir isindebele; xhosa woordeboekprojek; zulu woordeboekprojek; sesotho leksikografie; setswana leksikografie; siswati leksikografie; tshivenda leksikografie; tsonga leksikografie

Questa ricerca propone un'analisi della struttura complessiva, dei principi e delle ricadute applicative della proposta bioetica laica generale di Hugo Tristram Engelhardt jr. Partendo dalla disamina di The foundations of bioethics del 1996, che rappresenta la versione più esaustiva e sistematica della riflessione engelhardtiana, l'analisi procede, nella prima parte, all'individuazione e all'interpretazione critica dei presupposti categoriali socio-antropologici che definiscono le premesse concettuali dell'impianto laico generale. La liquidità (fluidità o leggerezza) proposta da Bauman, come dimensione socio-culturale essenziale alla definizione della contemporaneità, contribuisce alla configurazione di un orizzonte dell'umano i cui frammenti si riorganizzano, individualmente o comunitariamente, lungo le direttrici di una tensione processuale articolata secondo dinamiche pluralistiche (par 1.1). In uno spazio sociale in continuo assestamento, le nuove identità umane assumono la forma dell'individualizzazione che, descrivendo la riconfigurazione processuale dello status personale, veicola l'estraneità come condizione invasiva degli assetti sociali. Nello spazio dialettico che separa la società, come dimensione delle differenze, dalla comunità, in quanto struttura aggregativa, è possibile rintracciare il prodotto sociale dell'incontro tra estraneità ed individualizzazione: lo straniero morale incarna l'essenza problematica dello status relazionale di identità mutevoli, destinate ad interagire in forme e secondo logiche situazionali. Le differenze in termini di visione del mondo e, più specificamente, rispetto agli approcci alla vita morale caratterizzano una condizione sociologicamente rilevante, nella misura in cui l'estraneità prodotta all'interno dei processi di individualizzazione si definisce nel duplice orientamento verso l'inderogabile prassi interattiva dell'incontro con l'estraneo o verso la tendenza, di origine variabile, a forme aggregative ad assetto comunitario. Questo duplice andamento descrive, in sostanza, quella che Engelhardt definisce dialettica tra stranieri ed amici morali: da un lato le differenze strutturali in termini di visione ed approccio, dall'altro le spinte aggregative in direzione di identità e credenze comuni (par 1.2). Al centro di questa struttura socio-relazionale Engelhardt delinea i tratti fondamentali di un'antropologia minima fondata sul concetto di persona come categoria funzionale. Attori determinanti della dialettica sociale, tra individualizzazione, estraneità ed aggregazione, sono le persone, entità viventi e relazionali funzionalmente strutturate secondo un ordine quadruplice determinato dalle categorie di autocoscienza, libertà, razionalità e moralità. In questo modello antropologico minimo, la capacità di scegliere presupposti e condizioni determinanti per l'interazione sociale, sia essa tra stranieri o tra amici morali, costituisce un requisito moralmente essenziale. In tal senso, l'autocoscienza rappresenta la funzione centrale per la definizione categoriale della persona, in quanto nucleo decisionale minimo. Attraverso la consapevolezza del sé, la sua caratterizzazione e la sua ridefinizione progressiva, nella forma dell'individualizzazione, la condizione di autocoscienza definisce i margini della presenza situazionale. L'autocoscienza costituisce, quindi, la soglia primaria della capacità di scelta e dello status di persona. Funzionalmente complementare all'autocoscienza, la razionalità si riferisce alla capacità di connessione tra la concretezza della prassi decisionale e le conseguenze, altrettanto concrete, di tale prassi: è una ratio procedurale interna al sistema della scelta personale che comporta la facoltà di valutare le conseguenze. La capacità decisionale delle persone deve comportare anche l'imputabilità della scelta, presupponendo, in tal modo, la libertà: soltanto una decisione autonomamente presa può caricarsi delle proprie conseguenze, del proprio significato e può configurarsi coerentemente come atto autocosciente. La moralità, infine, sintetizza la funzionalità complessiva del modello antropologico nell'orizzonte valutativo della lode e del biasimo, veicolando prospetticamente il riferimento ad una comunità morale laica pacifica regolata dall'autorità morale laica delle persone in quanto entità funzionali (par 1.3). Una tale impostazione, determinando la centralità operativa e strutturale delle persone, implica un modello stratigrafico degli assetti sociali che si costruisce trasversalmente partendo, appunto, dalla composizione funzionale minima delle persone in quanto tali. In tal senso, Engelhardt propone una prima distinzione funzionale tra persone in senso stretto (dotate del pacchetto funzionale minimo) e persone per considerazione sociale (prive o dotate soltanto in forma parziale delle funzioni minime) e una seconda distinzione, tendenzialmente tipologica, tra persone "1" (le persone in senso stretto) e persone "2, 3, 4, 5" (persone per considerazione sociale) distinte in base a connessioni temporali con lo status funzionale delle persone 1 (entità che furono, entità che saranno ed entità che non saranno mai persone in senso stretto). La dialettico rispetto a cui si definisce la tensione dinamica di inclusione/esclusione per lo status di persone è determinata dal binomio funzione/considerazione: il possesso delle funzioni minime consente una presenza operativa nello spazio sociale, mentre la considerazione, priva delle funzioni, definisce uno status sociale derivato (operativamente compromesso) (par 1.4). Il ruolo sociale delle persone in senso stretto assume valenze differenti e problematiche non soltanto nella misura del confronto e dell'interazione generalizzata tra stranieri morali, né limitatamente alle dinamiche relazionali relative alla considerazione sociale di entità non funzionalmente personali; uno spazio cruciale per l'indagine bioetica - ma non solo - è rappresentato dall'universo sanitario-assistenziale e della ricerca biomedica. In questi contesti, irriducibili all'unità astratta di un modello esplicativo, all'estraneità morale si aggiunge, e spesso si sovrappone, l'estraneità