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Se espera que la reactivación de la actividad industrial para recuperar la economía post-Covid-19, origine un incremento en los gases de efecto invernadero como consecuencia del uso de recursos naturales no renovables como carbón, petróleo y gas natural. En Colombia, sin embargo, la matriz energética ha mantenido una proporción de capacidad instalada relativamente constante favoreciéndose la energía producida a partir de fuentes hídricas (68% de energía proveniente de hidroeléctricas, 31% de termoeléctricas y 1% de energía eólica y solar). Considerando el potencial del país para el desarrollo de las energías renovables no convencionales, esta investigación busca revisar las políticas públicas vigentes para la adopción y promoción de estas formas de energía como parte de la transición energética hacia fuentes de energía que minimicen aún más los aportes de Colombia al cambio climático. Se realizó una investigación documental y descriptiva fundamentada en la información disponible en fuentes académicas e institucionales reseñada entre el año 2014 y el 2022. Los resultados indican que Colombia tiene un marco legal normativo importante que inicia con la Ley 1715 del año 2014, evolucionando hasta el presente con los aportes de las normativas generadas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), entre otras. A partir del año 2019 se han generado decretos o leyes para mejorar los incentivos y facilitar la radicación de proyectos de generación de fuentes de energías renovables no convencionales.