The so-called social determination is a key concept for Latin American Social Medicine (LASM). LASM criticizes epidemiology frequently, mainly because of its reductionist vision and its distance from social reality. This paper makes an opposite analysis, in other words, 21st century epidemiology criticizes LASM, using the disciplinary development in Colombia as an example. The history of Colombian epidemiology is reviewed, noting that it has not had sufficient development and that LASM tends to reject quantitative methods based on the epidemiological practices used four decades ago.Additionally, some developments of the quantitative methods used in epidemiology are reviewed, explaining that many of the limitations indicated by LASM have been overcome. In conclusion, LASM uses social determination as part of its leftist political platform; however, current quantitative methods and the 21st century theoretical developments in epidemiology show a pragmatic superiority, useful for solving current public health issues. ; La llamada determinación social es un concepto central de la Medicina Social Latinoamericana (MSL). Son frecuentes las críticas que la MSL hace a la epidemiología, principalmente por su visión reduccionista y su lejanía a la realidad social. En este ensayo se hace un análisis contrario: la epidemiología del siglo XXI hace una crítica a la MSL, usando como ejemplo el desarrollo disciplinar en Colombia. Se revisa la historia de la epidemiología colombiana indicando que no ha tenido desarrollo suficiente y la MSL tiende a rechazar los métodos cuantitativos con fundamento en la práctica epidemiológica de hace cuatro décadas. Se revisan algunos desarrollos en los métodos cuantitativos usados en epidemiología, indicando que se han superado varias de las limitaciones señaladas por la MSL. Se concluye que la MSL usa la determinación social como parte de su plataforma política de izquierda; sin embargo, los métodos cuantitativos actuales y los desarrollos teóricos en epidemiología del siglo XXI evidencian una superioridad pragmática, útil para solucionar las problemáticas de la salud pública actual.
La llamada determinación social es un concepto central de la Medicina Social Latinoamericana (MSL). Son frecuentes las críticas que la MSL hace a la epidemiología, principalmente por su visión reduccionista y su lejanía a la realidad social. En este ensayo se hace un análisis contrario: la epidemiología del siglo XXI hace una crítica a la MSL, usando como ejemplo el desarrollo disciplinar en Colombia. Se revisa la historia de la epidemiología colombiana indicando que no ha tenido desarrollo suficiente y la MSL tiende a rechazar los métodos cuantitativos con fundamento en la práctica epidemiológica de hace cuatro décadas. Se revisan algunos desarrollos en los métodos cuantitativos usados en epidemiología, indicando que se han superado varias de las limitaciones señaladas por la MSL. Se concluye que la MSL usa la determinación social como parte de su plataforma política de izquierda; sin embargo, los métodos cuantitativos actuales y los desarrollos teóricos en epidemiología del siglo XXI evidencian una superioridad pragmática, útil para solucionar las problemáticas de la salud pública actual. ; The so-called social determination is a key concept for Latin American Social Medicine (LASM). LASM criticizes epidemiology frequently, mainly because of its reductionist vision and its distance from social reality. This paper makes an opposite analysis, in other words, 21st century epidemiology criticizes LASM, using the disciplinary development in Colombia as an example. The history of Colombian epidemiology is reviewed, noting that it has not had sufficient development and that LASM tends to reject quantitative methods based on the epidemiological practices used four decades ago.Additionally, some developments of the quantitative methods used in epidemiology are reviewed, explaining that many of the limitations indicated by LASM have been overcome. In conclusion, LASM uses social determination as part of its leftist political platform; however, current quantitative methods and the 21st century theoretical developments in epidemiology show a pragmatic superiority, useful for solving current public health issues.