professionale (i linguaggi teorici ed applicativi della medicalizzazione e della ricerca), generando una variabilità situazionale all'interno della quale la legittimità funzionale delle persone in senso stretto e i margini della considerazione sociale impongono interrogativi essenziali rispetto alla definizione di procedure giustificabili sul piano morale (dalle varie forme di paternalismo all'autonomia del consenso libero ed informato, dalla sperimentazione alla terapia) (par 1.5 e 1.6). Nella seconda parte della ricerca, i presupposti categoriali socio-antropologici introducono la struttura complessiva della general secular bioethics e contribuiscono alla determinazione e all'interpretazione critica dei suoi principi costitutivi. Partendo dalla constatazione della crisi delle pretese onnicomprensive dell'orizzonte morale cristiano e dalle difficoltà interne del progetto di unificazione morale di stampo illuministico, Engelhardt evidenzia le tendenze centrifughe e centripete che separano il piano sociale, pluralistico e mutevole, dagli spazi comunitari, caratterizzati dalla costruzione di identità collettive spesso significativamente stabilizzate, e individua la necessità di un'etica (e bioetica) laica generale come risposta ad una tale frattura strutturale. Analizzare la portata della proposta etica engelhardtiana significa, prima di tutto, comprendere la duplice accezione laica e generale che rappresenta la cifra costitutiva di uno schema procedurale aperto ai meccanismi funzionali delle persone. La laicità è una dimensione aperta, attraversata da una variabilità profonda e compatibile con la pluralità di proposte sostanziali: nello spazio della laicità ogni proposta etica ha il suo posto e la sua giustificazione nella comunità di persone che ne condividono i principi. La laicità, nella sua accezione funzionale più ampia, descrive un territorio denucleato, all'interno del quale realizzare processi di interazione e negoziazione tra persone spesso accomunate soltanto dalla reciproca estraneità. Allo stesso tempo, l'accezione generale definisce la legittimità sul piano applicativo della proposta etica: nella definizione dello spazio operativo di un'etica laica generale si configura la possibilità di fondare un'autorità etica valida per stranieri morali che descriva la grammatica minima capace di fondare giustificatamente un orizzonte coesistenziale. In tal senso, l'impianto morale complessivo sarà essenzialmente procedurale e formale, ossia privo di riferimenti sostanziali e orientato secondo un modello generale di comunità morale laica pacifica incentrata sulla prassi del rispetto reciproco (par 2.1). Attraverso l'analisi critica di alcuni dei principali modelli fondativi di un'oggettività etica sostanziale (par 2.2), la ricerca giunge all'individuazione dei principi costitutivi dell'etica laica procedurale: il permesso, la beneficenza, la proprietà, l'autorità politica e l'allocazione in campo sanitario. Il principio del permesso incarna e sintetizza il senso procedurale complessivo di un'etica formale del rispetto reciproco; in quanto rielaborazione (più terminologica che strutturale) del precedente principio di autonomia (1986), il principio del permesso racchiude tre livelli funzionali essenzialmente affini (permesso, consenso, accordo) che descrivono i meccanismi minimi di interazione legittima - in quanto fondata sull'autorità morale delle persone concretizzata nel permesso - tra stranieri morali (par 2.3). Il principio di beneficenza, subordinato - come tutti gli altri principi - al permesso, definisce l'ineliminabile e fondamentale tensione morale verso il bene, ma ne evidenzia anche la strutturale problematicità in un orizzonte laico pluralistico. Permesso e beneficenza coesistono all'interno di una tensione dialettica radicale, mitigata da una costitutiva complementarietà (par 2.4). Tra permesso e beneficenza si colloca la libertà, che Engelhardt considera vincolo collaterale essenziale alla legittimità procedurale del permesso e declinabile nella classica distinzione libertà da/libertà per, ma fondamentalmente rappresentabile nell'assenza di vincoli (par 2.5). Il principio di proprietà e quello di autorità politica esprimono, in contesti specifici, modalità applicative del permesso connesse alla legittimità procedurale della sua prassi fondata sull'autorità morale delle persone (legittimità della proprietà privata e limiti dell'autorità statale sulle persone) (par 2.6). Discorso a parte merita, in conclusione, il principio concernente le allocazioni in campo sanitario: la proposta engelhardtiana di un sistema sanitario a più livelli (legittimato da un'applicazione diretta del principio del permesso, della proprietà e dell'autorità politica) e le aporie allocative riguardanti il sistema sanitario pubblico si incrociano con il tema della diseguaglianza naturale e sociale e con gli interrogativi sulla giustizia sociale. La priorità funzionale del permesso sulla beneficenza (in considerazione della problematicità laica generale dell'applicazione e valutazione del bene in contesti pluralistici) comporta l'accettazione tendenziale delle diseguaglianze e un conseguente rischio di collasso della giustizia sociale. Nella prospettiva laica generale, l'impossibilità di rintracciare un criterio oggettivo di valutazione della giustizia (se non nella forma procedurale del rispetto della libertà come vincolo) e le critiche al modello della giustizia come equità proposto da John Rawls conducono Engelhardt all'elaborazione di un modello debole di giustizia ridotta sostanzialmente alla beneficenza e attraversata dalla stessa fragilità strutturale. L'uscita da questo riduzionismo sarebbe possibile a condizione di adottare l'approccio delle capacità proposto da Amartya Sen che permetterebbe di misurare sulla base della libertà effettiva (capacità) di acquisire funzionamenti (stati d'essere e stati d'azione) il livello di diseguaglianza e, dunque, di giustizia sociale. In tal modo, gli interventi pubblici sarebbero individuati, orientati e legittimati secondo un criterio formale (che evita la riduzione sia ad uno spazio limitato del rispetto procedurale che a una giustizia distributiva fondata esclusivamente su beni o risorse) compatibile con la libertà come vincolo quale fondamento del principio del permesso e dell'autorità morale delle persone.