OBJECTIVE:The potential adverse effects on human health associated with pesticides used in the program of eradication of illicit crops in Colombia are controversial. From the beginning of the 80's the pesticides paraquat, triclopyr, imazapyr, glyphosate and tebuthiuron have been used in eradication programs or experimentally. The objective of this study was to identify a reasonable approach which could be adopted by public health on this problem.METHODS:A qualitative content analysis was carried out of the speeches of social actors involved in this debate, to classify them according to Suppes' expectations, or lay approach to risk. Social actors were identified by means of available documents in hard copies or on the internet; afterwards, ideally typical texts were selected and analysed.RESULTS:Skin lesions, conjunctivitis, and gastrointestinal and respiratory in-fections were identified as the most frequent illnesses. The analysis of speeches identified the affected groups as vulnerable populations. The Colombian and American governments present reports, based on the "medical model", which indicate no association between glyphosate exposure and human health. Guerrilla groups do not show a clear relationship between pesticides and effects on health; the national and international scientific communities criticize the eradication program based on concepts from ecology and the Latin American Social Medicine; environmentalist groups criticize any use of pesticides, and human right defenders point out that sprayings violate Colombian and American laws.DISCUSSION:In conclusion the different positions are opposed and none can be considered irrefutable. A rational position from the public health stand-point is to support the adoption of the precaution principle. ; OBJETIVO:Los potenciales efectos adversos sobre la salud humana por el uso de plaguicidas en el programa de erradicación de cultivos ilícitos en Colombia es un tema controversial. Desde comienzos de la década de los 80 se han usado, en programas de erradicación o experimentalmente, los plaguicidas paraquat, triclopir, imazapir, glifosato y tebutiuron. El objetivo del estudio es identificar que aproximación razonable podría adoptar la salud pública acerca de esta problemática.MÉTODOS:Se realizó un análisis cualitativo del contenido de los discursos de los actores sociales involucrados en este debate, con el fin de clasificarlos de acuerdo con las expectativas, o aproximación lega al riesgo, de Suppes. Los actores sociales fueron identificados mediante los documentos disponibles en medio físico o Internet; posteriormente, de éstos se seleccionaron y analizaron los textos ideales-típicos.RESULTADOS:Las lesiones dérmicas, conjuntivitis e infecciones gastrointestinales y respiratorias fueron identificadas como las dolencias más frecuentes. El análisis de los discursos identifica a los grupos afectados como poblaciones vulnerables; los gobiernos colombiano y estadounidense presentan informes, basados en el "modelo médico", que señalan no existir asociación entre la exposición a glifosato y salud humana; la guerrilla no señala una clara relación entre plaguicidas y efectos sobre la salud; la comunidad científica, nacional e internacional, critica el programa de erradicación con base en conceptos de la ecología y la Medicina Social Latinoamericana; los grupos ambientalistas critican cualquier uso de plaguicidas, y los defensores de derechos humanos señalan que las fumigaciones violan las leyes colombianas y estadounidenses.DISCUSIÓN:Se concluye que las diferentes posturas son irreconciliables y que ninguna puede considerarse irrefutable. Una postura razonable para la salud pública es apoyar la adopción del principio de precaución.
Quality of health care services is an issue of growing interest. This study describes the fulfillment of essential requirements (Resolution 4252/1996) by private health services of first and second level in Bogotá D.C. With the registers of surveillance and control commissions (july/1998 to may/2000) a descriptive study was realized. The variables analyzed were: locality, local socioeconomic level, local residential density, health service supplies, and fulfillment of essential requirements. In Bogotá there are 12 587 health care centers of first and second level. 72,1 % is in Chapinero, Usaquén, and Teusaquillo localities. Only 6,9 % of these centers obey the essential requirements. The findings of this study suggest an "epidemiology of quality" of health care services in Bogotá. In this profile, the rich people have good health services and the poor population has a poor quality health services. ; La calidad de los servicios de salud es un tema de creciente interés. Este trabajo describe el cumplimiento de requisitos esenciales (Resolución 4252 de 1996) por parte de los prestadores privados de servicios de salud de Bogotá D.C. Se realizó un estudio descriptivo de los registros de las comisiones de inspección y vigilancia de la Secretaría de Salud de Bogotá (entre Julio de 1998 y Mayo del 2000). Se incluyeron las variables de localidad, estrato socioeconómico y densidad residencial de la localidad, servicios ofertados y cumplimiento de requisitos esenciales. En Bogotá se encuentran 12 587 prestadores privados de servicios de salud de primer y segundo nivel. El 72,1 % se ubica en las localidades de Chapinero, Usaquén, Teusaquillo y Suba. Solo el 6,9 % de los prestadores cumple con los requisitos esenciales. Los hallazgos de este trabajo sugieren una "epidemiología de la calidad" de los servicios de salud en Bogotá, donde los mejores servicios son para los estratos socioeconómicos más altos y los de más baja calidad son para los pobres.