2007/2008 ; La tesi di dottorato si propone di esaminare la portata e la natura della competenza dell'Unione europea in materia di immigrazione in relazione alla residua competenza degli Stati membri. Quello dell'immigrazione è un tema che, soprattutto negli ultimi anni, ha acquisito particolare rilievo divenendo sempre di più oggetto della normativa internazionale e comunitaria. Malgrado il grande interesse suscitato dal fenomeno presso molti studiosi di diritto comunitario ed internazionale, ancora risultano poco esplorate la natura e i limiti della competenza dell'Unione europea in tale materia. Il presente lavoro pertanto intende non tanto e non solo analizzare il contenuto della normativa comunitaria e della giurisprudenza rilevanti nel settore ma, attraverso questi ultimi, indagare sulla natura della competenza dell'Unione europea e sull'interagire di tale competenza con i poteri che gli Stati membri mantengono e/o intendono mantenere in materia di immigrazione. La classificazione della competenza dell'Unione europea e l'individuazione dei suoi limiti in rapporto alle competenze statali si presentano infatti piuttosto problematiche per quanto riguarda la materia in commento e ciò a motivo di numerosi fattori che vengono debitamente evidenziati nel corso della trattazione. In linea generale, ad un'analisi di carattere globale in cui si esaminano le caratteristiche e la natura della competenza dell'Unione in questo ambito, si affianca un'indagine che mira ad analizzare l'esercizio di queste competenze sul piano interno da un lato, e sul piano esterno, dall'altro lato. In effetti, dopo il Consiglio europeo di Tampere del 1999 - nel corso del quale è stato approvato un piano d'azione per la definizione di una politica comune dell'Unione europea in materia di asilo e immigrazione - la Comunità ha esercitato le competenze attribuitele dal Trattato di Amsterdam, adottando diverse misure comunitarie in materia. Tuttavia nel settore in esame ancora forte è il ruolo degli Stati membri e la Comunità, in alcuni ambiti, ha incontrato notevoli difficoltà nell'esercitare le proprie competenze a causa delle resistenze degli Stati stessi. Si consideri inoltre come, la nuova competenza comunitaria sia stata conciliata con il c.d. acquis di Schengen rispetto al quale occorre tenere presente la posizione di quegli Stati membri che, pur potendone prendere parte, non ne sono vincolati (Regno Unito e Irlanda) o che, ne sono vincolati, ma possono decidere se accettare o meno misure adottate a norma del Titolo IV TCE (Danimarca). Nei quattro capitoli del presente lavoro, nonché nelle conclusioni generali, l'attenzione rispetto alla politica comunitaria in materia di immigrazione si è dunque focalizzata sulle difficoltà che sussistono nello stabilire quali siano i confini tra competenze comunitarie e competenze degli Stati membri. Non sempre infatti è agevole comprendere quali siano gli spazi per un'autonoma attività normativa da parte degli Stati membri e in ogni caso, quale sia la natura di tale competenza (esclusiva o concorrente). A questo fine, dopo un'analisi delle origini e dello sviluppo della politica dell'Unione europea in materia di immigrazione vengono esaminate, nel secondo capitolo, le procedure decisionali prescritte in questo settore, in specie il progressivo passaggio alla codecisione e l'utilizzazione del metodo aperto di coordinamento, la tipologia di atti che le istituzioni possono emanare in materia e le relative basi giuridiche, il ruolo che i principi di proporzionalità e sussidiarietà hanno al riguardo. Oggetto di analisi è altresì il regime applicabile agli stranieri per i quali vige una disciplina speciale di fonte comunitaria o convenzionale. Difatti, la disciplina sull'immigrazione si contraddistingue per il suo aspetto residuale, in quanto costituisce il diritto comune in mancanza di norme speciali. Quanto al riparto di competenze tra Unione e Stati membri in materia, vengono individuati i settori di competenza esclusiva degli Stati membri e quelli in cui la competenza è invece di tipo concorrente. Con riguardo a quest'ultimi si evidenzia, oltre all'applicazione del principio di sussidiarietà, l'operatività di due clausole contenute nel TCE che fanno riferimento ad interventi degli Stati membri e che consentono a quest'ultimi da un lato, di mantenere o introdurre proprie misure nel campo dell'immigrazione dall'altro lato, di esercitare le responsabilità loro incombenti per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. (artt. 63, II co., 64 TCE). Gli Stati membri sono inoltre competenti ad adottare misure nazionali in caso di afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi ( art. 64, par. 2 TCE). Si chiariscono inoltre gli obblighi di cooperazione e di rispetto del diritto comunitario che gravano sugli Stati membri nell'esercizio delle competenze non attribuite alla Comunità. Rivolgendo l'attenzione alla normativa attuata a livello comunitario sulla base delle norme del Trattato CE rilevanti in materia di immigrazione, si sono analizzati i principali atti di diritto derivato sulla disciplina del trattamento dei cittadini non comunitari entro il territorio dell'Unione che sono stati adottati e che hanno reso possibile ricostruire un regime giuridico generale, e vari regimi settoriali, di cui i cittadini di Stati terzi, legalmente soggiornanti entro il territorio comunitario, sono beneficiari. In particolare, si sono analizzate le direttive sul ricongiungimento familiare, sui soggiornanti di lungo periodo, nonché le direttive riguardanti le condizioni di ammissione dei cittadini di Stati terzi che intendano fare ingresso entro il territorio comunitario per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato nonché a fini di ricerca scientifica. Attraverso un'analisi del contenuto di tali direttive si è tentato di individuare quali siano i risultati raggiunti soprattutto in riferimento al livello di armonizzazione realizzato e quale l'incidenza che su di esso hanno le disposizioni che fanno rinvio al diritto nazionale. (v. cap. III, parr. 2.1 - 2.2 - 2.3 -5). Un ulteriore ambito di indagine ha riguardato le competenze comunitarie in materia di migrazione economica e di diritti dei cittadini di Stati terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Si è cercato di porre in rilievo come la migrazione economica abbia sempre rappresentato e, rappresenti tutt'ora, uno dei settori in cui l'intervento comunitario incontra i limiti più consistenti. (v. cap. III, par. 3). Si è in presenza infatti di un ambito in cui non è stata ancora raggiunta l'armonizzazione delle regole sull'ammissione e soggiorno per motivi di lavoro, se non per taluni aspetti settoriali. Allo stato attuale infatti, nonostante sia in discussione l'adozione di una serie di atti riguardanti specifiche categorie di immigrati, nonché una proposta di direttiva quadro relativa al rilascio di un permesso unico di soggiorno e lavoro, gli Stati membri - fatta eccezione per i limiti derivanti da accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi - sembrano intenzionati a conservare la loro competenza in materia e a decidere sulle modalità e sulle conseguenze inerenti la sussistenza o la decadenza del contratto di lavoro. Inoltre, per gli aspetti relativi all'integrazione degli immigrati, si applica il metodo aperto di coordinamento, non vincolante, e trovano spazio solo misure di incentivazione finanziaria, con esclusione di ogni armonizzazione legislativa (art. 79, par. 4 TFUE). Quanto al profilo esterno della competenza interna dell'Unione in materia di immigrazione, in particolare in riferimento al potere di concludere accordi internazionali con Stati terzi, è opinione comune che, in base al noto principio del parallelismo di poteri, la Comunità, pur in mancanza di un'espressa attribuzione di poteri, è competente a concludere accordi internazionali in materia di immigrazione. Si è tentato a tal fine, di individuare il carattere esclusivo o concorrente di tale competenza. Si è osservato come, in linea generale, non sia possibile riconoscere in capo alla Comunità una competenza di tipo esclusivo. Da un lato infatti, la prassi applicativa seguita per la conclusione dei suddetti accordi è quella degli accordi misti, dall'altro lato, posto che la Comunità, in taluni ambiti, deve limitarsi a stabilire norme minime, gli Stati membri sono, in linea di principio, lasciati liberi di concludere accordi con Stati terzi che prevedano norme maggiormente garantiste di quelle comuni. In ogni caso, la sussistenza della competenza esterna degli Stati è prevista in maniera espressa in materia di controlli sulle persone alle frontiere. In particolare, il Protocollo n. 31 sulle relazioni esterne degli Stati membri in materia di attraversamento delle frontiere esterne, prevede che le competenze comunitarie non pregiudichino la competenza degli Stati membri a negoziare o concludere accordi con gli Stati terzi, semprechè tali accordi rispettino il diritto comunitario e gli altri accordi internazionali pertinenti. A ciò si aggiunga la prassi in materia di rimpatrio e immigrazione illegale, in cui accordi degli Stati membri con gli Stati terzi di origine o di transito coesistono con quelli conclusi dalla Comunità e con accordi che contengono clausole di riammissione. (v. cap. II, parr. 1 e 4). Relativamente invece, al contrasto dell'immigrazione irregolare si è sottolineato come, sebbene occorra prendere in considerazione le posizioni prevalenti a riguardo degli Stati membri, si registra un buon potenziamento dell'acquis di Schengen il quale si pone in stretta connessione con la cooperazione per il controllo delle frontiere. Ciò sostanzialmente deriva dalla constatazione dell'inadeguatezza degli strumenti nazionali di contrasto del fenomeno rispetto alle esigenze generali di sicurezza. Da ultimo, nella parte finale del presente lavoro, si sono analizzate le principali modifiche prospettate in materia dal Trattato di Lisbona e dalla più recente normativa comunitaria adottata nel settore. In particolare, si è evidenziato come l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona dovrebbe comportare indubbi vantaggi per il settore dell'immigrazione sia per l'estensione della procedura di codecisione, che consentirebbe di consolidare il livello di integrazione e di superare il deficit democratico attraverso un maggior coinvolgimento del Parlamento europeo e un maggior dialogo tra le istituzioni, sia soprattutto per il venir meno dei limiti della competenza della Corte di giustizia previsti dall'attuale art. 68 Trattato Ce. Si ritiene dunque, che le novità introdotte dal Trattato di Lisbona nei settori in parola, possano non solo favorire un rilancio della politica di immigrazione dell'Unione europea attraverso un maggior livello di armonizzazione legislativa, ma anche contribuire ad una ridefinizione del sistema di tutela giurisdizionale dei diritti al fine di garantire una parità di trattamento tra cittadini comunitari e non comunitari. Inoltre, il Trattato di riforma oltre a gettare le basi per una futura adesione dell'Unione europea alla Cedu, determinerà un significativo passo in avanti nella tutela dei diritti soprattutto grazie alla norma che rende vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tale strumento potrà infatti favorire oltre che un generale rafforzamento dei diritti, una più ampia tutela degli immigrati. ; XXI Ciclo ; 1977

1.1 PREMESSA Per riciclaggio si intende tutto l'insieme di strategie volte a recuperare materiali di risulta da attività di demolizione e costruzione, per riutilizzarli, dopo averli opportunamente trattati, invece di smaltirli in discarica. É un'attività che la specie umana ha esercitato per millenni, prima copiando i cicli della natura in agricoltura e poi imitandola in alcuni settori industriali; in quest'ultimo caso la storia della carta e del vetro mostrano come l'eccellenza della produzione sia stata per secoli legata proprio al recupero artigianale di tali materie prime. Allo stato attuale non è più ammissibile sostenere politiche di sviluppo fondate unicamente sull'utilizzo delle risorse naturali vergini, pensando di poterne disporre in quantità illimitata, ma è necessario creare dei processi virtuosi che consentano il più possibile di riutilizzare quello che viene quotidianamente scartato. Investire risorse sulla raccolta differenziata e su tecniche alternative di recupero non significa solo scongiurare il ripetersi di situazioni estreme come la tragedia dei rifiuti in Campania. Se le scene viste nei mesi passati a Napoli, con la città sommersa dall'immondizia e la guerriglia urbana contro l'apertura di nuove discariche, possono rappresentare una spinta anche emotiva per voltare pagina, i benefici di corrette politiche di gestione dei rifiuti e del riciclo industriale costituiscono qualcosa di molto più vasto ed articolato. Portare avanti politiche lungimiranti può voler dire, infatti, ottenere benefici decisivi in campo energetico, nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica e nell'approvvigionamento di materie prime. Lo spiega chiaramente, con ricchezza di cifre e profondità di analisi il dossier "Il riciclo efficiente" [1], uno studio elaborato dall'Istituto di ricerca Ambiente Italia su commissione del Kyoto Club, il cartello di imprese italiane che hanno raccolto l'impegno a contrastare i cambiamenti climatici in chiave di innovazione e competitività industriale. Tale strada è inoltre indicata dall'Unione Europea, attraverso il programma 20-20-20 che impone il taglio dei gas climalteranti (CO2 in testa) e l'incremento dell'efficienza energetica. In molti settori produttivi non si è ancora preso in seria considerazione l'enorme opportunità rappresentata dall'auspicabile riorganizzazione della gestione dei rifiuti e del riciclo industriale di essi. Ciò spesso è dovuto al fatto che non si considerano i benefici derivanti da tali azioni su più fronti: riduzione dell'estrazione di risorse non rinnovabili, minore perdita di biodiversità, riduzione dei consumi energetici, riduzione delle emissioni dei gas serra e riduzione dei consumi idrici. Il problema del riciclo e quindi dello smaltimento dei rifiuti sta divenendo anno dopo anno una questione cruciale in molte attività che coinvolgono la nostra vita quotidiana. Si è giunti alla consapevolezza che lo smaltimento in discarica ai livelli attuali è un'opzione difficilmente sostenibile per il futuro, e per tale motivo si deve cercare di limitarlo attraverso l'adozione di opportuni strumenti politici ed economici. Oltre a ciò, la crescente sensibilità verso le problematiche ambientali da parte delle amministrazioni pubbliche e della collettività in generale ha reso sempre più difficoltoso il prelievo da cave degli inerti naturali in quanto attività ad elevato impatto sul territorio, di difficile regolamentazione e pianificazione. Per questo motivo il costo degli aggregati naturali, materia base per la costruzione delle pavimentazioni stradali, è via via andato aumentando rendendo nel tempo sempre più onerosa la costruzione di tali opere. Il campo ingegneristico delle opere civili, in cui si necessita costantemente di enormi quantità di materiale da costruzione e a cui spesso non si richiedono elevate prestazioni o proprietà fisiche particolari come viceversa avviene nell'ingegneria aerospaziale o meccanica, è un settore in cui da tempo è in vigore un tale