Despite the congratulations that Colombia received from the Pan American Health Organization for its good management during the first months of pandemic (1), supposedly for using scientific evidence for decision-making, the start of the fracking pilots (unconventional hydraulic fracturing procedure) and return to use glyphosate against illicit crops leaves glimpse inconsistencies in decision-making in public health by the Colombian government. The pandemic taught that environmental protection is essential to avoid the emergence of future epidemics (2). However, it is precisely in the midst of the pandemic that the Colombian government makes decisions without listening to science, ignoring the precautionary principle even against the national constitution. As of the end of March 2021, two unconventional reservoir fracking pilot projects had been approved for development without a rigorous assessment of the potentially associated adverse health effects (3). These will be carried out in the department of Santander, the most seismically active department in Colombia (4). On the other hand, the government is making the return of glyphosate a reality, as previously mentioned (5). The Decree 380 (April 12, 2021) regulates spraying with glyphosate, leaving only the National Narcotics Council to endorse the decision. This Decree was even signed by the current Minister of Health, Fernando Ruiz, who was Vice Minister of Health in 2015 and publicly endorsed then to ban the use of glyphosate because of its potential carcinogenic effects, according to the International Agency for Research on Cancer (IARC). This change in the government´s decision is not explained on scientific grounds, as the evidence supporting the adverse effects of glyphosate on health remains even more conclusive now (6). These two political decisions are added to others that aggravate the armed internal conflict in Colombia, precisely when next year there will be presidential elections. Anti-science in environmental health increases its power in Colombia, following the trend of Latin American countries with denialist governments such as Brazil. The territories and populations directly affected by these decisions are the most socioeconomically disadvantaged in the country. Perhaps for this reason it is not surprising that the Colombian scientific evidence shows that the policies implemented in the management of the pandemic have not succeeded in reducing social inequalities (7), but have probably widened them, and that public health surveillance has been limited, with achievements only in some regions (8). ; A pesar de las felicitaciones que recibió Colombia de la Organización Panamericana de la Salud por su buen manejo de la pandemia durante los primeros meses (1), supuestamente por utilizar evidencia científica para la toma de decisiones, el inicio de los pilotos de fracking (procedimiento de fracturación hidráulica no convencional) y el retorno del uso de glifosato para controlar los cultivos usados de manera ilícita deja entrever inconsistencias en la toma de decisiones en salud pública por parte del Gobierno colombiano. La pandemia enseñó que la protección del ambiente es fundamental para evitar la aparición de futuras epidemias (2). Sin embargo, es precisamente en medio de la pandemia que el Gobierno colombiano tomó decisiones sin escuchar la ciencia e ignoró así el principio de precaución, incluso contra la Constitución Política nacional. A fines de marzo de 2021, se habían aprobado para su desarrollo dos proyectos piloto de fracking de yacimientos no convencionales sin una evaluación rigurosa de los efectos adversos para la salud potencialmente asociados (3). Estos se llevarán a cabo en el departamento de Santander, el de mayor actividad sísmica de Colombia (4). Por otro lado, el Gobierno está haciendo realidad el retorno del glifosato, como se mencionó anteriormente (5). El Decreto 380 (del 12 de abril de 2021) regula la fumigación con glifosato y deja solamente al Consejo Nacional de Estupefacientes para respaldar la decisión. Este Decreto incluso fue firmado por el actual ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien fue viceministro de Salud en 2015 y avaló públicamente la prohibición del uso del glifosato por sus potenciales efectos cancerígenos, según la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC). Este cambio en la decisión del Gobierno no se explica por motivos científicos, ya que la evidencia que respalda los efectos adversos del glifosato en la salud sigue siendo aún más concluyente ahora (6). Estas dos decisiones políticas se suman a otras que agravan el conflicto armado interno en Colombia, precisamente cuando el próximo año habrá elecciones presidenciales. La anticiencia en salud ambiental aumenta su poder en Colombia, siguiendo la tendencia de países latinoamericanos con gobiernos negacionistas como Brasil. Los territorios y poblaciones directamente afectados por estas decisiones son los más desfavorecidos socioeconómicamente. Quizás por ello no es de extrañar que la evidencia científica colombiana muestre que las políticas implementadas en el manejo de la pandemia no han logrado reducir las desigualdades sociales (7), y probablemente las han ampliado, y que la vigilancia en salud pública ha sido limitada a logros solo en algunas regiones (8).