atteggiamento virtuoso. Nel settore stradale, la ricerca di nuovi materiali, alternativi a quelli tradizionali, utilizzati finora per la formazione delle pavimentazioni, si sta sempre più sviluppando. L'impiego di materiali di scarto fornisce il duplice vantaggio di ridurre la pressione sulle discariche e sulle cave, anch'esse sempre più congestionate, minimizzando l'impatto sull'ambiente e necessitando di minori risorse naturali. Una conseguenza immediata è inoltre l'abbassamento degli oneri di produzione, andando a ridurre sia i costi di acquisto che di trasporto delle materie prime. I primi in quanto tali materiali vengono ceduti gratuitamente dagli impianti di selezione e trattamento essendo l'alternativa quella di pagare per il conferimento in discarica. I secondi per il fatto che si rendono disponibili risorse in maniera più diffusa sul territorio, magari anche in aree lontane da cave di estrazioni, riducendo di conseguenza le distanze tra punto di approvvigionamento e di impiego e quindi anche gli oneri di trasporto. Nonostante questi indubbi vantaggi, in passato tuttavia la diffusione delle tecniche di riciclaggio è stata ostacolata da un quadro normativo fortemente avverso e dall'atteggiamento conservatore di certi progettisti ma anche stazioni appaltanti, direttori dei lavori e costruttori, atteggiamento che in alcuni casi ancora oggi sussiste. Ad oggi invece, almeno dal punto di vista legislativo, vi è il massimo interesse a promuovere attività di riciclaggio, come ad esempio con l'introduzione dell'obbligo di copertura del 30% del fabbisogno annuale delle amministrazioni pubbliche con materiali riciclati. Relativamente invece all'aspetto tecnico si può affermare che la quasi totalità dei capitolati stradali in vigore sul nostro territorio richiede che vengano utilizzati esclusivamente aggregati di origine naturale mentre vi è una grave carenza di indicazioni atte a definire le caratteristiche degli aggregati riciclati da prendere in considerazione, di procedure normalizzate per la determinazione dei loro requisiti prestazionali e di prescrizioni per un loro corretto utilizzo tecnico. Per tali motivi al fine di sviluppare maggiormente l'impiego degli aggregati provenienti dai rifiuti urbani, come gli scarti del rottame di vetro, è necessario che vi sia, da una parte, un preciso inquadramento normativo e dall'altra strumenti tecnici (capitolati) che non discrimino i materiali in base alle loro origini, ma dettino unicamente caratteristiche di tipo prestazionale. È necessario dunque eseguire studi mirati che siano in grado di definire le prestazioni che questi materiali alternativi possono fornire ed eventualmente i limiti e le precauzioni da adottare per un loro corretto e proficuo impiego. 1.2 OGGETTO DELL'INDAGINE ED OBBIETTIVI Obbiettivo di questa tesi è lo studio degli scarti del rottame di vetro come possibile materiale sostitutivo degli aggregati lapidei naturali per la formazione di conglomerati bituminosi da utilizzare per la realizzazione di pavimentazioni stradali. Con gli attuali sistemi di raccolta differenziata una consistente parte del rottame di vetro viene scartata durante le fasi di lavorazione negli impianti di trattamento. Quello che spesso non viene detto sul reimpiego delle materie prime seconde è appunto che per poter essere utilizzate devono essere selezionate e ripulite da ogni forma di inquinante in grado di compromettere i macchinari di produzione e le prestazioni del prodotto finito. Spesso invece, i materiali derivanti dalla raccolta differenziata non sono così differenziati come si pretenderebbe. Frequentemente per imperizia, disattenzione, noncuranza o "maleducazione" del cittadino, all'interno dei cassonetti vengono inseriti tutta una serie di materiali che non possono essere utilizzati o sono addirittura nocivi per lo scopo a cui è preposta la raccolta. Il materiale raccolto contiene spesso alte percentuali di sostanze "inquinanti" come plastica, ceramica, frammenti di laterizi, sostanze organiche, metalli, mentre il rottame di vetro, per poter essere utilizzato nell'industria vetraria, deve possedere elevati standard di pulizia che non sempre è possibile ottenere se non con uno screening molto accurato. Risulta quindi assai più conveniente effettuare una selezione sommaria ma veloce ed economica per dividere ciò che effettivamente serve da quello che non serve. Si creano così ingenti quantità di materiale di scarto costituito principalmente da vetro eliminato involontariamente durante le varie fasi di pulizia e da altre sostanze in minore percentuale. Tutto questo residuo dei processi di screening dovrebbe fare la stessa fine di quello non riciclato, ovvero finire in discarica, rendendo dunque assai limitato e approssimativo il sistema della raccolta differenziata. Viceversa, questa miscela composta da differenti materiali, denominata "scarto di rottame di vetro", può invece essere vantaggiosamente impiegata per la produzione di conglomerato bituminoso da usare per la costruzione delle pavimentazioni stradali con un duplice vantaggio: - diminuire i costi di produzione; - ottenere un beneficio ambientale, dando nuova vita ad un materiale considerato scarto. Va comunque sottolineato che l'impiego più nobile ed anche più redditizio a cui deve essere destinato il vetro riciclato è, e deve rimanere, il riutilizzo per la produzione di nuovo vetro. Tale alternativa quindi non deve andare a scapito di un processo di perfezionamento della raccolta differenziata e di sviluppo delle tecniche di selezione che invece vanno costantemente incentivate. Il fine da perseguire è invece quello di creare dei circuiti alternativi a quello classico adottato fino ad oggi per mettere in atto dei così detti "cicli aperti del riciclo" in grado di ampliare le possibilità di reimpiego del vetro e limitando al minimo fisiologico le quantità da destinare in discarica. Con questa tesi verrà testato l'impiego degli scarti di lavorazione di rottami di vetro all'interno di conglomerati stradali in sostituzione della frazione di fine di inerte naturale. Si cercherà di stabilire: - la massima percentuale ammissibile per lo strato di base, binder ed usura; - le precauzioni e gli accorgimenti da adottare per ottimizzare le prestazioni; - le eventuali problematiche che possono scaturire; - delle indicazioni utili da inserire in futuri Capitolati. Le prove programmate per l'indagine saranno sia quelle classiche, come la determinazione della percentuale dei vuoti, la prova di stabilià Marshall o di resistenza a trazione indiretta, così da avere dei dati facilmente confrontabili con la corrente letteratura esistente, ma anche prove prestazionali come quella per la determinazione del modulo complesso, al fine di determinare parametri maggiormente indicativi in linea con gli studi più recenti e necessari per il dimensionamento razionale delle sovrastrutture stradali. Lo scarto di rottame di vetro utilizzato nella tesi deriva dall'impianto di trattamento della Ditta Revet situato ad Empoli. Qui il vetro proveniente dalla raccolta differenziata delle province di Lucca, Pisa, Livorno e Firenze è ripulito e selezionato, e, successivamente, lo scarto di tali operazioni di screening viene ceduto alla Ditta Granchi , che si occupa di effettuare un ulteriore processo di vagliatura e frantumazione per ottenere il materiale nel suo stato finale, pronto all'uso. Lo scarto di rottame di vetro e tutto il materiale da testare durante la tesi, come le varie tipologie di aggregati ed il bitume, sono dunque stati forniti dalla Ditta Granchi, mentre le prove sono state svolte all'interno del laboratorio del Dipartimento di Ingegneria Civile, sede di Vie e Trasporti dell'Università di Pisa.

[ES] Es una gran satisfacción para mí, como Presidente del CSIC, elaborar la introducción de esta memoria de actividades llevadas a cabo a lo largo del año 2007, año en el que ya formaba parte del equipo directivo como Vicepresidente de Organización y Relaciones Institucionales. Como investigador y máximo responsable de esta institución, debo destacar en primer lugar el cambio que se produjo en la figura jurídica del CSIC, por su transformación en Agencia Estatal mediante el Real Decreto 1730/2007 de 21 de diciembre. El año terminó, por tanto, con un hito de máxima relevancia para nuestro organismo, que inicia un proceso de cambio hacia un funcionamiento más autónomo, flexible y regido por el compromiso en el cumplimiento de objetivos. Queda por delante desarrollar la Agencia y sus normas de funcionamiento, tarea que ya estamos abordando con la ilusión de conseguir un organismo atractivo en su funcionamiento y procedimientos, como es el caso de nuestros homólogos europeos. El final del año 2007 coincidió también con la revisión intermedia bienal del Plan de Actuación del CSIC (2006-2009) y, por tanto, del cumplimiento de los objetivos científico-técnicos alcanzados por sus institutos en sus Planes Estratégicos. Esta revisión mostró un balance muy positivo, consiguiendo, e incluso superando en algunos casos, los resultados previstos gracias al esfuerzo de todo el personal de la institución, por adaptarse a los cambios y superar los retos que se planteaban en el Plan de Actuación. A ello contribuyó indudablemente el incremento presupuestario recibido desde el Estado, que ha supuesto un aumento aproximado del 55% desde 2004 y que permitió afrontar las necesidades de personal, equipamiento científico e infraestructuras. La actividad científico-técnica desarrollada en el año 2007 se tradujo en un incremento de los ingresos de financiación externa, tanto a través de proyectos en concurrencia competitiva a los que acuden nuestros investigadores, como en contratos. Esto ha contribuido en el aumento significativo de la producción científica de calidad y en los resultados de orientación tecnológica transferibles al sector industrial, de los que da buena cuenta esta memoria. Pero el año 2007 no ha sido un año exclusivamente dedicado a la generación de resultados científico-tecnológicos, sino que una gran parte de la actividad se ha dedicado a su transferencia. Y esto significa no sólo al sector socio-económico, sino también a la sociedad en general a través de la divulgación promovida por el Área de Cultura Científica. Hay que destacar que el año 2007 fue declarado por el Gobierno "Año de la Ciencia", en conmemoración del centenario de la creación ; de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, JAE, institución de la cual el Consejo Superior de Investigaciones Científicas se considera sucesor, no sólo por el impulso que dio a la investigación y a la sociedad del conocimiento, sino porque muchos de los institutos que integran hoy en día el CSIC fueron creación de la propia JAE. El CSIC lideró las actividades llevadas a cabo en el Año de la Ciencia, que acercaron la investigación a la sociedad a través de los medios de comunicación y poniendo a nuestros científicos en contacto directo con la sociedad. Durante el año 2007 el CSIC puso en marcha grandes proyectos de divulgación científica como el de "Ciencia en la Ciudad" o el de "Ciencia en el Puerto", proyecto, este último, que se llevó a cabo con el buque de investigación oceanográfica Sarmiento de Gamboa. Esta gran instalación científica marina fue utilizada durante los meses de prueba en jornadas de puertas abiertas, mostrando a los ciudadanos de varios puertos españoles y portugueses esta nueva infraestructura y los nuevos proyectos de investigación que a través de ella se irán desarrollando. Asimismo, en 2007 se editó el libro "Tiempos de investigación, JAE-CSIC. Cien años de ciencia en España", que recoge, por primera vez, un recorrido por la historia de ambas entidades y la opinión sobre el CSIC de todos sus Presidentes. La trayectoria consolidada que posee el CSIC de cooperación con otros organismos nos permitió en el año 2007 abordar la creación de seis nuevos centros mixtos con Universidades y Gobiernos Autónomos, así como la creación de otros tres centros propios, lo que supuso la remodelación de cuatro de ellos. Ha sido también un año en el que se incrementó de forma considerable el número de contratos y convenios del CSIC con empresas y otras instituciones, ascendiendo a más de 1.300 con una financiación superior a los 63 millones de euros, que se sumaron a los más de 3.000 convenios que estaban en vigor. Es necesario resaltar que también siguió incrementándose el número de plazas para investigadores, becarios y contratos de doctores. No cabe duda de que nuestro organismo, cuya fortaleza es la multidisciplinariedad, ha seguido mostrándose en 2007 como el auténtico eje vertebrador de la actividad investigadora científico-técnica en España. Todo ello, gracias al espíritu competitivo y de mejora de todos los que lo componen, que han hecho y siguen haciendo posible la investigación científico-técnica de calidad. ; [EN] It gives me great satisfaction, as the President of the CSIC, to write this introduction to the report on the organisation's activities in 2007, a year during which I was already part of the management team as Vice President for Organisation and Institutional Relations. As a researcher, and as the organisation's chief executive, I would first like to highlight the change in the CSIC's legal status that took place with its transformation into a State Agency by Royal Decree 1730/2007 on 21 December 2007. The year therefore ended with a highly significant milestone for our organisation, launching a process of change that will lead to its being managed in a more independent and flexible way, guided by its making a commitment to –and meeting– objectives. Ahead of us lies the task of developing the Agency and defining its rules of operation, something which we are already addressing, with a view to fashioning an organisation whose procedures and form of operation will make it as attractive as its European counterparts. The end of 2007 also coincided with the biannual interim review of the CSIC Action Plan (2006-2009) and therefore, an assessment of the degree of fulfilment of the scientific and technical objectives its institutes set out in their strategic plans. The outcome of this review was highly positive, with the envisaged results being achieved, and in some cases surpassed, thanks to the effort of all the institution's staff to adapt to the changes and overcome the challenges the Action Plan presented. The increase in the budget received from national government, which has risen by 55% since 2004, and which made it possible to meet the organisation's needs in terms of staff, scientific equipment and infrastructure, was undoubtedly also a contributory factor. The scientific and technical activity undertaken in 2007 translated into an increase in income from external funding, in the form of both contracted research and projects funded on a competitive basis. This has contributed to the significant increase in the amount of high quality scientific output and technological results suitable for transfer to the industrial sector, about which there is much more in this report. However, 2007 was not characterised solely by the production of scientific and technological results, as a great deal of effort was also devoted to technology transfer. As well as involving the socio- economic sector, this has also meant reaching out to society in general through the scientific popularisation activities promoted by the Scientific Culture Area. It is also worth noting here that the Spanish government declared 2007 the "Year of Science", to commemorate the centenary of the creation of the Junta para Introducción / Introduction Rafael Rodrigo Presidente del CSIC President of the CSIC ; Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, or JAE, the institution which the CSIC, as the Spanish National Research Council, considers its predecessor, not only on account of the stimulus it gave to research and the knowledge society, but also because many of the institutes that now form a part of the CSIC were created by the JAE. Spain's Science Year aimed to bring research closer to society, both through the media and by enabling direct contact between scientists and the public, and the CSIC naturally played a leading role in the events and activities. The CSIC ran several large popular science initiatives in 2007, such as "Science in the City", or "Science in Ports", the latter involving the Sarmiento de Gamboa oceanographic research vessel. While this major scientific facility was undergoing trials various open days were held in ports in Spain and Portugal, where the public were able to view this new piece of marine infrastructure and get a glimpse of some of the research projects that it will be used for. 2007 also saw the publication of a book describing the hundred years of history of the JAE-CSIC entitled "Tiempos de investigación, JAE-CSIC. Cien años de ciencia en España". As well as giving an overview of the history of the two organisations the book also summarised the opinions the CSIC's past presidents have had of the institution. The CSIC's solid track record of cooperation with other organisations enabled us to set up six new joint centres, run in collaboration with universities and regional governments, in 2007. The CSIC also set up another three centres of its own and remodelled four of them. It was also a year in which there was a considerable increase in the number of contracts and agreements between the CSIC and firms and other institutions. These reached a total of over 1,300 and brought in funding of 63 million euros, in addition to the more than 3,000 agreements already in force. At the same time, the number of places for researchers, research fellows and post-doctoral contracts also continued to increase. There is no doubt that our organisation, whose strength is its multidisciplinary, continued to demonstrate its having a key role in structuring scientific and technological research in Spain. This is all thanks to the competitive spirit and desire for continual improvement shown by all its members, whose past and present efforts have made the CSIC's high quality scientific and technical research possible. ; Peer reviewed

This thesis presents the results of a detailed study on "arsenic removal from water using seawater-neutralised red mud (Bauxsol™)", and incorporates six papers that describe and discuss the experimental work carried out as part of the PhD project. Increasingly stringent legislation on the permissible concentrations of arsenic in drinking water has led to increased investigations of the occurrence, chemical speciation and mobility of arsenic in natural waters and of methods for removing arsenic during water treatment. Epidemiological studies suggest that there are significant health risks, including cancer, associated with prolonged exposure to elevated arsenic concentrations in drinking water even at quite low concentrations. Although background arsenic concentrations in natural environments are usually low, arsenic concentrations are high in many parts of the world due to mobilisation from natural geological sources or at a smaller scale from industrial pollution. While arsenic associated with industrial pollution can be managed by improving process engineering and environmental management practices, making water that has a naturally high arsenic content safe to drink requires some form of water treatment to reduce arsenic concentrations. This study addresses the water treatment approach and focuses on developing new arsenic removal technologies that use the red mud residues from bauxite refineries as a new sorbent. Arsenic can exist in natural waters in both organic and inorganic forms, however only the inorganic forms, arsenate (As(V)) and arsenite (As(III)), are considered in this study because all available data indicate that the amount of organic arsenic in drinking water sources is insignificant. The experiments carried out during this study address the removal of both arsenate and arsenite using Bauxsol and new sorbents developed during the study as derivatives of Bauxsol. The study examines both arsenate and arsenite, but the greatest emphasis is placed on the arsenate because both the published literature and the preliminary part of this study indicate that it is very difficult to adsorb uncharged arsenite at near neutral pH values and that the simplest approach is to oxidise arsenite to arsenate for efficient sorption. In this study seawater-neutralised red mud (Bauxsol) is used under a wide range of experimental conditions and it is found that Bauxsol removes arsenate much more effectively than unneutralised red mud. Neutralisation of the caustic red mud is an essential step in developing an effective arsenic adsorbent from red mud. Seawaterneutralisation increases the calcium content of red mud and data obtained during this study show that the presence of calcium has a positive effect on the arsenic removal. Seawater-neutralisation also decreases the pH of red mud from about 13 to 8.2 - 8.8. The removal of arsenate from water using Bauxsol is sensitive to several parameters tested, including pH, ionic strength, adsorbent dosage, initial arsenate concentration and the source water composition. Arsenate is an anion in a wide pH range, and its increasing adsorption with decreasing pH indicates ligand-like adsorption. The adsorption is independent of ionic strength, suggesting the formation of inner-sphere complexes. Lower arsenate concentrations and higher adsorbent dosages enhanced arsenate removal, but high adsorbent dose rates are not practical. Because the experiments are carried out using deionised water, the effect of other ions likely to be present in potable water is also investigated. Tests conducted with added Ca 2+ , HCO 3 - , or Cl - showed that under the experimental conditions used, Ca2+ increases arsenate removal possibly due to the increase in the positive charges on the Bauxsol surface, while HCO 3 - reduces arsenate removal, and Cl - has a negligible effect on arsenate removal. This part of the study concluded that Bauxsol had a good arsenate removal capacity when sufficient adsorbent was used i.e. > 5 g/L, but it is not yet able to compete with other widely used adsorbents. Thus, either Bauxsol could be used as a cost-effective pre-treatment method before applying other more costly arsenate removal methods, or its sorptive capacity could be increased to make it competitive with other conventional sorbents. The possibility of increasing the arsenate sorption capacity of Bauxsol is investigated in the second part of this study, where acid treatment, combined acid and heat treatment and addition of ferric or aluminum sulfate are tested. When acid treatment or combined acid and heat treatment are applied, the arsenate removal capacity of Bauxsol is significantly increased together with the reactive surface area of the sorbent. Of these acid and heat treated Bauxsol, herein named activated Bauxsol (AB), was the most effective possibly because the heat treatment allowed the Bauxsol to develop more porosity. Unexpectedly, the addition of ferric or aluminum sulfate reduced the arsenate removal capacity of the sorbent. Several reasons are proposed for the reduction of arsenate removal when ferric or aluminum sulfate are added, but it is most likely caused by the formation of a gelatinous precipitate that occludes some of the potential sorptive sites; the use of ferric chloride may provide an alternative worthy of future investigation. In this study the results clearly indicate that, of the sorbents tested, AB has the highest affinity for arsenate and that AB can perform very effectively even in the presence of competing anions including, phosphate, silicate, sulfate, and bicarbonate. With the promising results obtained for using AB in this part of the study, further investigations were designed to elucidate the sorptive characteristics of the AB adsorbent to understand how it worked and to optimise its performance. In the third stage of this study, detailed laboratory investigations were carried out to develop an understanding of arsenic removal using AB; in this work the removal of arsenite by AB is studied in addition to the removal of arsenate. Arsenic removal is tested under different pH, adsorbent dosage, initial arsenic concentration, temperature, ionic strength and particle size conditions. As with ordinary Bauxsol, arsenate removal using AB is favoured by decreasing pH, and ionic strength had minor effect, suggesting ligand-like adsorption and inner-sphere complex formation, respectively. Higher temperatures favoured arsenate removal, whereas initial arsenate concentration had no effect on the removal efficiency, and the adsorbent particle size had only a minor effect. When the adsorbent dosage is increased, arsenate removal also increased, but it was found that if arsenic exists in the arsenate form, adsorbent dosages as low as 0.4 g/L are enough to achieve WHO standards 0.01 mg/L under pH and initial arsenate concentration conditions similar to real life conditions. Arsenite adsorption on the other hand, is favoured by slightly alkaline pH values with maximum adsorption recorded at pH 8.5; arsenite removal decreased with increasing initial arsenite concentration. Overall, AB was found to be a very effective adsorbent especially for arsenate removal from water with a sorptive capacity comparable to other conventional sorbents. The effect of the source water composition on the effectiveness of an absorbent is also important and thus the fourth phase of the study investigates the possible influence of anions in the water on arsenic removal efficiency. The study investigated the influence of phosphate, silicate, sulfate and bicarbonate when present separately and in combination; the tests were conducted at several arsenate and anion concentrations and solution pH values. The results obtained were in agreement with data published elsewhere and indicate the important effect of source water composition on arsenic removal. All tested anions suppressed the arsenic removal with a decreasing order on molar basis of phosphate > silicate > sulfate > bicarbonate. Moreover, when initial arsenate concentration is increased the anion suppression is also increased, and when the combined effects of the anions are tested it is found that despite the insignificant effect of bicarbonate and sulfate when added alone, they have a larger suppression effect when they coexist with phosphate and silicate. Because both Bauxsol and AB are produced from an industrial residue, these sorbents could introduce unwanted contaminants to the water. A wide range of elements was investigated, and it is found that neither Bauxsol nor AB caused any secondary pollution of the water as a consequence of the treatment to remove arsenic. Moreover, desorption studies indicated that the bound arsenate can not be easily leached out; a maximum desorption of only 40% could be achieved and that required raising the pH to 11.6 (much less arsenate could be desorbed under lower pH conditions). Despite their high arsenic removal efficiency, neither AB nor Bauxsol would be practical sorbents if they became toxic after use because the disposal of the toxic waste would introduce additional costs and environmental problems. Therefore, the toxicity characteristic leaching procedure (TCLP) test was applied to the spent sorbents, and the results indicated that neither of them was toxic; indeed the amount of arsenic that could be released during the TCLP leach test was exceptionally low. This finding is considered to be particularly important in view of the possible application of the sorbent. In the final part of the study, column experiments were conducted to test the sorbents under continuous flow conditions and for this part of the study two new sorbents were developed from Bauxsol and AB. The new products, Bauxsol coated sand (BCS) and AB coated sand (ABCS), were developed because the fine texture of Bauxsol and AB makes them difficult to use in column studies. The results of this work show that higher sorptive capacities are evident in column experiments compared to the batch tests. Thus, using BCS or ABCS for water treatment purposes under continuous flow conditions is particularly promising for practical water treatment applications. Higher bed volumes can be achieved before breakthrough. It is partly possible to desorb arsenate from the BCS and ABCS, which is a prerequisite for regeneration, but detailed BCS and ABCS regeneration studies have not yet been carried out. Among the various technologies available for arsenic removal, adsorption has recently emerged as the most favoured option, as it is easily applicable in small scale and offers endless possibilities of developing cost-effective new adsorbents. In this context, this study has shown that Bauxsol, AB, BCS and ABCS are highly effective new adsorbents especially for As(V) removal. However, full scale field trails using Bauxsol, AB, BCS and ABCS are still required to evaluate their suitability for use under practical conditions.